La Redacción de COYUNTURA analizó las 300 páginas del segundo gran informe sobre los sucesos ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018, elaborado por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). El documento ahonda, luego de un año de indagación, en el derecho internacional penal y de los derechos humanos, en la cadena de poder que la administración sandinista utiliza para reprimir, en las aberraciones cometidas incluso antes del inicio de la crisis múltiple que se vive en el país, y en las responsabilidades estatales. Según la documentación, al menos 14 derechos constitucionales han sido violentados en el período investigado, y los verdugos tienen conocimiento de los "actos prohibidos" que cometen de forma sistemática.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En el 52º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programado del 27 de febrero al 31 de marzo de 2023, el segundo tema general en la agenda fue la presentación del Informe Anual del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y las conclusiones detalladas del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), luego de que este último bloque trabajará desde mayo de 2022 en la elaboración de un dictamen sobre la situación en el país centroamericano. El equipo de especialistas -conformado en principio por tres miembros independientes-, presentó dos versiones de un documento que ahonda en los resultados obtenidos tras "emprender investigaciones exhaustivas e independientes" de todas las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua desde abril de 2018, dedicando "una atención específica a las cuestiones de género y al impacto de las violaciones y abusos".
"El GHREN investigó tanto las vulneraciones gubernamentales de derechos garantizados por normas nacionales, regionales o internacionales sobre los derechos humanos, como los actos u omisiones imputables al Estado que suponen el incumplimiento de obligaciones derivadas de normas de derechos humanos. El GHREN también investigó las transgresiones de derechos que se consideran vinculantes respecto de algunos agentes no estatales, o que, como mínimo, determinan la responsabilidad del Estado de prevenir la comisión de abusos por particulares", cita el informe más extenso. Un documento de 300 páginas que permite determinar y esquematizar la "existencia de violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y, particularmente, de crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto".
El equipo de COYUNTURA subraya en este reportaje los principales hallazgos de la investigación del GHREN, cuyo "objeto y finalidad es de 'rendición de cuentas'".
"Con base en la información analizada, hemos concluido que graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos ocurrieron en Nicaragua durante el período cubierto por este informe. Representantes de diversas agencias de estructuras del Gobierno y actores no estatales de grupos pro-gobierno perpetraron estas violaciones, que incluyen: ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles (incluyendo actos de violencia sexual y de género), privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones a permanecer en el propio país", expusieron Jan-Michael Simon de Alemania y Ángela María Buitrago de Colombia el 06 de marzo de 2023, en la presentación oficial de la investigación frente al Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
En primer instancia, "de acuerdo con lo establecido en la resolución 49/3", el informe señala que el equipo investigador "buscó la colaboración con todas las partes interesadas", incluida la copresidencia de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, pero el Ejecutivo de Nicaragua nunca respondió a un total de 12 comunicaciones emitidas para solicitar acceso al territorio, reuniones e información oficial.
10 de junio de 2022: Se solicita sostener una reunión con el Estado de Nicaragua y establecer una vía de comunicación con la Representante de la República ante la Oficina de la ONU y otros organismos internacionales con sede en Ginebra.
21 de noviembre de 2022: "No habiendo recibido respuesta", se envía una segunda carta a la Misión Permanente de Nicaragua ante la ONU, dirigida al mandatario Daniel Ortega.
08 de diciembre de 2022: Seguimiento de las comunicaciones anteriores.
28 de diciembre de 2022: Seguimiento de las comunicaciones anteriores.
28 de diciembre de 2022: Se envía una carta a la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Nicaragua, una carta a la directora nacional de la Defensoría Pública, una carta a la fiscal general de la República, una carta al director del Instituto de Medicina Legal (IML), una carta a la ministra de Gobernación, una carta al director general del Sistema Penitenciario Nacional (SPN), y una carta a la presidenta ejecutiva del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR).
"En los últimos años, el Gobierno de Nicaragua se ha negado repetidamente a cooperar con, e incluso ha cuestionado la legitimidad de, los mecanismos del Consejo de Derechos Humanos y del sistema de órganos de tratados de la ONU en su conjunto. En noviembre de 2022, el Comité contra la Tortura de la ONU (CAT) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura (SPT) emitieron un comunicado conjunto condenando enérgicamente la falta de cooperación de Nicaragua con ambos organismos para abordar y prevenir la tortura en el país", señala el informe. Además, recuerda que el régimen Ortega-Murillo rescindió la invitación a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU (ACNUDH) para trabajar en el país desde el año 2018, así como suspendió la presencia del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), y anunció la salida del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI). Estos dos últimos mecanismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"Además, el 18 de noviembre de 2021, el Gobierno de Nicaragua denunció la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA), dando inicio al retiro del país de esta organización. El 24 de abril de 2022, quebrantando los compromisos adoptados por Nicaragua en la Carta, las autoridades anunciaron la expulsión de la OEA del país y el retiro de su representación diplomática ante este organismo. El mismo día, la Policía Nacional ocupó las instalaciones de la OEA en Managua, incautando bienes y vulnerando la inviolabilidad de los archivos de la organización. Cabe notar que las obligaciones voluntariamente asumidas por el Estado de Nicaragua en los tratados interamericanos que ha suscrito permanecen vigentes, incluso después de la denuncia efectiva de la Carta. Sin embargo, y a pesar de haber reconocido la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y de la CIDH, Nicaragua ha ignorado repetidamente sus obligaciones derivadas de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención Americana) y otros instrumentos regionales de derechos humanos. En noviembre de 2022, la Corte IDH declaró a Nicaragua en desacato ante la negativa de las autoridades a cumplir con las medidas provisionales establecidas por la Corte IDH para la protección de los derechos de 46 personas privadas de su libertad en ocho centros de detención", cita el grupo.
No obstante, los expertos y su equipo obtuvieron la cooperación de "una amplia gama de actores interesados en mejorar la situación de los derechos humanos en Nicaragua, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, entidades del sistema de la ONU y del sistema interamericano, y miembros de la comunidad internacional". "El GHREN agradece especialmente a las víctimas, sobrevivientes, y familiares de víctimas de violaciones y abusos de derechos humanos que confiaron sus historias, sus vivencias y sus deseos de justicia al grupo de expertos durante el proceso de elaboración de este informe... ...el GHREN valora especialmente la cooperación de los Estados que recibieron visitas tanto del grupo como de miembros de su secretariado. Dichas visitas fueron cruciales para la implementación del mandato del GHREN, permitiendo al grupo sostener reuniones con víctimas y testigos, recabar información y evidencia, y dialogar con organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales e instituciones del Estado que trabajan en la protección de los derechos de las personas nicaragüenses", explica el documento.
Y teniendo en cuenta una metodología de trabajo, un enfoque centrado en las víctimas, la perspectiva de género, y un estándar de prueba -"en base al conjunto de información fáctica verificada", enfocada en un observador "objetivo y ordinariamente prudente que tendría motivos razonables para concluir que los hechos tuvieron lugar tal y como se describen y, cuando se extraigan conclusiones jurídicas, que estos hechos reúnen todos los elementos de una violación o abuso"-, tras haber realizado entrevistas, una convocatoria pública de información, análisis y revisar documentos confidenciales y hasta imágenes satelitales, el GHREN detalla que:
1. El Estado democrático y de Derecho en Nicaragua se ha desmantelado desde el año 2000:
A pesar de que durante la década de los años 90 "se llevaron a cabo importantes avances hacia la consolidación de un Estado democrático de Derecho en Nicaragua, con el fortalecimiento de la separación de poderes, esfuerzos para el desarrollo de un sistema electoral legítimo e independiente, y la despolitización de las fuerzas de seguridad", el grupo subraya que "desde el año 2000, el país ha vivido un proceso inverso de regresión democrática, en el que se han dado una sucesión de reformas constitucionales, legales e institucionales que han desmantelado progresivamente la división de poderes y consolidado el control total del Estado por el Ejecutivo".
El pacto "de gobernabilidad" entre el expresidente Arnoldo Alemán -condenado por corrupción- y el mandatario Ortega -en su carácter de líder del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- en enero de 2000, junto a la reforma constitucional del mismo año -que "reforzó el blindaje del titular del Poder Ejecutivo", estableció nuevos derechos al concluir el periodo presidencial, disminuyó el umbral electoral, modificó el Poder Judicial y Electoral, y que en la práctica significó "la repartición entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de los más altos cargos del Judicial y Electoral"-, así como la Ley Electoral de ese entonces, representan los puntos de partida para el desmantelamiento del Estado democrático y de Derecho en Nicaragua, recuerda el GHREN.
Desde entonces, se ha limitado la conformación de los partidos políticos, la forma de afiliación y la obtención de la personalidad jurídica, así como se inició la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones en el país centroamericano.
2. El retorno de Daniel Ortega al Ejecutivo en el 2007:
El grupo de expertos destaca el segundo mandato del sandinista Daniel Ortega, cuando regresó al Ejecutivo después de los comicios generales de 2006, fruto del nuevo sistema electoral -aprobado en el 2000 como parte del pacto entre Alemán y Ortega-, esto debido a que "a partir de 2007 se profundizaron las reformas y la adopción de leyes y políticas orientadas a la concentración del poder en la figura del Presidente y a garantizar el control continuado del Estado por el partido de Gobierno".
Con Ortega en la Presidencia, comenzó el debilitamiento de la autoridad municipal -hasta desaparecer-; se minó la credibilidad de la institución electoral y de los procesos de votación en el país; se anuló la interdicción de la reelección presidencial; se prorrogó por orden presidencial el mandato de las y los integrantes del Consejo Supremo Electoral (CSE), de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), de la Contraloría General de la República, de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la Fiscalía, cuando los mencionados altos cargos solo pueden ser nombrados por la Asamblea Nacional.
Las elecciones legislativas y presidenciales de 2011; el tercer mandato de Ortega (2012-2017); las votaciones municipales de 2012; la controversia en torno al proyecto del Gran Canal Interoceánico; la reforma constitucional del año 2014; "los importantes cambios a la cadena de mando, funciones y funcionamiento" de la Policía Nacional y del Ejército; los comicios legislativos y presidenciales del año 2016; la difuminación de la "línea divisoria entre lo institucional y lo paraestatal"; las prácticas clientelares y "actividades llevadas a cabo con recursos del Estado con beneficios partidarios"; la nula división entre el Poder Ejecutivo, Electoral, Legislativo y Judicial; el control totalitario ejercido sobre el Ministerio Público, el Ministerio de Salud (MINSA), el Ministerio de Gobernación (MIGOB), el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS), el Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (CONPES), el Sistema Penitenciario Nacional (SPN), las y los jueces y fiscales, y todas las fuerzas de seguridad del Estado; los ascensos, nombramientos y otros beneficios partidarios dentro de las instituciones estatales; entre otras situaciones que detallan la concentración del poder y el desarrollo del totalitarismo en Nicaragua desde que Ortega retorno al Ejecutivo en el año 2007. Una deriva que ha desbaratado la democracia y el desarrollo del país.
3. La cadena de poder y control, y el partido único:
"Como han confirmado las investigaciones del GHREN, el presidente y la vicepresidenta de la República ejercen su influencia en las diferentes estructuras al interior del Poder Judicial y el Ministerio Público, a través de los coordinadores políticos y de la Juventud Sandinista (JS). De acuerdo con los testimonios recogidos por el GHREN, el personal del Poder Judicial como del Ministerio Público estarían obligados a pagar cuotas de membresía y contribuciones al partido FSLN, como muestra de su fidelidad y apoyo al Gobierno. Según la información recibida por el GHREN, las instrucciones provenientes de la Presidencia estarían trasladadas a las instituciones a través de la persona que ejerce el cargo de secretaria o secretario político del FSLN en el seno de la institución. En el caso del Poder Judicial, el secretario político es Marvin Aguilar García, vicepresidente de la CSJ, mientras que en el caso del Ministerio Público la secretaria es directamente Ana Julia Guido Ochoa de Romero, fiscal general del país. El grupo de expertos ha recibido alegaciones indicando que los jueces, las juezas y los y las fiscales que se negasen o ignorasen instrucciones provenientes de la Presidencia sufrirían hostigamiento y represalias. El GHREN recibió información que indica que los jueces y juezas a cargo de procesos contra personas consideradas opositoras al Gobierno, reales o percibidas como tales, ven recompensada su fidelidad con ascensos de carrera a pesar de que los juicios que instruyeron adolecieron de numerosas violaciones del debido proceso. Según testimonios recibidos por el GHREN, confirmada por la información publicada en la página web del Poder Judicial, no ha habido concursos por oposición públicos desde el año 2017, y todos los nombramientos efectuados desde entonces han sido a personas afines al FSLN", cita el grupo de expertos de la ONU.
El informe del GHREN detalla algunas de las funciones de la estructura oficial en Nicaragua, y destaca: la nula división de los poderes; la no realización de concursos por oposición desde 2017 para formar parte del Estado; leyes aprobadas en los últimos años con definiciones ambiguas que "dejan un amplio margen a la interpretación y la discrecionalidad en la aplicación" de las y los funcionarios; y amplios mecanismos de vigilancia y control social en todo el territorio.
El grupo de expertos subraya, en el marco de seguridad y la evolución de las fuerzas de seguridad del Estado, un "patrón de intervención de grupos armados progubernamentales" y otros mecanismos de control desde el año 2018. Señala: "Las investigaciones llevadas a cabo por el GHREN han evidenciado que, desde abril de 2018, estos grupos han realizado funciones de represión de la protesta social, han estado involucrados en detenciones arbitrarias, y han llevado a cabo actividades de vigilancia y hostigamiento a personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales. El GHREN ha recabado abundante información que indica que estos grupos actuaron de manera coordinada y/o con la aquiescencia de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto en intervenciones conjuntas como separadas. Asimismo, el GHREN tiene motivos razonables para creer que los grupos armados pro-gobierno actuaron con el beneplácito de autoridades de alto nivel del Estado, que garantizan una total impunidad por sus abusos. El GHREN considera prioritario continuar investigando a profundidad estos grupos, incluyendo sus estructuras de mando, acciones, métodos, financiación, entrenamiento, y vínculos con otros actores".
Turbas sandinistas y grupos de choque. El uso de estructuras delincuenciales que movilizaban a "grupos de jóvenes estructurados en redes de narcomenudeo o dedicadas al hurto menor para reprimir la protesta social". Grupos pro-gobierno militarizados. Así como otros mecanismos de vigilancia y control social, entre los que destacan los Comités Sandinistas, la JS y los Gabinetes de Familia. "Numerosas fuentes han apuntado a la responsabilidad de los secretarios políticos en los ataques a manifestantes y tranques o barricadas en 2018. Según testimonios disponibles en fuentes abiertas de miembros de grupos armados pro-gobierno, los secretarios políticos habrían reclutado, proporcionado armas, realizado pagos o promesas y girado órdenes a los miembros de estos grupos", expone el informe, evidenciando así los alcances de la cadena de poder y control, en donde tampoco existen límites entre el Estado y el partido de Gobierno, el cual a la fecha controla todos los niveles gubernamentales en Nicaragua, nacionales, locales y regionales.
4. La situación de los derechos humanos previo a 2018:
El informe enfatiza en que las crisis democrática, constitucional, de justicia, política e institucional en Nicaragua iniciaron en el año 2000, y empeoraron desde 2007, 2011 y 2016 con diversos sucesos. El GHREN también señala que en la situación de los derechos humanos previo al año 2018 ya se destacaban "patrones de violaciones y abusos", denunciados por los mecanismos internacionales de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil del país centroamericano. "La ausencia de respuesta y remedio efectivos ante estos actos (antes de 2018), en gran medida asociada a la falta de control judicial efectivo y a la falta de implementación de las reformas jurídicas e institucionales necesarias, generó de hecho un clima de impunidad que facilitó la escalada de la violencia y de la persecución en contra de las personas opositoras o percibidas como tales a partir de la crisis de derechos humanos que comenzó en abril de 2018", cita el dictamen.
En lo que respecta al período previo a 2018, el GHREN destaca al menos 10 situaciones que violan o atentan contra los derechos humanos y la vida misma: ejecuciones extrajudiciales; el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la Policía; detenciones arbitrarias; la falta del debido proceso judicial y la defensa; tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes; "serias carencias en relación con las condiciones de las personas detenidas"; hacinamiento generalizado con "impactos negativos sobre los derechos humanos de las personas privadas de libertad"; abusos generalizados y ataques violentos producidos en contexto de manifestaciones y de otras formas de protesta social por turbas o grupos de choque, con el beneplácito o aquiescencia de la Policía; acoso sistemático e incluso amenazas de muerte contra personas defensoras de derechos humanos; y la necesidad de "mecanismos de protección y protocolos de investigación para casos de situaciones de riesgo, amenazas y agresiones de defensoras y defensores de derechos humanos".
Las agresiones y detenciones vividas en las manifestaciones del Movimiento Campesino en contra del Proyecto del Gran Canal Interoceánico; la ejecución extrajudicial de Modesto Duarte Altamirano, "quien fue supuestamente torturado y ejecutado sumariamente el 25 de enero de 2015 en la comunidad El Portal, Jinotega, por un grupo de veinte supuestos miembros del Ejército"; la conocida "masacre de Las Juagüitas" el 11 de julio de 2015 en Managua, "donde los menores José Efraín y Aura Marina, de 11 y 12 años, y su tía Katherine Anielka Ramírez Delgadillo, de 22 años, fueron abatidos por disparos de la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacional"; "la falta de registros eficaces, claros y sistemáticos para conocer con claridad y certeza las fechas de entrada y salida de las personas detenidas de las estaciones policiales, así como los lugares y las autoridades ante quien se les haya presentado o confiado"; y la "dispersión violenta" de manifestaciones en varias partes del país. Estos sucesos sirven de antecedentes para el GHREN en cuanto a la ilustración de la situación de los derechos humanos en Nicaragua previo a 2018, documentada por entidades como el Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI), la Corte IDH, el Centro para la Justicia (CEJIL) y el Subcomité para la Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En ese sentido, es evidente que el grupo de expertos se tomó el tiempo de documentar situaciones, abusos y violaciones que mapean una cronología previa a la ruptura definitiva del orden constitucional y de derechos humanos y ciudadanos de Nicaragua en abril de 2018. Lejos de mejorar, "la situación empeoró significativamente" luego del "caso Acosta y otros que fue objeto de una sentencia condenatoria de la Corte IDH contra el Estado de Nicaragua en marzo de 2017", solo por mencionar uno de los ejemplos citados. "Los hechos del caso se relacionan con el asesinato en Bluefields del Sr. Francisco José García Valle, esposo de la Sra. María Luisa Acosta, una reconocida defensora de derechos humanos y directora de la organización no gubernamental CALPI. En su sentencia, la Corte IDH concluyó que Nicaragua actuó negligentemente en la investigación del asesinato del esposo de la Sra. Acosta, obviando su vinculación con la actividad de defensa de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y comunidades étnicas en el Caribe Sur. La Corte IDH cualificó el asesinato del Sr. García Valle como un atentado contra una defensora de derechos humanos, y determinó que, en consecuencia el Estado tenía una especial obligación de explorar líneas de investigación para determinar que existían indicios que vincularon el asesinato a la actividad de la Sra. Acosta", explica el GHREN.
5. Cronología de los principales eventos entre abril de 2018 y febrero de 2023:
El incendio del 03 de abril de 2018 en la Reserva Biológica de Indio Maíz, al sureste de Nicaragua, que causó la quema de más de 500 hectáreas; el decreto presidencial del 16 de abril de ese mismo año reformando al INSS; y la agresión de grupos pro-gobierno contra un grupo de adultos mayores que intentaba protestar frente a las instalaciones del INSS en León el 18 de abril de 2018, generaron en grupos ambientalistas, estudiantes universitarios, campesinos y adultos mayores, lo que los expertos, medios, ciudadanía y organizaciones de sociedad civil llaman hasta el día de hoy un "estallido de la protesta social", intensificada entre el 20 y 22 de abril a todo el país ante la represión y "el uso de la fuerza letal por la Policía", que provocó el fallecimiento de varios manifestantes y numerosos heridos. La cronología de los principales eventos investigados por el GHREN inicia en ese punto.
"Se produjeron enfrentamientos, destrozos, incendios en bienes públicos y privados, y saqueos de supermercados. En muchos departamentos, grupos de personas autoconvocadas conformaron el Movimiento 19 de Abril y empezaron a levantar barricadas como forma de autoprotección", explican los expertos. Y aunque el 22 de abril la administración sandinista revocó la reforma al seguro social y aceptó iniciar un supuesto proceso de diálogo con la mediación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), y la Asamblea Nacional aprobó la conformación de su Comisión de la Verdad, Justicia y Paz (CVJP), "dichas medidas no consiguieron aplacar las protestas por todo el país" y la respuesta represiva siguió, señala el informe del GHREN.
La masacre del Día de las Madres el 30 de mayo; el segundo intento de Diálogo Nacional en junio de 2018; la "Operación Limpieza" que fue "particularmente violenta" en Carazo, Chinandega, Granada, Managua y Masaya; otros ataques coordinados entre la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno contra manifestantes, tranques y barricadas; la persecución contra la sociedad civil; y las detenciones masivas por razones políticas. Así se resume la primera fase, al menos hasta diciembre de 2018, cuando incluso, según el reporte del GHREN, "tras concluir el levantamiento de los tranques y cierres de carretera, el Gobierno aceleró la persecución penal de líderes y lideresas sociales, así como de las personas asociadas con las protestas. Se reportaron altos niveles de violencia durante las capturas, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual cometida contra las personas detenidas, así como graves violaciones al debido proceso".
En el contexto general de la crisis múltiple que vive Nicaragua desde 2018, el grupo de expertos subraya que las primeras medidas adoptadas por el oficialismo -además de la violencia, las detenciones y la desarticulación de manifestaciones y el movimiento social desatada por la Policía Nacional- también fueron generadas desde la Asamblea Nacional y el Ministerio de Salud. El 16 de julio de 2018, el órgano legislativo "adoptó una Ley Contra el Lavado de Activos, Financiamiento de Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva. La nueva ley reformó la tipificación de los delitos de terrorismo y de financiamiento del terrorismo, ampliando su definición y las penas asociadas a los mismos", recuerda el GHREN. Desde el 28 de septiembre de 2018, según un comunicado de la Policía, las protestas de cualquier tipo son consideradas "desplazamientos ilegales". Además, entre los meses de octubre y diciembre de 2018 "se reportó un aumento de los hostigamientos, vigilancia, ataques y detenciones de periodistas y liderazgos, la expulsión de personas naturalizadas o residentes que participaron en las protestas, así como el cierre de organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación".
"El 27 de febrero de 2019, dio inicio una nueva fase del diálogo nacional entre la administración del mandatario Daniel Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), que condujo a un acuerdo en torno a la liberación de las personas presas políticas y el respeto a los derechos constitucionales de la ciudadanía. Coincidiendo con el inicio del diálogo, el Gobierno promovió la liberación unilateral de cientos de personas presas. El 11 de junio, la Asamblea Nacional aprobó una Ley de Amnistía, produciéndose nuevas excarcelaciones. Sin embargo, a partir de julio se produjeron nuevas detenciones, así como recapturas de personas previamente excarceladas. El 31 de diciembre de 2019, el Gobierno anunció la excarcelación de 91 personas presas opositoras bajo el régimen de casa por cárcel. Entre ellas se encontraba la autodenominada 'banda de los aguadores', formada por 16 activistas arrestados en noviembre de ese año cuando intentaban dar agua a un grupo de mujeres que se mantenía en huelga de hambre en una iglesia asediada por la Policía Nacional", cita el informe.
Y ante la llegada de la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, el GHREN señala que la administración sandinista, "desoyó las recomendaciones internacionales, negándose a cerrar sus fronteras y a suspender clases presenciales de la educación pública. A partir del 05 de mayo, el MINSA dejó de publicar reportes diarios sobre el Covid-19, contribuyendo a la falta de transparencia sobre la prevalencia de la enfermedad. Mientras tanto, el Gobierno continuó convocando a actos de carácter masivo".
6. El paquetazo autoritario de la Asamblea Nacional:
El GHREN señala que a finales del año 2020 el Poder Legislativo de Nicaragua "adoptó una serie de instrumentos con impactos restrictivos sobre el espacio cívico y democrático". También subraya otras legislaciones aprobadas con el fin de desmantelar la independencia de las instituciones y el sistema de justicia.
Ley contra el Lavado de Activos: aprobada el 16 de julio de 2018.
Ley de Regulación de Agentes Extranjeros: aprobada el 15 de octubre de 2020.
Ley Especial de Ciberdelitos: aprobada el 27 de octubre de 2020.
Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz: 22 de diciembre de 2020.
Reforma al Artículo 37 de la Constitución Política de Nicaragua, que restringía las penas de prisión a un máximo de 30 años, para permitir la figura de la prisión perpetua por "delitos graves, cuando concurran circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional": aprobada el 18 de enero de 2021.
Ley No. 1070: aprobada el 04 de mayo de 2021. "se adoptó la ley de reforma electoral que expandió las causas de inhabilitación para la inscripción de candidaturas, incorporando elementos de la Ley de Agentes Extranjeros y de la Ley de Soberanía. Sobre la base de esta normativa se cancelaron las inscripciones de dos de los partidos políticos que hubieran podido concurrir a las elecciones presidenciales de 2021".
Ley No. 1057: aprobada en enero de 2021.
Ley No. 1060: aprobada en febrero de 2021.
Ley No. 1115, Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro, adoptada en marzo de 2022, y Ley No. 1127 de reformas y adiciones a la Ley No. 1115, de agosto de 2022. "La primera norma establece que el destino del patrimonio de las organizaciones canceladas pasará a ser propiedad del Estado salvo en el caso de la liquidación y disolución voluntarios. La reforma a la misma otorga al Ministerio de Gobernación la facultad de cancelar las personalidades jurídicas de las organizaciones sin fines de lucro".
7. Los comicios presidenciales y la criminalización de la oposición:
"A partir de mayo de 2021 comenzó el periodo más intenso de criminalización de organizaciones de sociedad civil y de personas opositoras, que precedió a la celebración de las elecciones presidenciales y legislativas anunciadas para el 07 de noviembre de ese mismo año", explica el grupo de expertos en derechos humanos de la ONU para Nicaragua.
La detención de la precandidata presidencial Cristiana Chamorro y su sometimiento a arresto domiciliario el 02 de junio tras ser acusada del supuesto delito de lavado de dinero durante su periodo como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh); la ocupación y confiscación "de facto" por la Policía Nacional de las instalaciones del periódico La Prensa en Managua el 13 de agosto de 2021; la detención de otros seis precandidatos a la Presidencia de Nicaragua entre junio y noviembre de ese año; la cancelación de la personalidad jurídica de tres partidos políticos de oposición por el CSE; los absurdos resultados de los comicios de noviembre que dieron como consecuencia el cuarto periodo consecutivo de Ortega en la Presidencia y el segundo periodo consecutivo de su esposa Murillo en la Vicepresidencia; y el retiro formal de Nicaragua de la OEA con la denuncia de la Carta de la organización. Los momentos más ácidos en cuanto a la persecución política, según el GHREN.
El informe también destaca que el año 2022 "representó el cierre total del espacio cívico con el cierre masivo de organizaciones sin fines de lucro", incluyendo universidades y entidades no gubernamentales. El retiro del beneplácito al Nuncio Apostólico de la Santa Sede y su expulsión; el desplazamiento forzado de un grupo de religiosas de la orden Madre Teresa de Calcuta; la expulsión de la OEA del país y el retiro de su representación diplomática ante este organismo; la toma policial de las alcaldías opositoras de El Almendro, El Cuá, Murra, San Sebastián de Yali y Santa María de Pantasma; la detención de líderes religiosos, el allanamiento y asedio a algunos templos, el cierre de medios de comunicación de la iglesia católica, la expulsión de personas religiosas y la prohibición misma de realizar celebraciones litúrgicas; la "desmovilización, detenciones arbitrarias y hechos de violencia electoral" en medio de los comicios municipales de noviembre de 2022; hasta llegar a la escalada de violencia, expulsiones, desnacionalizaciones y excarcelamientos o nuevas detenciones iniciada en enero de 2023 hasta la fecha.
8. Principales hallazgos de la investigación del GHREN:
Violaciones de derechos humanos:
Ejecuciones extrajudiciales/privaciones arbitrarias de la vida.
Sobre el marco normativo de las privaciones arbitrarias de la vida, el GHREN destaca que el derecho a la vida es inderogable, y que está reconocido en tratados regionales e internacionales de los que Nicaragua es parte. El Estado tiene la obligación de proteger el derecho a la vida y garantizar que nadie sea privado arbitrariamente de ella. El uso de la fuerza potencialmente letal solo se permite cuando sea estrictamente necesario para proteger una vida. El Estado es responsable de las violaciones del derecho a la vida cometidas por agentes no estatales que actúan a instancias del Gobierno o con su conocimiento o consentimiento. Los Estados deben proteger y garantizar el derecho a la vida mediante la debida diligencia para evitar privaciones arbitrarias de la vida por parte de agentes privados.
En el caso particular del país centroamericano, la normativa nicaragüense establece una serie de reglamentaciones que prohíben la portación o el uso de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales afines que pongan en riesgo la vida humana, durante manifestaciones populares, actos y/o asambleas públicas, espectáculos y reuniones políticas y durante protestas de carácter social o en el caso de enfrentamientos a grupos de manifestantes en situaciones de alteración al orden público. La obligación de protección al derecho a la vida incluye también la obligación de los Estados de investigar, de manera exhaustiva, inmediata e imparcial, todos los casos en los que exista sospecha de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias.
El GHREN investigó la represión de las protestas sociales de 2018 en Nicaragua, caracterizadas por un elevado número de víctimas mortales y personas heridas. A pesar de la falta de datos oficiales, el grupo de expertos pudo recopilar información a través de testimonios, evidencia fotográfica y audiovisual, y documentación de diversas organizaciones de la sociedad civil. Tras investigar 40 casos específicos, el GHREN encontró motivos razonables para creer que la Policía Nacional y/o grupos armados pro-gobierno cometieron ejecuciones extrajudiciales. Además, el grupo considera que estos casos son representativos de patrones más amplios de conducta que se replicaron de manera sistemática y generalizada durante varios meses en todo el territorio del país.
La represión de las protestas en Nicaragua durante 2018 es un escalamiento cuantitativo y cualitativo de la violencia que venía ejerciéndose por el Estado desde años atrás. Existen antecedentes importantes en los que se reportó la actuación conjunta de elementos de la Policía Nacional y grupos de choque para impedir o suprimir manifestaciones, así como agresiones a manifestantes y un uso excesivo de la fuerza por parte del cuerpo armado. En la mayoría de los casos, las responsabilidades nunca fueron esclarecidas, contribuyendo a generar una percepción de impunidad que permitió que la violencia contra las personas manifestantes se extendiera a gran escala desde abril de 2018.
El GHREN también recomienda investigar profundamente y perseguir a los responsables del asesinato de 32 personas pertenecientes a los pueblos Mayangna y Miskitu, en la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 22 de mayo 2022, así como los presuntos asesinatos de personas campesinas, muchas de las cuales protagonizaron los movimientos de oposición a las políticas de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, con anterioridad a abril de 2018. A partir del estallido social, la violencia presuntamente ejercida por parte del Gobierno contra el grupo campesino se acrecentó. Ésta se ilustra con la detención del líder del Movimiento Campesino Medardo Mairena y la muerte de Ernesto Jarquín, sobre quien se alega que fue asesinado a tiros en la localidad de Mulukukú a fines de marzo de 2021 por un agente del Gobierno.
¿Qué hay sobre el perfil de las víctimas? El GHREN encontró que la mayoría de las víctimas mortales eran manifestantes, aunque también fallecieron personas en las inmediaciones de las protestas, simpatizantes del FSLN y miembros de grupos armados pro-gubernamentales, así como agentes de la Policía. El GHREN estableció que 78 de las víctimas fueron manifestantes, 24 personas fueron asesinadas cuando estaban cerca del lugar de la protesta, dos murieron al prestar ayuda a los manifestantes, cuatro eran policías, uno era periodista y en seis casos no se pudo determinar el perfil de la víctima. El informe también señala que la falta de información oficial impidió la investigación del grupo sobre las muertes y lesiones sufridas por elementos de la Policía Nacional. Además, se observó una diferencia notable entre las cifras de hombres y de mujeres fallecidas, aunque los testimonios y la información recabada por el GHREN evidenciaron que las mujeres tuvieron una fuerte participación en la protesta social y ocuparon roles de liderazgo y organización. En el marco de las protestas, al menos 37 jóvenes habrían resultado heridos en un ojo, 15 de los cuales habrían requerido prótesis oculares. También se registraron víctimas de todas las edades, incluyendo niños, entre ellos un bebé de cuatro meses, un bebé de 14 meses y una niña de tres años de edad.
No obstante, el informe incluye un comparativo de las cifras generales presentadas por diversas organizaciones al respecto:
Fuente | Período | Personas fallecidas | Civiles fallecidos | Policías fallecidos | Personas heridas | Civiles heridos | Policías heridos |
Gobierno | 19 de abril - 13 de septiembre de 2018 | 198 | 176 | 22 | 1,240 | 839 | 401 |
GIEI | 18 de abril - 30 de mayo de 2018 | 109 | 106 | 3 | 1,400 | | |
CIDH | 18 de abril - 01 de octubre de 2018 | 350 | 332 | 23 | más de 2,000 | | |
CVJP | 18 de abril de 2018 - 15 de julio de 2019 | 251 | 229 | 22 | 2,264 | 1,846 | 418 |
CEJIL | 18 de abril - 01 de octubre de 2018 | 342 | 319 | 23 | 1,457 | | |
Según la edad:
Fuente | 0-17 años | 18-25 años | 26-35 años | 36-40 años | 41-50 años | 51 años o más |
GIEI | 8 | 50 | | 43 | | 16 |
CIDH | 27 | 107 | 98 | 27 | | 66 |
CVJP | 19 | 84 | 72 | | | 78 |
CEJIL | 27 | 105 | | | 159 | 38 |
Según su sexo:
Fuente | Período | Hombres | Mujeres |
GIEI | 18 de abril - 30 de mayo de 2018 | 107 | 2 |
CIDH | 18 de abril - 01 de octubre de 2018 | 334 | 15 |
CVJP | 18 de abril de 2018 - 05 de febrero de 2019 | 243 | 10 |
CEJIL | 18 de abril - 01 de octubre de 2018 | 326 | 16 |
En lo que respecta a los patrones de las ejecuciones extrajudiciales y privaciones arbitrarias de la vida, el GHREN informó que entre el 18 de abril y el 23 de septiembre de 2018, en Nicaragua, la mayoría de las privaciones del derecho a la vida y la integridad física se dieron en el contexto de las manifestaciones públicas. La Policía Nacional, grupos de choque y grupos armados pro-gobierno reprimieron las protestas de manera violenta, utilizando de forma arbitraria y excesiva la fuerza, lo que causó graves lesiones y ejecuciones extrajudiciales.
El GHREN tiene motivos para creer que la mayoría de las personas que participaron lo hicieron de manera pacífica, sin embargo, algunas personas manifestantes respondieron de manera crecientemente violenta para repeler los ataques de la Policía y de los grupos armados pro-gobierno. El informe también señala que hubieron actos de violencia perpetrados por algunas personas manifestantes, pero que la administración sandinista no proporcionó información sobre el número de muertes y lesiones en este caso.
La CVJP afirmó que "las protestas se convirtieron en expresiones de odio, vandalismo, saqueo, tortura y muerte". El GHREN coincide con otros organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones nacionales e internacionales en concluir que la respuesta global de las autoridades de Nicaragua a las protestas desde 2018 fue violatoria de los estándares aplicables sobre la gestión adecuada de manifestaciones, y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Por otro lado, sobre los "escenarios de la represión", "las violaciones y abusos investigados por el GHREN fueron cometidos en tres escenarios principales vinculados a la protesta social": marchas, manifestaciones y concentraciones en espacios públicos, como calles, plazas y parques o en sus inmediaciones; toma de los espacios públicos como forma de protesta y reivindicación social, incluyendo la toma de instalaciones universitarias; "tranques" y barricadas.
El GHREN advierte sobre el uso "masivo, indiscriminado e ilegal" de armas de alto potencial lesivo por parte de la Policía Nacional en la represión de las protestas masivas. En el segundo día de las manifestaciones (19 de abril), hubo víctimas fatales: un policía y un civil. Desde entonces, el cuerpo de seguridad utilizó armas de fuego y grupos armados pro-gobierno también se unieron a la represión, utilizando armas de fuego y objetos contundentes. En este caso, el GHREN subraya que la normativa nacional prohíbe la portación o el uso por parte de la Policía de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales afines durante las manifestaciones populares. Además, la Ley Orgánica de la Policía establece que los policías voluntarios solo pueden realizar "tareas auxiliares" a la Policía Nacional en labores de prevención y no en tareas de mantenimiento del orden.
A pesar de esto, las autoridades de la dictadura nicaragüense, incluyendo al mandatario Daniel Ortega y directivos nacionales de la Policía Nacional, justificaron la actuación de personas armadas no uniformadas, identificándolas como "policías voluntarios". El GHREN también recibió informes sobre el uso de morteros y francotiradores durante las protestas, y en ese sentido recuerda que el uso de la fuerza está regulado y el Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos, y que los funcionarios encargados de hacer cumplir las leyes deben respetar y proteger la dignidad humana y defender los derechos humanos de todas las personas, en todo momento.
"Es notorio el elevado número de víctimas que sufrieron impactos en zonas vitales, evidenciando que el objetivo no fue detener o herir a las personas, sino neutralizarlas. El GHREN analizó 68 documentos de defunción que dan cuenta de fallecimientos por uso de armas de fuego entre el 19 de abril y el 23 de septiembre de 2018. Asimismo, los casos investigados por el GHREN también confirman los patrones aquí señalados. De los 40 casos investigados por el GHREN, 39 víctimas fallecieron como resultado de heridas causadas por armas de fuego, todas ellas presentaron impactos de bala en zonas vitales. Información recabada a través de testimonios, cruzada con evidencia fotográfica y las investigaciones realizadas por organismos y organizaciones nacionales e internacionales, confirman que en el ejercicio de la represión de la protesta, las armas fueron apuntadas directamente contra las personas manifestantes", señala el documento, que incluye otra tabla sobre las muertes por arma de fuego y las lesiones:
Causa de la muerte | | GIEI | CIDH | CEJIL | CVJP | |
| | 18 de abril - 30 de mayo de 2018 | 18 de abril - 30 de julio de 2018 | 18 de abril - 01 de octubre de 2018 | 18 de abril - 21 de septiembre de 2018 | |
| | | | | MS | INML |
Muertes por impacto en zona vital | Tórax | 57 | 30 % | 127 | 32 | 37 |
| Cráneo | 31 | 23.1 % | 106 | 27 | 40 |
| Cuello | 7 | 23 % | | 6 | 7 |
| Abdomen | | | | 15 | 17 |
Muertes por arma de fuego | | 95 | 248 | 263 | 106 | 109 |
Porcentaje | | 87 % | 70 % | 77 % | 39 % | 40 % |
Muertes totales | | 109 | 355 | 342 | 269 | |
"El Grupo no ha tenido acceso al tratamiento criminalístico que las autoridades competentes han dado a las evidencias y, en particular, a las 116 autopsias realizadas por el Instituto de Medicina Legal (IML) mencionadas en el Segundo Informe de la CVJP", señala el dictamen de la ONU. Sin embargo, se pudieron identificar algunas de las armas utilizadas en los lugares donde se produjeron las muertes de las víctimas:
Armas cortas;
Escopetas 12, "incluyendo Remington, Maverick 88 y Mossberg (armas cuyo poder varía en relación con su uso dependiendo del cartucho que se utilice. En el ámbito deportivo y cinegético, los cartuchos de perdigones sirven para cacería, sin embargo, hay cartuchos muy poderosos con perdigones de aleación de metales que pueden destrozar el motor de un vehículo para frenarlo. Tienen alto poder, sin embargo, su precisión es de corta distancia)";
AK-47, AK-74, fusiles de asalto calibre 7,62, "armas con un gran poder, excelente desempeño, alcance y precisión y susceptibles de ocasionar mayor daño al impacto";
Galil, fusil de asalto calibre 5.56, "utilizado usualmente en combate urbano";
M16 y M16-A1, "fusiles de asalto que utilizan munición de 5.56 (tienen gran precisión y alcance, inclusive a larga distancia)";
Dragunov, "fusil de francotiro de fabricación Soviética, calibre 7.62 (de gran alcance y precisión)";
PKM, "ametralladoras de fabricación soviética, calibre 7.62 (es una ametralladora de uso general de gran alcance que al mismo tiempo es ligera, lo que facilita su transporte)"; y
RPG, "un lanzacohetes, o arma trazadora antitanque y antiaéreo de alto poder explosivo".
"Durante los primeros días de movilización social, las protestas tomaron la forma de marchas que se extendieron por todo el país. Éstas se desarrollaron durante el día y generalmente tenían como destino final las delegaciones del INSS en las distintas localidades. En varias ocasiones, el FSLN, a través de grupos como la JS o sindicatos vinculados al FSLN, organizó eventos paralelos o contramarchas. Durante el transcurso de las marchas, grupos de personas civiles, identificados por testigos como fuerzas de choque, aparecían en proximidad de efectivos de la Policía Nacional, e insultaban y agredían a las personas manifestantes, intentando desviar el recorrido o dispersar la marcha. Las agresiones por integrantes de las fuerzas de choque usualmente comenzaban con agresiones verbales y físicas, a través de empujones y forcejeo, y se intensificaban hacia el final de las marchas, a menudo ya de noche, produciéndose agresiones físicas más severas con uso de objetos contundentes como palos, tubos, piedras, y en algunas ocasiones armas de fuego", narra el grupo de expertos.
"El análisis de incidentes realizado por el GHREN permitió identificar que, en algunos casos, la Policía Nacional se mostró pasiva frente a las agresiones a manifestantes por integrantes de grupos armados pro-gobierno, incumpliendo con su deber de proteger a la población y de garantizar el ejercicio de la libertad de reunión, y poniendo en evidencia su aquiescencia con dichos ataques. En otros casos, la Policía Nacional facilitó la actuación de los grupos armados pro-gobierno al proporcionarles recursos que utilizaron durante los operativos de represión a las marchas, así como protección a sus integrantes. Finalmente, en numerosos casos se produjo una intervención directa de la Policía, de manera simultánea y coordinada con los grupos armados pro-gobierno", señala el informe.
9. Los ejemplos ilustrativos del informe:
El grupo de expertos subraya en este primer informe "jornadas hito para la movilización social", que fueron replegadas por la violencia del régimen Ortega-Murillo:
18, 19 y 20 de abril de 2018: "El 18 de abril de 2018, la Policía Nacional dejó actuar a los grupos de choque progubernamentales en León, quienes golpearon a las personas adultas mayores que se manifestaban por las reformas al seguro social y robaron cámaras y celulares a los periodistas que cubrían la movilización. Dichas agresiones despertaron la indignación de la ciudadanía, y empujaron a miles de nicaragüenses a manifestarse en los días sucesivos.
El GIEI documentó cómo el mismo 18 de abril, en Managua, grupos de personas que vestían camisetas de la Juventud Sandinista y grupos de personas motorizadas, agredieron a un grupo de personas reunidas en un plantón pacífico en el sector de Camino de Oriente. Las personas manifestantes y periodistas que se encontraban cubriendo el evento fueron golpeadas con palos, bates, tubos, cadenas, y otros objetos contundentes, por lo que se dispersaron. Aproximadamente media hora más tarde, las personas manifestantes se reunieron de nuevo con el objetivo de iniciar una marcha. Sin embargo, policías antimotines lanzaron bombas lacrimógenas contra las personas congregadas, a pesar de que se estaban manifestando pacíficamente.
Imágenes publicadas por el GIEI muestran cómo, el 19 de abril, un integrante de un grupo de choque disparó con un arma de fuego a manifestantes en la Plaza Domingo Gadea de Estelí, en presencia de elementos de la Policía Nacional, incluyendo agentes antimotines, quienes no intervinieron para detener al agresor".
"Llegaron camionetas de la policía con cargadas de piedras y empezaron a dárselas a fanáticos del gobierno, trabajadores de la alcaldía, para que se las tiraran contra nosotros [...] Logramos llegar hasta la alcaldía, [...] estaba frente de la alcaldía cuando [elementos de la Policía y grupos armados pro-gobierno] empezaron a disparar de nuevo, vi que cayó una persona a mi lado, cuando intenté recogerlo para ver si estaba bien, lo que vi es que estaba sangrando mucho, que tenía un hoyo en su cabeza porque le habían disparado", señala uno de los testimonios del GHREN sobre la jornada del 19 de abril de 2018.
"Según testimonios recabados por el GHREN, las marchas protagonizadas por estudiantes en Masaya los días 19 y 20 abril fueron repelidas por grupos de choque integrados por simpatizantes del Gobierno y trabajadores de la Alcaldía, quienes actuaron de manera conjunta con elementos de la Policía Nacional de Masaya. Un testigo describió los incidentes del 19 de abril: 'quien marcaba la pauta era el grupo de motorizados y la Policía les daba la cobertura, y actuaban conjuntamente. Actuaban conjuntamente, pero de manera muy ordenada'. El testigo refirió que la marcha fue interceptada por policías y fuerzas de choque: 'en la calle Limón, a unos 150 metros de llegar a la carretera Masaya-Managua, [...] hay un puente en el cual ya había presencia policial y funcionarios públicos y partidarios y adeptos del gobierno portando morteros artesanales que eran disparados contra los manifestantes que intentaban seguir la marcha. No fue posible avanzar porque fue abundante, recibimos disparos de balines por parte de los antimotines'", cita el informe.
"Un testigo confirmó al GHREN la presencia de elementos de la Policía Nacional el 20 de abril en la parte frontal de la UNI 'vestidos de negro y encapuchados' y en la parte de atrás portando 'manga corta de camisa celeste, con chaleco fluorescente y sus cascos de moto', así como la presencia de un grupo de 'motorizados vistiendo camisetas blancas, no encapuchados, con palos, y cascos' que trataba de tirar la cerca de alambre para irrumpir en la universidad. De acuerdo con el testigo, cuando intentaba salir de la UNI, escuchó un disparo y vio a una persona caer. Manifestantes la tomaron de las manos y pies y la llevaron adentro. Esta persona falleció", detalla el grupo de expertos de la ONU.
20, 21 y 22 de abril de 2018: "durante los días iniciales del estallido de la protesta social se produjeron números elevados de víctimas, con 27 personas muertas el 20 de abril, 15 personas muertas el 21 de abril y 11 personas muertas el 22 de abril".
30 de mayo de 2018: "en el marco de la celebración del Día de las Madres en Nicaragua, se convocaron marchas en solidaridad con las madres de personas fallecidas como resultado de la represión de la protesta, las cuales alcanzaron niveles de asistencia multitudinaria".
08 de julio de 2018: "se desarrolló el primer operativo de gran envergadura con el objetivo de eliminar o desarmar los tranques y barricadas, en Carazo. Los operativos para eliminar los tranques y barricadas se intensificaron en anticipación de la celebración nacional del 19 de julio (aniversario del triunfo de la Revolución Nicaragüense de 1979)".
El GIEI señaló en su momento que luego del 30 de mayo de 2018 -otra de las fechas clave para el GHREN al ser una "jornada hito"-, "los grupos armados se fueron perfeccionando". El grupo de expertos de la ONU explica en su primer informe sobre Nicaragua que hubo un "antes y después" de la marcha del Día de las Madres en Managua. Desde ese punto, la violencia no hizo más que escalar y se dio la "consolidación de los esquemas de represión" en el país, en medio de las protestas que exigían ya la renuncia de la pareja presidencial y todo su gabinete.
Entre el 08 y el 24 de julio de 2018: "se realizaron operativos masivos en distintos departamentos, con un despliegue de recursos sensiblemente mayor, tanto en términos del número de elementos que participaron, como del nivel de especialización de los efectivos y la cantidad y capacidad lesiva del armamento utilizado. Estas operaciones se realizaron con el objetivo de desarmar de manera definitiva los tranques y las barricadas levantadas por la población manifestante, y para retomar el control de las instalaciones universitarias que permanecían tomadas por estudiantes.
El Grupo identificó que la primera operación se dio de manera simultánea en Jinotepe, Diriamba y Dolores, en el departamento de Carazo, el 8 de julio. Posteriormente siguieron otras operaciones, entre las cuales figuran el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y a la adyacente iglesia de la Divina Misericordia el 13 de julio en la ciudad de Managua, la operación en el barrio de Monimbó, Masaya, el 17 de julio, y la operación en la ciudad de Jinotega el 23 de julio.
En la mayoría de los operativos de desarme de tranques investigados por el GHREN se produjo una acción conjunta y coordinada de la Policía Nacional, incluyendo fuerzas especiales, y grupos pro-gobierno militarizados. El número de elementos que participaron y el nivel de coordinación entre los grupos que participaron en los operativos varió en función del área y la complejidad de las estructuras de las barricadas o tranques que se pretendían despejar, así como de la capacidad de las personas manifestantes de repeler el ataque, lo cual evidencia el manejo de información y significativo grado de planificación de dichos operativos.
De acuerdo con los testimonios recabados, durante los operativos realizados en Jinotepe (Diriamba y Dolores) y Monimbó, los efectivos se movían de manera simultánea procediendo en columnas desde distintos puntos de acceso, hasta el objetivo, creando un cerco. En Carazo, las columnas mantenían un orden preciso: en primer lugar, avanzaban integrantes de grupos armados pro-gobierno, quienes encabezaban la ofensiva y a quienes podía identificarse porque vestían camisas blanca, y utilizaban pasamontañas, botas militares y armas largas. En segundo lugar, procedían elementos de las fuerzas especiales de la Policía Nacional, que utilizaban tácticas de intervención altamente especializadas".
El informe del GHREN también destaca: el "continuum de violencia" en Masaya del 19 de abril al 17 de julio de 2018; el ataque a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y a la iglesia católica Divida Misericordia; y varios ataques a la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción de María en Managua, a tranques, universidades y municipios del país.
El GHREN denuncia en su informe la negación de atención médica a manifestantes, la discriminación y estigmatización de personas heridas, y la vigilancia y presencia de grupos armados en los centros de salud del país en medio de las manifestaciones de 2018. Según el grupo de especialistas de la ONU, el Ministerio de Salud, en ese entonces bajo la dirección de la ministra Sonia Castro, dio la instrucción verbal y por correo electrónico a los directores de hospitales y centros de salud del país de denegar la atención médica a los manifestantes y de informar a las fuerzas armadas sobre la llegada de manifestantes que necesitasen atención médica.
Se ha documentado la muerte de al menos tres personas a causa de la falta de atención médica. También se han registrado las malas prácticas médicas. Además, según la investigación del GHREN, la Policía Nacional y grupos armados pro-gobierno en ocasiones impidieron la atención médica para los heridos.
"Muchos médicos, paramédicos y personal de la salud fueron forzados a renunciar y/o presionados a abandonar el país. La CIDH afirmó que se reportaron al menos 300 casos de profesionales de la salud despedidos. De acuerdo con un abogado que representó a varios médicos despedidos, la mayoría de los despidos se hicieron bajo el Artículo No. 45 del Código Laboral, por rescisión del contrato de trabajo por tiempo indeterminado y sin causa justificada", cita el documento.
"Un testigo refirió que farmacias que brindaron insumos para los puestos médicos improvisados habían sido cerradas, y organizaciones de trabajadores de la salud sido canceladas, incluyendo la Asociación Médica Nicaragüense. Adicionalmente, el GHREN recibió información referente a la cancelación de las matrículas de estudiantes de medicina que proporcionaron asistencia médica durante las protestas. La CIDH adoptó medidas cautelares a favor aquellos que prestaron asistencia médica y auxilio a personas heridas producto de los actos de violencia durante la protesta social de 2018, a través de Brigadas Médicas, por considerar que estas personas se encontrarían en una situación de riesgo a partir de dicha participación", explica el grupo de expertos.
10. Violaciones sistemáticas de otros derechos civiles y políticos:
"Los ataques al pluralismo cívico y político en Nicaragua se han acelerado y agudizado desde abril de 2018. El conjunto de información analizada por el GHREN evidencia que el Gobierno de Nicaragua implementó una serie de medidas legales y fácticas orientadas a la supresión de toda crítica u oposición. Dichas medidas se aplicaron de manera sistemática y generalizada en contra de las personas consideradas como opositoras o críticas del Gobierno", se cita en el informe de la ONU.
Por consiguiente, el documento señala que en Nicaragua se han violentando los siguientes derechos y libertades de forma sistemática:
Derecho a la libertad y a la seguridad personal;
Derecho a participar en los asuntos públicos;
Derecho al uso de espacios públicos y al espacio cívico y democrático;
Libertad de expresión y de opinión;
Libertades de asociación y de reunión pacífica;
Libertad de pensamiento, conciencia y religión;
Derecho a la manifestación pacífica;
Derecho a la educación y libertad académica;
Derecho a la nacionalidad y la prohibición de la privación de la nacionalidad;
Derecho a ingresar o salir del propio país;
Derecho a la presunción de inocencia;
Derecho a la igualdad ante los tribunales y a un juicio imparcial;
Derecho a un abogado o abogada de la elección de la persona acusada;
Derecho a manifestar las propias creencias.
Además, el GHREN, al igual que en los informes del GIEI, del Centro Nicaragüense de Derechos Humanaos (CENIDH), y de otras organizaciones de derechos humanos, identifica varias situaciones y patrones en lo que respecta a los abusos y las violaciones cometidas por la administración Ortega-Murillo desde el año 2018:
Detenciones violentas, sin orden de detención, incomunicados y sin garantías;
Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas y/o degradantes;
Falta de presentación ante autoridad judicial dentro del plazo legal y falta de efectividad del recurso de exhibición personal o habeas corpus;
Desaparición forzada y reclusión en régimen de aislamiento;
Instrumentalización del derecho penal;
Adopción de leyes para restringir y criminalizar el ejercicio de libertades fundamentales;
Instrumentalización del sistema de justicia;
Instrumentalización de la detención con fines de investigación;
Instrumentalización de la acusación penal;
Instrumentalización del proceso penal;
Procesos penales basados en leyes contrarias a las obligaciones internacionales de Nicaragua en materia de derechos humanos, en cargos infundidos o en pruebas falsas;
Represalias contra abogados y abogadas de una persona acusada;
Malos tratos durante las aprehensiones;
Tortura y malos tratos en custodia policial;
Sometimiento de las personas detenidas a sufrimientos mentales y psicológicos a través de humillaciones, amenazas, incluyendo amenazas de muerte tanto en su contra como en contra de sus familias, y otras formas de tortura blanca;
Tortura y trato discriminatorio en el SPN;
Aislamiento prolongado e indefinido;
Condiciones de detención inadecuadas y discriminatorias;
Incertidumbre y arbitrariedad en la aplicación de las reglas y protocolos internos;
Castigo a través de familiares;
Uso de la violencia sexual;
Violación y la amenaza de violación;
Torturas sexuales;
Desnudez forzada y otras formas de violencias sexuales;
Graves impactos sobre la salud física y mental;
Impunidad generalizada;
Cancelaciones de partidos, organizaciones, y cierre de medios de comunicación;
Desarrollo normativo para restringir el espacio cívico y democrático;
Estigmatización de las voces críticas y discurso incendiario;
Acoso e intimidación de las personas opositoras o percibidas como tales;
Estigmatización del ejercicio de la labor periodística;
Agresiones a periodistas por ejercer su labor;
Acoso y vigilancia;
Criminalización de periodistas y empleados de medios independientes;
Estigmatización del ejercicio de la libertad de manifestación;
Restricciones arbitrarias a la libertad de asociación;
Control de los espacios universitarios a través de la cooptación de la institucionalidad.
En cuanto a las dimensiones de género en los sucesos históricos en Nicaragua desde abril de 2018, "el GHREN concluyó que las violaciones y abusos a los derechos humanos de las personas opositoras o percibidas como tales tuvieron dimensiones específicas y generaron impactos diferenciados por razón de género. Así, las violaciones adoptaron expresiones y tuvieron componentes específicos en función del género de las víctimas, producto del entorno general discriminatorio por motivos de género y de orientación sexual. Dichas expresiones incluyeron el uso de diferentes formas de violencia sexual, de insultos o descalificativos sexistas u homófobos, y de amenazas centradas en la maternidad".
"Además, se constató la victimización específica de algunas mujeres debido a varios motivos intersectantes: por ser mujeres, feministas, críticas del Gobierno, con un importante liderazgo político, y por ser consideradas 'traidoras' del sandinismo (por haberse escindido del sandinismo de Daniel Ortega y haber fundado movimientos alternativos dentro de la corriente sandinista). Algunas mujeres, y en especial las mujeres familiares de víctimas, también fueron objeto de violaciones debido a las actividades que desempeñaron de reclamo de justicia para las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluyendo víctimas mortales y personas presas por motivos políticos", cita el informe.
"Por otro lado, los movimientos y organizaciones de mujeres fueron también objeto de difamación y del cierre masivo de organizaciones. Dichas acciones han generado retrocesos significativos en el acceso de las mujeres a sus derechos, incluyendo a causa del debilitamiento de los movimientos de defensa de los derechos de las mujeres y el cierre de organizaciones que brindaban apoyo vital a mujeres y niñas víctimas de violencia, asistencia en materia de acceso a la salud, incluyendo la salud sexual y reproductiva, y actividades de empoderamiento político y socioeconómico de las mujeres", complementa el grupo de expertos.
11. Crímenes de lesa humanidad:
El grupo de la ONU señala que existen factores como las circunstancias históricas generales, el contexto político global, los patrones delictivos, la existencia y repetición de pautas de actos violentos, el carácter planificado y organizado, la presencia de autoridades políticas y/o militares, la complicidad y participación de las autoridades, y no llevar a los responsables ante la justicia ni impedir o disuadir la comisión de los delitos, constituyen patrones para entender con claridad que los ataques perpetrados en Nicaragua desde abril del año 2018 son sistemáticos o generalizados. Además, la intención de los perpetradores y la ejecución de actos prohibidos (asesinato, deportación, encarcelamiento, tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, y persecución) constituyen, junto a la participación y conocimiento de los ataques por parte del Estado, según el GHREN, crímenes de lesa humanidad en el Derecho Internacional Consuetudinario.
"El GHREN tiene motivos razonables para creer que el Presidente Daniel Ortega, la Vicepresidenta Rosario Murillo, agentes, funcionarios y funcionarias de diversas agencias, estructuras del Gobierno, y actores no estatales han realizado, y siguen realizando a la fecha de redacción de este informe, graves y sistemáticas violaciones y abusos de los derechos humanos en contra de un sector de la población nicaragüense, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura y tratos crueles, inhumanos, o degradantes, privación arbitraria de la nacionalidad, y violaciones al derecho a permanecer en el propio país, así como al derecho a participar en los asuntos públicos y a las libertades de expresión, opinión, asociación, reunión, conciencia y religión", cita el informe.
La Redacción de COYUNTURA recolectó varios cartuchos utilizados por la Policía Nacional tras el paso de fuerzas antimotines en el sector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en Managua, en abril de 2018:
El grupo de expertos recomienda a la República de Nicaragua: liberar de manera inmediata a todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; cesar de manera inmediata la persecución por razones fundadas en motivos políticos, incluyendo a través de la criminalización y detenciones arbitrarias, la privación arbitraria de nacionalidad y la deportación forzosa; emprender investigaciones exhaustivas, independientes y transparentes de las violaciones, abusos y crímenes documentados para que se responsabilice a las personas que participaron en su comisión, incluyendo las personas que ostentan un mayor nivel de responsabilidad; garantizar la reparación integral, la reparación y no repetición, y el derecho de las víctimas a conocer la verdad; implementar medidas legislativas y de política pública para garantizar los principios democráticos y separación de los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Electoral y Judicial; cooperar con ACNUDH, los órganos de tratados, y cualquier otro ente establecido por el Consejo de Derechos Humanos; e implementar las recomendaciones de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, así como de los mecanismos de tratados, en particular del Comité de Derechos Humanos en CCPR/C/NIC/CO/4 (30 de noviembre de 2022) y del Comité contra la Tortura en CAT/C/NIC/CO/2 (7 de diciembre de 2022).
También recomienda a la comunidad internacional: tomar medidas para proteger y garantizar los derechos de las personas en situación de apatridia como resultado de privaciones arbitrarias de la nacionalidad nicaragüense, así como de las personas que han tenido que abandonar Nicaragua debido a las violaciones descritas en el informe; iniciar acciones legales contra los individuos responsables de las violaciones, abusos y crímenes documentados, de conformidad con su legislación interna; ampliar las sanciones a instituciones e individuos involucrados en la comisión de violaciones y crímenes en el derecho internacional; en la negociación de proyectos de cooperación al desarrollo e inversión en Nicaragua, los Gobiernos y organismos multilaterales deberían incluir garantías de derechos humanos y priorizar las acciones orientadas a mejorar la situación en Nicaragua.
"Las violaciones, abusos y crímenes documentados formaron parte de un plan común para reprimir a la población opositora o percibida como tal, con el fin de eliminar toda disidencia. El Presidente, la Vicepresidenta y las altas autoridades del Gobierno compartieron la intención de perpetrar sistemáticamente los mismos, y se valieron de los otros poderes y autoridades del Estado y de grupos armados pro-gobierno para ello", cita el GHREN.
La Redacción de COYUNTURA intentó comunicarse con el grupo de expertos de la ONU para profundizar en su metodología, en los resultados de su investigación y en los sucesos documentados, no obstante, al cierre de este reportaje, no se ha obtenido una respuesta. Dicho esto, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, aprobó con 21 votos a favor, cinco en contra (China, Cuba, Eritrea, Argelia y Vietnam) y 21 abstenciones, la prorroga por dos años más del mandato del GHREN el 03 de abril de 2023. La sociedad civil nicaragüense espera que durante este nuevo período se profundice en las cadenas de mando y los responsables de la represión desde 2018.
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