El país centroamericano se encuentra en un punto de inflexión, donde la voluntad política para implementar estas reformas podría transformar la gestión pública y mejorar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones, o no.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Política y ciudadanía
San Salvador, El Salvador
El reciente movimiento de la Asamblea Legislativa de El Salvador en torno a la eliminación de la llamada "deuda política", a través de una reforma constitucional impulsada por el oficialista partido Nuevas Ideas y el presidente Nayib Bukele, marca un hito importante en la política del país centroamericano. Esta iniciativa ha abierto un debate sobre la financiación pública de los partidos políticos y el uso de recursos del Estado para sus campañas electorales. A lo largo de los años, el financiamiento político ha sido un tema controversial, pues aunque tiene como objetivo garantizar la independencia de los partidos y promover un ambiente democrático, también ha sido un canal para la perpetuación de prácticas políticas cuestionables.
La propuesta de reforma, presentada por el jefe de la fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, plantea derogar el artículo 210 de la Constitución, que establece la deuda política como un mecanismo de financiamiento de los partidos políticos en función de los votos obtenidos en elecciones. Esta deuda, que ha sido reconocida por la legislación desde 1984, ha provocado controversia debido a que los partidos políticos se benefician económicamente del Estado por el simple hecho de obtener votos. Según Guevara, esto genera una contradicción, ya que los funcionarios electos deberían estar motivados por su compromiso con el pueblo, no por el beneficio económico derivado de su éxito electoral.
El sistema de deuda política, originalmente diseñado para fortalecer la democracia y la independencia de los partidos, se ha mantenido vigente a lo largo de los años a pesar de las críticas. En los últimos comicios de 2024, el costo total de este financiamiento para el Estado alcanzó los 40 millones de dólares, con un pago significativo por cada voto válido en las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y del Parlamento Centroamericano (Parlacen). Estos fondos, calculados en función de la inflación anual, han generado un debate sobre la eficiencia y el impacto de los mismos en la mejora de los servicios públicos y las necesidades urgentes del país.
La reforma también refleja una visión más amplia de la administración de Bukele sobre la gestión de recursos públicos, donde se plantea que estos fondos deben destinarse a proyectos sociales y necesidades más urgentes en lugar de beneficiar a partidos políticos. La iniciativa fue aprobada por la mayoría de la Asamblea Legislativa, con 56 votos a favor y sin oposición significativa. Sin embargo, la medida se someterá a un proceso de discusión en la comisión política antes de que sea ratificada formalmente.
A la par de esta reforma, la Asamblea Legislativa aprobó esta semana la Ley Anticorrupción, una de las principales propuestas de Bukele para combatir la corrupción en el país centroamericano. Esta ley establece un marco robusto para el fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, según el oficialismo, estableciendo una serie de medidas para prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en las instituciones del Estado.
Entre sus disposiciones clave se incluye la obligación de los funcionarios públicos de presentar declaraciones juradas de su patrimonio, un mecanismo que permitirá auditar los bienes de los servidores públicos y detectar irregularidades. Además, la ley propone la creación del Sistema Integrado Nacional de Anticorrupción (SINAC), que reunirá a 12 instituciones clave, incluidas la Fiscalía General de la República y el Ministerio de Hacienda, para colaborar en la detección y persecución de delitos relacionados con la corrupción.
Con la sanción más severa de penas para delitos de corrupción, la normativa también introduce nuevas penas para el delito de peculado, estableciendo condenas de entre seis a quince años de prisión dependiendo del monto malversado. Este endurecimiento de las penas ha sido bien recibido por la fracción cyan, que considera que la corrupción ha socavado la confianza de las y los ciudadanos en las instituciones del Estado y ha afectado gravemente la seguridad y estabilidad de las instituciones y el sistema.
La diputada Claudia Ortiz, del partido Vamos, fue la única legisladora que se abstuvo de apoyar la ley, argumentando que la norma es un intento de mercadeo político y no una solución real a los problemas estructurales de la corrupción. Por su parte, organizaciones como Cristosal han expresado preocupaciones sobre la falta de mecanismos efectivos para verificar las declaraciones patrimoniales y el acceso restringido a la información pública, lo que podría limitar la efectividad de la ley y el papel mismo de la gente.
Además, la creación de un Centro Nacional Anticorrupción, adscrito a la Fiscalía salvadoreña, busca asegurar que las investigaciones sobre corrupción sean más ágiles y eficaces, con un acceso directo a bases de datos sobre propiedades y bienes de los servidores públicos. Sin embargo, la eficacia de esta ley dependerá de la independencia real de las instituciones involucradas y de su capacidad para aplicar las sanciones de manera justa y sin intereses políticos.
La normativa también incluye medidas sobre el nepotismo en el sector público, penalizando el uso de prestanombres y favoreciendo a familiares en el proceso de contratación dentro del gobierno. A pesar del respaldo de la mayoría de la Asamblea Legislativa, algunos sectores se muestran escépticos sobre la verdadera voluntad política e institucional para erradicar la corrupción y aplicar esta ley de manera equitativa.
Si bien la Ley Anticorrupción y la eliminación de la deuda política son pasos importantes hacia una mayor transparencia y una gestión más eficiente de los recursos del Estado, su éxito dependerá de la implementación efectiva y de una lucha constante contra la corrupción que trascienda la retórica de Nayib y su gente. A medida que el país se adentra en un nuevo capítulo político, las expectativas están puestas en que estas reformas no se conviertan en simples medidas simbólicas, sino en cambios reales que beneficien a la ciudadanía salvadoreña.
El tiempo será el que dirá si estas reformas pueden transformar verdaderamente el panorama político y social de El Salvador, promoviendo una cultura de responsabilidad, transparencia y justicia en el ejercicio del poder público, en beneficio de todas y todos, y no de unos pocos.
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