La justicia argentina avanza contra la cúpula del régimen de Nicaragua. La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) identificó a 10 de los 15 altos funcionarios investigados, entre ellos jefes del Ejército y la Policía, con orden de captura internacional por crímenes de lesa humanidad desde el año 2018. Sin embargo, aún no se emiten alertas rojas, por lo que no pueden ser detenidos fuera de Nicaragua hasta que el proceso avance más.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Política, ciudadanía y derechos humanos
Buenos Aires, Argentina
La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) ha entregado a la justicia argentina esta semana información detallada sobre diez de los quince altos funcionarios nicaragüenses que enfrentan órdenes de indagatoria y detención internacional, emitidas por el juez federal Ariel Lijo el 30 de diciembre de 2024. Así lo confirmó el fiscal Eduardo Taiano, quien lidera la causa basada en el principio de jurisdicción universal, que permite enjuiciar violaciones a los derechos humanos cometidas fuera del territorio argentino. La lista de acusados incluye al dictador sandinista de Nicaragua, Daniel Ortega, y a su esposa, la ya copresidenta Rosario Murillo, además de otros altos mandos señalados de estar involucrados en la represión estatal contra las protestas que comenzaron en abril de 2018, las cuales dejaron más de 350 personas asesinadas por las fuerzas armadas y paramilitares, heridos y detenidos arbitrariamente.
El proceso penal contra las y los funcionarios nicaragüenses ha tenido variaciones en cuanto al número de acusados. Inicialmente, se informó que la orden judicial incluía a doce personas, pero posteriormente se amplió a dieciocho. Taiano, sin embargo, aclaró que la cifra oficial es de quince, y que el objetivo es lograr su extradición para que sean juzgados en Argentina. El fiscal detalló que, tras la emisión de las órdenes de captura, el juez Lijo solicitó a la INTERPOL información sobre los señalados con miras a procesar sus detenciones. Sin embargo, el procedimiento aún no se encuentra en una fase avanzada, ya que la implementación de la alerta roja de INTERPOL está en trámite, según fuentes consultadas por COYUNTURA. "Todavía no se ha activado la alerta porque el proceso es largo y depende de los requisitos internos de INTERPOL", explicó Taiano, añadiendo que el magistrado federal Lijo es el encargado de gestionar todas las diligencias ante la agencia policial internacional.
Una de las principales barreras para que el caso avance radica en que la justicia argentina no contempla juicios en ausencia, lo que complica la posibilidad de que Ortega, Murillo y sus funcionarios sean condenados sin estar presentes en el país suramericano. "Es muy difícil que salgan de su país, pero es importante para el futuro", afirmó Taiano, subrayando que las órdenes de captura pueden resultar útiles en caso de que alguno de los acusados viaje fuera de Nicaragua y pueda ser detenido en otro país. El fiscal comparó la estrategia con una labor de pesca en lugar de cacería. "Nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Si por alguna circunstancia, en algún momento, viajan a otro país, se les puede detener. No se puede ir a cazar a la persona, porque son Estados soberanos", explicó.
Por su parte, Florencia Zrycki, secretaria de la Fiscalía Federal, enfatizó que el proceso en Argentina tiene el objetivo de consolidar un expediente judicial sólido para que, en el futuro, se pueda avanzar con la acusación de manera efectiva.
Además de Ortega y Murillo, el juez Lijo ha incluido en la causa a figuras clave dentro del aparato de represión del régimen nicaragüense. Entre ellos se encuentran:
Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del Ejército, acusado de suministrar armas a grupos paramilitares.
Francisco Díaz Madriz, director general de la Policía Nacional, responsable de la represión y detenciones arbitrarias.
Néstor Moncada Lau, asesor de seguridad, señalado de coordinar la identificación y persecución de opositores, disidentes, periodistas, religiosos, empresarios y otros.
Óscar Mojica Obregón, ministro de Transporte, implicado en la implementación del plan represivo "exilio, cárcel o muerte".
Gustavo Porras Cortés, presidente del Poder Legislativo, acusado de intervenir en la represión de 2018 desde el Estado y el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Roberto José López, director del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), colaborador de la represión estatal.
Óscar Balladares, mayor general del Ejército en retiro y asesor de seguridad, acusado de participar en la planificación de la represión.
Sonia Castro González, exministra de Salud, señalada de ordenar la denegación de atención médica a manifestantes heridos.
Leonardo Ovidio Reyes Ramírez, presidente del Banco Central de Nicaragua, acusado de financiar a la familia Ortega Murillo.
Ramón Antonio Avellán Medal, subdirector de la Policía Nacional, responsable de ejecutar la represión.
Lumberto Ignacio Campbell Hooker, magistrado del Consejo Supremo Electoral (CSE), señalado de contribuir a más de dos fraudes electorales.
Ramona Rodríguez, rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAH) y coordinadora del Consejo Nacional de Universidades (CNU), acusada de expulsar a estudiantes del sistema nacional.
Alba Luz Ramos, magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) bajo la medida de "casa por cárcel", señalada de validar la represión judicial.
Aminta Granera, exdirectora de la Policía Nacional, quien dirigió la institución durante la represión de abril de 2018.
La causa contra los funcionarios nicaragüenses se sustenta en múltiples informes de organismos internacionales de derechos humanos, que documentan hasta la fecha las violaciones, crímenes y medidas institucionales. Entre las entidades que han aportado pruebas se encuentran:
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Human Rights Watch.
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Amnistía Internacional.
Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua de la CIDH.
Coalición Nicaragua Lucha.
Los delitos imputados incluyen crímenes de lesa humanidad, tales como asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, torturas, persecución política y violaciones masivas a los derechos de libertad de expresión, asociación y protesta pacífica. Según Taiano, las pruebas recopiladas hasta el momento son lo suficientemente contundentes como para que el proceso continúe su curso sin la necesidad de nuevas declaraciones de víctimas. "Toda la información recopilada es más que suficiente para avanzar", aseguró el fiscal, quien destacó que, para garantizar la seguridad de las y los testigos, se ha reservado su identidad en la mayoría de los casos. "Es indispensable que el proceso no se detenga", explicó una abogada hondureña, involucrada en la presentación de pruebas, bajo la condición de anonimato por seguridad.
A pesar de los avances en la causa, los expertos coinciden en que la extradición de los acusados será un reto mayúsculo, dado que Nicaragua no reconoce la jurisdicción argentina y el régimen de Ortega ha cerrado cualquier vía de cooperación judicial con países que denuncian sus abusos. Sin embargo, la activación de las órdenes de captura y la entrega de información por parte de la INTERPOL representan un paso significativo en la búsqueda de justicia para las víctimas de la represión sandinista. "Cuando se puedan superar los obstáculos procesales, el caso avanzará y el camino estará más allanado para un progreso en el proceso", concluyó la fiscal Zrycki. Mientras tanto, la comunidad internacional y la ciudadanía en el país centroamericano sigue atenta a la evolución del caso, que podría sentar un precedente en la lucha contra la impunidad de los crímenes cometidos por regímenes autoritarios en América Latina.
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