La actualización del informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) también señala la existencia de una sofisticada red de inteligencia militar al servicio de la ya oficial Copresidencia sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Este entramado, integrado por miembros del Ejército, la Policía, el Ministerio del Interior (MINT) y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), monitorea y persigue a opositores a través de sistemas de información en cada municipio. Se han identificado centros de cómputo utilizados para rastrear a disidentes y determinar a quién arrestar, deportar, despojar de su nacionalidad o someter a represalias.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN), creado por mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha desmantelado uno de los argumentos clave con los que el Ejército de Nicaragua ha intentado eludir sanciones internacionales y responsabilidad jurídica y de memoria: la supuesta no participación en la represión de las protestas iniciadas en abril de 2018. En la actualización más reciente de su informe global, presentado el miércoles 26 de febrero de 2025 en Ginebra, el equipo asegura contar con "información creíble" que confirma la implicación del alto mando militar en la ofensiva violenta, hasta ahora atribuida únicamente a la Policía y a grupos paramilitares sandinistas. El documento detalla cómo la cúpula castrense no solo colaboró con la represión, sino que tuvo un rol activo en la ejecución de crímenes de lesa humanidad y violaciones masivas a los derechos constitucionales.
El informe de la ONU señala que, apenas dos días después del inicio de las protestas, el 20 de abril de 2018, se llevó a cabo una reunión en la que participaron oficiales del Comando de Operaciones Especiales y de las Direcciones de Doctrina y Enseñanza, Inteligencia Militar y Personal de Cuadros del Ejército. En ese encuentro, se concluyó que el país centroamericano se enfrentaba a un "golpe de Estado" orquestado por organizaciones sociales, siguiendo la narrativa del oficialista partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
COYUNTURA logró identificar a esos y otros cuadros militares dentro de la cadena de poder, control y represión del sandinismo, tras analizar en abril de 2023 las 300 páginas del segundo gran informe sobre los sucesos ocurridos en Nicaragua desde abril de 2018.
Uno de los hallazgos más reveladores del GHREN es que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, leyó en esa reunión una orden presidencial en la que se instaba a los jefes de las distintas unidades militares a "neutralizar" a las y los manifestantes, en contra del mandato constitucional de no participación en situaciones de carácter civil, cómo lo era entonces. Siguiendo esas directrices, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, ordenó la intervención de las fuerzas armadas en la represión, a pesar de no tener competencias en materia de seguridad pública. Esta decisión, señala el informe, se tomó con pleno conocimiento de que el uso de fuerzas militares contra la población podría derivar en muertes, como efectivamente ocurrió, en varios puntos de la nación centroamericana.
Ejecuciones extrajudiciales y armas letales
El GHREN sostiene que las ejecuciones extrajudiciales registradas durante la represión fueron producto de acciones coordinadas entre la Policía Nacional, el Ejército y grupos paramilitares progubernamentales. Según los expertos, la estrategia de represión incluyó el uso sistemático de armas de fuego de uso exclusivo militar, el despliegue de francotiradores, tácticas de combate diseñadas para matar en lugar de dispersar manifestaciones, y un alto número de víctimas con heridas de bala en zonas vitales del cuerpo. El informe destaca que la Dirección de Información para la Defensa del Ejército asumió el "control operativo" de la represión en coordinación con la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia Policial y el Comando de Operaciones Especiales. Además, se documentó el uso de efectivos militares disfrazados con uniformes policiales o vestidos de civil para encubrir su intervención directa en los operativos represivos, ejecutados en la vía pública, iglesias, universidades y hasta en organizaciones civiles.
Más allá de la represión inmediata, el GHREN expone el papel clave del Ejército en la consolidación de un estado de vigilancia total. La estructura de inteligencia, bajo el control de la ahora monarquía constitucional de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, involucra a instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio del Interior (MINT), el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR) y diversas unidades del Ejército. "Los militares fueron los estrategas detrás de la respuesta armada desencadenada en 2018. El Ejército no cumplió su papel de proteger al soberano. Protege hasta hoy al verdugo de la gente", comentó bajo anonimato una de las fuentes consultadas por la ONU.
Vigilancia e inteligencia
Esta red de espionaje, coordinada a través del Centro de Información e Inteligencia Policial y el Comité Nacional de Información, ha servido para identificar, vigilar, hostigar y geolocalizar a opositores, disidentes, activistas, periodistas, religiosos y hasta empresarios. Según el informe, esta estructura define quiénes deben ser detenidos, deportados o despojados de su nacionalidad. La unidad incluso escoge represalias. La ONU ya dijo que una "sombría realidad" cubre a Nicaragua. "Los crímenes contra la humanidad dirigidos a civiles, incluidos niños y estudiantes, tienen fines políticos", señaló en febrero de 2024. En septiembre de ese mismo año dijo que la represión estatal y las violaciones "persisten" y se "endurecen".
El Ejército, en particular, ha jugado un papel clave en la vigilancia política a través de su Dirección de Información para la Defensa, en colaboración con las Unidades de Victoria (estructuras sandinistas barriales), secretarios políticos y la cúpula del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El objetivo, según los expertos, ha sido implementar un control total sobre la sociedad nicaragüense, en medio de testimonios que detallan la brutalidad con la que actúa la dictadura Ortega-Murillo.
Pese a los intentos del Ejército de Nicaragua por presentarse como una institución neutral, el informe de la ONU evidencia su subordinación absoluta al régimen. La prueba más reciente de este sometimiento ocurrió el 21 de febrero de 2025, cuando el general Julio César Avilés fue juramentado por cuarta vez consecutiva como jefe del Ejército, consolidando su control hasta 2031. Avilés asumió el cargo en 2010, convirtiéndose ya en el jefe militar con más tiempo en el puesto en la historia reciente del país.
Durante la ceremonia de juramentación, Avilés agradeció a Ortega por su respaldo y reafirmó su lealtad al sistema que le da de comer. "Cuente con la firme determinación de todos para continuar aportando en la construcción de la Nicaragua libre, digna, justa y próspera que todos merecemos", declaró, con la bandera del FSLN detrás, e invitados especiales de Honduras, Venezuela, Rusia y Cuba.
El jefe militar ha defendido en varias ocasiones la violencia política del régimen y ha negado las acusaciones de violaciones de derechos humanos, argumentando que se trata de "campañas de desprestigio" impulsadas por la oposición, que no existe en la Asamblea Legislativa o en las municipalidades de todo el territorio. No obstante, el informe del GHREN contradice estas declaraciones y sostiene que la estructura de mando del Ejército ha sido cómplice directo en la represión y persecución de la disidencia.
El informe de la ONU refuerza la posibilidad de que los altos mandos militares de Nicaragua sean investigados y procesados por crímenes de lesa humanidad. Actualmente, un tribunal en Argentina está analizando denuncias sobre la represión en Nicaragua bajo el principio de jurisdicción universal, lo que ya derivó en órdenes de captura internacional contra los responsables, entre ellos Daniel y Rosario. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) identificó a 10 de los 15 altos funcionarios investigados, entre ellos jefes del Ejército y la Policía, con orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad desde el año 2018. Sin embargo, aún no se emiten alertas rojas, por lo que no pueden ser detenidos fuera de Nicaragua hasta que el proceso avance más.
Además, la revelación del papel del Ejército en la represión de 2018 podría acelerar la imposición de sanciones internacionales contra la institución castrense y sus líderes. Hasta ahora, las sanciones de la comunidad internacional se han dirigido principalmente contra figuras del gobierno, empresas vinculadas a la familia Ortega Murillo y la Policía Nacional, pero este nuevo informe abre la puerta a medidas punitivas más amplias, porque no solo desmiente la narrativa oficial del Ejército de Nicaragua sobre su supuesta neutralidad en la crisis múltiple que se extendió hasta la fecha, sino que documenta su rol activo en la represión violenta de las protestas contra personas armadas, y el destierro de al menos 452 nicaragüenses en años recientes. La evidencia recabada por la ONU demuestra que el Ejército no solo colaboró con la Policía y los paramilitares, sino que tuvo un papel central en la planificación, ejecución y encubrimiento de crímenes, violaciones sistemáticas y limitaciones a los derechos y libertades.
La consolidación del Ejército como un brazo represor del régimen de Ortega y Murillo ha permitido la instauración de un estado de vigilancia total en Nicaragua. La complicidad de la cúpula militar con el aparato represivo del Estado pone en entredicho cualquier pretensión de autonomía institucional y deja abierta la posibilidad de futuras acciones judiciales en su contra. Mientras tanto, las víctimas de la represión -con más de 350 personas asesinadas- siguen exigiendo justicia y el reconocimiento de los crímenes cometidos en su contra. Entonces, el informe del GHREN se convierte en un nuevo documento clave para el esclarecimiento de la verdad y el impulso de procesos de rendición de cuentas a nivel internacional.
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