El exjerarca del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) y su exviceministra no son los primeros ni los únicos altos funcionarios en ser objeto de investigaciones o destituciones bajo circunstancias poco claras. En abril de 2024, el extesorero general de la República, Juan José Montoya Pérez, fue arrestado bajo acusaciones de lavado de dinero y "corrupción no autorizada".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Iván Acosta, exministro de Hacienda y Crédito Público de Nicaragua, ha vuelto a ser detenido por las autoridades policiales, según confirmó el equipo de COYUNTURA la mañana de este sábado 05 de octubre de 2024, sumando otro capítulo a una trama que combina luchas internas del régimen, sanciones internacionales y detenciones relacionadas con movimientos migratorios prohibidos. La destitución y posterior arresto de Acosta, nombrado "asesor presidencial internacional" del sandinismo en junio de 2024, reflejan un complejo entramado de poder en el que participan altos funcionarios del régimen de Daniel Ortega, con estrategias oficialistas para manejar las crisis internas y los escándalos de corrupción mediante la reubicación y reconfiguración de roles dentro del Estado.
Iván Acosta fue destituido como ministro el 20 de junio de 2024 tras más de una década en el cargo, en un contexto marcado por su implicación en la gestión financiera del régimen orteguista, así como por sanciones internacionales impuestas por su presunto apoyo a la represión estatal. Su caída en desgracia fue abrupta, con allanamientos en su casa y oficina poco después de su destitución, aunque en ese momento no fue detenido formalmente. Las tensiones dentro del régimen se hicieron evidentes cuando, apenas ocho días después de su destitución, fue nombrado ministro asesor del presidente ante organismos internacionales, un puesto que muchos interpretaron como una estrategia de control, dado su amplio conocimiento de las operaciones financieras del oficialismo.
Uno de los aspectos que destacan en esta situación es la vigilancia constante a la que es sometido Acosta tras su liberación inicial, y esta "nueva detención", ocurrida el 04 de octubre, según varios medios independientes. Un agente policial designado como su conductor tenía la tarea de seguir de cerca todos sus movimientos, en una clara señal de desconfianza dentro del círculo del poder. Esta vigilancia apunta a un régimen cada vez más paranoico, donde incluso sus más cercanos colaboradores pueden convertirse en sospechosos.
Una fuente cercana al Ministerio de Hacienda consultada por este medio bajo anonimato por seguridad sugirió que tanto la detención de Acosta como la de su exviceministra Meyling Inés Dolmuz Páiz -también esta semana, tras una especulación inicial hace varios meses, están relacionadas con movimientos migratorios prohibidos para funcionarios de alto rango. Según esta fuente, Acosta habría sacado a un familiar cercano del país a través de un paso fronterizo no autorizado hacia Honduras, mientras que Dolmuz intentó salir de manera legal, lo que resultó en su detención.
Estos incidentes son indicativos de las crecientes restricciones impuestas a los funcionarios públicos desde 2022, que han prohibido cualquier tipo de salida al extranjero, incluso para académicos y personal universitario.
Mientras tanto, la caída de Acosta no solo resuena a nivel personal, sino que también ha generado repercusiones dentro del entramado institucional del sandinismo. Su exviceministra, Dolmuz, fue una figura clave en varias áreas estratégicas del MHCP, incluyendo las relacionadas a la estatal Empresa Nicaragüense de Importaciones y Exportaciones (ENIMEX), la oficina de Contrataciones del Estado, y la Unidad de Bienes Incautados. La destitución de Dolmuz y la posterior detención de Isabel Castillo, exdirectora de ENIMEX, revelan las tensiones internas que marcan la dinámica del poder en Nicaragua, especialmente en un sector tan sensible como la gestión financiera del Estado.
La relación entre el poder económico y el control político es evidente en esta serie de eventos. En el caso de Dolmuz, se le vincula con la adquisición de costosos equipos para la Empresa Administradora de Aeropuertos Internacionales (EAAI), un movimiento que podría haber sido la causa de su caída en desgracia. Según informes locales, la compra de unidades centrales de aire acondicionado por un valor cercano al millón de dólares desató sospechas sobre posibles irregularidades, lo que llevó a una investigación más profunda tanto de Dolmuz como de Acosta.
Paralelamente, la destitución de Juan José Montoya Pérez, extesorero general de la República, también arroja luz sobre el ambiente de corrupción que permea el régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo, en el Poder Ejecutivo desde el año 2007. Montoya, detenido desde abril de 2024 bajo acusaciones de lavado de dinero y "corrupción no autorizada", fue una figura clave en la administración de los negocios privados de la familia Ortega-Murillo. Su caída y las investigaciones subsiguientes revelan una vasta red de adquisiciones de propiedades, empresas y vehículos que se atribuyen a Montoya, quien utilizó su influencia para amasar una fortuna personal en los departamentos de Estelí, Matagalpa y Jinotega.
El caso de Montoya se agrava con las denuncias de su participación en la represión de opositores. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más lo ha señalado como uno de los responsables de las detenciones arbitrarias y las agresiones contra disidentes desde el estallido social y político en abril de 2018, lo que subraya la conexión entre la corrupción y la violencia estatal en Nicaragua.
El hermetismo que rodea estas detenciones y destituciones no es casual. La falta de pronunciamiento oficial sobre las investigaciones a Acosta, Dolmuz y Montoya, así como las acciones legales -no tan legales- en curso, apuntan a un régimen que maneja con sigilo las fracturas internas y el robo "no autorizado" mientras intenta mantener una apariencia de estabilidad y coherencia. Sin embargo, estos eventos revelan las profundas divisiones y tensiones dentro del círculo íntimo del sandinismo actualmente, donde incluso los más leales pueden ser víctimas de purgas políticas.
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