"Podrían ser más personas", advierte un sacerdote, quien solo lleva seis meses ejerciendo en la diócesis de Managua. Mira "con horror" la actual "cacería de católicos".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Matagalpa, Nicaragua
Para el equipo de este medio, que lleva ya más de cinco años documentando la persecución contra la libertad religiosa en Nicaragua -en particular contra el catolicismo desde el inicio de la actual crisis múltiple-, cómo ya lo dijo la abogada y defensora de derechos humanos Martha Patricia Molina la semana pasada, y muchos internautas en las últimas horas, por mucho, desde abril del año 2018, la persecución religiosa y la amenaza que el sandinismo representa para dicha libertad nunca se habían sentido tan latentes en el ambiente y vida del país centroamericano. "La incertidumbre y persecución contra la iglesia católica de Nicaragua no cesa, y ya logró generar cambios estructurales", escribió esta Redacción el 10 de abril de 2024. Esa reestructuración, que sigue y se extrema a la fecha, es cortesía del sandinismo, algunos meses después de haber causado un terremoto institucional y financiero en las iglesias católicas de Managua, el norte del país y la zona del Pacífico, cuando ya ha desterrado al menos a 40 sacerdotes desde febrero de 2023.
El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ha intensificado su campaña de represión contra la iglesia católica en Nicaragua, una cruzada que ha dejado múltiples víctimas desde el estallido de la crisis social, política, humanitaria, constitucional y de derechos humanos en abril de 2018. En los últimos días, varios sacerdotes y figuras relacionadas con el catolicismo han sido detenidos, ampliando la ya extensa lista de religiosos perseguidos bajo la actual administración, y engrosando el ya grueso listado de presas y presos políticos, que ya alcanzó a las 151 personas, según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas en el país centroamericano.
Esta ofensiva sistemática busca "descabezar a la iglesia católica", dice un sacerdote de la diócesis de Managua, quien ve "con horror" y bajo el anonimato lo que considera una "cacería" contra católicos al "peor estilo de las inquisiciones medievales de Francia y España".
Entre el 29 de julio y el 06 de agosto de 2024, las fuerzas de seguridad del régimen detuvieron a varias figuras de la iglesia católica local, e incluso a personas que solo servían a modo de empleo o de forma gratuita a algunas iglesias, según documentó el equipo de COYUNTURA. Los detenidos son:
Frutos Constantino Valle Salmerón, administrador de la diócesis de Estelí.
Monseñor Ulises Vega Matamoros, párroco de la iglesia San Ramón Nonato en Matagalpa.
Monseñor Edgard Sacasa Sierra, vicario de la pastoral de la diócesis de Matagalpa y párroco de la iglesia San Isidro Labrador.
Sacerdote Víctor Godoy, vicario parroquial de la iglesia Inmaculada Concepción de María en Sébaco.
Sacerdote Jairo Pravia Flores, párroco de la misma iglesia.
Sacerdote Marlon Velásquez, administrador de la parroquia Santa Lucía en Darío, Matagalpa.
Fray Silvio José Romero, de la Orden de Frailes Menores y vicario de la Catedral Metropolitana de Managua.
Sacerdote Raúl Francisco Villegas, mexicano, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en Matiguás.
Sacerdote Harvin Tórrez, rector del Seminario de Filosofía San Luis Gonzaga y párroco de la iglesia Santa María de Guadalupe en el barrio Guanuca, Matagalpa.
Presbítero Francisco Tercero, de la comunidad Solingalpa.
Diácono Ervin Aguirre, de Matagalpa.
Fray Ramón Morras, de Matagalpa.
Sacerdote Antonio López, de Matagalpa.
Sacerdote Salvador López, de Matagalpa.
Lesbia Rayo Balmaceda, de Sébaco.
La persecución a la iglesia católica en Nicaragua no es un fenómeno nuevo. Desde 2018, el régimen de Ortega ha implementado una serie de medidas para silenciar cualquier forma de disidencia, utilizando la legislación sobre delitos cibernéticos y financieros, y leyes sobre soberanía y autodeterminación para reprimir a las comunidades religiosas. La Comisión de los Estados Unidos de Norteamérica para la Libertad Religiosa Internacional (USCIRF) ha documentado estas violaciones y ha recomendado designar a Nicaragua como un "país de especial preocupación" debido a las graves y sistemáticas violaciones de la libertad religiosa.
Rodolfo French Naar, párroco de la iglesia San Rafael Arcángel en Waspán y miembro de la Diócesis de Siuna, es otra de las más recientes víctimas de esta ola de represión. French fue impedido de regresar a Nicaragua tras una misión pastoral en Estados Unidos. Este sacerdote miskito de 58 años, conocido por su dedicación a la comunidad y su asistencia durante emergencias como los huracanes Eta e Iota en 2020, se unió a la creciente lista de religiosos exiliados, elevando el número a más de 220 desde 2021, incluyendo desde monjas hasta miembros de medios de comunicación católicos.
El informe de la USCIRF destaca el uso de leyes restrictivas para perseguir a la iglesia católica, señalando la represión de clérigos y laicos, y el cierre y confiscación de propiedades de organizaciones caritativas y educativas religiosas. La comisión ha instado al Congreso de Estados Unidos de Norteamérica a imponer sanciones específicas a las agencias y funcionarios responsables de estas violaciones. Pero, a pesar de la represión, figuras como Martha Patricia Molina, abogada e investigadora de los abusos del régimen, continúan documentando la persecución religiosa. Molina ha confirmado que Rodolfo French Naar no pudo abordar su vuelo de regreso a Nicaragua debido a órdenes de la administración Ortega-Murillo. French, quien ha sido un pilar en su comunidad, ahora se enfrenta a un futuro incierto en el exilio, al igual que los 15 detenidos acá detallados, todos en paradero desconocido.
Por otro lado, la renuncia del cardenal Leopoldo Brenes en marzo de 2024, en medio de una coyuntura marcada por la persecución religiosa, ha sumido a la iglesia nicaragüense en un nuevo proceso de reestructuración. La reciente Semana Santa fue testigo de un cerco a las procesiones y del destierro de dos obispos, vicarios y sacerdotes a Roma. La imposición de un silencio de facto por parte de la Santa Sede busca a su vez preservar la seguridad de los sacerdotes que aún permanecen en Nicaragua y garantizar que la fe católica pueda seguir siendo practicada en el país, según analistas.
"Le van a saber hasta el pecado a la gente"
Matagalpa, Estelí, Managua, Masaya y la Costa Caribe de Nicaragua se han visto particularmente afectados por el cambio forzado de líderes católicos debido a su desplazamiento o detención. Esta reestructuración impuesta por el régimen de Ortega y Murillo busca "descabezar" a las iglesias locales, eliminando cualquier oposición y colocando figuras afines al sandinismo en puestos de liderazgo. Esta estrategia ha resultado en la detención y destierro de más de 40 sacerdotes, creando un clima de temor y desconfianza entre las comunidades religiosas y debilitando la capacidad de la iglesia para operar de manera independiente y productiva según su fin, supuestamente humanista.
El impacto de esta reestructuración va más allá de la esfera religiosa, afectando también los beneficios económicos, sociales y estructurales que la iglesia católica proporciona a estas comunidades. La manipulación de la Biblia y la cooptación de rituales como los bautismos, los entierros, las misas y otros, utilizados para obtener ganancias económicas, forman parte de la estrategia del régimen para consolidar su control. La intervención en las iglesias no solo busca silenciar la disidencia, sino también aprovechar los recursos y la influencia de la iglesia para fortalecer el apoyo al oficialismo.
Además de la represión religiosa, el régimen ha extendido su control a los círculos educativos en el norte y centro del país, incluyendo las escuelas primarias y secundarias. Este esfuerzo por dominar todas las esferas de la vida pública subraya la intención de la administración de Ortega y Murillo de instaurar un dominio absoluto, donde hasta "el sacerdote y el que barre los viernes" sea leal al sandinismo. Según un periodista de COYUNTURA, esta invasión total a la privacidad y autonomía de la iglesia y de las y los ciudadanos permite al régimen tener un control casi absoluto sobre la vida cotidiana. "Le van a saber hasta el pecado a la gente", comentó.
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