Además de ser un cooperante directo, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) también facilitó el acceso del régimen sandinista a fondos internacionales. La organización actuaba como ejecutor de proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), con al menos siete iniciativas aprobadas entre 2020 y 2024 que sumaban 124.7 millones de dólares.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La expulsión de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de Nicaragua, ordenada por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, representa otro golpe gigantesco para la cooperación internacional en el país centroamericano. La medida, anunciada el martes 04 de febrero de 2025, se produce en un contexto de creciente aislamiento diplomático y pérdida de aliados financieros por parte del Estado nicaragüense, cuyo sustento todavía implica las donaciones y financiamientos de entes bilaterales.
Según informes de Cooperación Externa del Banco Central de Nicaragua (BCN), la FAO fue el tercer mayor cooperante del sector público nicaragüense en los últimos tres años, a pesar de la crisis múltiple actual. Desde 2007, el organismo donó un total de 46.8 millones de dólares, de los cuales 21.5 millones fueron otorgados entre 2021 y 2023, representando el 45.9 % del total.
Este apoyo financiero se volvió aún más crucial tras la pérdida de otros cooperantes internacionales, como Taiwán y Países Bajos, que retiraron sus aportes debido a la ruptura de relaciones diplomáticas. Además, países como Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Alemania, Canadá y Luxemburgo decidieron cesar sus contribuciones al sector público nicaragüense.
"El perdedor es el pueblo de Nicaragua", lamentó Amaru Ruiz, presidente de la cancelada Fundación del Río, en Confidencial. "Los programas financiados por la FAO beneficiaban directamente a las poblaciones más vulnerables, especialmente aquellas en el Corredor Seco Centroamericano, comunidades indígenas y personas afectadas por desastres naturales", dijo.
Proyectos afectados por la expulsión
Hasta 2023, según información verificada por COYUNTURA, la FAO manejaba 16 programas activos en Nicaragua, con una inversión total de 9.2 millones de dólares. Entre los principales proyectos financiados se encuentran:
Apoyo a la recuperación de medios de vida y generación de ingresos de pescadores artesanales: 4.1 millones de dólares.
Proyecto de Gestión de Paisajes Resilientes (FSP): 900,000 dólares.
Innovación y difusión de tecnologías de adaptación de la agricultura al cambio climático: 900,000 dólares.
Fortalecimiento de la resiliencia de áreas protegidas de uso múltiple: 800,000 dólares.
Recuperación de medios de vida y fortalecimiento de capacidades para comunidades afectadas por el huracán Julia: 400,000 dólares.
Fortalecimiento de capacidades para responder al Acuerdo de París (FSP): 400,000 dólares.
A estos se suman otros diez proyectos con financiamientos entre 100,000 y 300,000 dólares.
En conjunto, la FAO ocupaba el tercer lugar entre los mayores donantes del sector público nicaragüense en 2023, solo por debajo de la Unión Europea (26.4 millones de dólares) y el Programa Mundial de Alimentos (22.9 millones de dólares). Por otro lado, el sandinismo y la FAO firmaron el 17 de mayo de 2022 el "Nuevo Marco de Programación País 2022-2026", por un monto de 67.3 millones de dólares.
Además de ser un cooperante directo, la FAO también facilitó el acceso del régimen sandinista a fondos internacionales. La organización actuaba como ejecutor de proyectos financiados por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), con al menos siete iniciativas aprobadas entre 2020 y 2024 que sumaban 124.7 millones de dólares. "Lo que hacían era presentar en conjunto programas o proyectos con el aval del Estado para gestionar financiamiento de bancos multilaterales", explica Amaru Ruiz. Esta intermediación ahora quedará en manos de otros organismos que el gobierno pueda designar.
La decisión del régimen de Ortega y Murillo de retirarse de la FAO y expulsar a su representación en Nicaragua se produjo poco después de la publicación de un informe que reveló una alarmante situación de hambre en el país. Según el documento, 20 de cada 100 nicaragüenses padecen subalimentación.
Ortega argumentó que la FAO "mintió" en su informe sobre seguridad alimentaria, y la acusó de actuar con "tendencia injerencista". No obstante, la FAO respondió horas después que sus estimaciones se basan en "métodos estadísticos rigurosos, revisados por expertos globales y organismos especializados". "Los datos utilizados en estas estimaciones provienen de fuentes nacionales y, cuando no están disponibles, se generan mediante procesos estadísticos rigurosos y transparentes", indicó la organización en un comunicado oficial.
La metodología de la FAO es utilizada desde 1999 y se basa en información proporcionada por entidades como el Programa Mundial de Alimentos (PMA), la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola. Pese a ello, la dictadura Ortega-Murillo insiste en que la información sobre Nicaragua es "falsa" y "no validada".
Otro factor que pudo influir en la decisión del régimen fue el fracaso del proyecto BioCLIMA, financiado por el Fondo Verde del Clima y gestionado por la FAO. En marzo de 2024, este proyecto fue cancelado tras una investigación del Mecanismo Independiente de Reparación (IRM), que concluyó que la organización no cumplió con el proceso de consulta libre e informada en comunidades indígenas y afrodescendientes, cancelando así un desembolso crucial de 64.1 millones de dólares.
"Ese es un mal antecedente para la FAO en el país", reconoce Ruiz, aunque advierte que no se puede afirmar que esta sea la causa de su expulsión, ya que en el proceso también participaron otras agencias como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el PMA.
Entonces, la expulsión de la FAO deja un vacío en la gestión de proyectos internacionales en Nicaragua. "El régimen seguramente ya tiene un reemplazo para gestionar estos fondos", considera Ruiz, una versión que analistas y activistas también consideran. "Lo que han hecho en otros casos es desvincularse de un organismo para buscar otro que les sirva en su nueva estrategia", señaló el defensor del medio ambiente.
En un contexto de creciente aislamiento internacional, la salida de la FAO supone una nueva barrera para el acceso de Nicaragua a financiamiento externo y asistencia humanitaria, afectando directamente a las comunidades más vulnerables del país, desde la Costa Caribe hasta las montañas de Matagalpa.
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