El caso del comunicador José Rubén Zamora no solo ilustra los desafíos persistentes que enfrentan las y los periodistas en América Latina y en todo el mundo, sino que también subraya la importancia crítica de fortalecer los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un dictamen contundente emitido este martes 02 de julio de 2024, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) declaró que la detención del periodista guatemalteco José Rubén Zamora es "arbitraria y contraviene múltiples disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos". Zamora, fundador del extinto medio independiente elPeriódico, lleva más de 700 días bajo prisión preventiva en una cárcel militar en Ciudad de Guatemala, acusado de cargos que él y numerosos observadores internacionales consideran como represalia por su incisivo periodismo de investigación sobre corrupción gubernamental.
El dictamen de la ONU, al que tuvo acceso la Redacción de COYUNTURA, establece que la detención de Zamora es "resultado directo" de su ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión, protegido bajo las leyes internacionales de derechos humanos. Este pronunciamiento representa un golpe significativo a las autoridades guatemaltecas, quienes han sostenido que las acusaciones por lavado de dinero contra Zamora no están relacionadas con su labor periodística, una postura rechazada vehementemente por defensores de derechos humanos y organizaciones internacionales.
El Grupo de Trabajo de la ONU, compuesto por expertos independientes, no solo insta al Gobierno de Bernardo Arévalo a liberar a Zamora de manera inmediata, sino que también exige una investigación exhaustiva e independiente sobre el caso y la aplicación de medidas contra aquellos responsables de violar sus derechos fundamentales. Esta decisión resalta la preocupación global por la creciente criminalización de periodistas, jueces y defensores de derechos humanos en el contexto de la lucha contra la corrupción en Guatemala, un fenómeno que ha llevado a numerosos profesionales de los medios y defensores a abandonar el país por temor a represalias.
El caso de Zamora no es solo un símbolo de la erosión de las libertades civiles en Guatemala, sino también un precedente jurídico internacional. Es la primera vez que el Grupo de Trabajo de la ONU determina que la detención de alguien debido a sus actividades periodísticas constituye una violación clara del derecho internacional, subrayando así la necesidad urgente de proteger la libertad de expresión en todo el mundo.
Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 bajo la acusación de lavado de dinero, una medida que él y su familia han denunciado como un intento de silenciar su trabajo investigativo. Desde la detención, Zamora ha enfrentado múltiples obstáculos legales, incluyendo revocaciones de libertad condicional y dilaciones injustificadas en el proceso judicial. A pesar de las mejoras en las condiciones de detención tras la llegada de Bernardo Arévalo al Poder Ejecutivo, Zamora continúa privado de su libertad en condiciones que organizaciones de derechos humanos consideran inaceptables para un periodista en ejercicio.
La revocación reciente de la libertad condicional por parte de la Sala Segunda de Apelaciones, así como la adición de nuevos cargos por presunta obstrucción de justicia y uso de documentos falsificados, han generado una ola de críticas internacionales y llamados a la acción por parte de figuras prominentes, incluyendo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Brian A. Nichols. Él y otros actores internacionales han denunciado públicamente la falta de fundamentos legales para mantener a Zamora detenido, subrayando la necesidad urgente de un proceso judicial justo y respetuoso de los derechos humanos.
En ese sentido, la comunidad internacional ha reaccionado con indignación ante el caso de José Rubén, destacando la importancia de proteger la libertad de prensa como pilar fundamental de la democracia. La Fundación Gabo, por ejemplo, ha anunciado que Zamora recibirá este mes de julio el Reconocimiento a la Excelencia 2024, un premio que celebra su valentía y compromiso con la verdad a pesar de las adversidades. En respuesta al dictamen de la ONU, los hijos de Zamora han instado al Gobierno guatemalteco a acatar las recomendaciones internacionales y liberar a su padre de inmediato. Han denunciado públicamente las maniobras judiciales que han prolongado injustamente su detención y han hecho un llamado a la solidaridad internacional para garantizar la seguridad y la libertad de periodistas en Guatemala y más allá.
El caso de José Rubén Zamora no solo ilustra los desafíos persistentes que enfrentan las y los periodistas en América Latina y en todo el mundo, sino que también subraya la importancia crítica de fortalecer los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. La determinación del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU sienta un precedente crucial en la defensa de la libertad de expresión y el derecho a un juicio justo. Ahora, la comunidad internacional y las autoridades guatemaltecas deben actuar de manera concertada y urgente para remediar esta situación y garantizar que casos como el de Zamora no se repitan en el futuro.
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