En un sorprendente giro de eventos, el Gobierno de Honduras ha desatado una controversia al solicitar la reserva de información sobre los resultados y evaluaciones de los funcionarios públicos. Esta medida ha generado una creciente indignación en la sociedad, mientras ciudadanos, periodistas y organizaciones defensoras de la transparencia alzan sus voces en exigencia de acceso a la información. Con serias dudas sobre la verdadera intención detrás de esta solicitud, se plantean preocupaciones sobre posibles repercusiones en la lucha contra la corrupción y el compromiso de la administración Castro con la rendición de cuentas.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) se encuentra en medio de una polémica situación, ya que la Dirección de Gestión de Resultados ha presentado una solicitud para ocultar los resultados de las metas y evaluaciones a los ministros, buscando obtener la aprobación de dicha reserva de información pública. Esta medida ha generado preocupación en la ciudadanía, que demanda transparencia y acceso a la información. El pasado 10 de enero, la Dirección de Gestión de Resultados proporcionó a un periodista de El Heraldo un resumen público de los informes de resultados divulgados por la Presidencia de la República. Sin embargo, esta versión carecía de detalles y dejaba mucho que desear en cuanto a la información disponible.
Más recientemente, el 02 de mayo, la Dirección de Gestión de Resultados respondió a una solicitud de información de dicho diario, y otra de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), negando el acceso a las metas establecidas por la Presidencia para cada institución y funcionario público. Sorprendentemente, esta negativa se basó en una supuesta reserva de información que aún no ha sido aprobada por el IAIP.
Ante esta situación, la comisionada del IAIP, Ivonne Ardón, ha dejado claro que cualquier entidad que solicite una reserva de información debe demostrar que su divulgación causaría un daño significativo. De lo contrario, no se puede conceder la reserva.
En este contexto, es fundamental recordar que la ley hondureña establece claramente la importancia de la transparencia y el acceso a la información pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), aprobada en el año 2006, reconoce que la transparencia y la rendición de cuentas son garantías para un buen desempeño de los funcionarios públicos y condiciones necesarias para la participación ciudadana en la construcción de una democracia sólida.
La ley también establece que las y los hondureños tienen derecho a acceder a la información y a la rendición de cuentas de la gestión pública. Además, Honduras es signatario de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que reconoce expresamente estos derechos y deberes.
Carlos Hernández, representante de Transparencia Internacional (TI) en Honduras, expresó su preocupación por las acciones del Gobierno en este asunto. Destacó la importancia de que los ciudadanos conozcan las metas establecidas para los ministros y funcionarios, para asegurarse de que estén alineadas con los planes de Gobierno y de país. Hernández subrayó que la transparencia es fundamental para el desarrollo y la lucha contra la corrupción, y si se niega el acceso a información básica, es motivo de cuestionamiento sobre qué otros datos podrían estar ocultando.
En cuanto a la reserva de información, la LTAIP establece que esta medida solo procede cuando el daño que podría causarse al divulgar la información supera el interés público de conocerla.
Solo en casos relacionados con la seguridad del Estado, la vida, la seguridad y la salud de las personas, la ayuda humanitaria, los intereses jurídicamente protegidos de la niñez y otras personas, o el desarrollo de investigaciones reservadas en materia de prevención, investigación o persecución de delitos, se puede clasificar la información como reservada.
Marcio Sierra, titular de la Dirección de Gestión por Resultados y presidente de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS), había anunciado previamente que el Gobierno tendría una página web para divulgar públicamente las metas y las calificaciones de cada institución. Sin embargo, la negativa a proporcionar esta información plantea interrogantes sobre la verdadera intención de la administración de la presidenta Xiomara Castro y su gabinete en cuanto a la transparencia.
Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), criticó la solicitud de reserva de información, argumentando que ocultar las evaluaciones de los funcionarios públicos es incorrecto. Considera que las y los servidores públicos deben ser evaluados y su desempeño debe ser conocido por la sociedad, que es quien paga sus salarios. Opina que solo a través de la divulgación de las deficiencias administrativas de los ministros se puede lograr una mejora continua en el Gobierno y en las instituciones estatales.
Por otro lado, Carlos Ortíz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña (APH), calificó la solicitud de reserva de información como una actitud nefasta por parte del Gobierno. Destacó la contradicción entre el discurso de transparencia gubernamental y la búsqueda de ocultar la ineficiencia y la corrupción. Insiste en que el pueblo hondureño tiene derecho a conocer el desempeño de los funcionarios públicos, sin importar quiénes sean, y considera inaceptable que se les impida ejercer ese derecho.
En resumen, la solicitud de reserva de información por parte de la Dirección de Gestión de Resultados ha generado preocupación en la sociedad hondureña, que exige transparencia y acceso a la información pública. El IAIP deberá evaluar esta solicitud, teniendo en cuenta los principios de transparencia y rendición de cuentas establecidos en la ley. En un país donde la lucha contra la corrupción es un desafío importante, la divulgación de información sobre el desempeño de los funcionarios públicos es fundamental para generar confianza y promover un Gobierno responsable.
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