Las autoridades policiales en Jinotepe han negado la existencia de un crimen tras el hallazgo del cadáver -en condiciones extremas- de Carlos Alberto García Suárez en un basurero nicaragüense, desestimando así la versión de una muerte violenta que ha sido planteada por algunos sectores y conocidos.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Jinotepe, Carazo, Nicaragua
El municipio de Jinotepe, en Carazo, Nicaragua, está envuelto en un desgarrador, sombrío y polémica caso tras el descubrimiento del cadáver de quien en vida fue Carlos Alberto García Suárez, de 52 años de edad, conocido popularmente como "Chalón", un excarcelado político cuya muerte ha generado una serie de cuestionamientos y denuncias por parte del conocidos y el Grupo de Reflexión de Excarcelados Políticos (GREX).
El macabro hallazgo tuvo lugar en el vertedero municipal contiguo al cementerio de Jinotepe -a casi 40 kilómetros de Managua-, donde el cuerpo de García Suárez fue encontrado con alrededor del 90 % de sus partes quemadas, según las imágenes y el relato de quienes encontraron el cadáver. Si bien las autoridades locales, incluyendo la Policía Nacional, descartan la intervención de terceros en el deceso, el GREX ha rechazado vehementemente esta conclusión, alegando falta de credibilidad y parcialidad por parte de las fuerzas policiales.
Un comunicado emitido por el GREX señala una serie de irregularidades en torno al manejo del caso por parte de las autoridades. Uno de los puntos destacados es la discrepancia entre los informes proporcionados por medios oficialistas y testimonios de pobladores locales. Mientras Radio Ya menciona un estado esquelético del cadáver, contradiciendo la versión de familiares y testigos que aseguran haber visto a García Suárez días antes en buen estado físico, otros reportes hablan de un cuerpo devorado por aves de rapiña, lo que también ha sido cuestionado por el GREX debido a la rápida descomposición que esto implicaría.
Otra fuente de controversia es la declaración del médico forense, el doctor Sergio Cano, quien descartó la intervención criminal en la muerte de García Suárez debido al estado avanzado de descomposición del cuerpo. Sin embargo, la versión oficial no concuerda con los testimonios de la comunidad y los familiares del fallecido, consultados por el equipo de COYUNTURA, quienes afirman haberlo identificado a pesar de las quemaduras en su cuerpo.
Por otro lado, medios oficialistas, controlados por el régimen sandinista de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, señalaron en al menos dos notas que el fallecido "era alcohólica y drogadicto".
La figura de García Suárez, quien estuvo encarcelado desde noviembre del año 2018 hasta mayo de 2019, añade un componente político a este trágico suceso. La Policía Nacional lo había catalogado previamente como un delincuente implicado en casos de supuesto secuestro, tortura y tenencia ilegal de armas de fuego, mientras que el GREX lo reconoce como un activista político, profesional y perseguido por el régimen sandinista.
El contexto político, social e institucional de Nicaragua, marcado por la rebelión que inició en abril de 2018, y la posterior represión gubernamental, agrega un matiz adicional a este caso. El GREX ha denunciado la falta de independencia en las investigaciones policiales y ha anunciado su intención de llevar el caso ante organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, considerándolo un ataque más contra las y los excarcelados políticos en el país, mientras pocos medios independientes reportan los sucesos.
El caso de García Suárez no solo refleja las tensiones políticas y sociales en Nicaragua, sino que también pone de relieve la fragilidad de las instituciones y la desconfianza generalizada hacia las autoridades; y la inseguridad e impunidad que impera en todo el territorio. Mientras tanto, la familia y la comunidad de Jinotepe lamentan la pérdida de un hombre que, más allá de su pasado político, era apreciado por su labor como zapatero y su trato amable hacia los demás.
En medio de la confusión y la indignación, el caso de Carlos Alberto García Suárez se suma a la larga lista de tragedias y controversias que marcan la realidad nicaragüense, dejando abiertas muchas interrogantes y alimentando el escepticismo sobre la capacidad del sistema judicial y la ciudadanía para esclarecer la verdad y garantizar la justicia para todas las víctimas, sin distinción de afiliaciones políticas o curriculum.
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