Un obispo y diez sacerdotes viven en carne propia la ira del sandinismo. Son presos políticos de Daniel Ortega y su esposa y comandataria, Rosario Murillo, en Nicaragua, condenados, investigados o acusados por delitos irreales, sin derecho a la defensa o un trato digno.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En Nicaragua, una sombría realidad se cierne de forma cada vez más profunda y abrupta sobre la iglesia católica, sus líderes y el clero. Hasta el momento, once sacerdotes, incluido un obispo, son víctimas directas de la represión del régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Estos religiosos, lejos de ejercer libremente su fe y servicio pastoral, fueron detenidos, algunos condenados y acosados en una clara violación de sus derechos fundamentales y la libertad de religión misma en el país centroamericano.
La noticia más reciente en este contexto es la detención de tres sacerdotes, Julio Ricardo Norori, Iván Centeno y Cristóbal Gadea, fueron secuestrados el domingo 01 de octubre de 2023 por hombres vestidos de civil en operativos dirigidos por el régimen y la Policía Nacional, ahora bajo completo servilismo para el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y el Poder Ejecutivo, en manos del orteguismo. Dos de ellos fueron trasladados al Seminario Nuestra Señora de Fátima en Managua, una especie de "cárcel" dentro de la iglesia, mientras que Gadea fue llevado a las celdas de Plaza El Sol, sede de la Policía en la capital, Managua. Esto marca la triste continuidad en una serie de acciones que han desgarrado la relación entre la iglesia católica y la administración de Ortega y Murillo.
Cristóbal Gadea, párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Merced en El Cuá, Jinotega, fue el primer sacerdote de la Diócesis de Jinotega en ser encarcelado. Gadea no solo desempeñó su papel religioso, sino que también se destacó como mediador durante las protestas cívicas iniciadas en abril del año 2018. Denunció la persecución de la iglesia de Nicaragua en España y se involucró en la prevención de la violencia en medio de las protestas.
Sin embargo, antes de su secuestro, Gadea recibió visitas policiales para intimidarlo, según detallaron fuentes cercanas al religioso a la Redacción de COYUNTURA bajo la condición de anonimato, y las autoridades locales intentaron apoderarse de una propiedad de la iglesia católica en su municipio. Estos eventos subrayan un patrón de hostigamiento sistemático dirigido a los sacerdotes que se atreven a hablar en contra del régimen o a defender los derechos humanos.
Varias iglesias de Managua, Masaya, León, Matagalpa, Estelí y Jinotega se mantienen bajo completo asedio policial "por orden directa de Presidencia", según una fuente de las fuerzas armadas nicaragüenses.
Por otro lado, Iván Centeno, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción de María en Jalapa, Nueva Segovia, desafió abiertamente la legitimidad del régimen de Ortega. Durante una homilía, en el contexto de los comicios generales de 2021 que carecieron de competencia política real y le dieron el gane al mandatario sandinista para un cuarto período consecutivo, Centeno instó a los fieles a respetar la decisión de ejercer su voto o no, basándose en su conciencia. Sus palabras críticas contra el proceso electoral fueron un llamado a la reflexión que el régimen evidentemente no toleró.
Mientras tanto, Julio Ricardo Norori, párroco de la iglesia San Juan Evangelista en San Juan del Río Coco, Madriz, cumplió 25 años de servicio sacerdotal en mayo de este año y era docente del Seminario Mayor Madre Albertina Ramírez de la Diócesis de Estelí. Su compromiso religioso y su papel como educador lo convirtieron en un objetivo incómodo para el régimen, que busca sofocar cualquier voz crítica dentro de la iglesia. "Se los llevaron como delincuentes justo después de la misa", señaló otra fuente para este texto.
Los demás detenidos
El sacerdote Osman José Amador de la Diócesis de Estelí y exdirector de la organización Cáritas Estelí fue llevado a prisión a principios de septiembre de este año, y hasta ahora no se han proporcionado detalles sobre las acusaciones en su contra. Esta falta de transparencia es una característica constante en los casos de los sacerdotes detenidos, lo que refuerza la percepción y realidad de que son presos políticos en lugar de criminales. "Pero están siendo tratados peor que delincuentes", señala una psicóloga y defensora de derechos humanos en Centroamérica. "Las condiciones actuales del arresto, las formas de secuestro y la inoperancia judicial a favor de sus derechos son solamente la punta del iceberg", agrega la profesional radicada en Honduras.
Por otro lado, Fernando Zamora Silva, canciller de la Diócesis de Siuna, fue detenido en julio por un contingente de policías y paramilitares después de oficiar una misa. Poco se sabe sobre su situación. No ha recibido visitas.
Mientras tanto, Eugenio Rodríguez Benavides y Leonardo Guevara Gutiérrez, párrocos de la iglesia Divina Providencia y de la Catedral de Estelí, respectivamente, están retenidos en una "casa de formación de la iglesia", en Managua, bajo el pretexto de "investigaciones policiales" de las cuales se desconocen detalles. Su papel en la extinta Cáritas Diocesana de Estelí ha sido utilizado como excusa para su vigilancia y restricciones de movimiento.
Asimismo, Jaime Iván Montecinos Sauceda, párroco de la iglesia Juan Pablo II en Sébaco, Matagalpa, fue detenido en mayo de 2023, acusado de "traición a la Patria". A pesar de los meses transcurridos desde su detención, su paradero sigue siendo incierto, lo que aumenta las preocupaciones sobre su bienestar y seguridad.
Los casos de los sacerdotes detenidos son variados, pero todos comparten un patrón de represión y falta de debido proceso. Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la Arquidiócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la Diócesis de Estelí, está cumpliendo una condena de 26 años y cuatro meses por "traición a la Patria" y "ciberdelitos", cargos que normalmente se utilizan contra opositores políticos y disidentes del régimen sandinista, desde que la propia administración de Ortega aprobó dichas legislaciones en la Asamblea, controlada por el FSLN.
Monseñor Leonardo Urbina, párroco de la iglesia del Perpetuo Socorro en Boaco, fue condenado a 30 años de prisión por supuestos delitos de abuso sexual y violación de una menor de 14 años. Sin embargo, su juicio fue secreto, sin la posibilidad de una defensa adecuada y sin la presencia de un abogado defensor privado.
Mientras tanto, Manuel Salvador García, párroco de la iglesia Jesús de Nazareno en Nandaime, fue condenado a dos años de prisión por supuestamente amenazar a un total de cinco personas con un arma. Su arresto marcó el inicio de una serie de represalias y persecuciones que afectaron tanto a él como a su comunidad, evidenciando el uso extremo de la fuerza y casos irreales en su contra.
Un llamado desesperado
La situación de los sacerdotes detenidos en Nicaragua ha atraído la atención de organismos internacionales de derechos humanos, incluida la Organización Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La CIDH ha instado repetidamente al régimen de Ortega y Murillo a poner fin a la persecución religiosa y a liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente, incluidos los sacerdotes.
Sin embargo, a pesar de la creciente presión internacional, la represión del régimen persiste, y la iglesia católica en Nicaragua sigue siendo un blanco de hostigamiento y persecución, llegando a colocar al país centroamericano en la la Zona Roja de la persecución religiosa.
"El odio contra ellos es significativamente mayor y se nota debido a que, a pesar de la advertencia que significó para toda la iglesia católica el primer bloque de religiosos detenidos (que llegó a ser de 12 líderes y devotos católicos detenidos), y el extremismo bruto que ha desencadenado el oficialismo desde 2022, cuando corta la comunicación con el pueblo (al clausurar radios y canales de televisión), hasta limitar las misas, congelar cuentas y confiscar instancias, estos 11 líderes católicos continuaron desafiando al autoritarismo y la violencia contra ellos mismos y el pueblo", señala la psicóloga.
La detención y condena de estos sacerdotes en Nicaragua, incluido un obispo, es un ejemplo flagrante de la violación de los derechos humanos y religiosos en el país. Las acusaciones sin fundamento y la falta de transparencia en los procedimientos judiciales ilustran a su vez las dudas sobre la imparcialidad del sistema legal nicaragüense, en manos también del FSLN. La comunidad internacional debe seguir presionando al régimen de Ortega y Murillo para que ponga fin a la persecución religiosa y libere a los sacerdotes detenidos. La lucha por la libertad y la justicia en Nicaragua está lejos de terminar, y la iglesia católica continúa siendo un blanco de los ataques del sandinismo.
"Solo nos queda orar", dice un feligrés que se siente "afectado" por la detención de su sacerdote local.
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