"Estamos muy preocupados por lo que ha ocurrido en Venezuela. Fue bastante sorprendente para mi ver al ministro de Defensa (de Honduras) y al jefe del Estado Mayor Conjunto (del Ejército hondureño) sentados al lado de un narcotraficante, especialmente trabajando cuando trabajamos con un Gobierno que lidera una presidenta que cada día está trabajando en la lucha contra la narcodictadura. No puedo entender porque ellos decidieron hacer eso (reunirse)", señaló a las 09:25 a.m. de este miércoles 28 de agosto de 2024 la embajadora de Estados Unidos de Norteamérica en Tegucigalpa, Laura Dogu. Cinco horas después, a las 02:00 p.m., la presidenta Xiomara Castro le ordenó a su canciller a través de X "denunciar el tratado de extradición con EE.UU.", en defensa de las "direcciones en la política" del país centroamericano. "Agreden, desconocen y violan impunemente los principios y prácticas del derecho internacional", señaló, en "evidente defensa de Venezuela".
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
La tensión diplomática entre Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) y Honduras alcanzó este miércoles 28 de agosto de 2024 un nuevo nivel tras la reciente controversia que involucra a la presidenta Xiomara Castro y la embajadora de EE.UU. en Tegucigalpa, Laura Dogu. La decisión de Castro de denunciar el Tratado de Extradición con EE.UU., a raíz de las críticas de Dogu sobre la reunión de altos funcionarios hondureños con el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, a modo de "castigo", según analistas consultados por este medio, ha desencadenado una serie de reacciones tanto a nivel nacional como internacional. La controversia comenzó cuando Dogu expresó su preocupación por la reunión en Venezuela entre el ministro de Defensa hondureño, José Manuel Zelaya, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández, con Padrino, quien ha sido señalado por EE.UU. e investigaciones de medios de comunicación como narcotraficante, y uno de los principales operadores del régimen chavista de Nicolás Maduro. La embajadora calificó la reunión de "sorprendente" y "preocupante", sugiriendo que el encuentro con un individuo con tales acusaciones en su contra era inapropiado, especialmente para una administración que se presenta como activo en la lucha contra el narcotráfico.
En respuesta a las críticas de Dogu, y en "evidente defensa de Venezuela y su administración criminal" -según una politóloga-, la presidenta Castro condenó lo que describió como "injerencia y el intervencionismo de los Estados Unidos" y anunció que Honduras denunciaría el Tratado de Extradición con el país norteamericano. Castro acusó a EE.UU. de intentar dirigir la política de Honduras a través de su embajada y otros representantes, lo que consideró como una violación de la soberanía nacional. La presidenta expresó en sus redes sociales que "la injerencia y el intervencionismo de EE.UU." no serán tolerados y que Honduras actuará en defensa de su independencia y autodeterminación.
El Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos fue firmado el 15 de enero de 1909 en Washington, y entró en vigor el 09 de junio de 1912. Este tratado estableció los términos bajo los cuales ambos países acuerdan extraditar a personas acusadas de ciertos delitos graves, como homicidio, secuestro, robo con violencia, fraude, entre otros, siempre y cuando la conducta también sea considerada un delito en el país al que se solicita la extradición. Este convenio ha sido utilizado en diversas ocasiones, especialmente en la extradición de personas acusadas de narcotráfico, lavado de dinero y otros delitos relacionados con el crimen organizado. A lo largo de los años, ha habido enmiendas y actualizaciones en la práctica de la extradición para adaptarse a los cambios en las leyes y a las necesidades de cooperación entre ambos países.
La denuncia de un tratado internacional es un acto unilateral por el cual un Estado decide retirarse del acuerdo, rompiendo su compromiso con dicho tratado. Los Estados firmantes pueden desvincularse voluntariamente a través de este proceso. En este contexto, el canciller Enrique Reina afirmó que acatará la instrucción de la presidenta Castro para revisar la denuncia del tratado de extradición suscrito con Estados Unidos de Norteamérica. "Es insoportable el irrespeto e injerencia de la embajadora Laura Dogu", escribió Reina en su cuenta de X.
Más reacciones del Gobierno hondureño
La decisión de la presidenta Castro fue respaldada por varios funcionarios de su administración. El canciller Enrique Reina calificó las declaraciones de la embajadora Dogu como una "injerencia" y una amenaza a la soberanía de Honduras. Reina argumentó que las críticas de Dogu eran infundadas y que Honduras había acudido a la reunión en Venezuela en el marco de una competencia de academias militares, no con intenciones ilícitas. Mientras tanto, el siempre mediático ministro de Defensa, José Manuel Zelaya, también respondió con firmeza, acusando a Dogu de "hipocresía" al criticar la reunión mientras EE.UU. mantiene una "postura tolerante" hacia el narcotráfico dentro de su propio territorio. Zelaya y Hernández defendieron su decisión de asistir a la reunión como parte de una competencia internacional y rechazaron las insinuaciones de que su participación estuviera relacionada con actividades delictivas. Aunque eso no fue lo que Dogu insinuó.
Mientras tanto, la denuncia del Tratado de Extradición ha suscitado críticas tanto a nivel nacional como internacional. El precandidato presidencial por el Partido Liberal de Honduras (PLH), Jorge Cálix, condenó la decisión de la presidenta Castro, acusándola de proteger a los narcotraficantes y defender sus propios intereses en lugar de la justicia. Cálix prometió que si él es electo, buscará reanudar el tratado en 2026, destacando su compromiso con la extradición de criminales y la lucha contra el narcotráfico.
Por otro lado, el exagente de la Administración de Control de Drogas (DEA) del Departamento de Justicia de EE.UU., Mike Vigil, defendió a la embajadora Dogu, argumentando que su comentario no era una falta de respeto hacia Honduras, sino una respuesta legítima a la reunión con un individuo acusado de narcotráfico. Vigil cuestionó la afirmación de algunos funcionarios hondureños de que Estados Unidos de Norteamérica no captura a narcotraficantes, enfatizando que las agencias estadounidenses trabajan intensamente en la lucha contra el narcotráfico, logrando incluso haber sentenciado al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández a 45 años de cárcel por tráfico de drogas y armas.
Las relaciones entre EE.UU. y Honduras no son nuevas en términos de tensiones diplomáticas. En el pasado, se han producido episodios de conflicto relacionados con la política y las decisiones del Gobierno hondureño. Los comentarios recientes de la embajadora Dogu y la respuesta enérgica de la administración de Castro son parte de una larga historia de interacciones complicadas entre ambos países. Pero la denuncia del Tratado de Extradición "tendrá implicaciones significativas para la cooperación en materia de seguridad y justicia entre Honduras y Estados Unidos", según analistas consultados por COYUNTURA. El tratado ha sido un instrumento clave en la lucha contra el crimen transnacional, y su suspensión podría afectar la capacidad de ambos países para colaborar eficazmente en la extradición de sospechosos de narcotráfico y otros delitos graves.
La reciente escalada en las relaciones entre Honduras y Estados Unidos pone de relieve la complejidad de la diplomacia internacional y la delicada balanza entre la soberanía nacional y la cooperación internacional. La denuncia del Tratado de Extradición por parte de la presidenta Xiomara Castro y las reacciones subsecuentes de funcionarios hondureños y críticos internacionales reflejan una situación en evolución que podría tener un impacto duradero en las relaciones bilaterales y en la política de seguridad en la región. La comunidad internacional y los ciudadanos hondureños observarán de cerca cómo se desarrollan estos acontecimientos y cómo podrían influir en el futuro de la cooperación entre ambos países, sin duda. Sobre todo después que el secretario de Seguridad de Honduras, Gustavo Sánchez, alardeara sobre 16 hondureños solicitados en extradición por EE.UU. hasta el 18 junio de 2024 y su intensa búsqueda, como parte de un plan radical contra el crimen anunciado el 14 del mismo mes. El funcionario detalló entonces que estas órdenes de captura abarcaban desde 2014 hasta 2021. Resaltó además que hasta dicha fecha habían sido capturados 15 individuos con fines de extradición, principalmente por tráfico de drogas. Mario José "Cubeta" Cálix Hernández, exvicealcalde del municipio de Gracias en el departamento de Lempira, fue el detenido número 16, el 21 de junio del corriente año.
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