Una petición sin precedentes, y una lucha social e institucional que las y los defensores del medio ambiente parecen no ganar.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Salvador, El Salvador
El debate sobre la explotación minera en El Salvador ha vuelto a encenderse tras la entrega de 150,000 firmas por parte de la iglesia católica a la Asamblea Legislativa, solicitando la derogación de la Ley de Minería Metálica, un mes después de la última manifestación ciudadana contra la postura de la administración de Nayib Bukele. El arzobispo de San Salvador, monseñor José Luis Escobar Alas, encabezó la iniciativa, asegurando que se trata de un acto de responsabilidad social, desprovisto de intereses políticos o económicos, que busca el bien común, especialmente el de los sectores más vulnerables.
La solicitud, presentada el martes 18 de marzo de 2025 en la oficina de correspondencia del congreso, se realizó en presencia de sacerdotes y fieles católicos, quienes recalcaron que la reactivación de la minería metálica representa una grave amenaza ambiental y social para el país centroamericano. La Conferencia Episcopal de El Salvador (CEDES), a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, expresó que la minería metálica es "altamente nociva contra la vida y contra el medio ambiente" y que la petición de los ciudadanos debe ser escuchada y atendida por el Estado.
"No hemos buscado a ningún diputado ni quisimos seguir el procedimiento tradicional de cabildeo legislativo. Este es un camino especial porque son 150,000 personas que vienen a la Asamblea con nosotros a través de su firma", explicó Escobar Alas, subrayando la magnitud de la exigencia ciudadana, mientras Bukele y sus funcionarios siguen minimizando el problema y la postura social.
Paralelamente a la solicitud eclesiástica, la diputada opositora de VAMOS, Claudia Ortiz, presentó una propuesta para reformar la Constitución de la República, con el fin de prohibir de manera definitiva la minería metálica en el país y garantizar el derecho al agua y su saneamiento. "Quiero someter a consideración dos piezas de correspondencia: una para que se derogue la Ley de Minería Metálica, aprobada de manera arbitraria y exprés, y otra que contiene una propuesta de reforma constitucional", declaró Ortiz durante la sesión plenaria Nº 48 de la Asamblea Legislativa, este martes en San Salvador.
La propuesta de Ortiz plantea modificar tres artículos de la Constitución:
Artículo 2: Incorporar el derecho al agua y su saneamiento como un derecho fundamental.
Artículo 69: Establecer que el Estado debe diseñar e implementar políticas para garantizar el acceso a agua saludable, suficiente y accesible, así como la preservación de los recursos hídricos, declarando el agua como un bien público.
Artículo 117: Incluir un inciso que prohíba explícitamente la minería metálica en el suelo y subsuelo salvadoreño.
No obstante, la iniciativa enfrenta un obstáculo legislativo mayúsculo, ya que, según el presidente del congreso, Ernesto Castro, de Nuevas Ideas, no cumple con el requisito de contar con el respaldo de al menos 10 diputados, para dar inicio al proceso de reforma constitucional.
Ortiz intentó conseguir el apoyo de los legisladores del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Francisco Lira y Marcela Villatoro, para reunir las firmas necesarias, pero la solicitud no fue atendida por los diputados de la oposición.
"En un país como el nuestro, que tiene una alta densidad poblacional y una crisis hídrica severa, la minería metálica representa un peligro inminente. Los distritos mineros coinciden con las zonas de mayor recarga hídrica y con las cuencas del río Lempa. Por eso la gente dice sí a la vida y no a la minería", argumentó Ortiz.
La aprobación de la Ley de Minería Metálica el lunes 23 de diciembre de 2024 generó un amplio rechazo por parte de organizaciones ambientalistas, comunidades afectadas y sectores académicos, que han advertido sobre las graves consecuencias ecológicas y sociales que conllevaría la explotación de minerales en el territorio. La entrega masiva de firmas por parte del catolicismo refleja así el creciente descontento ciudadano y la preocupación por los impactos de la actividad minera en un territorio que enfrenta severos problemas de acceso al agua potable, y vulnerabilidades por doquier.
El camino hacia la derogación de la normativa minera o una reforma constitucional aún es incierto, poco probable, en realidad. Sin embargo, la presión social y las movilizaciones podrían aumentar en los próximos meses, a medida que diversos sectores buscan que sus demandas sean atendidas en un país que, en 2017, se convirtió en el primero del mundo en prohibir la minería metálica por ley. La actual lucha por su reinstauración o prohibición definitiva será, sin duda, un punto de inflexión en la política e institucionalidad ambiental salvadoreña y regional.
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