Desde que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo asumió el control total de las 153 alcaldías de Nicaragua, han aplicado un método sistemático para remover a alcaldes. En un período de poco más de 20 meses, se han destituido a 19 alcaldes y tres vicealcaldes, y muchos otros funcionarios municipales, lo que representa casi un cambio mensual en el liderazgo local. Entre estos, varios habían estado en sus cargos durante más de una década. El primer caso de esta purga se registró apenas nueve días después de la toma de posesión de los alcaldes electos en 2022, con la destitución del alcalde de El Tuma - La Dalia, Jaime Arauz Centeno.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política y ciudadanía
Managua, Nicaragua
La reciente remoción de Rosario Caldera, ahora exalcaldesa de Granada, la ciudad más turística de Nicaragua, y otros funcionarios municipales de Nandaime, es parte de una tendencia cada vez más visible en Nicaragua. Según fuentes confidenciales consultadas por COYUNTURA, la destitución de Caldera -quien dijo "renunciar" porque los curules municipales le "pertenecen" al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- habría sido motivada por supuestos actos de corrupción, aunque aún no se ha emitido una acusación formal en su contra, como en otros casos.
Urnas Abiertas, organización que monitorea el funcionamiento de las autoridades locales en Nicaragua, dice estar investigando la veracidad de estos reportes, que comenzaron a circular desde el jueves 10 de octubre de 2024. Pero evidentemente el caso de Caldera no es aislado. Por el contrario, es una realidad constante.
En la primera semana de octubre, tres funcionarios de la alcaldía de Nandaime fueron suspendidos tras una auditoría realizada por la Procuraduría General de la República (PGR), que descubrió irregularidades en un proyecto de reparación con concreto hidráulico. Los funcionarios implicados, el alcalde Róger Acevedo, el secretario municipal Pedro Morales y el financiero Elmer Chavarría, fueron puestos bajo arresto domiciliario. La obra, que debía costar 10 millones de córdobas, no fue ejecutada, lo que ha generado acusaciones de malversación de fondos.
Además, la secretaria política departamental Indira Morales, hermana de Pedro Morales, también fue expulsada de la municipalidad, lo que evidencia la creciente intervención del gobierno central en las municipalidades.
El patrón sandinista
Según documentación de este medio, las destituciones en Granada, Nandaime, Rivas, Matagalpa, Waspam, El Castillo, Boaco, Juigalpa y otras ciudades, no son incidentes aislados, sino parte de una estrategia de control político que el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo ha implementado en las administraciones locales.
Desde enero de 2023, al menos 19 alcaldes y otros muchos funcionarios municipales han sido removidos de sus cargos bajo acusaciones de corrupción y mal manejo de fondos, en medio de una purga institucional amplia, profunda y silenciosa en muchas entidades estatales, destacando la barrida en el Poder Judicial y en varios entes descentralizados. Ya serían más de 2,500 personas despedidas del Estado, desde jueces hasta informáticos.
Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil como Urnas Abiertas y varios medios de comunicación independientes han denunciado que estas remociones responden más a cuestiones de lealtad política que a una verdadera lucha contra la corrupción.
Según Ivania Álvarez, directora de redes de Urnas Abiertas, muchos de los alcaldes destituidos han sido sometidos a extensos interrogatorios o puestos bajo arresto domiciliario, lo que sugiere que el régimen sandinista utiliza estos mecanismos como una forma de castigo o más control. "Todo indica que las autoridades municipales están bajo constantes pruebas de lealtad y obediencia", advirtió Álvarez esta semana, quien también señaló que las decisiones de los alcaldes que no están alineadas con los intereses del Ejecutivo resultan en su remoción inmediata, y hasta en cárcel o confiscación.
Esto pone en duda una vez más la autonomía de las municipalidades, una prerrogativa que debería estar protegida por la Constitución, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y la Ley de Municipios.
Destituciones recientes: una mirada más cercana
Entre las destituciones más recientes destacan las de los funcionarios municipales de Nandaime, cuyos casos fueron descubiertos a través de una auditoría en la que se identificaron irregularidades en la ejecución de proyectos de infraestructura. Róger Acevedo, el alcalde destituido, tenía vínculos con la represión gubernamental de las protestas desde 2018, lo que evidencia una trama de complicidad entre las autoridades locales y el aparato de represión del régimen. Acevedo habría colaborado estrechamente con el comisionado general Ramón Avellán, subdirector general de la Policía Nacional -actualmente desaparecido-, en la movilización de turbas y grupos de choque que apoyaron la represión violenta de las manifestaciones.
Asimismo, el alcalde de El Castillo, Río San Juan, Rigoberto Antonio Obando Flores, fue removido de su cargo a principios de este mes. Obando, quien llevaba su tercer período consecutivo, estaba implicada en la tala ilegal y la invasión de la Reserva Biológica Indio Maíz, según analistas y opositores consultados por este medio. Estos cargos, sumados a su incumplimiento de promesas de campaña, precipitaron su caída tras una auditoría de la PGR que lo vinculó a procesos de "corrupción no autorizada". El caso de Obando refleja cómo las municipalidades en áreas rurales de Nicaragua se ven particularmente afectadas por la intervención del gobierno central y la corrupción endémica.
El régimen de Ortega y Murillo controla actualmente las 153 alcaldías de Nicaragua. Desde la juramentación de las autoridades municipales electas en enero de 2023, tras unas elecciones calificadas como fraudulentas por observadores internacionales, la administración sandinista ha utilizado las destituciones como una herramienta para reafirmar su control político. Las auditorías y las acusaciones de corrupción parecen ser excusas convenientes para remover a funcionarios que, en muchos casos, simplemente no cumplen con las expectativas de lealtad del partido gobernante.
Desde enero de 2023, han sido removidos al menos 19 alcaldes y tres vicealcaldes en todo el país centroamericano, sin el debido proceso según la Ley No. 40, Ley de Municipios y sus Reformas, que establece causas de destitución, un procedimiento institucional y las debidas notificaciones tras una sentencia, que involucra al Consejo Municipal.
En muchos casos, estos funcionarios son reemplazados por concejales del Frente Sandinista, violando los procedimientos establecidos en la Ley Electoral y la Ley de Municipios, lo que ha generado una creciente desconfianza pública en la imparcialidad de estas acciones. La discrecionalidad con la que se aplican las auditorías y se imponen las sanciones a las y los funcionarios municipales y nacionales por mucho cuestiona la legitimidad de los esfuerzos anticorrupción de la administración sandinista.
¿Un combate real contra la corrupción?
La falta de transparencia en el proceso de destitución de alcaldes en Nicaragua ha sido ampliamente criticada por organizaciones como Urnas Abiertas y la prensa independiente. Las auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) y la Procuraduría General de la República son vistas como herramientas de control político, más que como esfuerzos genuinos para combatir la corrupción. "Estas acciones erosionan la confianza pública y cuestionan la legitimidad del combate a la corrupción en Nicaragua", señaló Urnas Abiertas en un comunicado reciente.
Aunque las acusaciones de corrupción son graves, con pérdidas millonarias, la falta de transparencia y la discrecionalidad en la aplicación de la justicia sugiere que el verdadero objetivo del régimen no es la rendición de cuentas, sino la consolidación de su control político sobre los gobiernos locales y cada puesto municipal y nacional. Este patrón de intervención política y purgas selectivas ha debilitado la confianza en las instituciones municipales y ha dejado a muchas comunidades sin una representación legítima y autónoma.
A medida que continúan las purgas, es cada vez más evidente que la lucha contra la corrupción en Nicaragua está motivada por razones políticas, más que por un verdadero deseo de rendir cuentas.
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