¿De qué hablan las y los políticos en Honduras ahora, además de pobreza, desempleo, corrupción y crimen organizado?
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El estado de excepción en Honduras, implementado desde el 06 de diciembre de 2022, ha sido objeto de controversias, pero el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez Velásquez, defiende con firmeza su continuidad por orden de la administración de la presidenta Xiomara Castro. Según Sánchez, la medida ha tenido resultados positivos, particularmente en la reducción de homicidios y en la lucha contra el narcotráfico. El ministro destacó esta semana que, bajo el régimen excepcional y otras estrategias de seguridad, se han logrado avances sin precedentes en la historia del país centroamericano. No obstante, al cierre de este texto, los asesinatos en el territorio siguen siendo el titular de cada día. De enero a octubre de 2024 se han registrado 1,988 homicidios en Honduras. 2,718 que se reportaron en ese mismo lapso de tiempo de 2023.
Sánchez subrayó que la medida excepcional se evaluará en 2025 para determinar si debe mantenerse. "Es una herramienta jurídica muy útil que beneficia a la sociedad hondureña", afirmó el ministro, sugiriendo que su futuro dependerá de los resultados y necesidades de seguridad del próximo año. También comentó que la proyección de contar con 21,500 efectivos en la Policía Nacional para finales de 2024 plantea la necesidad de revisar algunas estrategias de seguridad, en medio de al menos dos planes institucionales en marcha.
Entre los logros obtenidos bajo el estado de excepción, Sánchez destacó el decomiso de 30 toneladas de cocaína, la erradicación de 10 millones de arbustos de coca y la captura de 39 personas con órdenes de extradición. Estas cifras, según el ministro, desmienten un informe reciente del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), el cual ha criticado la medida. Sánchez aclaró que dicho informe fue elaborado en marzo de 2023 y que su relevancia ha sido cuestionada en diversos medios recientemente.
"Es el gobierno (hondureño) que más ha trabajado en coordinación con Estados Unidos, con mayores y mejores resultados", afirmó el titular de Seguridad, defendiendo la gestión de la administración de Xiomara Castro, quien ordenó cancelar el Tratado de Extradición con EE.UU. para finalizar el mes de agosto de 2024.
No obstante, el estado de excepción también ha generado preocupación debido a casos recientes de desapariciones en diversas partes del país centroamericano. Aunque Sánchez admitió que, debido a su posición, no puede seguir cada caso individual, reconoció la gravedad de la situación en cuanto a las personas que siguen esfumándose sin dejar rastro.
Por otro lado, mientras el debate sobre el estado de excepción continúa, el precandidato presidencial del Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix, ha propuesto un referéndum sobre otro tema clave: el Tratado de Extradición con Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.). La sugerencia de Cálix surge en respuesta a la propuesta del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, de someter a consulta popular la aprobación de la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, un proyecto que ha generado amplio debate en el Poder Legislativo.
En un video publicado en la plataforma X (antes Twitter), Cálix expresó su desacuerdo con las prioridades de la administración de Xiomara Castro y del Congreso, y sugirió que se le pregunte al pueblo sobre temas que realmente afectan a la nación, como el Tratado de Extradición. "Sometamos a consulta popular la decisión de la presidenta Castro de denunciar la extradición... que el pueblo opine", manifestó Cálix. Además, cuestionó el supuesto apoyo del gobierno del oficialista partido Libertad y Refundación (LIBRE) hacia los narcotraficantes, y planteó que se le pregunte a la ciudadanía si prefiere que los narcotraficantes cumplan sus sentencias en EE.UU. o si se está de acuerdo con la presunta protección que brinda el gobierno a estos criminales, o juicios evidentemente más débiles en Honduras.
El precandidato también sugirió que se le pregunte al pueblo si está satisfecho con el actual gobierno y si desean un referéndum revocatorio, un mecanismo que permitiría destituir a funcionarios electos antes de que concluyan su mandato, de ser necesario. Cálix arremetió contra Luis Redondo, acusándolo de incumplir la promesa de implementar este mecanismo, calificándolo incluso de "mentiroso".
Mientras tanto, el titular del Congreso Nacional ha sido uno de los defensores más fervientes de la consulta popular, específicamente en relación con la aprobación de la legislación sobre Justicia Tributaria. Redondo ha planteado que si las y los diputados no logran aprobar la ley en el Congreso, ante las divisiones políticas, el pueblo hondureño debe tener la oportunidad de decidir sobre su implementación a través de un plebiscito, un mecanismo establecido en el artículo 2 del decreto legislativo 135-2009.
La Ley de Justicia Tributaria ha generado intensas discusiones dentro y fuera del Congreso, pero Redondo se ha mantenido firme en su propuesta de consultar a la ciudadanía en las elecciones generales de 2025. "Si los congresistas acá no quieren aprobar la Ley de Justicia Tributaria, vamos a preguntarles a ustedes", declaró Redondo la semana pasada durante un primer intento fallido, defendiendo la importancia de darle voz al pueblo hondureño en temas de gran relevancia nacional. En ese sentido, el plebiscito es una herramienta democrática que permite a los ciudadanos pronunciarse sobre temas constitucionales, legislativos o administrativos cuando no se ha tomado una decisión previa. Redondo insiste en que la Ley de Justicia Tributaria es un asunto de "importancia fundamental en la vida nacional", y que su destino debe estar en manos del pueblo.
Honduras se encuentra en una encrucijada, con debates que abarcan desde la seguridad interna y el estado de excepción hasta la política exterior y el Tratado de Extradición con Estados Unidos. Mientras el ministro de Seguridad defiende las estrategias actuales como vitales para la estabilidad del país centroamericano, figuras como Jorge Cálix y Luis Redondo abogan por darle un mayor papel a la ciudadanía en decisiones clave, pero desde visiones divididas. El futuro de Honduras dependerá no solo de la capacidad de sus líderes para implementar políticas efectivas, sino también de su disposición para escuchar la voz del pueblo en cuestiones fundamentales para su desarrollo y bienestar, más allá de los colores partidarios y los beneficios individuales o para unos pocos.
InSight Crime señaló recientemente que los estados de excepción en América Latina se han convertido en una respuesta cada vez más frecuente de los gobiernos ante la crisis del crimen organizado. En países como Honduras, Ecuador y El Salvador, estos estados han permitido la implementación de medidas que buscan combatir el aumento de la violencia y la criminalidad mediante la suspensión de derechos civiles y el uso de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, los resultados en términos de reducción del crimen varían significativamente, y en algunos casos se han registrado violaciones a los derechos humanos, lo que genera controversia sobre su eficacia y legitimidad.
El caso de El Salvador, bajo el liderazgo de Nayib Bukele, es uno de los más visibles a nivel regional. Con más de 30 prórrogas del estado de excepción desde 2022, el país centroamericano ha logrado reducir drásticamente los índices de homicidios, pero a un alto costo en cuanto a derechos humanos y libertades civiles. Este "éxito" ha inspirado a otros países a implementar medidas similares, aunque sin lograr resultados comparables, como en Honduras, donde la situación de violencia sigue siendo crítica a pesar de más de 20 meses de estado de excepción.
A nivel internacional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y otras organizaciones han expresado preocupación por el uso prolongado de esta medida, ya que puede generar una "crisis perpetua" en la que los gobiernos dependen del estado de excepción como una herramienta política más que como una solución efectiva a largo plazo, o excepcional, incluso. La militarización de la seguridad pública puede ofrecer resultados inmediatos, pero también socava la confianza en las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos, lo que a largo plazo agrava las crisis en lugar de resolverlas.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comentários