Durante la jornada final de la asamblea en Lima, varios países miembros exigieron al gobierno de Daniel Ortega que libere a los presos políticos y cese el hostigamiento a los periodistas.
Por Rodrigo Chillitupa Tantas | @VozDeAmerica
Relaciones internacionales
Lima, Perú
La última jornada de la 52ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Lima acabó con la aprobación de una serie de declaraciones, entre ellas dos que abordaron las crisis políticas que hay en Nicaragua y Haití, respectivamente. El máximo órgano de la OEA solicitó al régimen de Daniel Ortega aceptar las ofertas de cooperación regional e internacional para que su país vuelva a los cauces del sistema interamericano.
En noviembre del año pasado, Nicaragua renunció al foro regional tras la condena unánime de la comunidad internacional por la reelección de Ortega, quien encarceló a sus principales rivales para asegurarse un cuarto mandato presidencial. Precisamente, se pidió que el gobierno libere a los más de 200 presos políticos y cese el acoso judicial contra periodistas, oenegés y miembros de la iglesia católica. La resolución fue promovida por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica y Estados Unidos.
Hubo países como Honduras que, durante el debate para la aprobación del proyecto de declaración, manifestaron que los nicaragüenses debían resolver sus propios problemas sin interferencia externa.
En la asamblea también se dio cuenta de una resolución para que los países de la región apuesten por brindar apoyo directo a Haití que, actualmente, atraviesa una crisis de seguridad interna a causa del avance del narcotráfico y las bandas criminales.
Entre las recomendaciones se planteó es que haya una capacitación en la policía haitiana para evitar posibles violaciones a los derechos humanos de ciudadanos que no están involucrados en actos delictivos, sino que solo protestan de manera pacífica en el país por el alza del precio de los combustibles.
Venezuela, las Malvinas y más
Durante el plenario final se llegó a la aprobación de una declaración que exige la inmediata liberación de los 245 presos políticos, según la oenegé Foro Penal, que hay en Venezuela.
Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Uruguay impulsaron este proyecto para presionar hacia una salida política a la crisis que comenzó en 2017 con Nicolás Maduro, quien se convirtió en el sucesor de Hugo Chávez en el poder.
Otro asunto que mereció la atención, y una posterior aprobación de una declaración, es el conflicto por las Islas Malvinas. La asamblea general de la OEA acordó que Argentina y el Reino Unido restablezcan las mesas de negociaciones para darle una salida a la controversia que lleva más de 30 años.
"Los derechos territoriales inalienables de la República Argentina sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur van juntos con la posición de esta región; se necesita una solución pacífica y negociada", dijo el secretario general Luis Almagro, tras aprobarse el "renovado logro por Malvinas" que significa una "causa latinoamericana".
Entre las demás declaraciones respaldadas por el foro se encuentran la implementación de mecanismos para combatir la inseguridad alimentaria, propuestas para atender la salud mental y consolidar el empoderamiento de las mujeres en los espacios políticos en América Latina.
Informes de la CIDH
En la última jornada de la Asamblea General de la OEA, que comenzó el martes, también se presentaron informes sobre la situación de los derechos humanos en el último año en la región.
Julissa Mantilla, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señaló en su intervención que "la pandemia agudizó la situación de los grupos en vulnerabilidad histórica y más aún en un contexto de recesión económica y cambio climático".
La comisionada informó que recibieron 2327 peticiones de estudio, de los cuales se aprobaron 350 informes de admisibilidad y 75 informes de fondo. Además, agregó que 40 casos se remitieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De otro lado, Mantilla reveló que su entidad realizó un estudio de los 35 países miembros de la OEA y halló acciones que buscaron debilitar a instituciones que defienden los derechos humanos, violencia contra líderes sociales y periodistas, la criminalización de las protestas ciudadanas y la reciente reafirmación discriminación contra las mujeres, niños, niñas, comunidad LGBTIQ y personas discapacitadas.
Ricardo Pérez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sostuvo que en el último año dieron sentencias respecto a temas como el acceso a las vacunas para los migrantes, la violencia contra las mujeres trans, la relación entre empresas y derechos humanos, la salud reproductiva de las mujeres y nuevos estándares de libertad de expresión.
El jurista recordó que emitieron opiniones frente a consultas como la reelección presidencial indefinida a propósito del caso de El Salvador, donde Nayib Bukele quiere un nuevo mandato pese a que está prohibido por la Constitución. Al respecto, Pérez apuntó que es "contraria a la convención americana". "La corte ha sido abierta y dialogante pese a las circunstancias vividas en los últimos dos años por la pandemia", cerró su intervención.
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