Para entender mejor la situación en Venezuela, la Redacción de COYUNTURA escudriñó el primer informe de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre el proceso electoral, las denuncias de fraude y la ola represiva a raíz de las manifestaciones en contra de la reelección por tercera vez consecutiva del chavista Nicolás Maduro.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Caracas, Venezuela
El Departamento para la Cooperación y Observación Electoral (DECO) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) cuestionó este martes 30 de julio de 2024 la validez de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, que proclamaron a Nicolás Maduro como ganador en las elecciones presidenciales del domingo 28 de julio de 2024. El informe destaca serias irregularidades en el proceso electoral, incluyendo la falta de transparencia y errores aritméticos en los datos proporcionados por el CNE. A pesar de que el CNE informó haber procesado el 80% de las mesas de votación, no se detallaron los resultados ni se publicaron las actas correspondientes, calificando erróneamente los datos como "irreversibles". El informe también señala que los eventos de la jornada electoral reflejan una estrategia sistemática para socavar la integridad del proceso. Entre los problemas destacados están la opacidad del CNE, la falta de acceso a observadores nacionales e internacionales, la inequidad en la contienda, y la represión de la oposición. La jornada electoral fue marcada por una serie de obstrucciones al sufragio, intimidación, y violencia, que buscaron inclinar la balanza a favor del oficialismo y confundir al electorado.
A pesar del entusiasmo ciudadano y la participación masiva en Venezuela y en el extranjero, el informe critica severamente el comportamiento del régimen chavista y del CNE, subrayando el impacto negativo en la legitimidad del proceso. La OEA ha desplegado numerosas misiones de observación electoral en Venezuela en el pasado, y aunque no estuvo presente en esta ocasión, el informe se basa en una variedad de fuentes, entre ellos datos oficiales y de la oposición política, para ofrecer un análisis detallado de las irregularidades observadas.
Para entender más la situación, el equipo de COYUNTURA resume y analiza aquí cada punto del documento de más de 20 páginas.
Etapa preelectoral
El martes 05 de marzo de 2024, el Consejo Nacional Electoral de Venezuela anunció la fecha para las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. A pesar de la participación de diez candidatos, ninguna mujer llegó a competir en la contienda. El proceso electoral se desarrolló en un ambiente de polarización extrema y desconfianza hacia el sistema, con el gobierno ejerciendo un control absoluto sobre todas las instituciones clave, desde el poder legislativo hasta los medios de comunicación.
El informe de la OEA menciona que, al igual que en las elecciones de 2018, la contienda de 2024 estuvo marcada por una gran inequidad. El control gubernamental y la eliminación de los mecanismos de pesos y contrapesos resultaron en la persecución y detención de opositores, la utilización de recursos públicos para fines proselitistas, y restricciones severas al derecho a la información. A pesar de estos obstáculos, la oposición logró unirse en una alianza liderada por María Corina Machado, gracias al “Acuerdo de Barbados” firmado en octubre de 2023, que prometía mejorar las condiciones electorales.
Sin embargo, el órgano bilateral señala que muchas acciones de la administración chavista contradijeron este acuerdo. La inhabilitación de candidaturas y figuras clave, como la opositora María Corina Machado, y la creación de obstáculos administrativos, como la imposibilidad de inscribir candidatos de reemplazo, limitaron la participación efectiva de la oposición. La inhabilitación de alcaldes y concejales que apoyaron a la oposición también fue una estrategia para debilitar a las fuerzas rivales.
El proceso electoral estuvo marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y actos de intimidación. Hasta el 25 de julio de 2024, se registraron 135 arrestos políticos, con un incremento de 48 arrestos adicionales y un asesinato durante la semana electoral. La represión incluyó la detención de colaboradores de la campaña de Machado y ataques a personas vinculadas a la oposición. A pesar de las denuncias de violaciones a los derechos humanos y las solicitudes de monitoreo internacional, el ambiente de intimidación persistió. Nicolás Maduro, en declaraciones públicas, amenazó con una posible guerra civil si no ganaba la reelección, lo que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscaba amedrentar al electorado y generar dudas sobre la transición de poder en caso de un resultado favorable a la oposición.
Opacidad, obstrucción de testigos y rechazo a la observación nacional e internacional
La transparencia y la apertura en la observación nacional e internacional son fundamentales para la legitimidad de cualquier proceso electoral democrático. En Venezuela, la participación de testigos electorales, que representan a partidos y ciudadanos, está regulada por la Ley Orgánica de Procesos Electorales (LOPRE). Sin embargo, en las elecciones de 2024, el CNE impuso restricciones que limitaron la actividad de estos testigos, exigiendo que estuvieran inscritos en el centro de votación que supervisaban. Aunque el CNE acreditó a algunas organizaciones de observación nacional, como la Red de Observación Electoral Asamblea de Educación y la Fundación Proyecto Social, no se acreditó al Observatorio Electoral Venezolano.
El CNE también obstaculizó la labor de observadores internacionales. A pesar de que el Acuerdo de Barbados contemplaba la participación de organismos internacionales como la Unión Europea (UE) y el Centro Carter, el CNE revocó la invitación a la misión de la UE, citando las sanciones económicas del bloque como motivo. El Panel de Expertos Electorales de la ONU y el Centro Carter realizaron misiones limitadas en Venezuela, enfrentando restricciones significativas en el ejercicio de sus funciones. Además, se impidió la participación de diversos invitados internacionales, incluyendo una delegación de ex mandatarios y legisladores.
La libertad de expresión y el derecho a la información sufrieron severas restricciones. "Según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la CIDH, en 2024 se documentaron restricciones severas al derecho a la libertad de expresión en Venezuela. En particular, se registraron hechos de hostigamiento judicial, detenciones arbitrarias, restricciones de acceso a la información, cierre de medios de comunicación y señalamientos estigmatizantes por parte de altos funcionarios del gobierno contra aquellos que investigan y participan activamente en asuntos de interés público y político", cita el documento. Se detallan al menos 128 agresiones contra periodistas y activistas, y 18 detenciones arbitrarias por el ejercicio de la libertad de expresión en 2024. El gobierno bloqueó portales web, cerró estaciones de radio y restringió plataformas de verificación de información. También se impidió el acceso a varios periodistas internacionales, y Nicolás Maduro atacó a medios y periodistas críticos, acusándolos de ser "sicarios de la mentira".
En cuanto al clientelismo y el uso del aparato estatal con fines electorales, el informe destaca la falta de una ley específica que regule claramente las campañas electorales. Las normativas existentes son vagas respecto al uso de recursos públicos para campañas, y el CNE no actuó contra las irregularidades. El gobierno utilizó el "Sistema Patria" para ofrecer asistencia social a cambio de apoyo político, condicionando a los grupos vulnerables a respaldar al partido oficialista a cambio de beneficios económicos, alimentarios y de salud.
"Se pudo conocer que al menos un periodista internacional que planeaba viajar para cubrir el proceso fue detenido en días previos a la elección y uno más el día posterior a los comicios", agregó la OEA.
El órgano electoral, el registro y la información
El CNE ha demostrado una preocupante falta de independencia, influenciado por figuras afines al Poder Ejecutivo Nacional. Aunque la Constitución establece la independencia del CNE, las recientes renovaciones de su personal y la presión política han minado la confianza en la imparcialidad del organismo. En junio de 2023, los rectores del CNE renunciaron en medio de una crisis de desconfianza, y en agosto, la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, nombró nuevos rectores. Sin embargo, la percepción de parcialidad persiste, especialmente cuando el presidente del CNE, Elvis Amoroso, fue criticado por manejar el organismo de manera unilateral y descalificar a candidatos de oposición.
La seguridad del proceso electoral estuvo a cargo del Plan República, una operación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) dirigida por el ministro de Defensa Vladimir Padrino López. A pesar de la prohibición constitucional de la militancia política en las fuerzas armadas, Padrino ha manifestado públicamente su apoyo al chavismo, lo que plantea serias dudas sobre la imparcialidad del Plan República.
En cuanto al registro electoral y el voto en el extranjero, la brecha entre la población migrante y el padrón de votantes en el exterior es alarmante. De los 7,7 millones de venezolanos que han emigrado, se estima que alrededor de cinco millones son mayores de edad y potenciales electores. Sin embargo, para las elecciones presidenciales de 2024, el CNE registró apenas 69.211 votantes en el exterior, una disminución respecto al registro previo. Esto refleja una falta de interés en garantizar el derecho al sufragio de la diáspora venezolana, con obstáculos que han limitado la inscripción efectiva de los ciudadanos en el extranjero.
Por otra parte, la calidad de la información electoral también ha sido deficiente, señala la OEA y varios medios de comunicación hasta la fecha. En las boletas, el rostro de Nicolás Maduro aparecía en 13 de las 38 casillas, mientras que su principal competidor, Edmundo González, solo en tres. Además, algunas organizaciones políticas tenían nombres similares, lo que podría haber causado confusión entre los electores.
La jornada electoral y los resultados en siete puntos
Apertura de mesas electorales
El 28 de julio, las mesas de votación en Venezuela comenzaron a abrir a las 06:00 a.m. Según la rectora del CNE, Aime Nogal Méndez, para las 06:30 a.m., el 77,95 % de las mesas estaban constituidas y el 59,40 % operativas. A las 08:30 a.m., el presidente del CNE, Elvis Amoroso, reportó que el 95 % de los centros de votación estaban operativos y todo el personal técnico se había presentado. El Observatorio Electoral Venezolano (OEV) corroboró que más del 90 % de las mesas estaban abiertas en la mañana.
Desarrollo de la jornada electoral
Durante la mañana, se reportaron largas filas en los centros de votación, algunos de los cuales habían sido ocupados desde la noche anterior. La elección transcurrió con calma y normalidad en la mayoría del país, mientras que en el exterior, a pesar de una participación menor al 1 % de los venezolanos en el extranjero, el proceso se llevó a cabo ordenadamente. Sin embargo, la actitud del pueblo venezolano evidenció un fuerte compromiso democrático y una demanda de retorno a la democracia.
Incidencias y denuncias
Durante la jornada electoral, el presidente del CNE hizo acusaciones infundadas contra una de las candidaturas opositoras, alegando planes de conspiración sin pruebas. Esta actitud minó la confianza en la imparcialidad del órgano electoral. Se reportaron "puntos rojos" en varios centros de votación, identificados con propaganda oficialista, y en el 22 % de los centros observados por el OEV se notó la movilización de electores con recursos públicos.
Además, la testigo principal de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), Delsa Solórzano, denunció restricciones al acceso de testigos a algunos centros de votación y la circulación de denuncias sobre posibles escaneos de cédulas, un mecanismo no previsto en la legislación. La OEA tomó nota de ello entonces.
Situación en los Centros de Votación
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, reportó que no hubo incidentes graves hasta el mediodía, salvo algunos problemas menores en la apertura de los centros de votación. Las organizaciones de la sociedad civil documentaron demoras en la apertura y lentitud en el proceso, junto con casos aislados de intimidación. María Corina Machado, líder opositora, denunció problemas para el ingreso de testigos en 1.300 mesas, aunque esto se resolvió en gran medida durante la tarde. Al final del día, se identificaron 18 mesas que no pudieron instalarse de un total de más de 30,000 en todo el país suramericano.
Encuestas y resultados
El domingo 28 de julio, se difundieron encuestas de boca de urna, aunque la legislación prohíbe su divulgación desde una semana antes de la votación. Algunas encuestas mostraban ventaja para el candidato oficialista, mientras que otras favorecían a Edmundo González, principal candidato de oposición. La candidatura opositora se abstuvo de difundir encuestas.
Problemas con el escrutinio y resultados
A las 6:00 p.m., se inició el cierre de los centros de votación. El escrutinio es automatizado, y los actas correspondientes deberían ser emitidas por las máquinas. No obstante, la oposición denunció que más de 400 centros no entregaron las actas de escrutinio a los testigos y que en algunos casos, los testigos fueron expulsados. Además, se reportó la presencia de colectivos chavistas cerca de algunos centros de votación y el fallecimiento de un joven en Táchira tras recibir disparos.
El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Pedro Vaca, informó sobre agresiones contra la prensa, incluyendo la prohibición de ingreso a periodistas acreditados y detenciones de trabajadores de varios medios de comunicación masivos e independientes.
Proclamación de resultados y reacciones
La noche del 28 de julio, se observó una demora significativa en la divulgación de resultados. El CNE presentó un primer boletín de resultados después de la medianoche, con datos generales y sin detalles desagregados. La página web del CNE estuvo fuera de servicio durante el 29 de julio, lo que profundizó la desconfianza pública. Según el CNE, Nicolás Maduro habría recibido el 51,2 % de los votos frente al 44,2 % de Edmundo González, con una participación del 59 %. Telesur publicó resultados que sumaban más del 100 % de los votos y porcentajes exactos para las candidaturas menos votadas, lo que también resultó sospechoso.
El presidente del CNE, sin presentar pruebas, acusó a la oposición de un "ataque terrorista" al sistema informático, según la OEA. Edmundo González y María Corina Machado afirmaron que sus actas y conteos rápidos independientes mostraban una victoria contundente para la oposición, dice el informe.
El 29 de julio, el Centro Carter solicitó al CNE la publicación inmediata de todas las actas de las mesas de votación. Las ONG nacionales aún no han publicado informes debido al temor de represalias gubernamentales. La Fiscalía General del régimen abrió investigaciones contra dirigentes opositores por supuestas intentos de manipulación cibernética. Finalmente, la confusión sobre los resultados, junto con la represión de manifestaciones y la falta de transparencia, generaron un "ambiente de incertidumbre y desconfianza en el proceso electoral", señaló la OEA. La oposición presentó un portal web con las actas y resultados para que la ciudadanía pudiera verificar la correspondencia de los datos, mientras que los especialistas de la OEA encontraron coincidencias en las fuentes de datos que contrastaban con el boletín oficial del CNE.
"Este informe contiene un relato de ilegalidades, vicios y malas prácticas que se presentaron durante este proceso electoral en particular, pero que son reiterados en procesos eleccionarios recientes en Venezuela. La evidencia denota un intento del régimen por desconocer la voluntad mayoritaria expresada en las urnas por millones de venezolanas y venezolanos. Lo sucedido demuestra, una vez más, que el CNE, sus autoridades y el sistema electoral venezolano está parcializado y se encuentra al servicio del Poder Ejecutivo Nacional, y no de la ciudadanía. El régimen de Nicolás Maduro nuevamente ha traicionado al pueblo venezolano, declarando respetar la voluntad popular al tiempo que hace todo lo posible por manipular y desconocer esa voluntad", cita el informe de la OEA sobre la situación en Venezuela, contada minuto a minuto por COYUNTURA desde antes de las elecciones y ahora, durante las manifestaciones y la crisis política.
"En conclusión, dado que no hay sustento público documental que respalde los datos anunciados por el CNE, y en cambio existe información de diversas fuentes que los contradicen, es el criterio técnico del Departamento para la Cooperación y Observación Electoral que los resultados oficiales no merecen confianza ni deberían recibir reconocimiento democrático", señaló la Organización de los Estados Americanos este lunes 30 de julio.
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