El Poder Judicial ya anunció que, a partir de la fecha de expiración del tratado, no se recibirán más solicitudes de extradición de ciudadanos hondureños hacia Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). Aunque existen varios procesos de extradición en curso, se prevé que estos sean resueltos antes de la fecha límite, sin que haya lugar a nuevas solicitudes después de ese día. Tampoco hay un nuevo acuerdo en el horizonte desde el Ejecutivo.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El viernes 28 de febrero de 2025 se acerca, y con ello, el vencimiento del Tratado de Extradición entre Honduras y los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), un acuerdo que ha sido fundamental para la lucha contra el narcotráfico y la justicia en el país centroamericano. Ante la proximidad de esta fecha crucial, una controversia política se ha desatado en el Congreso Legislativo, donde se enfrentan dos posiciones claramente opuestas: la de la diputada Fátima Mena y la del presidente del directorio parlamentario, Luis Redondo.
Mena, miembro del Partido Salvador de Honduras (PSH), ha advertido que la finalización del tratado traería consecuencias devastadoras para el país, asegurando que Honduras se convertiría en una "guarida de narcotraficantes". La preocupación de la congresista ha ganado apoyo en diversos sectores, incluidos 73 diputados que firmaron una moción para extender la vigencia del acuerdo, y varias organizaciones de la sociedad civil. No obstante, la moción fue bloqueada por Redondo, quien calificó la solicitud de Mena como "ilegal" y un intento de "usurpación de funciones" del Ejecutivo, lo que intensificó aún más la polarización en el seno del Congreso.
El conflicto en el Legislativo no solo revela la tensión de siempre entre los poderes del Estado, sino también una confrontación ideológica y política sobre el manejo de la seguridad, la justicia y la política exterior del país. Para Mena, la extradición es una herramienta clave para combatir el narcotráfico y la impunidad que impera en Honduras, señalando que el sistema judicial local no ha logrado hacer frente a los grandes capos del crimen organizado. En su opinión, la extinción del Tratado de Extradición representaría una tragedia para la seguridad nacional, pues abrirá las puertas a la delincuencia organizada, que encontraría en Honduras un refugio seguro para operar con más impunidad.
El Partido Salvador de Honduras, al que pertenece Mena, ha estado trabajando en este tema con la intención de evitar que Honduras pierda una de las principales armas legales contra el crimen organizado internacional. Sin embargo, la postura de la presidenta Xiomara Castro y de su partido, el oficialista Libertad y Refundación (LIBRE), ha sido clara desde agosto de 2024: el gobierno rechaza la continuidad de este tratado. La mandataria denunció el acuerdo por considerarlo perjudicial para la soberanía nacional, sin dar más argumentos jurídicos.
Eso pasó horas antes de que fuera de conocimiento público que narcotraficantes negociaron sobornos para LIBRE con Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta de Honduras, exdiputado, exsecretario del Poder Legislativo y gran amigo de Redondo. Al respecto, el Ministerio Público (MP) no ha realizado pesquisas o declaraciones claras sobre un procedimiento.
El presidente del Congreso, por su parte, ha sostenido que el Legislativo no tiene la facultad para decidir sobre un tema de política exterior, un derecho exclusivo del Ejecutivo según la Constitución de Honduras. En su intervención, Redondo comparó la solicitud de Mena con un "intento ilegal de usurpación de funciones", subrayando que cada poder del Estado tiene límites bien definidos. "No permitiré ninguna moción que violente la Constitución ni que usurpe funciones de otro poder del Estado", afirmó en sus declaraciones públicas esta semana.
La postura de Redondo refleja una defensa férrea de la postura de LIBRE, y ha generado fuertes críticas, especialmente entre los sectores opositores, expertos legales y medios independientes, quienes consideran que su postura es demasiado rígida y podría poner en riesgo la estabilidad del país.
"Personalmente presenté una denuncia contra Luis Redondo por administración desleal del patrimonio público por las subvenciones. En esta ocasión, estamos estudiando la posibilidad de presentar una denuncia por abuso de autoridad, porque él no puede rechazar en nombre del Congreso Nacional cosas que solo el pleno puede decidir", señaló este jueves 13 de febrero de 2025 la diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal de Honduras, Maribel Espinoza. "Él, al impedirle a la diputada Mena que presentara una moción de orden, incurrió en un delito que se denomina impedimento de ejercicio de otros derechos fundamentales. Ese derecho de la diputada está prescrito en la Constitución. Todo diputado tiene la prerrogativa para presentar iniciativas de ley en el Congreso", agregó.
El abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos explicó que los diputados tienen iniciativa de ley y pueden presentar propuestas en cualquier momento. Sin embargo, es el pleno del Congreso quien decide si una moción es considerada y, en última instancia, si se aprueba o no. Barrientos criticó el funcionamiento del Congreso Nacional, calificándolo como una "verdadera dictadura" y una "vergüenza", al señalar que "la minoría controla a la mayoría". Según él, esta situación no solo atenta contra la democracia, sino incluso contra los principios matemáticos, pues "una institución de este tipo debe regirse por las mayorías".
Mientras tanto, los sectores más comprometidos con la lucha contra el crimen organizado han reiterado su preocupación por las consecuencias que tendrá la cancelación de este tratado, especialmente cuando se sabe que existen todavía más de 10 casos de extradición en curso, tanto de hondureños como de extranjeros involucrados en actividades ilícitas.
En este contexto, el Poder Judicial ha indicado que, una vez vencido el tratado el viernes 28 de febrero de 2025, no se podrán procesar más solicitudes de extradición provenientes de Estados Unidos. Según la magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, las solicitudes que ya están en curso se resolverán en los próximos días, pero no se permitirá ningún trámite posterior.
Asimismo, el canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, aseguró hoy, viernes 14 de febrero, que no hay ninguna solicitud de extradición en trámite relacionada con figuras políticas e institucionales del país. Además, explicó que la renovación o denuncia del tratado de extradición con EE.UU., vigente desde 1912 pero aplicado activamente desde 2014 -que ha permitido la extradición de más de 50 personas vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico-, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo y no del Congreso, de acuerdo con la convención de Viena sobre el derecho de tratados.
El impasse entre los poderes del Estado refleja otro dilema complejo para el pueblo hondureño: ¿debe prevalecer la soberanía nacional -según el concepto oficialista-, o es más urgente continuar con una herramienta que ha sido clave en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción? Las tensiones entre Mena y Redondo, entre el Legislativo y el Ejecutivo, tendrán repercusiones más allá de lo jurídico, afectando más la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
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