La capital del país enfrenta una creciente ola de asaltos, con al menos siete robos en tiendas de conveniencia Súper Express en dos meses, desafiando el discurso oficial que presenta a Nicaragua como la nación más segura de Centroamérica.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Managua, la capital de Nicaragua, enfrenta una creciente ola de inseguridad, pese a las declaraciones del régimen de Daniel Ortega que insisten en catalogar al país como el más seguro de Centroamérica. En las últimas semanas, diversos incidentes violentos, como el asalto a una sucursal de la cadena de tiendas Súper Express en Altamira, han despertado la alarma de los ciudadanos, quienes observan con preocupación el incremento de la criminalidad en la ciudad. El último de estos incidentes ocurrió la noche del viernes 4 de octubre de 2024, cuando dos hombres, movilizándose en motocicleta, asaltaron una tienda Súper Express situada cerca de los semáforos de la antigua distribuidora Vicky, en el sector de Altamira.
Los asaltantes, encapuchados y armados, encañonaron a los clientes y empleados, logrando sustraer una cantidad aún no determinada de dinero. Este asalto se suma a otros seis ocurridos en distintas sucursales de la misma cadena en menos de dos meses.
Este incremento de los asaltos en Managua contrasta con el discurso oficial del gobierno, que sigue enfatizando una supuesta reducción en los índices de criminalidad. Sin embargo, según medios de propaganda del régimen, los asaltos perpetrados en los últimos dos meses muestran un patrón similar: los delincuentes llegan en motocicletas, armados y con cascos para ocultar su identidad, intimidando a los presentes y robando tanto dinero en efectivo como pertenencias personales.
El caso de la cadena Súper Express no es aislado. La inseguridad parece haberse esparcido a otros sectores de la ciudad, afectando tanto a negocios como a ciudadanos comunes. Otro reciente incidente que captó la atención pública fue el asalto a Dora Isabel Zamora, una mujer que fue abordada por tres sujetos en el barrio Cuba, también en Managua. El asalto, captado por cámaras de vigilancia, mostró cómo uno de los hombres despojó a la mujer de sus pertenencias a punta de cuchillo, mientras ella intentaba defenderse con una sombrilla. A pesar de sus gritos de auxilio, ningún transeúnte se acercó a ayudar.
Desde 2018, cuando el régimen de Ortega liberó masivamente a miles de prisioneros bajo el pretexto de reducir la sobrepoblación carcelaria, los niveles de criminalidad han mostrado un incremento sostenido. Muchos de estos liberados, beneficiados con medidas de convivencia familiar, han vuelto a involucrarse en actividades delictivas. Se estima que solo en 2023, un total de 7,630 reos comunes fueron excarcelados, mientras que en 2022, la cifra alcanzó los 4,850.
Entre 2014 y 2022, se contabilizaron 38,540 liberaciones de prisioneros, lo que ha generado una preocupación generalizada sobre el impacto de estas excarcelaciones en la seguridad del país.
Este año, una de las liberaciones más significativas ocurrió en julio, cuando el gobierno, en el marco de la celebración del 45 aniversario de la Revolución Ciudadana de 1979, excarceló a 1,500 reos comunes con sentencias firmes. La portavoz del régimen, Rosario Murillo, anunció la medida como un gesto de "humanidad y reconciliación", aunque para muchos ciudadanos este acto no hizo más que agravar la inseguridad en las calles.
El aumento de la delincuencia en Managua ha tenido consecuencias devastadoras. Melvin Laínez Amaya, un joven de 23 años, falleció en octubre de 2024 tras sufrir un violento asalto en el que fue brutalmente golpeado por dos desconocidos que le robaron su motocicleta. Laínez Amaya fue hallado inconsciente y atado en una calle de la comarca El Chonco, en Chinandega. A pesar de los esfuerzos médicos, el joven no logró recuperarse de las heridas y murió días después en el hospital. Este incidente dejó a una niña de tres años en la orfandad y se suma a la larga lista de víctimas de la criminalidad que azota al país.
A finales de 2023, una encuesta de la firma CID Gallup reveló que el 55 % de las y los nicaragüenses percibía un aumento en los niveles de criminalidad. Para muchos opositores y críticos del régimen, este aumento está directamente relacionado con la política de excarcelación masiva de reos comunes, quienes, sin recibir el adecuado seguimiento o reinserción, han reincidido en actividades delictivas.
A pesar de la creciente inseguridad, las autoridades nicaragüenses parecen no tener un plan claro para abordar la situación. En el caso de los recientes asaltos a las tiendas Súper Express, aún no se han realizado arrestos significativos, lo que ha generado frustración entre los ciudadanos que exigen mayor protección. Además, la cadena de tiendas no ha implementado nuevas medidas de seguridad, dejando a sus empleados y clientes vulnerables ante futuros incidentes.
Este clima de inseguridad también está afectando la percepción de los ciudadanos sobre la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad pública. A medida que más personas son víctimas de asaltos y otros delitos violentos, crece la sensación de que el Estado está fallando en su responsabilidad de proteger a la población.
En resumen, Managua atraviesa una etapa de creciente inseguridad, donde los asaltos, robos y crímenes violentos se han convertido en una preocupante constante. Mientras el gobierno insiste en sus discursos sobre la seguridad del país, la realidad en las calles parece ser muy distinta. La liberación masiva de reos comunes sin un adecuado control ha contribuido al incremento de la criminalidad, y las autoridades aún no han logrado frenar esta ola de violencia que sigue afectando la vida de los nicaragüenses.
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