Monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela (CEV), manifestó que el país suramericano enfrenta un peligroso giro hacia un sistema de gobierno que limita cada vez más los derechos fundamentales. "Rezamos y trabajamos para que se respeten la paz, la libertad y la armonía", enfatizó.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Caracas, Venezuela

La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) ha asumido un papel más activo en la denuncia de la situación política e institucional del país suramericano, expresando su preocupación por la creciente deriva autoritaria del régimen chavista de Nicolás Maduro y el posible recrudecimiento de las restricciones a la libertad religiosa. Durante la 123° Asamblea Ordinaria Plenaria, realizada entre el 10 y el 14 de febrero en Caracas, los obispos emitieron una Exhortación Pastoral en la que alertaron sobre la grave crisis social, económica y política que atraviesa Venezuela, comparando algunos de sus efectos con la persecución religiosa sufrida en Nicaragua bajo el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo.
En su pronunciamiento, la iglesia venezolana ha enfatizado su compromiso con la defensa de los derechos fundamentales, llamando a que el país no se encamine hacia una represión sistemática contra las creencias religiosas y el pensamiento crítico. "Rezamos y trabajamos para que en Venezuela se respeten la paz, la libertad y la armonía. Aspiramos a que el país mantenga la posibilidad de vivir sin miedo y con el derecho a profesar la fe sin restricciones ni represalias", expresó monseñor Jesús González de Zárate, arzobispo de Valencia y presidente de la CEV.
En su documento final, los obispos desmontaron la narrativa oficial que sostiene que Venezuela ha superado la crisis. "Es engañoso afirmar que la situación se ha normalizado y que podemos avanzar hacia un futuro promisorio utilizando las mismas estrategias de siempre", advierte la exhortación pastoral, subrayando la persistencia de problemas estructurales como la pobreza, el colapso de los servicios públicos, la precariedad educativa y sanitaria, la inseguridad y la ausencia de garantías democráticas y jurídicas.
Uno de los puntos más álgidos de la declaración episcopal fue la referencia a las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuyos resultados han sido fuertemente cuestionados. Para el catolicismo venezolano, la falta de transparencia en el proceso electoral ha agravado la incertidumbre y la fractura política en el país. "Consideramos que no será posible la paz y la libertad mientras no se resuelva la crisis política generada por la falta de publicación detallada de los resultados y los eventos ocurridos después de las elecciones", subraya el comunicado.
Los obispos también se sumaron al llamado del papa Francisco para que la administración venezolana implemente medidas de amnistía y liberación de presos políticos. "Pedimos condiciones dignas para todos ellos y, en particular, la liberación de quienes han sido detenidos debido a sus posturas políticas", instaron los prelados, en línea con la solicitud de clemencia y reinserción social planteada por el Pontífice en la Bula del Jubileo.
Históricamente, la relación entre el chavismo y la iglesia católica ha sido tensa. Mientras que el fallecido expresidente Hugo Chávez solía confrontar públicamente a la jerarquía eclesiástica, Maduro ha optado por estrechar lazos con iglesias evangélicas, instrumentalizándolas como aliadas políticas dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), como lo hace el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) en Nicaragua. Esta estrategia ha alcanzado un nuevo nivel con la encomienda de la administración de las cárceles a pastores evangélicos, así como la elevación de la Dirección de Cultos y Religiones a la categoría de Viceministerio.
El distanciamiento con el catolicismo se ha hecho evidente en la exclusión de su liderazgo de espacios de diálogo y toma de decisiones. Además, en los últimos años han aumentado las denuncias de hostigamiento contra sacerdotes y comunidades católicas que han criticado la gestión chavista. Ante este panorama, la CEV ha reafirmado su compromiso con la denuncia de injusticias y la protección de la población más vulnerabilizada.
Asimismo, otro de los puntos centrales de la declaración de la CEV fue la crisis migratoria. Según los obispos, el éxodo de venezolanos, que ya alcanza los ocho millones de personas, continuará en ascenso si no se producen cambios estructurales en el país. "Las expectativas son que la cifra seguirá creciendo si no cambian significativamente las condiciones económicas, sociales y políticas", advirtieron.
En este sentido, los obispos agradecieron el apoyo brindado por las iglesias de otros países a la diáspora venezolana y reiteraron su compromiso con el acompañamiento pastoral de las comunidades migrantes. En sintonía con el mensaje del papa Francisco a los obispos de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) en medio del extremismo y proteccionismo de Donald Trump, exhortaron a que se protejan los derechos de las y los migrantes venezolanos, especialmente en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias y las deportaciones masivas.
A pesar de la gravedad de la situación, los obispos hicieron un llamado a la esperanza, instando a los fieles a mantenerse firmes en la fe y en la construcción de un país más justo. Enfatizaron que la iglesia continuará trabajando "en espíritu de sinodalidad", promoviendo el diálogo y la reconciliación como caminos para superar la crisis.
La postura del catolicismo venezolano marca un nuevo punto de inflexión en su relación con el poder, reafirmando su rol como una de las pocas instituciones con credibilidad que aún se atreven a cuestionar el rumbo del país. Su denuncia de la crisis política y social, junto con su defensa de la libertad religiosa y los derechos humanos, representa un desafío para el régimen de Nicolás Maduro, que sigue acumulando críticas tanto a nivel interno como internacional, replicando y "perfeccionando" las políticas de Ortega y Murillo.
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