Según la ministra Laura Fernández, el cierre del Ministerio permitirá optimizar los recursos humanos, financieros y físicos, redistribuyéndolos a carteras que cuentan con marcos legales y organizativos definidos. La intención es evitar redundancias y mejorar la prestación de servicios a la ciudadanía. "La reforma no busca despojar a los funcionarios de sus empleos, sino integrarlos en roles donde sus competencias sean aprovechadas de manera más eficiente", aseguró Fernández en un comunicado oficial.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San José, Costa Rica
El gobierno de Costa Rica, bajo la administración del siempre inhabitual Rodrigo Chaves, ha presentado un proyecto de ley ante la Asamblea Legislativa con la propuesta de cerrar el Ministerio de Gobernación y Policía. La reforma busca reubicar los órganos desconcentrados de este ministerio en otras instituciones del Poder Ejecutivo, sin afectar el empleo de los funcionarios públicos que laboran en él. La ministra de la Presidencia y Planificación, Laura Fernández, aseguró que el proceso de reubicación se hará de acuerdo con los derechos laborales de los empleados.
"No habrá despidos. Las plazas de trabajo serán trasladadas a los ministerios que asuman las competencias de Gobernación y Policía", explicó en un comunicado difundido el martes 26 de noviembre de 2024. Entre las entidades afectadas por el cierre se encuentran la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad (DINADECO), la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), el Tribunal Administrativo Migratorio, la Imprenta Nacional y la Oficina de Programación Publicitaria.
El principal argumento del Ejecutivo para este cambio estructural radica en la pérdida de competencias que ha sufrido el Ministerio de Gobernación y Policía a lo largo de las últimas décadas. Según la propuesta, esta cartera de Estado comenzó a perder su relevancia con la creación del Ministerio de Seguridad Pública en 1973, el cual asumió funciones clave, como la dirección de la Fuerza Pública, previamente gestionada por Gobernación.
A partir de entonces, las competencias de Gobernación fueron progresivamente absorbidas por otras instituciones. La ministra Fernández justificó la reforma, señalando que desde 1995, el Ministerio de Gobernación y Policía ha sido liderado por el jerarca del Ministerio de Seguridad Pública, lo que evidencia una pérdida de dirección y enfoque propios para la cartera. Además, la propuesta subraya que la ausencia de una ley orgánica que defina de manera clara las competencias del Ministerio ha contribuido a su desdibujamiento institucional.
La reestructuración planteada por el Poder Ejecutivo implica el traslado de varias instituciones bajo el ala de otras dependencias. DINADECO pasaría a formar parte del Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLÁN), mientras que la Imprenta Nacional se integraría al Ministerio de la Presidencia. En cuanto a la DGME y el Tribunal Administrativo Migratorio, sus competencias serían asumidas por el Ministerio de Seguridad Pública.
Asimismo, se eliminarían las juntas administrativas de la Imprenta Nacional y de la DGME, y estas instituciones asumirían directamente sus funciones. El proyecto también plantea que las competencias de Gobernación y Policía en diversas leyes sean traspasadas a otros ministerios. Por ejemplo, las funciones relacionadas con procesos de expropiación en la Ley de Aguas serían trasladadas al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), mientras que el Ministerio de Justicia y Paz asumiría tareas vinculadas a la regulación de la propaganda.
Uno de los aspectos destacados del proyecto de ley es la justificación basada en la distribución del presupuesto y los recursos humanos del Ministerio de Gobernación y Policía. Según el informe, más del 80 % del presupuesto del Ministerio se destina a sus órganos desconcentrados, como la DGME y DINADECO. De hecho, el control de Migración y Extranjería absorbe el 41,75 % de los fondos, mientras que el programa de Desarrollo de la Comunidad, gestionado por Dinadeco, consume un 34,71 %. Solo un pequeño porcentaje, un 16,28 %, se destina a las actividades centrales del Ministerio, lo que refuerza la necesidad de reorganizar las funciones del organismo.
En cuanto a la asignación de plazas, la mayor parte de los puestos también se encuentran en los órganos desconcentrados. La DGME, por ejemplo, tiene 876 puestos asignados, mientras que la Imprenta Nacional cuenta con 167, y DINADECO con 141. Las actividades centrales del Ministerio solo tienen 83 plazas, lo que refleja aún más la escasa operatividad directa del Ministerio en comparación con sus órganos dependientes.
El cierre del Ministerio de Gobernación y Policía es una decisión que busca racionalizar los recursos y optimizar la estructura del gobierno. Sin embargo, la propuesta también pone de relieve la necesidad de redefinir las competencias y las funciones de diversas entidades del Estado, lo que podría llevar a una mayor especialización y eficiencia en la gestión pública. El proyecto ya ha sido enviado a la Asamblea Legislativa, donde se discutirá y, de ser aprobado, pondría fin a más de 100 años de existencia de esta cartera ministerial. Mientras tanto, el gobierno asegura que no habrá impacto negativo en las y los trabajadores, pues las plazas se reubicarán dentro del sector público, garantizando el respeto a sus derechos laborales.
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