La población nicaragüense sigue enfrentando un clima de miedo, persecución y exilio forzado, con el régimen aferrándose al poder mediante la violencia, represión sistemática, modificaciones constitucionales y un nuevo cuerpo armado. La comunidad internacional sigue de cerca la situación, según los medios, aunque Centroamérica no ha dicho nada al respecto.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Política, ciudadanía y derechos humanos
Managua, Nicaragua
La monarquía -constitucionalmente registrada cómo Copresidencia- del sandinista Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo anunció el jueves 27 de febrero de 2025 su retiro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en respuesta a la publicación de un informe mordaz del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN). Dicho documento, presentado el miércoles 26 en Europa, documenta la participación activa del Ejército nicaragüense en la represión de las protestas desencadenadas en abril de 2018, y señala la comisión de crímenes de lesa humanidad, más una red compleja de cuerpos militares y policías reprimiendo y vigilando.
En su alocución diaria en cadena nacional, Rosario Murillo calificó el informe de "falsedad y calumnia" y argumentó que la decisión de retirar a Nicaragua de este organismo responde a un "acto de dignidad y soberanía", cómo siempre. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Nicaragua, a través de una carta dirigida por el canciller Valdrack Ludwing Jaentschke Whitaker a Jürg Lauber, presidente del Consejo de Derechos Humanos, reiteró el rechazo del régimen a las denuncias documentadas en el informe.
"El informe del autodenominado Grupo de Expertos, que Nicaragua no reconoce, es una evidencia del doble rasero y la politización de estos mecanismos, que instrumentalizan los derechos humanos como pretexto para injerir en los asuntos internos de los Estados", expresó la Cancillería en su comunicado oficial. Murillo, en su discurso, aseguró que el país centroamericano no será "cómplice de atropellos contra la soberanía" y reiteró la postura oficial de que la crisis de 2018 -y lo que la ONU considera "violaciones y crímenes en Nicaragua que formaron parte de un plan para eliminar toda disidencia"- fue un intento de golpe de Estado, orquestado por organizaciones opositoras y actores internacionales.
El GHREN, establecido en marzo de 2022 y extendido al menos en tres ocasiones, ha documentado las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el país desde abril de 2018. En su último informe, se revelan pruebas que desmantelan el argumento del Ejército de Nicaragua de que no participó en la represión.
Según el informe, el 20 de abril de 2018, altos oficiales del Comando de Operaciones Especiales, junto con miembros de la Dirección de Inteligencia Militar y de otras unidades, se reunieron para discutir la estrategia de respuesta a las protestas. En dicha reunión, se estableció que el país enfrentaba un supuesto "golpe de Estado" y se instruyó la participación del Ejército en la represión. El documento señala que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez, leyó una orden presidencial en la que se instaba a los mandos militares a "neutralizar" a las y los manifestantes. A su vez, el comandante en jefe del Ejército, Julio César Avilés, ordenó la intervención de militares en la represión, aun cuando la Constitución nicaragüense les prohíbe participar en operativos de seguridad pública.
El informe también detalla cómo la Dirección de Inteligencia del Ejército colaboró con la Policía y grupos paramilitares del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en labores de espionaje, vigilancia, detención arbitraria, desplazamiento forzado y despojo de nacionalidades a opositores del régimen. Además, se documenta que los militares proveyeron armas de alto calibre a los grupos parapoliciales que ejecutaron asesinatos extrajudiciales, y entrenamiento en varias ubicaciones del territorio.
El informe del GHREN ha generado una ola de condenas por parte de la comunidad internacional, en medio de la juramentación masiva de más de 80,000 "policías voluntarios" al servicio del oficialismo. Reed Brody, reconocido experto en derechos humanos y miembro del GHREN, aseguró en una entrevista con el diario El País que "existen fundamentos jurídicos para procesar a la cúpula militar de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad". "La orden fue neutralizar a los manifestantes, pero se usaron armas de alto calibre diseñadas para matar. Eso conlleva una responsabilidad penal ineludible", afirmó Brody, comparando el caso nicaragüense con crímenes cometidos por otras dictaduras en América Latina.
La decisión del régimen de Ortega y Murillo de retirarse del Consejo de Derechos Humanos se interpreta, por sectores de la sociedad y analistas, como un intento de evadir futuras sanciones y procesos internacionales, la "última pataleta" que quedaba en el imaginario para negar los informes y eludir responsabilidad internacional. La ONU y diversas organizaciones de derechos humanos han advertido que esta medida no exime al país de sus responsabilidades en materia de derechos humanos.
"Primero, el Consejo de Derechos Humanos no es un tratado ni una organización de la que un país pueda 'retirarse' formalmente como miembro de manera unilateral, ya que no implica una membresía en el sentido clásico. Es un órgano intergubernamental dentro de la estructura de la ONU, compuesto por 47 Estados elegidos por la Asamblea General, donde Nicaragua no ocupa actualmente un asiento (su último período fue 2019-2021). Segundo, como Estado miembro de las Naciones Unidas desde 1945, Nicaragua está vinculada a la Carta de la ONU, que en su artículo 1 establece la promoción y protección de los derechos humanos como uno de los propósitos fundamentales de la organización. Esta membresía implica una responsabilidad continua de cooperar con los mecanismos de la ONU, incluyendo los informes y revisiones del Consejo de Derechos Humanos, como el Examen Periódico Universal (EPU), que evalúa el desempeño en derechos humanos de todos los Estados miembros cada cuatro o cinco años. Nicaragua no puede escapar de este escrutinio mientras siga siendo parte de la ONU. Tercero, Nicaragua ha ratificado múltiples tratados internacionales de derechos humanos, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura, ambos supervisados por órganos de la ONU como el Comité de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura. Estos compromisos son jurídicamente vinculantes y no se disuelven con una declaración de retiro del Consejo. Los Estados parte deben rendir cuentas ante estos comités, presentar informes periódicos y responder a investigaciones, independientemente de su postura política hacia el Consejo de Derechos Humanos". Todo eso lo explicó el jurista y exfuncionario sandinista Yader Morazán.
Desde 2018, Nicaragua ha vivido un período de represión sistemática contra opositores, periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales. Más de 350 personas fueron asesinadas en las protestas, miles fueron encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, junto al menos 452 nicaragüenses desterrados, desnacionalizados y confiscados por el sandinismo. El régimen de Ortega-Murillo ha sido señalado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU y órganos locales como responsable de crímenes de lesa humanidad, incluyendo ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones forzadas y persecución política transnacional. Las sanciones internacionales impuestas por la Unión Europea, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá y otros países han afectado a altos funcionarios, incluyendo a Rosario Murillo y miembros de las fuerzas de seguridad.
En una muestra de su determinación de mantenerse en el poder por la fuerza, Murillo, Ortega y Francisco Díaz, comandante en jefe de la Policía, juramentaron la noche del miércoles 26 de febrero de 2025 en Managua a 30,000 paramilitares encapuchados, los mismos que el informe del GHREN señala como responsables de asesinatos y represión brutal. Esta acción refuerza cada día la estrategia del régimen de consolidar un Estado policial y militarizado.
La salida de Nicaragua del Consejo de Derechos Humanos de la ONU marca un nuevo capítulo en el aislamiento internacional del régimen de Ortega y Murillo. Aunque el Estado sandinista pretende desestimar las acusaciones, el informe del GHREN refuerza la posibilidad de que altos funcionarios y mandos militares sean juzgados en tribunales internacionales, mientras en Argentina avanza a paso medio un proceso judicial con órdenes de captura ya emitidas.
En paralelo, la presión internacional continúa. Diversos países han instado a la Corte Penal Internacional (CPI) a evaluar los hallazgos del informes como el reciente de la ONU, lo que podría abrir la puerta a futuras imputaciones contra los responsables de la represión en Nicaragua. Sin embargo, hasta el momento, ninguna de las administraciones centroamericanas ha emitido declaraciones sobre la salida del país vecino del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
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