El desenlace de este caso podría sentar otro precedente en la gestión de responsabilidades legales de las y los funcionarios en Costa Rica, particularmente en la administración de Rodrigo Chaves, planteando más interrogantes sobre la protección del patrimonio estatal y la ética en la función pública.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El Ministerio de Hacienda de Costa Rica, liderado por el ministro Nogui Acosta, está en el centro de otra nueva controversia por la contratación de una póliza millonaria destinada a proteger a jerarcas del gobierno, incluyendo al presidente Rodrigo Chaves, vicepresidentes, ministros y viceministros, frente a demandas civiles por posibles actos negligentes o faltas cometidas en su ejercicio. La póliza, gestionada mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) y adquirida al Instituto Nacional de Seguros (INS), tiene un costo de 248 millones de colones y ha suscitado diversas críticas tanto por sus implicaciones éticas como legales.
Acosta defiende la póliza señalando que el propósito es dar seguridad a los funcionarios de alto rango para tomar decisiones sin temor a demandas temerarias que pudieran comprometer su patrimonio personal. Según el ministro, esta medida garantiza que los jerarcas puedan actuar sin temor a represalias judiciales sin fundamento, pero aclara que no cubre actos dolosos ni asociados a corrupción. "Hoy los ministros y directores enfrentan situaciones complejas que pueden amedrentarlos; esta póliza les da certeza para actuar de forma correcta", explicó Acosta.
No obstante, esta póliza ha levantado polémica por las críticas sobre su alcance y la idoneidad de emplearla para funcionarios públicos. Acosta afirma que este tipo de seguro es común en otros países, como Colombia, para proteger a funcionarios de alto rango en casos similares. Asegura que no hay intenciones ocultas ni encubrimiento de comportamientos inapropiados.
Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y férreo disidente de la administración de Chaves, considera que la póliza incentiva la impunidad, ya que el Estado asumiría los costos legales de funcionarios en caso de demandas, incluso si son hallados culpables por conductas indebidas. Para Robles, cubrir a funcionarios en temas de responsabilidad civil equivaldría a "fomentar el chorizo" institucional y proteger a aquellos que, desde sus altos cargos, pudieran incurrir en faltas que comprometen los bienes del Estado.
Además, este lunes 28 de octubre de 2024, el legislador opositor cuestionó la equidad del trato, ya que, de acuerdo con su visión, los trabajadores públicos de menor rango no gozan de esta protección.
Elián Villegas, exministro de Hacienda y expresidente del INS, considera "descarada" la intención de Hacienda de financiar esta póliza con recursos públicos. Villegas argumenta que si los funcionarios desean cobertura, deberían costearla con sus propios ingresos, especialmente dado el aumento de los salarios ministeriales en la actual administración. Además, recalca que este tipo de póliza se diseñó originalmente para ejecutivos de empresas privadas, no para funcionarios públicos, lo que implica que su adaptación a la estructura estatal es inadecuada y posiblemente ilegal, según el artículo 199 de la Ley General de la Administración Pública, que establece la responsabilidad individual de las y los servidores públicos ante actos improcedentes.
Marco Antonio Sánchez, abogado y experto en contratación administrativa, coincide en que esta póliza no fue creada para funcionarios estatales y advirtió que, legalmente, la normativa no contempla su aplicación para ministros o miembros del Poder Ejecutivo. Esta cobertura incluiría aspectos como gastos de abogados, atención de crisis, y costos por fianzas y relaciones públicas. Sin embargo, Sánchez señala que las leyes actuales indican que los funcionarios deben asumir los costos de protección patrimonial por sus propios medios, pues el financiamiento con fondos públicos de estas pólizas no está contemplado.
Un aspecto técnico que genera inquietud es que Hacienda busca formalizar el contrato en colones, pese a que la póliza del INS está disponible solo en dólares. Esto introduce un riesgo cambiario que, según el propio Villegas, podría reducir la cobertura efectiva si el tipo de cambio fluctúa. Los costos asociados a diferencias cambiarias y la necesidad de adecuar sistemas transaccionales y modelos tarifarios constituyen obstáculos operativos, de acuerdo con el documento DCCE-09736-2024. Esta complejidad podría afectar la reserva del INS y el costo total de la póliza, dificultando su implementación en la práctica, según analistas consultados por COYUNTURA.
Además de proteger frente a demandas civiles y costos legales, la póliza abarca un amplio abanico de áreas, entre ellas coberturas para funcionarios retirados, indemnizaciones por violaciones ambientales y protección en procesos de extradición. Para Villegas, este último aspecto es especialmente preocupante, ya que contradice la misión del INS de promover un actuar ético y comprometido con la sostenibilidad ambiental en el país. La inclusión de coberturas en temas de extradición y violaciones ambientales agrava las críticas, ya que esta amplitud de protección podría, en palabras de los expertos, propiciar conductas negligentes bajo la creencia de que el Estado cubrirá las consecuencias.
A medida que el debate sobre la póliza de responsabilidad civil para funcionarios del gobierno de Costa Rica continúa, las posturas se polarizan entre quienes defienden la necesidad de ofrecer garantías para la función pública y quienes ven en esta medida un privilegio estatal y un peligro para la responsabilidad y ética administrativa.
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