En un golpe inesperado para el régimen de Daniel Ortega y su visión medioambiental en Nicaragua, el Fondo Verde para el Clima, dependiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ha cancelado un desembolso crucial de 64.1 millones de dólares destinado al proyecto "Bio-CLIMA". Esta acción se produce debido al supuesto incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, generando preocupaciones sobre la falta de consulta adecuada con comunidades indígenas y afrodescendientes. La decisión fue tomada después de una exhaustiva investigación sobre el compromiso del Estado nicaragüense con la mitigación del cambio climático y su impacto en la cooperación internacional para el desarrollo en el país.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
Según documentos y fuentes consultadas por el equipo de COYUNTURA, en un revés significativo para el régimen sandinista de Daniel Ortega y Rosario Murillo, el Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) canceló un desembolso de 64,1 millones de dólares destinados al proyecto "Bio-CLIMA: Acción climática integrada para reducir la deforestación y fortalecer la resiliencia en las Biosferas Bosawás y Río San Juan (FP146)" en Nicaragua. La rescisión del "Acuerdo de Actividad Financiada" se basa en supuestos incumplimientos de las políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales por parte de la administración nicaragüense. El proyecto Bio-CLIMA tenía como objetivo principal la restauración de paisajes forestales degradados en la región de la Reserva de Biosfera Bosawás y en el Río San Juan, zonas reconocidas por su riqueza en biodiversidad. Además, buscaba dirigir inversiones hacia la gestión sostenible del uso de la tierra y la gestión forestal, áreas en las que el país centroamericano presenta grandes dificultades y quiebres institucionales y sociales. Sin embargo, la cancelación del financiamiento deja en el limbo las aspiraciones de conservación ambiental y desarrollo sostenible en algunas de las zonas más vulnerables del territorio.
La aprobación del proyecto tuvo lugar el jueves 12 de agosto del año 2021, cuando el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Fondo Verde para el Clima -una entidad que depende de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- suscribieron un acuerdo de financiamiento por un monto total de 116,6 millones de dólares. Este acuerdo contemplaba un desembolso de 64,1 millones de dólares por parte del GCF, de los cuales 38 millones serían en calidad de préstamo y 26,1 millones como donación. El BCIE aportaría 44,2 millones de dólares más a través de su "Programa de Reducción de la Pobreza y la Exclusión Económica y Social", mientras que el proyecto contaría con una donación adicional del Fondo Mundial para el Medio Ambiente por 8,3 millones de dólares.
El proyecto Bio-CLIMA tenía como enfoque central la transformación de la ganadería extensiva, la agricultura y la explotación maderera en formas de producción que evitasen la deforestación. Su objetivo era integrar la conservación de los servicios ecosistémicos con una producción sostenible, con el fin de aumentar la resiliencia de los pueblos indígenas y los medios de vida locales en la Región Caribe de Nicaragua.
La decisión de cancelar el desembolso millonario -tomada al menos 15 días después de que la dictadura sandinista reforzara su control ambiental sobre Nicaragua al ordenar la emisión de permisos ambientales desde la Procuraduría General de la República- se fundamenta en el incumplimiento de políticas y procedimientos sobre salvaguardias ambientales y sociales, según expuso el Fondo Verde en un comunicado publicado hoy, jueves 07 de marzo de 2024. La entidad afirmó haber tomado esta determinación después de un minucioso proceso de investigación y evaluación, así como de las acciones llevadas a cabo para abordar los casos de incumplimiento. En ese sentido, el Fondo Verde destaca que no se había realizado ningún desembolso de fondos para el proyecto en cuestión hasta la fecha, y este no había comenzado su implementación. Mientras tanto, la cancelación también se produce después de que el Mecanismo de Reparación Independiente (MRI) del GCF analizara una denuncia recibida en junio del año 2021, que alegaba falta de consulta adecuada con las comunidades indígenas y afrodescendientes en las zonas del proyecto, así como incumplimientos por parte del BCIE a las políticas y procedimientos del Fondo Verde de la ONU.
En septiembre pasado, la Fundación del Río, una organización ambientalista cuya personalidad jurídica fue arrebatada por el sandinismo, denunció que la administración Ortega-Murillo había iniciado un proceso de "simulación" de consultas para intentar desbloquear los desembolsos multimillonarios. Amaru Ruiz, presidente de esta organización, señaló que el régimen de Nicaragua llevaba a cabo consultas "simuladas" en territorios indígenas y no indígenas, con el objetivo de corregir las anomalías que habían sido señaladas por el Fondo Verde. La consulta, según Ruiz, solo cubrió un 4,6 % de las 140,716 personas que habitan en los 23 territorios indígenas del Caribe, y los consultados eran afines al Estado o no originarios de la zona. Esta práctica fue rechazada por la comunidad indígena Mayagna Sauni As, que denunció la militarización de la zona y la presión ejercida sobre las y los líderes locales durante el proceso evidentemente fallido.
La cancelación del millonario desembolso ha generado diversas reacciones tanto a nivel nacional como internacional. Nueve organizaciones opositoras de Nicaragua en el exilio habían solicitado a la Junta Directiva del Fondo Verde que no autorizara el desembolso del proyecto Bio-CLIMA hace algunos meses, argumentando que los fondos podrían ser utilizados por la dictadura de Ortega-Murillo para perpetuar violaciones de derechos humanos en los territorios indígenas de la Costa Caribe del país.
Por otro lado, la situación profundiza ahora desafíos significativos para el desarrollo sostenible en la región y pone de manifiesto las tensiones entre la necesidad de financiamiento para proyectos ambientales y ciudadanos, y la importancia de garantizar la transparencia, la participación y el respeto a los derechos de las comunidades locales en todo momento.
En su comunicado, la Secretaría del Fondo Verde para el Clima manifestó su compromiso continuo con el principio de no causar daño y su intención de evitar, minimizar y mitigar los posibles impactos ambientales y sociales adversos de las actividades de financiación climática. La entidad expresó su disposición a trabajar en colaboración con el BCIE y las entidades involucradas para desarrollar una estrategia clara que concluya el proyecto de manera ordenada y responsable. Es decir, aún están abiertos a retomar las disposiciones. Eso sí. La cancelación del proyecto Bio-CLIMA ya plantea interrogantes ante el ojo internacional sobre la capacidad del régimen de Ortega-Murillo para gestionar proyectos de desarrollo sostenible, y resalta además la importancia de mecanismos de supervisión y cumplimiento efectivos en iniciativas que involucran fondos tan grandes y amplios.
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