A través de su cuenta en X, la mandataria informó que el tratado seguirá en vigor con "las salvaguardas necesarias para el Estado de Honduras, garantizando su aplicación objetiva". Asimismo, destacó que el acuerdo asegura "el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas", en relación, sin duda, a los supuestos "ataques" de la embajadora Laura Dogu.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A once días de que expirara el Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), la presidenta Xiomara Castro anunció este martes 18 de febrero de 2025 a través de su cuenta en X (antes Twitter) que su gobierno ha alcanzado un acuerdo con la administración estadounidense para que dicho convenio continúe vigente, aunque con "salvaguardas" que, según la mandataria, garantizarán su aplicación objetiva y protegerán los intereses nacionales.
La jefa de Estado también aseguró que el acuerdo incluye "el respeto a la integridad de las Fuerzas Armadas, institución responsable de defender la soberanía, mantener la paz, hacer valer el imperio de la Constitución y garantizar la seguridad de nuestro proceso electoral democrático". Sin ofrecer mayores detalles, indicó que el canciller Eduardo Enrique Reina ampliaría la información sobre los términos del acuerdo, hoy mismo.
El anuncio de Castro marca un giro en la postura de su gobierno, que en agosto de 2024 denunció el tratado, acusando a Washington de utilizarlo con fines políticos para "desestabilizar" su administración. La decisión de revocar el convenio generó una crisis diplomática con EE.UU. y encendió alarmas dentro y fuera del país centroamericano.
El retiro del acuerdo se produjo luego de que la embajadora estadounidense en Tegucigalpa, Laura Dogu, expresara su preocupación por una reunión de autoridades hondureñas, entre ellas el exministro de Defensa José Manuel Zelaya Rosales, con el sancionado ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López. Adicionalmente, la difusión de un video en el que el cuñado de la presidenta y exdiputado del Poder Legislativo, Carlos Zelaya, aparecía en un encuentro con narcotraficantes negociando dinero ilícito para el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), desató una tormenta política, sin represalias o pesquisas públicas desde el Ministerio Público (MP).
Honduras ha extraditado a más de 50 ciudadanos desde el año 2014, todos ellos solicitados por EE.UU. por delitos relacionados con el tráfico de drogas y armas. Uno de los casos más emblemáticos es el del expresidente Juan Orlando Hernández, quien gobernó entre 2014 y 2022 y fue condenado a 45 años de prisión en Nueva York por conspiración para traficar drogas, utilizando al Estado y sus recursos.
Eduardo Enrique Reina, jefe de la diplomacia hondureña, insistió esta semana en que la denuncia del tratado en 2024 respondía a temores de que el mecanismo fuera utilizado con fines políticos en el contexto del proceso electoral hondureño. "No se podía permitir que la extradición se usara en ningún momento con fines políticos, y esa fue la razón de denunciarlo. Sí era un riesgo", declaró Reina.
El canciller también mencionó que las preocupaciones del gobierno de Castro se intensificaron luego de que la embajada de EE.UU. señalara que la visita de funcionarios hondureños a Venezuela estaba vinculada al narcotráfico. Según Reina, el viaje tenía como propósito la participación en una competencia de cadetes, pero las acusaciones de Washington generaron descontento en el Ejecutivo.
Pese a estas tensiones, el gobierno hondureño reafirmó su compromiso con la cooperación internacional en materia de seguridad, tras la presión ciudadana y de precandidatos presidenciales durante meses, subrayando que la extradición sigue siendo una herramienta clave en la lucha contra el crimen organizado. No obstante, el canciller dejó claro que el país no permitirá que este mecanismo sea utilizado para favorecer intereses electorales, institucionales o políticos externos.
El anuncio del acuerdo con Estados Unidos de Norteamérica llega en un clima de creciente tensión política en Honduras. La oposición ha acusado al gobierno de Castro y al Congreso Legislativo de actuar en beneficio de estructuras criminales al intentar derogar el tratado, mientras que sectores de la sociedad civil han exigido transparencia en la gestión de la extradición de criminales de alto perfil, y en la investigación de nuevos casos.
El diputado y precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix, convocó a una marcha el viernes 21 de febrero en Tegucigalpa para exigir que el tratado se mantenga en vigor. "Convoco a toda la ciudadanía a que marchemos este viernes para exigir que los narcos sean extraditados a Estados Unidos", expresó Cálix en las redes sociales digitales. En sus declaraciones, el también legislador advirtió que, sin el tratado, los narcotraficantes podrían operar con total impunidad en Honduras, creando negocios con dinero ilícito sin enfrentar consecuencias legales.
Además, criticó duramente la postura del gobierno, asegurando que quienes apoyan la eliminación del acuerdo son los que están en el poder, nadie más.
Otro precandidato presidencial, Salvador Nasralla, también se pronunció sobre el tema. En un acto político en Lempira, se arrodilló en público pidiéndole a Castro que revirtiera su decisión de suspender el tratado, un gesto que ha sido objeto de debate en la opinión pública.
Ante la incertidumbre generada por la posible expiración del tratado, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) informó la semana pasada que estaba acelerando los procedimientos de extradición pendientes. Funcionarios judiciales indicaron a COYUNTURA que, de no haberse renovado el acuerdo, a partir del 28 de febrero Estados Unidos ya no habría podido "bajo ningún mecanismo o circunstancia" solicitar la entrega de ciudadanos hondureños acusados de delitos transnacionales.
La decisión de la administración de LIBRE de mantener el tratado parece responder a la presión política interna y a la necesidad de evitar un mayor distanciamiento con Washington, en medio de la nueva visión nacionalista y extremista del presidente Donald Trump. EE.UU. ha sido históricamente un actor clave en el financiamiento y la cooperación en materia de seguridad y lucha contra el crimen organizado en Honduras.
El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos de Norteamérica fue firmado por primera vez el 15 de enero de 1909, durante las administraciones de Theodore Roosevelt en EE.UU. y Miguel R. Dávila en Honduras. Fue ratificado y publicado en La Gaceta - Diario Oficial el 13 de septiembre de 1909, entrando en vigor en el año 1912.
Pese a su antigüedad, el tratado cobró relevancia en la última década, especialmente tras la reforma constitucional de 2012 que permitió la extradición de ciudadanos hondureños. Desde entonces, decenas de narcotraficantes han sido enviados a EE.UU., incluyendo a figuras clave del tráfico de drogas en la región, entre ellos exfuncionarios.
Para analistas y abogados consultados por esta Redacción, la decisión de la presidenta Xiomara Castro de mantener el Tratado de Extradición representa un intento de equilibrar las relaciones con Estados Unidos mientras asegura el respaldo de las Fuerzas Armadas en un contexto electoral. A pesar del acuerdo alcanzado, la controversia sobre el uso de la extradición como herramienta política sigue latente, y el tema promete seguir siendo un punto clave en el debate nacional en los próximos meses, con el proceso electoral de 2025 ya en marcha.
Con una oposición movilizándose en las calles y espacios sociales debatiendo al respecto, el actual Estado hondureño deberá maniobrar con cautela para evitar que este episodio erosione aún más su ya frágil relación con Washington y con los sectores de la sociedad hondureña, incluida la empresa privada y los medios independientes, que exigen transparencia y firmeza en la lucha contra el crimen organizado.
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