La presidenta Xiomara Castro sancionó esta semana un decreto que prohíbe el cobro en dólares de servicios de telefonía móvil e internet, obligando a las empresas a facturar en lempiras (moneda local). Esta medida, parte de una reforma a la Ley de Protección al Consumidor, incluye derechos adicionales para los usuarios. Acá te explicamos los detalles y los nuevos beneficios ciudadanos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El acceso a servicios de telecomunicaciones ya es esencial en la vida cotidiana de las y los hondureños, y millones de centroamericanos. Sin embargo, este sector ha generado múltiples quejas debido a prácticas abusivas y deficiencias en los servicios prestados. Ante esta situación, que data desde 2015, aproximadamente, el Congreso Legislativo de Honduras aprobó el Decreto No. 75-2024, sancionado por la presidenta Xiomara Castro dede el Poder Ejecutivo esta semana, que introduce un marco de protección al consumidor en el ámbito de la telefonía, internet y televisión por cable, y establece regulaciones para defender los derechos de las y los usuarios en relación con la calidad y costos de estos servicios. Esta reforma representa un hito en la legislación de protección al consumidor en el país y fue publicada en La Gaceta el lunes 14 de octubre de 2024.
El decreto establece múltiples disposiciones que buscan equilibrar la relación entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones y los consumidores, permitiendo a los usuarios una mayor flexibilidad contractual, compensación por días sin servicio, y eliminando cobros injustificados. La regulación también establece sanciones para las empresas que no cumplan con las nuevas disposiciones, incluyendo la prohibición de realizar cobros en dólares. A continuación, se detallan los aspectos más relevantes de esta nueva legislación.
Uno de los puntos clave del decreto es la limitación de la duración de los contratos de telecomunicaciones, una medida que aborda una de las quejas más comunes de los consumidores hondureños. Con esta reforma, los contratos de telefonía, internet y televisión por cable no podrán extenderse más allá de seis meses. Esta disposición permite a los usuarios mayor libertad de decisión sobre los servicios que contratan y los protege de cláusulas que los ataban por largos periodos a servicios que no satisfacían sus expectativas o requerimientos.
Otro cambio importante es la inclusión de una normativa que permite a los consumidores rescindir sus contratos sin penalización en caso de mal servicio. Los usuarios podrán finalizar su contrato si experimentan interrupciones constantes, aumentos de tarifas sin notificación previa, o modificaciones unilaterales en los términos del servicio. Esta disposición está diseñada para empoderar a los consumidores y obligar a los proveedores a mantener un nivel de servicio adecuado, evitando las prácticas abusivas en las que las empresas modificaban arbitrariamente los contratos sin considerar la satisfacción del cliente.
La prohibición de los cobros en dólares para los servicios de telecomunicaciones es una de las medidas más destacadas del decreto. A partir de ahora, los servicios de telefonía, internet y televisión por cable solo podrán cobrarse en lempiras, la moneda nacional de Honduras. Esta disposición protege a los consumidores de las variaciones en el tipo de cambio y permite una mejor comprensión de los costos reales, ya que elimina la incertidumbre que generaba el cobro en moneda extranjera, sobre todo en un contexto de inestabilidad en el mercado cambiario.
Previamente, algunas empresas de telecomunicaciones cobraban a los usuarios tarifas por la reconexión de servicios tras una interrupción, incluso cuando esta se debía a problemas técnicos de la compañía. Con el Decreto No. 75-2024, los proveedores deberán asumir el costo de la reconexión, especialmente en los casos donde la suspensión del servicio haya sido causada por deficiencias en la calidad o problemas técnicos no atribuibles al cliente. Esta medida elimina un gasto adicional para los consumidores y fomenta la responsabilidad de las empresas en el mantenimiento y calidad de sus servicios.
Por otro lado, el decreto también establece que los consumidores tendrán derecho a una compensación económica en caso de interrupciones en el servicio por causas atribuibles al proveedor. Las empresas deberán ajustar las facturas de los clientes descontando los días en que el servicio no estuvo disponible. Esta medida garantiza que los consumidores solo paguen por el tiempo de servicio realmente brindado y refuerza el compromiso de las empresas para ofrecer un servicio continuo y de calidad.
Consciente de la situación económica de las personas de la tercera y cuarta edad, el decreto establece descuentos en los servicios de telecomunicaciones para estos grupos. Los adultos mayores recibirán un descuento del 25 % en servicios de telefonía e internet, mientras que quienes pertenecen a la cuarta edad contarán con un descuento del 30 %. Estas tarifas preferenciales aplican hasta un consumo mensual de 30 GB y están diseñadas para hacer más accesibles estos servicios esenciales, reconociendo las necesidades y limitaciones financieras de los sectores vulnerables de la población.
Finalmente, el Decreto No. 75-2024 incluye una importante disposición en favor de los usuarios en términos de su historial crediticio. La normativa encomienda a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) la tarea de prevenir que los usuarios de telecomunicaciones sean reportados como morosos por deudas generadas por servicios no prestados o interrupciones. Esta medida protege a los consumidores de los problemas financieros que pueden surgir de una calificación crediticia negativa causada por deficiencias en el servicio, permitiéndoles mantener una buena reputación crediticia.
Para asegurar el cumplimiento de esta normativa, la Dirección General de Protección al Consumidor supervisará y sancionará a las empresas que no acaten las nuevas disposiciones. Según Enrique Santos, titular de esta dirección, la administración de Castro se ha comprometido a aplicar la ley con rigor y a castigar los abusos en el sector de telecomunicaciones. Las empresas que persistan en prácticas como el cobro en moneda extranjera o la imposición de tarifas injustificadas enfrentarán sanciones.
El Decreto No. 75-2024 representa un avance significativo en la defensa de los derechos del consumidor en Honduras. Las nuevas medidas introducidas responden a demandas históricas de los hondureños, quienes ahora cuentan con mayores herramientas para protegerse de los abusos y obtener un servicio de telecomunicaciones más justo y transparente. Con la fiscalización activa de las autoridades, se espera que esta reforma impulse a las empresas de telecomunicaciones a mejorar su relación con los consumidores y a proporcionar servicios de calidad que respeten los derechos de todas las hondureñas y todos los hondureños.
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