El canciller y precandidato a designado presidencial del oficialismo Eduardo Enrique Reina respaldó la postura de Xiomara Castro, enfatizando que Honduras busca reciprocidad en sus relaciones exteriores. Reina recordó que la cooperación con Estados Unidos incluye aspectos de seguridad y defensa, como la operación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, activa en Soto Cano desde 1982.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
En un mensaje contundente transmitido a nivel nacional el miércoles 01 de enero de 2025, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, advirtió que su administración podría retirar la base militar estadounidense Soto Cano, ubicada en Comayagua, si la administración del presidente electo de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Donald Trump, implementa deportaciones masivas de migrantes hondureños. La declaración ha desatado un intenso debate en el ámbito político y social, dentro y fuera del país.
La base militar Soto Cano, también conocida como Palmerola, ha sido un punto clave en las relaciones bilaterales entre Honduras y Estados Unidos desde su establecimiento en 1981. Operada por la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, parte del Comando Sur de Estados Unidos, la instalación es vista por Washington como un baluarte estratégico para la región en temas de seguridad, lucha contra el narcotráfico y desastres naturales. No obstante, Castro subrayó que la base opera sin costo alguno para EE.UU. y cuestionó su pertinencia en un contexto de tensiones migratorias.
"Esperamos que la nueva administración norteamericana, liderada por el presidente democráticamente electo Donald Trump, sea receptiva al diálogo constructivo y amistoso. Confiamos en que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes, quienes contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos. De lo contrario, Honduras reconsiderará sus políticas de cooperación, incluyendo la presencia de bases militares estadounidenses en nuestro territorio", afirmó la mandataria.
Castro también enfatizó que cualquier decisión al respecto sería un acto de soberanía y defensa de los derechos de las y los migrantes hondureños, cuya diáspora envía aproximadamente 9,000 millones de dólares anuales en remesas, lo que representa un 20 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional.
El canciller Eduardo Enrique Reina respaldó las declaraciones de la presidenta, señalando que Honduras busca reciprocidad en sus relaciones internacionales. "Si el trato hacia nuestros compatriotas es hostil, revisaremos aspectos fundamentales, incluyendo la cooperación militar", afirmó Reina en sus redes sociales.
Sin embargo, la postura presidencial ha sido duramente criticada por sectores opositores y analistas. Tomás Zambrano, jefe de la bancada del Partido Nacional hondureño (PNH), calificó la advertencia como una "gestión diplomática errática" que podría dañar las relaciones con el principal socio comercial del país. Por su parte, el economista Julio Raudales advirtió sobre las consecuencias económicas y políticas que podría enfrentar Honduras si las relaciones con Estados Unidos se tensan, incluyendo la posibilidad de que la base militar sea trasladada a un país vecino como El Salvador, que mantiene una estrecha relación con Trump.
La advertencia de Castro se produce en un contexto de tensiones previas en la relación bilateral. En agosto de 2024, el gobierno hondureño canceló un tratado de extradición vigente desde 1929, argumentando que este podía ser utilizado como un instrumento político. Aunque esta decisión no implicó una ruptura de relaciones, sí marcó un punto de inflexión en la cooperación histórica entre ambos países.
La presidenta ya había mostrado una postura crítica hacia otros acuerdos vinculados a EE.UU., como el contrato del Aeropuerto Internacional Palmerola, que fue revisado tras su llegada al poder en 2022. Estas acciones han sido interpretadas por algunos sectores como parte de un giro hacia una política exterior más autónoma, mientras otros las consideran medidas de confrontación innecesarias.
Analistas políticos como Graco Pérez y Olban Valladares consideran que las declaraciones de Castro son "prematuras" e "ideológicamente cargadas". Pérez cuestionó la oportunidad de la amenaza, argumentando que el gobierno de Trump aún no ha asumido formalmente el poder y que cualquier medida debería basarse en hechos concretos. Valladares, por su parte, calificó la advertencia de "torpe", sugiriendo que una confrontación abierta con EE.UU. podría complicar aún más la posición de Honduras en la arena internacional.
Jorge Cálix, precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), calificó las declaraciones de la presidenta como una "declaración de guerra contra los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial y aliado político". Cálix acusó a la mandataria de priorizar intereses personales y proteger a su familia. "Esto es parte del plan de protección familiar que inició con la eliminación del Tratado de Extradición, con el objetivo de evitar que extraditen a su cuñado y para que no toquen el negocio familiar", comentó.
En contraste, el expresidente Manuel Zelaya Rosales, asesor de Castro, defendió la postura gubernamental, señalando que busca preservar la dignidad y soberanía nacional frente a posibles medidas adversas del nuevo gobierno estadounidense. Zelaya insistió en que las relaciones con Estados Unidos han sido tradicionalmente buenas y que no debería haber motivo para deteriorarlas, salvo por decisiones unilaterales desde Washington.
La advertencia de Xiomara Castro ha reabierto el debate sobre el equilibrio entre soberanía nacional y dependencia económica en las relaciones internacionales de Honduras. Mientras algunos sectores apoyan una postura más firme frente a Estados Unidos de Norteamérica, otros temen que decisiones drásticas puedan desencadenar una crisis económica y diplomática.
La base militar de Soto Cano, que ha sido un pilar de la cooperación bilateral durante más de cuatro décadas, se encuentra ahora en el centro de una disputa que podría redefinir las prioridades estratégicas de Honduras en la región. Entretanto, el país centroamericano observa expectante las primeras acciones de la administración Trump y las posibles repercusiones de este nuevo capítulo en las relaciones entre ambas naciones.
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