La única representación presidencial de Centroamérica en la VII Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC fue la de Honduras. Y la presidenta Xiomara Castro utilizó su primera intervención continental para, entre otros objetivos, abogar por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua. Su discurso en Buenos Aires ya ha generado la primera ruptura diplomática de su mandato: con la administración peruana; y con los derechos humanos de la ciudadanía nicaragüense.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Buenos Aires, Argentina
El baño ideológico que la mandataria hondureña Xiomara Castro y sus homólogos miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) se dieron en la capital argentina esta semana sirvió como plataforma para denunciar las atrocidades que la Policía de Perú y la administración de Dina Boluarte han cometido en los últimos meses, tras el intento de golpe de Estado que el exmandatario Pedro Castillo quiso efectuar al Poder Legislativo peruano.
Tanto Castro como el mandatario chileno Gabriel Boric subrayaron en el evento político-ideológico la necesidad de un alto a la represión estatal en Perú. No obstante, la mandataria hondureña también exigió la liberación del expresidente Castillo, quien fue declarado con "incapacidad moral permanente" tras su intento golpista. "Condenamos el golpe de Estado en Perú y la agresión a la que está sometido el pueblo peruano; nuestra solidaridad con el presidente legítimo, electo, Pedro Castillo. Y demandamos su inmediata liberación", señaló Castro.
La respuesta de Perú no se hizo esperar. Ordenaron de forma "definitiva" este jueves 26 de enero el retiro de su embajador en Tegucigalpa, Jorge Alejandro Raffo Carbajal, dejando las relaciones bilaterales con Honduras a nivel de encargados de negocios, como forma de rechazo a las declaraciones de la mandataria hondureña en la reunión de la CELAC.
Ante los hechos, horas más tarde, el canciller hondureño, Enrique Reina, respondió en su cuenta de Twitter: "el gobierno de Honduras es respetuoso de la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Y en respeto a esa autodeterminación, considera que en el Perú se violentó la voluntad soberana del pueblo que eligió al presidente Castillo. Una serie de hechos generaron una conspiración para derrocarle vía un golpe de Estado, el cual condenamos al igual que la represión que ha provocado más de 50 muertos. Exigimos la liberación inmediata del presidente Castillo. Se debe respetar la democracia y el voto popular", señaló Reina.
¿Incoherencia? En todo su esplendor. Fue Castillo quien intentó disolver al Congreso de Perú, en medio de una crisis política, queriendo a su vez reestructurar el sistema judicial que le investiga.
Está es la primera ruptura diplomática generada en la administración de la presidenta Castro. Las únicas dos mandatarias del continente no eran amigas. Ahora menos.
La otra ruptura: con los derechos humanos y la verdad en Nicaragua
En resumen, la presidenta hondureña Xiomara Castro mintió en sus declaraciones en la CELAC sobre Nicaragua. "Combatimos el neoliberalismo, y denunciamos las políticas de agresión y el boicot económico contra Cuba, Venezuela y Nicaragua", sentenció la mandataria, en lo que es su primera declaración pública sobre el régimen copresidencial de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, muy cómodos en el poder al sur de Honduras.
Dicho complot contra Nicaragua, del cual habla Castro, no existe. Pero su solicitud es en relación a las sanciones económicas y de movilidad instaurados por los gobiernos estadounidense, canadiense y europeos contra las instituciones y funcionarios más cercanos a la pareja dictatorial Ortega-Murillo. Al respecto, la administración del presidente Joe Biden ha insistido en varias ocasiones que sus acciones "son en respuesta a las violaciones a los derechos humanos y al Estado de derecho en Nicaragua", buscando incluso formas de evitar romper tratados de libre comercio con el país centroamericano.
"Ningún hermano debe de arriesgar su vida migrando hacia países que los tratan como ciudadanos de segunda categoría", dijo Castro. No obstante, en Nicaragua, según analistas y medios de comunicación independientes, las principales razones del desplazamiento forzado de más de 300,000 nicaragüenses solo en 2022 fueron la economía y la represión instaurada por los amigos de la familia Castro-Zelaya.
"Yo misma soy la expresión de 12 años de resistencia en las calles", señaló Castro. Nada desconocido para la ciudadanía nicaragüense: que lleva 27 años bajo el yugo de Ortega y sus funcionarios, y los últimos cinco bajo un estado policial de facto que ha dejado más de 350 personas asesinadas.
"Presidentes, es tiempo de la solidaridad. Mis felicitaciones por el reciente triunfo del presidente Lula da Silva en Brasil, y del presidente Gustavo Petro en Colombia. Mi apoyo pleno a la vicepresidenta de la República de Argentina, compañera Cristina Fernández, víctima de la implacable persecución judicial. Hay mucho por hacer. Debemos continuar sin descanso, buscando el camino de la unidad democrática y socialista. Mi sentido pésame a la familia de expresidente de Guatemala, Álvaro Colom", finalizó Castro en su discurso el pasado 24 de enero desde Buenos Aires.
Ella y su canciller siguen ignorando la detención de 225 presas y presos políticos desde abril de 2018 en todo el territorio nicaragüense, de la misma forma que lo hizo el exmandatario Juan Orlando Hernández durante su período.
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