El retorno de miles de migrantes hondureños refleja tanto la persistencia de la migración irregular como los esfuerzos del gobierno para abordar las necesidades de los connacionales que regresan. Sin embargo, la seguridad e integración efectiva siguen siendo desafíos que requieren atención urgente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Pedro Sula, Honduras
En lo que va del año 2025, ya más de 4,500 hondureños han retornado a su país, según cifras proporcionadas por el Instituto Nacional de Migración (INM). El director de la institución, Wilson Paz, informó que este flujo migratorio, que incluye deportaciones tanto desde Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) como desde México, mantiene cifras similares a las reportadas durante el mismo periodo de 2024. A pesar de las expectativas sobre un aumento de las deportaciones, el director destacó que las cifras de este año no reflejan un crecimiento significativo.
En un evento reciente en el centro de atención al migrante retornado en Omoa, Cortés, Paz y el canciller Enrique Reina recibieron a dos autobuses con connacionales procedentes de México. El viernes 07 de febrero, fueron recibidos en total 240 migrantes hondureños, de los cuales 174 llegaron en vuelos chárter desde EE.UU. y 68 lo hicieron por vía terrestre desde México.
Como parte de una estrategia gubernamental para gestionar el retorno, el canciller Reina, también actual precandidato a designado presidencial por el oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE), destacó el programa "Hermano, hermana, vuelve a casa", el cual ofrece apoyo económico directo a las y los retornados, incluyendo un bono en efectivo de 2,500 lempiras y cupones de Banasupro para facilitar su reintegración al país. Reina también mencionó la colaboración con otras instituciones, como Senprende y el Ministerio de Trabajo, para impulsar políticas de empleo que favorezcan la inclusión de esta población migrante, aprovechando sus "habilidades adquiridas en el extranjero".
Por su parte, el vicecanciller Antonio García subrayó la importancia de que las empresas privadas desempeñen un rol clave en la generación de empleo para los retornados, a través de programas de capacitación y apoyo financiero. García resaltó que muchos de estos migrantes poseen habilidades valiosas en áreas como la sastrería, panadería y peluquería, lo que podría ser aprovechado para reactivar sectores productivos en todo el territorio.
El gobierno hondureño, encabezado por Xiomara Castro, también se encuentra trabajando en la creación de condiciones favorables para la absorción de este capital humano por parte del sector privado. García señaló que el éxito de esta estrategia depende de la colaboración conjunta entre el Estado y las empresas.
Sin embargo, a pesar de los esfuerzos para facilitar el retorno y la reintegración de los migrantes, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) advirtió sobre la vulnerabilidad de los migrantes deportados, especialmente aquellos que han sido víctimas de desplazamiento forzado por violencia. El organismo instó al Estado hondureño a implementar mecanismos de seguridad adecuados para proteger a los retornados, quienes al regresar a sus comunidades enfrentan el riesgo de sufrir violencia.
El CONADEH enfatizó la necesidad de establecer protocolos específicos para la atención de personas retornadas que requieran protección, particularmente aquellas que huyeron de la violencia interna antes de migrar. En este sentido, la coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del CONADEH, Elsy Reyes, se solidarizó con la familia de un migrante deportado que fue asesinado al regresar a su comunidad.
Los retos no solo se centran en la reintegración económica de los migrantes retornados, sino también en garantizar su seguridad y bienestar, en un país que sigue expulsando a su gente. En un contexto de creciente violencia en algunas regiones, el retorno de estos migrantes pone de manifiesto la necesidad urgente de que las autoridades hondureñas fortalezcan las políticas de protección para quienes regresan tras haber sido desplazados por el conflicto y la inseguridad. "Es más que una campaña. Se necesitan proyectos educativos y empleos rentables", comentó "Daniel", quien fue deportado desde Texas la primera semana de febrero.
Así, mientras el gobierno hondureño trabaja en estrategias para garantizar el empleo y el apoyo a los retornados, la atención de sus necesidades de seguridad y protección se mantiene como una prioridad pendiente.
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