Régimen sandinista acelera represión en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, a las puertas de las elecciones regionales del próximo año. Líderes advierten que Daniel Ortega busca imponerse como lo hizo en las municipales de 2022 y en las presidenciales de 2021. Una vez más la autonomía, que ya cumple 37 años en papel, está en peligro.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Puerto Cabezas, Caribe Norte, Nicaragua
Un octubre de hace 37 años, los sandinistas aseguraron que una ley le daría autonomía a los territorios indígenas de la Costa Caribe de Nicaragua, y la aprobaron. Le llamaron Ley 28 o Estatuto de la Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, pero no solo no la cumplieron entonces; tampoco lo hacen ahora, con el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en el Poder Ejecutivo desde el año 2017. Ya 16 años en el poder. Pero este septiembre reciente fue un mes gris para varios indígenas. Vivieron asedio, secuestro y persecución, lo que terminó en cárcel para al menos tres líderes de la región, uno de ellos diputado: Brooklyn Rivera Bryan, quien, hasta esta fecha, según su familia, se encuentra en condición de desaparición forzosa, sin que se conozca donde está y en qué condiciones lo mantiene la Policía Nacional de Nicaragua.
El partido de Rivera Bryan, Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (YATAMA), "Hijos de la Madre Tierra" en español, fue de inmediato anulado por el Consejo Supremo Electoral (CSE), por órdenes de Daniel Ortega, un vez que secuestraron a su líder. Entonces, desde el viernes 29 de septiembre de 2023, policías de tránsito, fuerzas antimotines y parapoliciales militarizaron las comunidades para sofocar cualquier intento de rebelión. Otra vez, la Costa Caribe de Nicaragua es sometida por la fuerza.
A la par, la zona sufre otro mal que ya es crónico: cumple más de 10 años de una invasión sangrienta de colonos, quienes han robado territorios ancestrales han asesinado, violado y quemado bienes cuando las comunidades se resisten al desplazamiento forzado.
Brutalidad en la zona, una amenaza que sigue
El 23 de agosto del 2021, familias del cerro Kiwakumbaih del territorio Mayangna Sauni As, fueron atacados por colonos armados. A la esposa de un líder comunitario la violaron más de una vez y la mutilaron delante de su familia, para dejar sentado el escarnio de su brutalidad. El ataque perpetrado en horas de la noche dejó 11 asesinatos que siguen impunes, según denuncia de la comunidad. Las organizaciones defensoras de los derechos indígenas del país han hecho denuncias cada vez más frecuentes para exigir que paren los abusos en los territorios indígenas. Sus informes dan razón de que entre 2011 y 2020 asesinaron al menos a 49 indígenas miskitos, otros 48 han sido heridos y al menos 46 sufrieron secuestros. Cuatro de estos últimos siguen sin ser devueltos a su familia. El Centro de Asistencia Legal a los Pueblos Indígenas (CALPI) publicó un informe en el que señala que este 2023 ha sido funesto para las comunidades indígenas de Nicaragua. Colonos que gozan de la protección gubernamental han asesinado solo en el territorio Mayangna Sauni As a nueve indígenas, herido a cinco comunitarios y ejecutado al menos seis secuestros. A ello hay que sumarle más de dos viviendas quemadas. Todo en un solo mes: marzo de 2023. Como si no fuera suficiente, en la Costa Caribe los indígenas libran varias batallas silenciosas: evitar que el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo los obligue a convivir con los colonos; el saqueo de sus bienes naturales; y más tomas de sus territorios. Los líderes indígenas actualmente también denuncian que si el oficialismo pone a funcionar el proyecto "Bioclima", una iniciativa climática que supuestamente busca reducir la deforestación en las biosferas de Bosawás y Río San Juan con fondos internacionales, en realidad limitaría más los derechos indígenas. Comunitarios consultados denuncian que dicho proyecto le garantizará al régimen de Daniel Ortega el acceso "libre" a $ 116 millones de dólares del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aunque por ahora está en pausa por las denuncias de varias organizaciones no gubernamentales.
Años de sufrimiento
Para algunos líderes de la Costa Caribe, la zona padece una severa crisis de derechos humanos, la que ha empeorado desde el año 2015, cuando se incrementó la invasión y despojo violento de los territorios indígenas constitucionalmente reconocidos. Desde entonces, las organizaciones y los movimientos sociales que denuncian lo que ocurre en esta zona especial del país han documentado asesinatos, secuestros, desapariciones, violaciones sexuales y otras agresiones, así como el desplazamiento forzado de las comunidades hacia Honduras o los Estados Unidos de América (EE.UU.). El despojo y la violencia han derivado en otro problema; una crisis alimentaria inusitada, que pone a los pueblos indígenas de Nicaragua al borde del etnocidio. "¿Cómo les garantizas alimento a tu familia si te quitan tus tierras?¿Dónde cultivas tu comida?¿Con qué recursos vas a sobrevivir si te queman tu vivienda?", se preguntó un comunitario indignado consultado por esta Redacción, quien, aunque ha salido de la zona, pide la protección de su identidad por temor a represalias contra sus familiares locales. "Allá pasan cosas terribles", asegura para este reporte. Los líderes de la zona han exigido al régimen sandinista detener la invasión a los territorios indígenas, revisar las concesiones mineras que se han repartido a capitales ligados a su administración, y que detenga la violencia brutal desatada contra comunitarios. "La comunidad entera sufre, todo lo que el régimen de Daniel Ortega ha permitido, ha implicado la destrucción de casi todos los medios de vida de los pueblos indígenas", acusa el comunitario desplazado. "Hay una deuda con este territorio", dice Rendell Herbert, crítico de la administración sandinista. El costeño, un defensor de la autonomía de la Costa Caribe, dice que aunque en el Pacífico digan que "son zonas especiales, pueblos autónomos", no se respeta la ley que establece el derecho a sus recursos ni a su administración. "Aquí vienen políticos del Pacífico a imponer sus criterios, a impulsar concesiones que a los costeños no les dejan nada", criticó.
Dicen una cosa y hacen otra
Jonny Allen es un ciudadano miskito que dejó su casa en Wouhnta Bar, una comunidad ubicada en el litoral sur del municipio de Puerto Cabezas, en la costa norte del Caribe. Vive en Costa Rica desde hace un año y medio, y cuenta que antes de dejar a su familia, intentó encontrar trabajo en el Pacífico.
Trabajó en Managua en primer lugar, en el mercado Oriental, y alguien le sugirió que en Chinandega podría encontrar trabajo en una fábrica de puros. Lo intentó, pero no duró mucho debido a que la demanda superaba la oferta. Explicó que dejó su comunidad porque "allá no hay medios de subsistencia". Allen señaló que la comunidad depende en gran medida de actividades ancestrales como la pesca y la agricultura, pero los huracanes Eta e Iota hace tres años dejaron más miseria de la que ya padecían. "Esas son comunidades olvidadas", comentó.
Por otro lado, el régimen que gobierna Nicaragua desde 2007 admite que tiene una gran deuda con estas zonas del país, pero con frecuencia busca una excusa para no asumir toda la responsabilidad del desastre. Rosario Murillo, la vocera del régimen, es conocida por torcer la realidad del país y a menudo utiliza el término "responsabilidad compartida" cuando le conviene para argumentar que no todo es culpa del Estado.
Perfil de Brooklyn Rivera Bryan, el que fue hasta septiembre de 2023 el único diputado indígena de la Asamblea Nacional de Nicaragua:
Esta parece ser una política habitual de su régimen. Por ejemplo, el 31 de octubre en Nueva York, donde se celebró la Tercera Comisión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre Asuntos Sociales, Humanitarios y Culturales, la representante de Nicaragua participó en el Debate General sobre Derechos Humanos y elogió las acciones del régimen en relación con estos derechos.
Horas después, una nota de prensa circuló en los medios del gobierno en la que Eleane Pichardo Urbina, la ministra consejera en su calidad de representante permanente alterna de Nicaragua ante las Naciones Unidas, destacó que en el país centroamericano están trabajando para eliminar la discriminación racial desde su raíz. Dijo que la administración que representa avanza "en la lucha contra el racismo, la discriminación, la xenofobia y las formas conexas de intolerancia, basándose en la visión humanista, filosofía de trabajo ético, principios y valores cristianos, socialistas y solidarios que nos caracterizan.
En respuesta, Allen sostiene que la primera mentira del régimen es que representa a un gobierno de unidad y reconciliación nacional. "¿Cuál reconciliación? Viven en conflicto con la gente", asegura.
Daniel Ortega y Rosario Murillo gobiernan Nicaragua con el uso de la fuerza desde abril de 2018, y se dedican principalmente a una represión que es condenada tanto a nivel interno como internacional.
Pichardo Urbina expresó en su comparecencia que "la comunidad internacional tiene una deuda histórica con los territorios autónomos y no autónomos" y que su gobierno se solidariza firmemente con el "derecho inalienable a su autodeterminación e independencia". Además, señaló que "están en contra de las ocupaciones coloniales y neocoloniales".
"Lo que dicen no concuerda con lo que hacen. ¿Por qué permiten tantos abusos contra el pueblo indígena? Dejar que los maten, exploten sus recursos y evitar que tomen sus propias decisiones como pueblo autónomo es una forma de colonialismo también", critica un activista indígena que aún reside en la zona.
Estrategia de sometimiento total en marcha
Para los pueblos indígenas, la reciente ofensiva contra YATAMA por parte del régimen Ortega-Murillo sienta las bases de un peligroso sometimiento político. Tienen claro "cuándo y cómo comenzó", pero no saben cómo terminará. Un líder indígena advierte que se vive un ambiente tenso en la zona que podría estallar en cualquier momento.
Además, alerta que el CSE anula a la organización política indígena antes de las elecciones regionales programadas para el próximo año en la Costa Caribe del país. En la zona, tienen claro que Ortega y su régimen ordenan la destrucción del bloque político autóctono como parte de la estrategia para tomar el control político de la zona a través de elecciones que el tribunal electoral siempre ajusta a su favor.
"Olvidan que el pueblo indígena es fuerte, de generación en generación seguiremos luchando contra las injusticias", afirma la líder indígena Haidey Bautista. La militante de YATAMA asegura que seguirán denunciando "los secuestros ilegales que continúan hasta la fecha, la movilización forzada y el abuso e invasión de nuestro territorio". "No somos un pueblo delincuente como ha intentado imponer este régimen encarcelando a nuestra gente. Hemos defendido nuestras tierras con sangre porque es nuestro derecho a sobrevivir. El pueblo no cederá ante las arbitrariedades de esta dictadura. El mundo conoce la situación en Nicaragua. Ustedes tienen armas, pero nosotros tenemos la voz para seguir denunciando estos atropellos a la integridad humana", cuestionó Bautista.
Por otro lado, la líder indígena miskita del Caribe Norte, Anexa Alfred Cunningham, quien también es miembro del mecanismo de pueblos indígenas de la ONU, rechazó la represión contra los pueblos indígenas. "Hay líderes desaparecidos en manos del régimen, esta es la segunda vez que cancelan la personería jurídica de YATAMA, que no es un simple partido político. Tocar a YATAMA es perturbar la identidad del pueblo miskito", alertó Cunningham.
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