La posición privilegiada de David Chávez Madison como director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) le permitió otorgar contratos por casi 60 millones de lempiras a sus asociados a través de las empresas Grupo Visión y Dynamic. Las empresas de sus socios manejan las huellas dactilares y las cámaras de seguridad y en el pasado manejaron el fallido proyecto de registro de armas.
Esta investigación también evidencia que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia es parte de las sociedades mercantiles del grupo empresarial de David Chávez.
Esta investigación ha sido posible gracias a una coalición de medios de Honduras, El Salvador y Nicaragua | En Alta Voz, Criterio.hn, Radio Progreso, Reportar Sin Miedo, Reporteros de Investigación y Pasos de Animal Grande de Honduras; Coyuntura de Nicaragua; y Gato Encerrado de El Salvador.
II PARTE
Tegucigalpa, Honduras
Un hombre joven “emprendedor” y muy conectado con el poder busca llegar a dirigir el gobierno municipal del Distrito Central. Su propuesta "cero tolerancia con la corrupción" contradice su carrera política de 17 años al ser señalado como uno de los principales promotores de la red de corrupción que nació en el oficialista Partido Nacional y pieza fundamental en el saqueo constante de las instituciones del Estado de Honduras.
Hablamos del abogado y notario, David Guillermo Chávez Madison, presidente del Partido Nacional, una de las principales figuras de este instituto político, quien en las últimas dos décadas ha tenido una escalada impresionante en las estructuras políticas de Honduras y ahora busca convertirse en el alcalde capitalino.
Su ascenso económico empezó a partir del 2006, cuando comenzó a constituirse como comerciante individual e inició su ruta en los negocios en el rubro de las tecnologías y telecomunicaciones y luego creó las empresas Técnica en Celulares, Tecnología y Video y dos empresas con el mismo nombre: Tecnología móvil (Tecnomobil) y Tecnología Móvil (Tecnomovil).
En 2009 se asocia Grupo Activa, Inmobiliaria Real y Word Trade Corporation con Jonathan Samuel Schacher Kafati y la familia de este y además, constituyen las sociedades mercantiles Telefonía Móvil y Telefonía Celular, cuyas empresas nombran como miembros de la junta directiva a Mauricio de Jesús Arita Rosa, Mario Alejandro Calderón Maldonado, José Olivio Rodríguez Vásquez y luego en 2015 a Juan Miguel Chichiraky Hernández.
Posteriormente, sus socios con los mismos miembros de esa junta directiva: Jonathan Samuel Schacher Kafati, Mauricio de Jesús Arita Rosa, Mario Alejandro Calderón Maldonado, José Olivio Rodríguez Vásquez y Juan Miguel Chichiraky Hernández fueron creando otras sociedades que en los últimos años han logrado millonarios contratos con el Estado que suman 59,320,504.12 de lempiras (2.4 millones de dólares) de acuerdo con el portal de Contrataciones Abiertas.
Un dato importante es que David Guillermo Chávez Madison, siendo director ejecutivo del Instituto de Formación Profesional, Infop y José Olivio Rodríguez Vásquez, en su condición de Secretario del Infop, autorizaron contratos a favor de Jonathan Samuel Schacher Kafati, propietario de Grupo Visión y asociado de David Guillermo Chávez Madison y José Olivio Rodríguez Vásquez, siendo esta transacción prohibida por la Ley de Contrataciones del Estado.
Es de resaltar que las oficinas de Grupo Visión, cuyos accionistas son socios de Chávez en otras sociedades mercantiles, tienen la misma dirección que la casa de este político: Lomas del Guijarro Sur, Bloque D, Casa 12, Tegucigalpa.
David Chávez actualmente es diputado del Congreso Nacional y desde 2020 pasó a ser el jefe de la bancada nacionalista después de que en 2019 fuera uno de los fundadores del movimiento Unidad y Esperanza, del cual es coordinador general y que postuló a la presidencia a Nasry Asfura, actual alcalde capitalino.
En la primera entrega de esta investigación, se evidencia que la familia Chávez Madison ha venido acumulando en las últimas dos décadas una fortuna incuantificable en bienes inmuebles con enormes extensiones de terreno en zonas exclusivas de la capital.
Y pese a que su carrera política sigue en ascenso, Chávez ha creado recientemente, el 22 de enero de 2020, la sociedad mercantil Inmobiliaria Chávez Madison, empresa que tiene la finalidad de desarrollar proyectos de construcción de bienes inmuebles. Con esta empresa adquirió, en diciembre de 2020, 96 manzanas de terreno en Talanga, a unos 55 kilómetros de la capital hondureña.
LA SEGURIDAD ESTÁ EN MANOS DE SUS SOCIOS
Resulta un tanto alarmante que una de las empresas de sus socios, Dynamic Corporation, sea la encargada, a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, del Proyectos de Ciudades Seguras. para el establecimiento de una plataforma tecnológica, de telecomunicaciones, informática, operativa y de información como un servicio público de seguridad nacional.
En agosto de 2021 el Congreso Nacional aprobó la ampliación por siete años más de este proyecto, que ahora estará vigente hasta agosto de 2028, sin determinar el monto del contrato que fue publicado en el diario oficial La Gaceta el 27 de agosto. Cabe señalar que en 2019 la empresa Dynamic Corporation presentó una oferta de 58.8 millones de lempiras.
Este proyecto consiste en la instalación de cámaras de seguridad en barrios y colonias de las ciudades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Tela, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Gracias, Lempira.
De acuerdo con los documentos en poder de este consorcio de medios, la sociedad mercantil Dynamic Corporation está conformada por las sociedades Inmobiliaria Real y World Trade Corporation, cuyo socios son Jonathan Samuel Schacher Kafati y Roderick Alexander Schacher Kafati, las mismas empresas que conforman junto a David Guillermo Chávez Madison la sociedad Telefonía Móvil.
Otro hallazgo es que en la empresa Dynamic Corporation figura en el cargo de secretario José Olivio Rodríguez Vásquez, actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia.
El 2 de marzo de 2015 la empresa Dynamic y la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad suscribieron un contrato de “obra y suministro para la implementación y sostenimiento integral de una plataforma tecnológica, del proyecto (Llave En Mano) denominado Ciudad Segura Valle de Sula y sus anexos”.
También, el 21 de marzo de 2015 suscribieron otro contrato denominado “Para la administración, enlace de datos, mantenimiento, sostenimiento y soporte técnico al proyecto Ciudades Inteligentes Tegucigalpa”, que establece la contratación por parte de la Secretaría de Seguridad de todos los elementos técnicos de sostenimiento, mantenimiento, administración, enlace de datos y soporte técnico para todo el hardware y software que suministra la empresa Dynamic Corporation.
Con los hallazgos de esta investigación se muestra el claro conflicto de interés del diputado y aspirante a la alcaldía de Tegucigalpa, David Chávez Madison, quien se ha servido de su posición para favorecer a sus asociados, adjudicándoles millonarios contratos con el gobierno y evadiendo la prohibición de contratar de acuerdo con el artículo 15 de la Ley de Contratación del Estado.
Su protagonismo en el tema de seguridad, al parecer, ha sido muy bien estructurado, a tal grado que es poseedor de un máster en seguridad y defensa con especialidad en crimen organizado internacional de la Universidad de Defensa de Washington, Estados Unidos. Esto, sin duda alguna, le ha servido para haber ocupado, en cierto tiempo, la presidencia de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Defensa y Soberanía.
Ser abogado y autoproclamarse intolerante a la corrupción no lo ha privado de violentar la Ley de Contratación del Estado que prohíbe que los funcionarios públicos hagan negocios con el gobierno, pero él lo ha hecho, sin que hasta el momento exista sanción penal alguna en su contra.
Aparte de su exitosa trayectoria política, el congresista es muy cercano a la familia presidencial. Lo unen, entre otras cosas, el parentesco por afinidad de su hermano Pedro Chávez, quien está casado con Lottie García Carías, hermana de la primera dama Ana Rosalinda García Carías.
También, la sociedad mercantil Comunicaciones Alegro, une de nuevo a la familia Chávez Madison con la familia presidencial pues en esa empresa figuran como socios, Victoria Madison López, madre de David Chávez Madison, y Marco Tulio Hernández Matute, sobrino del presidente de Honduras y gerente general en la sociedad mercantil Servicios de Seguridad Lempira (Sersel), una sociedad que pertenece a la familia presidencial y que también tiene contratos millonarios con el gobierno.
Esta investigación evidencia además que favoreció a sus asociados de Grupo Visión con millonarios contratos siendo director ejecutivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop) 2010-2014.
LOS SOCIOS DE DAVID CHÁVEZ
David Chávez expresó el 15 de junio de 2020 en el programa Quemando Micrófonos que, durante su mandato, el Infop estuvo en las mejores manos.
No obstante, un equipo de investigación de este consorcio de medios le dio seguimiento y obtuvo las actas constitutivas de Grupo Visión, una compañía conformada por capital de otras sociedades mercantiles: Visión Holdings, Trébol Corporation, Dynamic Corporation, Pacific Holding e Inter Atlantic Group.
Como socios y parte de la directiva de Grupo Visión figuran los señores Jonathan Samuel Schacher Kafati, Geoffry Eric Schacher Kafati, Roderick Alexander Schacher Kafati, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Mauricio de Jesús Arita Rosa y José Rodríguez Vásquez.
Tras el análisis de unos 271 documentos, se evidencia que los antes citados son socios de David Guillermo Chávez Madison en la empresa Telefonía Móvil y Grupo Activa.
De acuerdo con el Registro Mercantil de Tegucigalpa, Telefonía Móvil se conforma por las sociedades Grupo Activa, Inmobiliaria Real, World Trade Corporation y por las personas naturales Jonathan Samuel Schacher Kafati, Mario Alejandro Calderón Maldonado y Roderick Alexander Schacher Kafati.
En el caso de José Rodríguez Vásquez, quien aparece en las empresas que conforman Grupo Visión, empresa contratada por el Infop, se desempeñó como jefe de la Unidad de Asesoría Legal (2014-2015) y secretario general de Infop (2010-2014); actualmente es magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que denota un evidente conflicto de intereses, de acuerdo al rastreo y los documentos en poder de los medios que realizaron esta investigación.
INVESTIGACIÓN ENGAVETADA: EL ÚNICO CASO QUE HA SALIDO A LA LUZ
En el año 2010 fue nombrado por el expresidente Porfirio Lobo Sosa, director del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), puesto desde el cual montó una red de saqueo de fondos, según investigaciones del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) que en el 2015 lo denunció ante el Ministerio Público por malversar casi 80 millones de lempiras.
Según el expediente de la denuncia, en el 2013, el funcionario avaló y autorizó una compra de un equipo de software y adiestramiento automotriz para el centro de formación de Catacamas, Olancho, cuyo monto presuntamente se sobrevaloró en 21.9 millones de lempiras.
Un dato que constata el equipo que lideró esta investigación es que el equipo e informática comprados era para atender autos BMW y Audi. Siendo una compra inútil en Olancho, región agrícola, ganadera y forestal donde solo hay vehículos de trabajo y 4x4, algunos pocos sedanes de marcas japonesas, pero no circulan esos delicados y complicados autos alemanes hechos para la red de autopistas germánicas.
La denuncia, presentada por el CNA ante el Ministerio Público en contra de Chávez, por los supuestos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, malversación de caudales públicos y fraude durante su gestión en el Infop, no lo relaciona con el Grupo Visión, sino por autorizar el contrato en un proceso poco transparente. Este contrato fue adjudicado a la empresa Grupo Visión.
De acuerdo con funcionarios del CNA, “esos recursos estaban en el aire, necesitaban robarlos”, y recurrieron directamente al Congreso Nacional para que este permitiese el cambio de la línea presupuestaria y se inventaron los famosos contratos de emergencia.
Según la línea de investigación, mediante el decreto legislativo 125-2012 se aprobó una ampliación presupuestaria con el afán de beneficiar a una red de corrupción en la que identificaron a dos personas relevantes: David Chávez, actual diputado del Congreso Nacional (2014-2018 y 2018-2022), y el actual magistrado de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de lo Penal, abogado José Olivio Rodríguez.
Además, la investigación del CNA revela que el Infop pagó 925 mil euros para introducir el producto al país, después se le entregó a la empresa (Grupo Visión) y esta se los volvió a vender a ellos.
“Esta red de corrupción también estaba gestada por Alejandro Calderón, quien se desempeñó en algún momento como director legal del Infop y ha laborado en el Congreso Nacional en el departamento legal”, expresó un funcionario del CNA, en ese momento.
Sobre ese mismo asunto, personal especializado en investigación financiera del CNA logró comparar precios de mercado, por lo que concluyeron que en el equipo adquirido en Europa y Estados Unidos hubo una sobrevaloración de 21.9 millones de lempiras.
Entre los documentos está la resolución número 13-2012, por medio de la cual se nombró la comisión evaluadora del proceso licitatorio presidida por José Olivio Rodríguez Vásquez, quien en ese entonces era el secretario general de Infop y ahora magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). No obstante, documentos revelados por esta coalición de medios muestran a José Olivio Rodríguez Vásquez como parte del consejo administrativo de Grupo Visión.
La comisión era integrada además por Ángel Armando Aguiriano, jefe de Departamento Administrativo y Financiero; José Antonio Elvir, jefe del Departamento de Acciones Formativas; Otilia Pinto, coordinadora de la Unidad de Sistemas y Procedimientos, y Magaly Bustillo, de la Asesoría Legal de Infop.
Todos los integrantes de dicha comisión se encuentran denunciados ante el Ministerio Público por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos, fraude y violación de los deberes de los funcionarios al autorizar la compra, calificada de irregular por el CNA.
MEGAPARQUES Y LA TASA DE SEGURIDAD
Por otra parte, el candidato a alcalde y actual diputado, David Guillermo Chávez Madison, incluye dentro de sus propuestas la construcción de 35 parques.
Las obras de los megaparques son ejecutadas con fondos de la Tasa de Seguridad Poblacional, que aporta el 60 por ciento de la inversión y una contrapartida de la empresa privada, que a través de la Fundación Convive Mejor, aporta el restante 40 por ciento.
La Tasa de Seguridad Población está constituida por un fondo que surgió en el 2011 con la aplicación de impuestos a las transacciones bancarias, supuestamente, para proyectos de seguridad ciudadana encaminados a reducir el crimen y la violencia. Los dineros son manejados a discrecionalidad por un fideicomiso y a la sombra de la opacidad, al ser información clasificada como ultrasecreta con una reserva de hasta 50 años.
Los “parques para una vida mejor” han sido uno de los proyectos del programa Vida Mejor, impulsado por el Gobierno nacionalista. Jonathan Schacher es el representante de la Fundación Convive Mejor.
Schacher es socio de Grupo Visión y de David Chávez Madison. En una publicación de 2015 en el sitio web de Casa Presidencial, Jonathan Schacher comentó que la Fundación Convive Mejor estaba lista para seguir trabajando de la mano con el Gobierno del presidente Hernández para cumplir con la meta de los 20 megaparques que se habían comprometido a construir, de hecho, el sitio oficial de Convive Mejor identifica a Grupo Visión como una las empresas patrocinadoras.
OTROS MILLONARIOS CONTRATADOS
Aparte del Infop y de estar vinculado con el proyecto de los megaparques, Grupo Visión ha sido favorecido desde 2013 a 2021 en diferentes entidades gubernamentales con la adjudicación de 41 contratos con un monto aproximado de 60 millones de lempiras.
La Unidad Central del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (Injupemp) suscribió el 9 de diciembre de 2015 un contrato por 11.8 millones de lempiras para la adquisición de un software biométrico.
Mientras tanto, en 2017 obtuvo otro contrato de adquisición e instalación de equipo, licencias, comunicaciones, soporte técnico, mantenimiento preventivo del proyecto biométrico de control migratorio del Instituto Nacional de Migración por 14.8 millones de lempiras. Además de un pago de 22.5 millones de lempiras.
En 2018 consiguió un contrato en la Secretaría de Seguridad por 11.6 millones de lempiras por la adquisición de equipo de huellas dactilares para la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) a nivel nacional, en atención a la orden de compra SS-UCP-OC-003-2018. Mientras tanto, en 2019 obtuvo otro contrato por mantenimiento para el sistema automatizado de identificación de huellas dactilares por 80 mil dólares (equivalente a L.1,182,739.20).
El portal de contrataciones abiertas de Honduras muestra que esta empresa ha sido proveedora del Instituto Nacional de Migración, del Injupemp, Secretaría de Seguridad y del Instituto de la Propiedad.
Asimismo, del Instituto Nacional Penitenciario, de la Secretaría de Coordinación General del Gobierno, del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda y de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.
Además, ha sido proveedor de la Administración Aduanera de Honduras, Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ministerio Público, Instituto Hondureño de la Niñez y la Familia y de Casa Presidencial.
También, de la Secretaría de Finanzas, Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, Instituto Nacional de Previsión del Magisterio, Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, Instituto de Previsión Social de los Empleados de la UNAH y del Instituto Hondureño de Geología y Minas.
Por otra parte, el 21 de diciembre de 2013, bajo el amparo de un decreto de emergencia, Grupo Visión obtuvo un contrato por 15 millones de lempiras para facilitar las máquinas y un sistema de informática para captar las huellas de todos los ciudadanos en el Registro Nacional de las Personas (RNP).
De acuerdo con una publicación de El Heraldo, Grupo Visión obtuvo en 2004 un contrato para registro de armas por parte de la Secretaría de Seguridad, pero el proyecto habría fracasado por diversas causas hasta convertirse en un lío legal para el Estado.
Solo la primera de las tres etapas se efectuó y consistía en un sistema automatizado de identificación de huellas dactilares (AFIS), mediante el cual se anotarían las huellas dactilares de los propietarios de armas.
Luego se desarrollarían dos fases más, mediante las cuales la Secretaría de Seguridad tendría una herramienta informática para contabilizar las armas registradas con todas sus características que no se pudieron ejecutar como se había planificado.
Otro hallazgo es que la empresa Llanos Del Sur Fotovoltaica y Ecoener Inversiones Centroamérica, fueron avales fiduciarios de Grupo Visión.
Al revisar las actas constitutivas de ambas empresas, figuran en el consejo de administración los señores Fernando Rodríguez Alfonso, de nacionalidad española como presidente y Roderick Alexander Schacher Kafati como secretario. Mientras que Jim Eloy Muñoz Gómez y Liana Maria Bueso Majano, como socios.
FIRMA ELECTRÓNICA
En noviembre de 2018 la Dirección General de Propiedad Intelectual, adscrita al Instituto de la Propiedad (IP), certificó a Tecnisign, que es una marca del Grupo Visión, como la primera empresa privada autorizada a brindar los servicios de firma electrónica avanzada en Honduras.
Tecnisign ha trabajado con distintas instituciones de gobierno, entre ellas: Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (Oncae), Régimen de Aportaciones Privadas (RAP), Consejo Nacional de Inversiones (CNI) y Agencia de Regulación Sanitaria de Honduras (ARSA).
A su vez, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), Sociedad Administradora de Fondos de Garantía Recíproca (Confianza), Mi Empresa en Línea, la Alcaldía de San Pedro Sula, Servicio de Administración de Rentas (SAR) y el Banco Central de Honduras (BCH).
COLEGIO DE PERIODISTAS
Otro punto importante es que Tecnisign apoyó con el estudio “Competencias Digitales de los Hondureños”, elaborado por SmartCom en el que destaca la importancia de proteger su identidad digital, para su máximo aprovechamiento de oportunidades de estudio, empleo e involucramiento en la sociedad.
De acuerdo con el portal web de la empresa, la investigación fue realizada en conjunto con Honduras Digital Challenge, Colegio de Periodistas de Honduras y Banco Atlántida.
Un asunto importante de resaltar es la cercanía de Jonathan Samuel Schacher Kafati con el presidente Juan Orlando Hernádez Alvarado. El 7 de septiembre de 2018, Hernández visitó Inplasa otra compañía del empresario dueño de Grupo Visión y asociado a David Guillermo Chávez.
Otro hallazgo de esta investigación es que desde el 2016 el empresario Jonathan Samuel Schacher Kafati, mediante Dynamic Corporation, es socio junto a Carlos David Flores Flake en la empresa Medios Unidos (Diario El País) del Grupo La Tribuna.
Carlos David Flores Flake es hijo de Carlos Roberto Flores Facussé, expresidente de Honduras (1998-2002) y poderoso líder del Partido Liberal.
Esta investigación concluye que los propietarios de Grupo Visión: Jonathan Samuel Schacher Kafati, Geoffry Eric Schacher Kafati, Roderick Alexander Schacher Kafati, Mario Alejandro Calderón Maldonado, Mauricio de Jesús Arita Rosa y José Rodríguez Vásquez, son socios de David Guillermo Chávez Madison en la empresa Telefonía Móvil y Grupo Activa y Word Trade Corporation lo que evidencia un conflicto de intereses, de acuerdo con la Ley de Contratación del Estado de Honduras, porque estas empresas han sido beneficiadas con millonarios contratos por parte del Estado.
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