Legisladores de distintos partidos no tardaron en reaccionar al video, considerándolo un intento de socavar la autonomía de los poderes de la República. Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista, denunció lo que llamó "una manipulación de los cuerpos policiales", subrayando que el Artículo 12 de la Constitución prohíbe este tipo de intervenciones por parte de las fuerzas del orden.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
Un reciente video difundido por el Ministerio de Seguridad de Costa Rica, en el que se observan a los altos mandos policiales criticando abiertamente a las y los diputados del Poder Legislativo, tras una semana de cuestionamientos y denuncias del fiscal general en el parlamento, ha generado una ola de reacciones en el ámbito político y social. La controversia surge en un contexto donde la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa se encuentra más tensa que nunca, con acusaciones de inconstitucionalidad y manipulación de las fuerzas de seguridad por parte del Estado. El mensaje fue presentado el viernes 11 de octubre de 2024 por la noche, en un video de casi tres minutos donde el ministro de Seguridad, Mario Zamora, acompañado por los directores de las principales fuerzas policiales, envió un mensaje claro a los legisladores que han criticado las decisiones de la administración del mandatario Rodrigo Chaves en materia de seguridad. En el video, los oficiales declararon al unísono: "respeten nuestro uniforme", en referencia a los cuestionamientos que desde la Asamblea se han hecho al manejo de los cuerpos policiales.
Este acto ha sido fuertemente criticado por legisladores de la oposición y expertos en derecho constitucional. El Artículo 12 de la Constitución Política de Costa Rica prohíbe explícitamente a las fuerzas policiales emitir opiniones políticas, deliberar o hacer manifestaciones colectivas, como esa. Además, establece que las fuerzas de seguridad deben estar subordinadas al poder civil. "En pocas palabras, no tendría porque la Policía defender las gestiones de la Presidencia o su credibilidad", explicó a este medio un abogado consultado bajo la condición de anonimato. Para muchos, el uso de los directores policiales en un mensaje político oficialista constituye una grave violación de esta norma. Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), denunció que el ministro Zamora ha llevado su rol demasiado lejos al utilizar a las fuerzas de seguridad para defender decisiones políticas, en lugar de enfocarse en su tarea principal: proteger la seguridad ciudadana, día y noche. "El Artículo 12 es claro en que las fuerzas policiales no pueden participar en opiniones políticas. Esto es una manipulación que raya en lo inconstitucional, y el ministro deberá asumir las consecuencias políticas y legales que esto implica", afirmó la legisladora.
Por su parte, Dinorah Barquero, del Partido Liberación Nacional (PLN), señaló que este ataque no solo va dirigido a ella como persona -tras ser mencionada por uno de los oficiales en el multimedia-, sino a la institucionalidad democrática del país. "Es un ataque a la Asamblea Legislativa y a la división de poderes", declaró Barquero, agregando que la labor de los diputados es cuestionar y fiscalizar al Ejecutivo, especialmente en temas tan delicados como la seguridad pública. El malestar de los diputados, sin embargo, no se limita al polémico video. En las últimas semanas, se han denunciado una serie de decisiones por parte del Ministerio de Seguridad que, según los legisladores, han debilitado la capacidad del país centroamericano para combatir el crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Uno de los hechos más criticados ha sido el desmantelamiento de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas en Quepos, Puntarenas, trasladándola a una ubicación alejada del mar, en Pococí, Limón.
Esa decisión es un "claro acto" de debilitamiento de una de las principales unidades encargadas de la lucha contra el narcotráfico, según analistas independientes. Además, se ordenó la reubicación de efectivos especializados en Bahía Drake, una zona clave para combatir el trasiego de drogas, hacia otros puntos como Quepos y Golfito. Estos movimientos han generado inquietud en cuanto a la eficacia de la administración chavista en la lucha contra el crimen organizado, y los fines mismos de estos movimientos sin sentido para muchos, en un momento en que Costa Rica enfrenta crecientes desafíos en este ámbito.
Como respuesta a estos cuestionamientos, la Asamblea Legislativa aprobó una moción para investigar posibles nexos del gobierno con el crimen organizado. La moción, apoyada por 38 legisladores de distintas bancadas, exceptuando el oficialismo, busca indagar si las recientes decisiones en materia de seguridad podrían estar vinculadas con intereses del narcotráfico. Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), fue contundente en su crítica al ministro de Seguridad, señalando que el video no solo es un intento de manipular a la opinión pública, sino una violación directa de la Constitución. "Lo que vimos en ese video es un intento del ministro de esconderse detrás de los jefes policiales para evadir sus responsabilidades. Pero la Asamblea Legislativa ha estado defendiendo los recursos para la seguridad pública, y seguiremos haciéndolo", declaró Castro.
Un precedente peligroso
La expresidenta Laura Chinchilla también se sumó a las críticas, calificando el video como una puesta en escena "penosa" y comparando la situación actual con un incidente ocurrido hace tres décadas, cuando un ministro cercó el Congreso con fuerzas policiales, hecho que le costó el puesto. Chinchilla advirtió además que, de haber tenido fuerzas armadas ahora, Costa Rica ya estaría bajo una intervención militar contra sus instituciones republicanas.
El uso de las fuerzas de seguridad para emitir mensajes políticos es, sin duda, un precedente peligroso para una democracia como la costarricense, que ha logrado consolidarse durante décadas como una de las más estables de la región, pero con crecientes amenazas con Rodrigo Chaves a la cabeza. La tensión entre el Poder Ejecutivo y la Asamblea, los ataques contra el Ministerio Público y la Sala Constitucional, y la inseguridad y criminalidad, continúan en aumento, y los próximos días serán clave para determinar las consecuencias de este enfrentamiento, tanto en términos legales como en la estabilidad política e institucional del país centroamericano. Las aguas, sí o sí, por el bien de todas y todos, se deben calmar.
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