El caos en el Congreso Nacional de Honduras y la violencia registrada la noche de este martes evidenciaron la profunda división política en Honduras y la lucha por el control del Legislativo. El conflicto había sido exacerbado por la parálisis en la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público (MP) y la falta de consenso en torno a importantes decisiones políticas, pero todo estalló cuando la oposición -mayoría- decidió ampliar el período legislativo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En una inquietante noche que sacude una vez más a Honduras, el martes 31 de octubre de 2023, un violento y borroso episodio se desarrolló en la planta baja del Congreso Nacional del país centroamericano, ilustrando así una jornada única que realzó la lucha permanente por el control del Poder Legislativo y algunos órganos e instituciones estatales, como es el caso del Ministerio Público (MP). La confrontación, que involucró a diputados, periodistas, activistas políticos y las turbas del oficialismo, dejó a varias personas heridas, entre ellas el diputado Antonio César Rivera, del Partido Nacional de Honduras (PNH), la principal fuerza de oposición.
Los acontecimientos que llevaron a esta situación crítica comenzaron con la llegada de activistas del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre) a las inmediaciones del Congreso, ubicado en el corazón histórico de la ciudad de Tegucigalpa, en apoyo al presidente de la directiva del parlamento, Luis Redondo, quien había convocado a una sesión de la Junta Directiva, exactamente una hora antes de dicho encuentro a las siete de la noche de este martes. Esta convocatoria resultó ser un punto de discordia entre las fuerzas políticas y desencadenó una serie de acontecimientos violentos que dejaron una profunda huella en la política y ciudadanía hondureña.
Los incidentes violentos incluyeron la agresión a diputados y periodistas independientes, la arrojada de piedras y otros objetos contundentes en las afueras de la sede del Congreso Nacional, y la denuncia -por tercera vez solo este año- de que diputadas y diputados de oposición fueron encerrados dentro del edificio parlamentario, según un monitoreo realizado por el equipo de COYUNTURA. El diputado Yuri Sabas, del Partido Liberal de Honduras (PLH), señaló la inaceptabilidad de la situación, afirmando que las personas estaban siendo golpeadas con violencia, a tal punto que las fuerzas antimotines de la Policía Nacional (PN) intervinieron.
Es importante destacar que los pocos policías presentes en la planta baja, y la seguridad del Poder Legislativo, no tomaron cartas en el asunto durante el momento más caldeado del altercado, lo que aumentó la tensión y la incertidumbre en el Congreso. Lo hicieron hasta que legisladores y reporteros habían sido maltratados con lujo de violencia, causando una herida en la cabeza de Rivera, de PNH. Las y los legisladores de oposición acusaron al presidente del órgano de intentar disolver el Poder Legislativo, lo que exacerbó aún más las tensiones, convirtiendo la entrada principal del parlamento y las redes sociales digitales en campos de batalla.
La diputada Maribel Espinoza, del Partido Salvador de Honduras (PSH), se unió a las voces de denuncia y escribió en las redes sociales que las y los diputados de la oposición estaban siendo "secuestrados" dentro del Congreso Nacional. Ella llamó al MP para intervenir en la situación. Fue en ese sentido que el órgano judicial anunció que investiga los hechos. Una situación violenta entre turbas y legisladores opositores, alentada por el oficialista Ricardo Salgado, encargado de la Secretaría de Planificación Estratégica de Honduras, quien llamó a la acción a los colectivos del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro. "Alerta. Alerta. A todos los colectivos de Libre. Al pueblo hondureño. El BOC (Bloque de Oposición Ciudadana), siguiendo su guión golpista, intenta derrocar al presidente del Congreso, Luis Redondo, usurpando sus funciones constitucionales. Son el crimen organizado. Buscan violentar la voluntad popular. A defender", escribió Salgado, quien el 15 de junio de este año, en un texto de opinión publicado en Telesur, también aseguró que: "en Honduras, estos grupos no han renunciado a la idea de un golpe de Estado, pero ya no se prevé que traten de hacerlo tan 'blando'. Es más posible que traten de repetir la experiencia de las guarimbas o la intentona de golpe de Estado en Nicaragua en 2018. La cuestión es que los pasos que da el Gobierno bajo la dirección de la presidenta Castro se aproximan cada vez más a resolver muchos problemas de la sociedad y este puede ser un factor que dé al traste con las intenciones de la oligarquía esquizofrénica hondureña. De ahí que aumenten las prisas y las angustias fascistas".
El fiscal general del Estado (interino), Daniel Sibrián, respondió a la crisis y giró instrucciones a la Dirección General de la Fiscalía de Honduras para que un grupo de fiscales se presentara en el Congreso Nacional con el fin de investigar las razones detrás del impedimento de la reunión de las y los diputados de diferentes bancadas, quienes han denunciado en los últimos meses agresiones cada vez más sistemáticas de la Junta Directiva del Poder Legislativo, en manos de Redondo, luego del primer zafarrancho por el directorio de dicho órgano en enero del año 2022.
En medio de la confusión, los periodistas que se encontraban en el interior del parlamento fueron desalojados, aunque las autoridades del Congreso Nacional negaron haber dado órdenes para expulsar a las y los reporteros, asegurando que su intención era facilitar el trabajo de las y los comunicadores sociales que cubrían la fuente.
Ya hay una Comisión Permanente instalada
La oposición exigió a Luis Redondo que convocara a una sesión ordinaria antes de que concluyera el período de sesiones correspondiente a este año. Hasta el cierre de este texto, las y los diputados no han sesionado durante dos meses, después de que no lograron un consenso para elegir al nuevo fiscal general del Estado y otros miembros del órgano judicial.
"Hay una flagrante comisión de delito contra la forma de gobierno al impedir que se instale la asamblea extraordinaria. Además de la comisión de secuestro en perjuicio de los que permanecemos encerrados. La Fiscalía debe actuar inmediatamente. Si no lo hace hay omisión del deber", dijo en su cuenta de X la diputada del PSH, Suyapa María Figueroa. Por otro lado, Pedro Barquero, exfuncionario de la administración de Castro, señaló la noche de este martes: "¡Lo que esta pasando en el Congreso Nacional es increíble! Tienen secuestrados a los diputados de la oposición! ¿Alguien duda qué lo que quiere el oficialismo es instalar una dictadura tipo Cuba, Nicaragua y Venezuela?".
A pesar de la violencia en la parte baja del hemiciclo, la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras "en cumplimiento de los artículos 207 de la Constitución de la República y 26 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo" designó e instaló la Comisión Permanente del órgano deliberante, la cual está integrada por los mismos miembros propietarios y suplentes que conforman el directorio del Congreso Nacional, encabezado por Luis Redondo -aliado de la administración de Castro-, quien, con nerviosismo, mostró la noche del martes un video en el que se ve al diputado Mario Pérez sacando un arma y apuntando a un guarda de seguridad que estaba de espalda. "Por eso aseguramos el Congreso. Porque teníamos conocimiento de que iban a venir armados", señaló Redondo a las nueve de la noche.
También hay período legislativo extendido
Después de los disturbios, la oposición, que consta de al menos 76 diputadas y diputados de los 128 que integran el Legislativo, con la presencia de los medios de comunicación hondureños, se autoconvocó para celebrar una "sesión ordinaria", como pasó el miércoles 24 de junio de 2020, cuando diputados de Libertad y Refundación, Partido Innovación y Unidad (PINU) y del Partido Liberal de Honduras, amparados en el Articulo 191 de la Constitución de la República convocaron a una sesión virtual extraordinaria con la finalidad de detener la entrada en vigencia del Código Penal; y como también ocurrió en enero de 2022, cuando existían dos directivas en el Congreso Nacional. La reunión nocturna del bloque opositor tuvo como fin extender el período legislativo. Redondo convocó este mismo martes a una sesión extraordinaria para el próximo jueves 02 de noviembre de 2023. Esta división en las convocatorias y la confrontación entre las fuerzas políticas empeoran aún más la actual situación.
Finalmente, los diputados de todas las bancadas condenaron los ataques de los activistas de Libre contra las y los congresistas del Partido Nacional de Honduras, que dejaron al diputado Antonio Rivera Callejas herido. Otros diputados, como Tomás Zambrano, Eduardo Cano, Jack Uriarte y Mario Pérez, también resultaron heridos y linchados en el enfrentamiento.
"El régimen de Xiomara Castro junto a su esposo Manuel Zelaya ordenaron a colectivos de su partido político asesinar a diputados de la oposición, mientras el usurpador de la silla de presidente del Congreso Nacional ordenó a la seguridad cerrar con llave los portones de acceso y salida del edificio, quedando los diputados a merced de los asesinos. Entre tanto, guardaba silencio cómplice la Policía Nacional de Honduras", dijo la legisladora Merary Diaz Molina.
La situación se tornó aún más complicada cuando el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ordenó cerrar los accesos al edificio legislativo, dejando encerrados a diputados de la oposición del Partido Liberal y del PSH. La turba de activistas de Libre que rodeó a los diputados opositores inició una serie de ataques, arrojando objetos contundentes, incluyendo botellas, latas de cerveza, refrescos y piedras, lo que resultó en heridas para algunos legisladores. El diputado Antonio Rivera Callejas fue víctima de una pedrada y su imagen se hizo viral en los medios de comunicación. Esta violencia desencadenó de forma tardía una respuesta de seguridad por parte de las autoridades del Congreso, quienes colocaron barreras protectoras en un intento por contener la turba enardecida.
Después de que los heridos fueron trasladados a un hospital de la capital, se convocó a la sesión improvisada. Los diputados presentes, respaldados por la Constitución de la República, según sus argumentos, aprobaron la extensión del período de sesiones ordinarias desde el 01 de noviembre hasta el 24 de enero de 2024. La sesión concluyó con la entonación del Himno Nacional de Honduras, pero las tensiones continuaron en las afueras del Congreso, donde la turba enfrentó a la Policía Nacional.
El caos y la violencia en el Congreso Nacional no solo representan una amenaza para la estabilidad política de Honduras, sino que también resaltan las profundas divisiones entre las fuerzas políticas del país centroamericano. La incapacidad de las y los legisladores para elegir a los nuevos fiscales, la disyuntiva misma y la confrontación sobre las convocatorias a las sesiones parlamentarias escarban e ilustran las tensiones en un momento en que el país necesita una dirección política y legislativa unificada para afrontar grandes retos.
La respuesta a este nuevo episodio de inestabilidad legislativa en Honduras
"Ya no hay correlación de fuerzas", dijo al respecto de esta crisis legislativa el exasesor presidencial y exdiputado hondureño, controversial por naturaleza, Marvin Ponce, la mañana de este miércoles 01 de noviembre en el programa televisivo "Frente a Frente" de Televicentro. Aseguró que la violencia política puede transformar y manipular incluso la voluntad popular. Ponce además insinuó que es probable que en las próximas elecciones los colectivos y fuerzas de Libre hagan uso de la fuerza, o incluso manipulen el proceso de votación con violencia.
En ese sentido, analistas consultados por la Redacción de COYUNTURA aseguraron que hay cierta desesperación en el Legislativo porque el directorio, aliado de Castro y su gabinete, no tiene mayoría simple ni aliados en el Congreso Nacional, más allá de Libre, buscando con este movimiento "imponer sin diálogo, debate, consenso o guías" a las nuevas autoridades del Ministerio Público de Honduras, en base al Artículo 208, numeral 11, de la Constitución Política, ya que éste establece que la Comisión Permanente, encabezada por Redondo, puede "elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional".
No obstante, hay fiscal general interino en funciones, recordó la exfiscal Nora Urbina la mañana de este miércoles, quien también hizo "un llamado a la reflexión a los diputados". "Ya tenemos muchos problemas. La pobreza, la corrupción y demás. El Congreso Nacional debería buscar esos consensos, para no llegar a la ingobernabilidad. Piensen en qué es lo mejor para Honduras", dijo Urbina en Televicentro. Agregó que es necesario, ante el contexto, "revisar el número de diputados que tiene el Congreso".
"No hay Comisión Permanente porque nosotros ya prorrogamos el período de sesiones ordinarias", dijo sobre la aprobación del órgano especial interno del Congreso Nacional la diputada Maribel Espinoza.
Para su defensa, Libre volvió a recurrir a la victimización. "El pueblo fue agredido por la Policía Nacional y por la dictadura que busca desestabilizar al Gobierno y los consensos", dijo Nelson Leiva, diputado del Congreso Nacional por parte de la bancada de libre ante los hechos de la noche del martes. "No vamos a ceder en la impunidad. Podemos hablar y dialogar. Es mentira que Libre está buscando un fiscal general a su medida. No puede alegar persecución política quien ha robado millones de lempiras al Estado", señaló Leiva.
La crisis política en Honduras se ha prolongado durante meses, y el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, ha sido blanco de críticas por su gestión de la situación. Los intentos de la oposición de convocar a una sesión ordinaria para extender el período de sesiones ordinarias y el conflicto con Redondo han creado una atmósfera de incertidumbre y polarización en el Congreso Nacional. Es importante recordar que el conflicto político y la violencia en el Congreso Nacional no solo tienen un impacto en la política hondureña, sino que también pueden tener consecuencias en la estabilidad del país en su conjunto. Esta coyuntura exige un diálogo y una solución pacífica para evitar un mayor deterioro.
Hasta el momento, es difícil entender de forma concreta esta situación desde un punto legal, debido a que está en juego la legitimidad jurídica y legislativa tanto de la sesión efectuada por la oposición anoche como de la Comisión Permanente instaurada por Redondo, sin el apoyo del pleno del Congreso Nacional, y a puertas cerradas, con el fin de escoger al fiscal general y al fiscal adjunto de Honduras la tarde de este miércoles 01 de noviembre -como esta programado según el propio órgano estatal-.
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