La ley que regula la cooperación internacional es una pieza más en el rompecabezas de control total que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo está construyendo en Nicaragua. Con la aprobación de esta normativa, la administración nicaragüense afianza su poder sobre la sociedad civil y las relaciones internacionales, limitando la acción de las organizaciones independientes y consolidando su aislamiento en el ámbito global.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
El jueves 28 de noviembre de 2024, la Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó la polémica Ley que regula la cooperación de organismos no gubernamentales (ONG), agencias de cooperación y misiones diplomáticas acreditadas en el país centroamericano. Esta ley, que recibió el respaldo unánime de los 91 diputados, con cero votos en contra y cero abstenciones, establece una serie de controles estrictos sobre las organizaciones internacionales que deseen operar en territorio nicaragüense. En un proceso que duró apenas 18 minutos, las y los legisladores del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) y sus aliados aseguraron que la reforma busca garantizar una cooperación alineada con los intereses del Estado, la nueva Constitución y más de 16 reformas realizadas en los últimos 16 meses, sin condicionamientos externos que puedan cuestionar su soberanía o políticas internas.
La nueva normativa obliga a todos los actores internacionales, incluyendo oenegés, agencias de cooperación y misiones diplomáticas, a alinearse con las "prioridades nacionales" establecidas por el régimen de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo para operar en Nicaragua. Esta medida es un paso más en la consolidación del poder autoritario en el país, limitando la influencia de actores externos que pudieran apoyar a la oposición o promover la democracia, o cualquier otra lucha.
José Santos Figueroa Aguilar, diputado de la bancada del FSLN, explicó durante la discusión que la ley tiene como objetivo asegurar que la cooperación internacional no se vea condicionada por intereses políticos, económicos o sociales que no respondan a las necesidades del país. "La cooperación debe ser fructífera y alineada con las prioridades del gobierno", afirmó, destacando que las relaciones internacionales del país deben respetar la autodeterminación, independencia y soberanía de Nicaragua, en todo momento y proyecto.
A partir de ahora, todas las organizaciones y misiones diplomáticas extranjeras deberán acreditar su personal ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinar sus proyectos directamente con las instituciones estatales correspondientes, encabezadas por el Ministerio del Interior y la Asamblea Legislativa. El Estado nicaragüense, desde el Ejecutivo, tendrá el control total sobre los proyectos de cooperación, asegurando que estos se implementen conforme a las políticas y estrategias nacionales que promueve el oficialismo. La ley también estipula que los organismos internacionales deberán someterse a un proceso de monitoreo y control sin pausa, presentando informes periódicos sobre la ejecución de sus programas y los cambios que puedan haber surgido.
En la práctica, esta legislación limita la capacidad de las organizaciones y cualquier fuerza disidente, humanitaria o social de operar de manera autónoma y las coloca bajo el auspicio directo del sandinismo. La transparencia, según las disposiciones de la ley, estará garantizada solo en la medida en que las actividades estén alineadas con los intereses del régimen.
La aprobación de esta ley llega en un contexto donde, desde abril de 2018, la dictadura Ortega-Murillo ha intensificado su persecución contra las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias católicas y evangélicas, los medios de comunicación independientes y los opositores políticos. Miles de asociaciones sin fines de lucro han sido disueltas, y los bienes de estas organizaciones han sido confiscados por el Estado. Con esta ley, el régimen cierra aún más el espacio para la acción de la sociedad civil, consolidando su control sobre los recursos y las iniciativas que antes podían ser gestionadas de manera independiente.
Desde 2018 y más frecuentemente desde 2023, Ortega acusa a las oenegés y organismos internacionales de estar detrás de las protestas antigubernamentales, acusaciones que nunca fueron probadas pero que alimentaron el discurso del régimen contra la cooperación internacional. La nueva ley, en cierto sentido, cristaliza esa narrativa al exigir que cualquier cooperación futura esté estrictamente alineada con las prioridades del gobierno, y los objetivos de oficialismo, ahora enmarcados, según la nueva Carta Magna, en la "lucha contra la pobreza" y "el imperialismo".
El paso dado por la Asamblea Legislativa de Nicaragua no es un hecho aislado. La aprobación de esta ley ocurre en un momento crítico para el país, después de que el régimen de Ortega y Murillo impulsara una reforma constitucional que otorga más poder al Ejecutivo y establece un sistema de "copresidencia". Esta reforma, junto con la nueva ley de cooperación, forma parte de una estrategia más amplia para consolidar un régimen autoritario que controla todos los aspectos de la vida política, social y económica de Nicaragua.
En su improvisada intervención en el parlamento nicaragüense el jueves, tras confirmarse que "estaba anotado" para hablar, Figueroa subrayó que el objetivo del gobierno es fortalecer los lazos de amistad y cooperación con aquellos países que respeten la soberanía nacional, sin injerencia en los asuntos internos. Sin embargo, estas afirmaciones han sido ampliamente criticadas por organismos internacionales y opositores que consideran que, bajo el pretexto de defender la independencia, el régimen de Ortega está estableciendo un control absoluto sobre las instituciones y la sociedad, en todos los niveles y conceptos.
Jueves 28 de noviembre de 2024 en Managua, Nicaragua:
Para la comunidad internacional, la aprobación de esta ley marca un nuevo desafío en las relaciones con Nicaragua. Organizaciones no gubernamentales y organismos internacionales que han sido críticos con las políticas represivas del régimen verán severamente restringida su capacidad de operar en el país. La ley también refuerza el aislamiento de Nicaragua, que ha sido objeto de sanciones internacionales principalmente de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.) desde que Ortega asumió su cuarto mandato consecutivo en 2021, tras una controvertida reelección sin competencia. La nueva legislación podría provocar una reducción aún mayor de la ayuda humanitaria y de desarrollo a los sectores más vulnerables del país, con números todavía no calculados por el Estado, ya que las oenegés que operaban de manera independiente se verán obligadas a alinearse con un régimen cuyo historial de violaciones a los derechos humanos y a las libertades es ampliamente reconocido. En ese sentido, la esperanza del orteguismo es China, Rusia, Irán y Venezuela, los que menos invierten en Nicaragua.
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