El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, figura destacada en el panorama mediático del país centroamericano y fundador del influyente pero ahora extinto diario elPeriódico, se vio nuevamente envuelto en un vaivén judicial el pasado miércoles 21 de febrero. La audiencia de etapa intermedia y revisión de medidas de coerción, programada para ese día en el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, fue suspendida debido a la incomparecencia de la fiscal del Ministerio Público (MP), encargada de llevar adelante el caso. Como resultado, se fijó una nueva fecha para el 20 de marzo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
La audiencia de etapa intermedia y revisión de medidas de coerción para el periodista guatemalteco José Rubén Zamora, fundador del extinto diario elPeriódico, fue suspendida por tercera vez, generando más interrogantes sobre el proceso judicial y la alegada persecución en su contra. La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) presentó una excusa relacionada con la salud de la fiscal encargada, Leonor Morales Lazo, lo que provocó la reprogramación del encuentro en la capital guatemalteca para el miércoles 20 de marzo de 2024. Zamora, detenido desde julio de 2022, enfrenta acusaciones de obstrucción a la justicia y uso de documentos falsos. Este último caso se suma a la condena previa de seis años por lavado de dinero, anulada posteriormente por irregularidades en el proceso. La audiencia suspendida buscaba determinar si Zamora enfrentará juicio o si se cerrará el proceso en su contra.
En un giro destacado para la prensa local y las organizaciones de derechos humanos, Zamora alega haber sido sometido a tortura durante la administración del expresidente Alejandro Giammattei, pero señala mejoras en sus condiciones desde el cambio de Gobierno en enero de 2024. A pesar de la suspensión de la audiencia, el periodista mantiene una postura optimista y destaca algunas mejoras en su situación carcelaria. Ya hay fotografías de él en su celda, con más comodidades de lo habitual.
Por otro lado, la suspensión de la audiencia programada para el miércoles 21 de febrero de este año en el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, ha levantado dudas sobre la efectividad y la transparencia del sistema judicial guatemalteco en el caso particular de Zamora. Es la tercera vez que se reprograma, lo que añade más complejidad y prolongación al caso.
La excusa presentada por la FECI, alegando problemas de salud de la fiscal Leonor Morales Lazo, generó cuestionamientos tanto de la prensa como del propio Zamora. Este último expresó su incredulidad ante la falta de un sustituto para llevar a cabo la audiencia, considerando la complejidad del caso. Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, se defendió ayer, en el lugar, argumentando la carga de trabajo, indicando que no conocía en profundidad el caso.
Desde su detención en julio de 2022, Zamora ha insistido en que los cargos en su contra son parte de una persecución, vinculando su arresto a las investigaciones periodísticas que revelaron corrupción en gobiernos anteriores, incluido el de Giammattei. La acusación de uso de documentos falsos se añadió posteriormente, generando más dudas sobre la solidez del caso. Pero Zamora no ha escatimado críticas hacia el sistema judicial y la Fiscalía en esta ocasión, calificando el caso como "ridículo" y sugiriendo que la falta de pruebas podría ser la razón detrás de las continuas suspensiones de la audiencia. Su defensa tenía previsto presentar una solicitud de arresto domiciliario en la audiencia suspendida.
La declaración de Zamora sobre haber estado "sometido a tortura" durante la administración de Giammattei ha generado atención adicional al caso. Aunque no proporcionó detalles específicos sobre los presuntos maltratos, destacó mejoras en sus condiciones desde el cambio de Gobierno el 14 de enero de 2024, cuando Bernardo Arévalo y Karin Herrera asumieron el Poder Ejecutivo. El periodista describió cambios significativos en sus condiciones de reclusión, mencionando la posibilidad de escuchar música por primera vez en casi dos años y mejoras en el acceso al aire libre. Estos comentarios sugieren una mejora en su situación, aunque persisten dudas sobre la alegada persecución política.
La presencia de diplomáticos de embajadas acreditadas en Guatemala y observadores de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en la audiencia cancelado resalta la atención internacional que ha recibido el caso de José Rubén Zamora. Las sanciones impuestas por Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y Canadá a figuras clave como Rafael Curruchiche, Jimi Bremer, Leonor Morales, y la fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, son muestras del trasfondo político del caso. Estas sanciones, que incluyen la congelación de activos y la prohibición de entrada a esos países, reflejan una preocupación internacional sobre posibles intentos de socavar la democracia en Guatemala. El hecho de que el juez Bremer y el fiscal Curruchiche compartan sanciones de Canadá, recientemente impuestas, agrega un elemento adicional de tensión en el caso.
La visita del relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca, y el respaldo del presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo de León, a la esperanza de que Zamora recupere su libertad, resaltan la preocupación tanto a nivel nacional como internacional sobre la situación del periodista.
La suspensión de la audiencia y las revelaciones de Zamora sobre presuntos maltratos durante la administración anterior agregan nuevas capas de complejidad a un caso que ya ha capturado la atención nacional e internacional, mientras la Fiscalía no quiere ceder en su intento de continuar con la judicialización ilegítima. Las continuas suspensiones, la incansable persecución política y las mejoras en las condiciones carcelarias de Zamora plantean preguntas sobre la integridad del proceso judicial y la situación de la libertad de expresión en Guatemala. La reprogramación de la audiencia para el 20 de marzo brinda una nueva oportunidad para esclarecer las acusaciones y avanzar en el proceso legal. Mientras tanto, la atención internacional y la presión sobre el sistema judicial guatemalteco seguirán siendo elementos clave en el desarrollo de este caso, que se mantiene como un referente para la discusión sobre la justicia, la libertad de expresión y los derechos humanos en el país centroamericano y la región.
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