Tras una prolongada desactualización de los datos demográficos de Nicaragua, de casi 20 años, las autoridades rojinegras han iniciado la recolección de los datos ciudadanos y de vivienda en el país centroamericano. En medio de restricciones y violaciones a los derechos humanos, se cuestiona el propósito real de este censo y se plantea la posibilidad de su utilización con fines políticos, como la manipulación electoral y la represión de los opositores.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El martes 30 de abril marcó el inicio del tan esperado Censo Nacional de población y vivienda en Nicaragua, una iniciativa llevada a cabo por el sandinista Instituto Nacional de Información de Desarrollo (INIDE) que busca recabar datos cruciales sobre la población y sus condiciones de vida en todo el país centroamericano. Este censo, que se realiza con un retraso de nueve años, se convierte en un hito crucial en medio de un contexto de creciente desconfianza y suspenso por parte de la población y los observadores internacionales.
El último censo en Nicaragua tuvo lugar en 2005 bajo el Gobierno de Enrique Bolaños, y según los estándares técnicos, el siguiente debía haberse realizado en 2015 bajo el mandato de Daniel Ortega. Sin embargo, diversas razones han retrasado esta importante tarea, incluyendo la crisis política que ha sacudido al país desde 2018 y la pandemia de Covid-19.
Este proceso censal se presenta como una oportunidad única para obtener datos precisos sobre la población nicaragüense, su distribución geográfica, sus condiciones de vida y otros aspectos relevantes. Sin embargo, las preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad del censo han generado un clima de desconfianza tanto entre la población como en la comunidad internacional.
El censo abordará una amplia gama de temas, desde datos demográficos básicos hasta detalles sobre las condiciones de vida de los hogares nicaragüenses. Entre las preguntas que se esperan responder se incluyen aspectos como el género, la edad, el estado civil, el nivel de escolaridad, los idiomas hablados en el hogar, las condiciones de la vivienda, el acceso a servicios básicos como agua, energía y saneamiento, así como la migración y las remesas.
La participación en el censo es obligatoria, y los empadronadores han sido desplegados en todo el país centroamericano para llevar a cabo esta tarea crucial, a pesar de los retrasos en la gestión del personal. Sin embargo, las preocupaciones sobre posibles presiones políticas y la intimidación han surgido, especialmente después de informes de "pruebas piloto" en las que los encuestadores estaban acompañados por agentes de la Policía Nacional y miembros del partido gobernante, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
A pesar de los esfuerzos por parte del régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo para garantizar la transparencia y la confiabilidad del censo, persisten las preocupaciones sobre su imparcialidad y el uso que se dará a los datos recopilados. La financiación del censo exclusivamente con fondos gubernamentales, en lugar de la cooperación internacional como en censos anteriores, ha levantado sospechas sobre la posible manipulación de los resultados.
Además, la presencia de figuras políticas durante el proceso censal, así como el uso de recursos públicos para actividades de proselitismo político, han generado aún más inquietudes sobre la integridad del censo y su uso futuro.
El Censo Nacional de población y vivienda en Nicaragua representa un hito importante en la recopilación de datos cruciales para el desarrollo del país. Sin embargo, su realización enfrenta desafíos significativos, desde la desconfianza generalizada hasta las preocupaciones sobre la transparencia y la imparcialidad. En medio de este contexto, la precisión y la integridad del censo se convierten en cuestiones vitales que afectarán su utilidad y credibilidad en el futuro.
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