La magistrada antejuiciada del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Irma Palencia, ha emitido un comunicado este martes 05 de diciembre de 2023, denunciando persecución política en su contra y manifestando preocupación por las posibles intenciones de anular los resultados de las Elecciones Generales de 2023. "Dado que, es sistemática la denegación de justicia, y la carencia de garantías para enfrentar legalmente a cualquier investigación en nuestra contra, a lo que reiteramos estar dispuestos como siempre lo hemos públicamente manifestado, y por sugerencia de la actual presidenta del TSE -Blanca Alfaro-, en sesión de Pleno solicitamos licencia laboral por dos semanas aprobada en acta, esta cobra vigencia legalmente a partir del día lunes 04 de diciembre del presente año, tal y como quedó estipulado por unanimidad".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En un contundente comunicado emitido este martes 05 de diciembre de 2023, la magistrada más prudente del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Guatemala, Irma Palencia, quien fungió como presidenta del órgano para los comicios del 25 de junio y el 20 de agosto de este año, denunció persecución política contra ella y sus colegas, así como la posible intención de anular los resultados de las Elecciones Generales de 2023, que dieron como ganador a Bernardo Arévalo de León, del ahora jurídicamente extinto Movimiento Semilla, para el período 2024-2028 en el Poder Ejecutivo del país centroamericano. Palencia, quien se encuentra fuera del país desde el viernes 01 de diciembre, según información del Instituto Guatemalteco de Migración (IGM), junto con otros tres magistrados a quienes les fue retirada la inmunidad, expresó su preocupación por el rumbo de los acontecimientos y la polarización creciente en el ámbito judicial y político de Guatemala.
"Nos invade la preocupación cada vez más fuerte, de que el motivo principal de toda ésta persecución política -con apariencia de legalidad-, pretende que se integre el TSE con nuevos magistrados, cuando aún tenemos nuestra calidad de magistrados, y esta petición solo sería válida si es unánime del pleno de magistrados, persiguiendo posiblemente cambiar los resultados obtenidos en las Elecciones Generales de 2023, mismas que con éxito, transparencia, eficiencia e integridad llevamos a cabo, tal como lo confirman las diferentes misiones de observación electoral nacionales e internacionales, los voluntarios y los más de doscientos cincuenta mil ciudadanos que fueron custodios naturales del voto, y los únicos que recepcionaron y contaron los mismos, en presencia de los fiscales de los partidos políticos que firmaron de conformidad las actas de escrutinio de las mesas receptoras de votos, en un ejercicio cívico, ejemplar, transparente e incuestionable como ha sido calificado por las misiones de observación electoral antes aludidas", cita el comunicado emitido por Palencia, con sello del Tribunal Electoral.
Violaciones al proceso legal y persecución política
El conflicto entre el TSE y el Ministerio Público (MP), en manos de la fiscal general Consuelo Porras, se intensificó el 30 de noviembre de este año, luego de varios meses de judicialización con al menos 15 procesos e investigaciones contra el órgano electoral y los partidos políticos, cuando el Congreso guatemalteco, con el voto favorable de 108 diputados, decidió despojar de su inmunidad a los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Mynor Franco y Ranulfo Rojas. La acusación recae en la presunta adquisición irregular del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). La pérdida de la inmunidad llevó a la salida del país de los magistrados, quienes también decidieron ausentarse de sus funciones y solicitar licencias laborales.
En su comunicado, Palencia expresó su percepción de que el proceso para levantarles la inmunidad fue irregular y plagado de violaciones legales. La magistrada insistió en que el Congreso de la República violentó los Artículos 10 y 17 de la Ley en Materia de Antejuicio, y que las excusas presentadas durante el proceso fueron obviadas, dejándola en un "total estado de indefensión". Además, señaló la falta de respeto al debido proceso, alegando que nunca fue escuchada durante el procedimiento.
"Con la esperanza de que la Corte de Constitucionalidad (CC), cuyo mandato es precisamente, el de garantizar el estado de Derecho, el orden constitucional, los derechos fundamentales y la democracia, tenga posiblemente la oportunidad de enderezar el rumbo ante tanta ilegalidad y arbitrariedad, que solo llevarían al país a un destino inimaginable", dijo la magistrada en el escrito.
Por otro lado, la expresidenta del TSE también hizo referencia a acciones anteriores desde el MP, las cuales describió como estrategias sin éxito, como la repetición de audiencias de escrutinios de votos y cinco allanamientos "espurios" a las oficinas del ente electoral. Palencia calificó el secuestro de actas como "inédito y grave", destacando el impacto en la estabilidad política, económica y social del país. "No se debe burlar la voz popular manifestada libremente en las urnas... ...hubo un proceso legítimo y garante de los más elementales derechos fundamentales y procesales", señaló Palencia.
Según Palencia, buscan instalar otro Pleno del TSE
Ante lo que considera una "denegación de justicia" y la falta de garantías para enfrentar legalmente las investigaciones en su contra, Palencia reveló que, por sugerencia de la actual presidenta del TSE, Blanca Alfaro, solicitaron licencia laboral por dos semanas. Sin embargo, la preocupación de Palencia va más allá de la situación personal de los magistrados y las consecuencias para sus familias. Expresó su temor de que la persecución política busque la integración del TSE con nuevos magistrados, lo cual podría afectar la integridad de los resultados obtenidos en las elecciones generales de 2023.
La magistrada Palencia hizo hincapié en la falta de legalidad en el proceso, desde la conformación de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hasta la tramitación del antejuicio en el Congreso. También señaló que la violación del procedimiento podría tener repercusiones no solo en el ámbito individual de los magistrados afectados, sino en la estabilidad institucional del Tribunal Supremo Electoral y, por ende, en la validez de los resultados electorales. La funcionaria electoral expuso que la CSJ, cuando fue presidida por Silvia Valdés, violó el razonamiento obligado que debió hacer al respecto, conforme a la ley y a la jurisprudencia constitucional.
Añadió que para dar trámite al antejuicio en su contra, se integró el pleno del órgano judicial con magistrados suplentes, los cuales, a su parecer, no llenaron los requisitos para ocupar dichos espacios el día en el cual se estableció trasladar el caso al Congreso de la República, para que se formara la Comisión Pesquisidora.
En respuesta al comunicado de Palencia, la presidenta actual del TSE, Blanca Alfaro, desmintió la sugerencia de licencia, afirmando que en ningún momento dio esa recomendación. Sin embargo, el comunicado de Palencia indica claramente que la solicitud de licencia fue aprobada en acta de pleno, lo que evidencia una contradicción en las versiones de los eventos.
Mientras tanto, este mismo martes, Alfaro dijo que el TSE, ahora a su cargo, busca salidas legales para que el Poder Legislativo nombre a nuevos magistrados ya que "el Pleno está desintegrado" por la ausencia de los cuatro magistrados propietarios y la vacancia de otros dos suplentes. No obstante, dicha búsqueda parece innecesaria y alarmante debido a que los funcionarios del órgano electoral mencionados en este texto gozan de una licencia especial, aprobada por el Pleno de forma temporal, más no han renunciado a sus cargos.
"Tenemos un documento que hemos hecho desde el viernes y ayer lunes volvimos a tener una reunión con el Departamento Jurídico y hemos visto alguna teoría, en cuanto a los órganos colegiados y qué podemos hacer cuando estamos desintegrados... ...en primer lugar, le comentamos al Congreso que existen en estos momentos solo tres magistrados suplentes, y que de conformidad con la ley necesitamos ser cinco titulares y cinco suplentes. Estamos pidiendo que acudan al nombramiento correspondiente de los magistrados que faltan", dijo la magistrada presidenta Blanca Alfaro a Prensa Libre.
El documento, según explicó Alfaro, fue enviado a la Comisión Permanente del Congreso el pasado lunes 04 de diciembre, y el TSE está a la espera de conocer la respuesta oficial que les trasladen del Legislativo.
El conflicto en Guatemala ha captado la atención de la comunidad internacional, con expresiones de preocupación por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América (EE.UU.) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La denuncia de Palencia sobre la posible intención de anular los resultados electorales agrega un elemento de incertidumbre extrema a la situación política guatemalteca, generando temores sobre la estabilidad democrática, constitucional y social del país.
La denuncia de la magistrada Irma Palencia arroja luz sobre una situación política y judicial cada vez más compleja en Guatemala. Las acusaciones de persecución política, violaciones al debido proceso y posibles intentos de anular los resultados electorales plantean preguntas fundamentales sobre la enfermedad extrema de la corrupción y el autoritarismo en el país centroamericano. A medida que la crisis se desarrolla, la incertidumbre sobre el futuro político de Guatemala aumenta, dejando a la población y a la comunidad centroamericana a la espera de desarrollos significativos en los próximos días y semanas.
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