En este contexto, las políticas de deportación masiva anunciadas por la segunda administración no consecutiva de Donald Trump generan mucha preocupación en el gobierno de Xiomara Castro, que ha condicionado la continuidad de la cooperación militar a la protección de los derechos de las y los migrantes.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El anuncio del canciller de Honduras, Eduardo Enrique Reina, sobre la renovación por un año del tratado que permite la presencia de la base militar estadounidense Soto Cano en Comayagua, ha generado un amplio debate en el ámbito político y social del país centroamericano. La ampliación, realizada en enero de 2025, se da en un contexto de tensiones bilaterales debido a las políticas migratorias de la nueva administración de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), liderada por el magnate Donald Trump.
La presidenta Xiomara Castro advirtió en un mensaje transmitido a nivel nacional el miércoles 01 de enero que Honduras podría "reconsiderar" la permanencia de la base militar si Washington implementa deportaciones masivas de migrantes hondureños. En su pronunciamiento, Castro subrayó que la base opera sin costo para EE.UU. y cuestionó su pertinencia en un escenario donde los derechos de las y los migrantes hondureños estarían en riesgo. "Si el trato hacia nuestros compatriotas es hostil, revisaremos aspectos fundamentales, incluyendo la cooperación militar", afirmó la mandataria.
La base militar Soto Cano, también conocida como Palmerola, ha sido un punto estratégico en la cooperación entre Honduras y EE.UU. desde el año 1981. Bajo la administración del Comando Sur de Estados Unidos, la instalación ha sido clave en operaciones de seguridad, lucha contra el narcotráfico y asistencia en desastres naturales. Sin embargo, la amenaza de deportaciones masivas por parte de EE.UU. ha llevado al gobierno hondureño a replantearse la naturaleza de la relación bilateral.
El canciller Reina detalló que el tratado de la base se amplió bajo un esquema de "beneficio mutuo y respeto". No obstante, dejó abierta la posibilidad de una denuncia del tratado en caso de que la relación con EE.UU. se torne "desfavorable" para Honduras. "Estos tratados tienen mecanismos de denuncia con un aviso de 90 días, pero por ahora trabajamos bien y esperamos seguir en esa línea", explicó el funcionario, también precandidato a designado presidencial (vicepresidente) en el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE).
En paralelo, la administración de Castro ha mostrado interés en fortalecer la inserción laboral de migrantes retornados. Reina reveló la primera semana de este mes de febrero que la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), bajo la dirección de Karim Qubain, ha presentado una propuesta de trabajo conjunto para la generación de empleo. "La presidenta está interesada en promover oportunidades laborales a través de programas gubernamentales y del sector privado", afirmó.
No obstante, las declaraciones de Castro han polarizado la opinión pública. Sectores afines al gobierno han respaldado la postura presidencial, considerándola un acto de soberanía y defensa de los derechos de los migrantes. En contraste, líderes opositores, como Tomás Zambrano del Partido Nacional de Honduras (PNH) y el economista Julio Raudales, advierten sobre posibles repercusiones económicas y diplomáticas. "Podríamos ver una reducción en la cooperación militar y económica con Estados Unidos, lo que afectaría a Honduras", alertó Raudales.
El precandidato presidencial del Partido Liberal hondureño (PLH), Jorge Cálix, calificó las declaraciones de Castro como "una declaración de guerra innecesaria contra EEE.UU.", acusando a la mandataria de priorizar intereses personales sobre la estabilidad del país. Por su parte, el expresidente, actual asesor presidencial y secretario general de LIBRE, Manuel Zelaya, defendió la postura gubernamental, insistiendo en que Honduras debe velar por su dignidad y soberanía.
El debate sobre la permanencia de la base Soto Cano ha reavivado discusiones sobre la autonomía de Honduras en su política exterior, teniendo en cuenta que Castro canceló el Tratado de Extradición con la administración estadounidense. Mientras algunos sectores apoyan una postura más firme frente a Estados Unidos, otros temen que decisiones drásticas puedan desencadenar una crisis económica y diplomática más grande.
Por ahora, la presencia de la base se mantiene bajo el esquema de cooperación vigente. No obstante, el futuro de la relación entre Honduras y EE.UU. dependerá de cómo evolucione el tratamiento de los migrantes hondureños en suelo estadounidense y la respuesta del gobierno de Xiomara Castro ante posibles cambios en la política exterior de Washington. La comunidad internacional observa con atención los próximos movimientos de ambas naciones en este complejo escenario geopolítico.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Comments