Vilma Núñez, presidenta del CENIDH, exige la liberación inmediata de las y los reos de conciencia en Nicaragua, lo que significaría salvarles la vida.
Por Voces En Libertad | @VocesNi
Derechos humanos
Managua, Nicaragua
La férrea defensora de los derechos humanos en Nicaragua, que dirige el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, Vilma Núñez, espera que no se repita la muerte de alguno de los presos de conciencia, y pide colocar en primer lugar la situación de los mismos y exigir su inmediata liberación.
Al referirse a la muerte del general en retiro Hugo Torres, destaca que en términos de derechos humanos existe la responsabilidad en cadena, que se probará con las torturas a las que han sido sometidos los presos políticos. Núñez asegura que, en el caso de Torres, se deben determinar cuáles fueron las responsabilidades directas y no solamente desde el momento en que se lo llevaron a la cárcel por orden de la pareja dictatorial Ortega-Murillo. Es por ello que también se deben investigar, según la especialista, a las autoridades de Auxilio Judicial, a los médicos que lo estaban atendiendo internamente (quienes no ordenaron su traslado a un centro asistencial) y a quienes lo intervinieron en el hospital en donde falleció.
"Me genera una contradicción al hablar de que murió. No murió, lo mataron sí se crearon todas las condiciones para que ésto hubiera ocurrido. A una persona precisamente no se le mata simplemente porque le des un garrotazo o le pegues un balazo. Si generas todas las condiciones, si lo dejas morir, lo estás matando", dijo categóricamente Núñez durante el programa Agenda Propia.
Vida de presos políticos en inminente riesgo
La presidenta del CENIDH fue enfática en exigir la inmediata libertad de los 181 reos de conciencia, porque esto "significa salvarles la vida, porque su riesgo es grave, porque la represión continúa; la represión se profundiza".
Para ella, las torturas hacia los presos políticos, que son violaciones directas a sus derechos humanos, son una acción inducida que determina mayor nivel de responsabilidad para el Estado "y algún día tienen que pagar por esos crímenes ante los tribunales de justicia", precisó.
"Mantenerlos en esa situación en las cárceles los expone a un riesgo de vida y prácticamente habría que determinar si es una situación casual o una situación inducida. Esa obstaculización y esa permanencia del gobierno en su empeño de destruir moralmente, de destruir físicamente a las personas, ya no se puede pensar que es una casualidad o es una situación que se da en los sistemas por las limitaciones", denunció.
Núñez hizo el llamado urgente de salvar la vida de las personas que están presas, porque prácticamente están corriendo riesgo de muerte, lamentando que no se puede olvidar el fallecimiento de Torres, ocurrido el pasado mes de febrero en las mazmorras del régimen.
Son torturados con juicios arbitrarios
También mencionó que desde el CENIDH se conmemoró los cuatro años de represión y de lucha de un pueblo en rebelión cívica contra la dictadura Ortega-Murillo, con un análisis de los juicios nulos, a los que han sido sometidos los últimos 47 presos políticos, algunos en "El Chipote" y otros bajo prisión domiciliar.
De acuerdo a ese informe se han transgredido 16 derechos humanos a los privados de libertad en la tramitación de los juicios, "que no son juicios" porque "prácticamente han sido otras modalidades de represión", según Núñez.
"El doctor Edgar Parrales está siendo torturado en su propia casa. Además hay que denunciar que está en riesgo su vida. Todo mundo sabe los problemas de salud que él tiene, y aunque ha habido un acompañamiento médico casual no han permitido que le realicen los exámenes de laboratorio que el médico ha ordenado. La Juez no ha ordenado la llegada del laboratorista", explicó Núñez sobre el caso del exembajador de Nicaragua ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).
La activista también denunció que todos estos juicios son procesos arbitrarios que violentan diversos derechos en base a los Artículos 33, 34 y 35 de la Constitución Política de Nicaragua, que establecen las garantías y derechos que se deben respetar durante todo proceso jurídico.
"Su defensa técnica (del doctor Edgar Parrales) presentó ante la Juez, que iba a conocer en el juicio, la propuesta de testigos. Presentó dos testigos. Tuvo que dar los nombres y pues casi inmediatamente que la Juez tuvo los nombres de esos testigos propuestos, empezaron a ser hostigados por la Policía, lo que hizo que retrocedieran y dijeran 'no. No nos podemos meter a eso porque nunca hemos tenido problemas'", explicó Núñez.
"Hay evidencias ciertas de que definitivamente aquí todo este Estado está prácticamente coludido y la única dirección real que existe sobre todo el Estado es la que viene desde El Carmen. Rosario Murillo y Daniel Ortega", agregó.
Para finalizar, la doctora Vilma Núñez reaccionó con solidaridad e indignación por la cancelación de las personerías jurídicas de otras 25 organizaciones no gubernamentales, entre ellas la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
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