En cuanto a las condiciones laborales, el Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) ofrece un salario mensual de 9,156.08 córdobas para las y los empadronadores, con una remuneración ligeramente mayor para las y los supervisores, aunque no se ha especificado el número exacto de supervisores a contratar. Además de los salarios, el INIDE también debe cubrir otros gastos relacionados con la capacitación del personal, la adquisición de equipos tecnológicos y la logística operativa, cuya financiación aún no se ha detallado públicamente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE), controlado por el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se encuentra en aprietos debido a la falta de personal para llevar a cabo los censos de población y vivienda programados para el año 2024 en Nicaragua. La institución, encargada de esta importante tarea estadística, que podría ser utilizada por el Poder Ejecutivo de varias formas -electorales o sociales-, ha tenido que extender la convocatoria de empleo ante la escasa respuesta de la población, revelando así un preocupante desinterés por parte de las y los ciudadanos en colaborar con una entidad vinculada al régimen del presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo. Inicialmente, el INIDE estableció el sábado 16 de marzo de 2024 como fecha límite para la postulación de empadronadores, técnicos y analistas para los censos. Sin embargo, ante la falta de candidatos, se extendió el plazo hasta el pasado domingo 31 de marzo, según logró verificar este medio. Este hecho evidencia una dificultad significativa en la búsqueda de personal para una labor fundamental en la recolección de datos demográficos y habitacionales del país centroamericano.
La entidad descentralizada tiene como objetivo contratar a aproximadamente 8,729 empadronadores, quienes desempeñarán sus funciones durante un mes, desde el domingo 28 de abril hasta el lunes 27 de mayo del presente año, para llevar a cabo el IX Censo Nacional de Población y el V Censo Nacional de Vivienda, anunciado por "la compañera" Murillo el martes 04 de julio del año 2023. Esta cifra representa una disminución significativa en comparación con los más de 12,000 empadronadores contratados en el último censo nacional, realizado en el año 2005.
A pesar de la urgencia y la importancia de contar con un equipo robusto para la realización de los censos, la respuesta de la población ha sido limitada. La falta de interés en trabajar para una institución vinculada a la administración gubernamental actual plantea interrogantes y evidente la percepción de la ciudadanía sobre las políticas y prácticas del régimen, que impera desde el año 2007.
Los requisitos para postularse como empadronador son claros y accesibles para la mayoría de las y los ciudadanos nicaragüenses. Se exige ser mayor de 18 años y menor de 65 al momento de la contratación; ser bachiller en Ciencias y Letras; estar en pleno goce de sus derechos civiles individuales; y estar físicamente apto para desempeñar el puesto, que requiere caminar distancias considerables durante el proceso de recolección de información. No se requiere experiencia laboral previa, lo que debería haber facilitado la búsqueda de candidatos, principalmente jóvenes. Sin embargo, la falta de respuesta subraya desconfianza o descontento generalizado hacia la institución y la administración sandinista. Y quizás hacia el proceso.
La selección del personal encargado de censar se lleva a cabo en las denominadas "oficinas censales", establecidas en todas las alcaldías del país y los distritos de Managua, controlados en su totalidad por el FSLN. Allí se recibieron los currículos y documentación de las y los aspirantes, y se realizó la supuesta evaluación para preseleccionar a aquellos que cumplen con el perfil requerido. Este proceso, aunque necesario, no generó los resultados esperados en términos de reclutamiento de personal suficiente.
A pesar de los esfuerzos por reclutar personal, la falta de candidatos suficientes no solo representa un desafío operativo, sino también un impacto económico. El INIDE desembolsará al menos 92.9 millones de córdobas en salarios para más de 9,000 empleados destinados a los censos de población y vivienda. Sin embargo, la falta de claridad sobre el origen de estos fondos y cómo se efectuarán dejan más preguntas que respuestas. Además de las y los empadronadores, se contratarán 160 informáticos y 130 técnicos por un período de tres meses, lo que supondrá un gasto adicional en salarios y otros gastos operativos.
La situación actual del INIDE refleja una serie de desafíos tanto operativos como políticos. La falta de personal para llevar a cabo los censos de población y vivienda es solo un síntoma de una crisis más profunda en la confianza pública hacia las instituciones gubernamentales en Nicaragua. La extensión de la convocatoria de empleo y los esfuerzos por reclutar personal cualificado plantean la necesidad de abordar las causas subyacentes de este desinterés ciudadano. En ese sentido, la transparencia en el uso de los recursos y la garantía de que los datos recopilados se utilizarán de manera ética y responsable son aspectos fundamentales que deben abordarse para restaurar la confianza en el proceso de censo. Además, es necesario un diálogo abierto y constructivo entre el Estado y otros sectores no controlados por el oficialismo para abordar las preocupaciones y las percepciones negativas que rodean a estas instituciones.
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