Los acusados son Joel Ramos García, Raúl Amílcar Rivera Montoya, Dennis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo, José Martín Pastrana Sánchez y Carlos Salomón Fonseca Robles. Dos de ellos ya han sido detenidos, incluyendo a Canales Lobo, técnico en cartografía electoral y miembro de la comisión evaluadora encargada del transporte de las maletas electorales.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Tegucigalpa, Honduras
A 22 días de haberse llevado a cabo las elecciones primarias de 2025 en Honduras, la Fiscalía General de la República ha confirmado la emisión de requerimientos fiscales contra seis personas vinculadas a irregularidades en el proyecto de transporte del Consejo Nacional Electoral (CNE). El fiscal general, Johel Zelaya, aseguró la noche del lunes 31 de marzo que las acusaciones incluyen fraude, negociaciones incompatibles y violación de los deberes de los funcionarios.
El anuncio se produce en un contexto de creciente tensión política e institucional, con el proceso electoral bajo escrutinio debido a múltiples denuncias de retrasos en la distribución de material electoral, presuntas irregularidades en el uso del sistema biométrico y acusaciones de parcialidad institucional. Entre los acusados se encuentran cinco miembros del CNE y un civil ligado a una empresa privada, según la verificación de COYUNTURA. Hasta el cierre de esta edición, al menos dos personas ya han sido detenidas, incluyendo un técnico en cartografía electoral.
Uno de los primeros arrestos fue el de Juan Carlos Canales Lobo, miembro de la Comisión Evaluadora responsable del transporte de maletas electorales, técnico en cartografía electoral. Canales Lobo, empleado del CNE y colaborador cercano de la consejera presidenta Cossette López, fue capturado dentro del Centro Logístico Electoral en el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP). Inicialmente citado en calidad de testigo, terminó siendo detenido por presunta responsabilidad en los retrasos del material electoral en diversos centros de votación del Distrito Central y San Pedro Sula.
El fiscal general Zelaya se pronunció con firmeza respecto a las investigaciones. "No son las redes sociales ni los expertos los que nos van a decir a quién investigar", sentenció, asegurando que el Ministerio Público (MP) llegará "hasta el fondo de cualquier fraude". El funcionario, cercano al oficialismo, también advirtió a los medios y analistas políticos sobre la difusión de información no verificada. "Analicen bien cuando vayan a publicar un X. Analicen bien para que no se vayan a comprometer. Estamos vigilando, por muy ausentes que crean que estamos", expresó.
El caso ha desatado un nuevo enfrentamiento político en Honduras. El diputado Francisco López denunció en redes sociales que el MP estaría preparando un requerimiento fiscal contra la presidenta del CNE, Cossette López, lo que desde la oposición se percibe como un intento del oficialismo por intervenir en el proceso electoral. La detención de Canales Lobo, estrecho colaborador de López, refuerza esta percepción y ha generado acusaciones de uso político del sistema de justicia del país centroamericano.
En las semanas previas, el CNE ya había tomado medidas disciplinarias en respuesta a los problemas logísticos. Joel Ramos García, coordinador del proyecto de transporte y con 14 años de experiencia en el CNE, fue destituido por su presunta inacción en la entrega del material electoral. "Se ha incurrido en la separación del cargo de forma definitiva del ingeniero Ramos, quien lamentablemente no respondió a nuestros llamados ni auxilió en el proceso", declaró López.
Presión fiscal sobre el sistema biométrico
Además de las detenciones y requerimientos fiscales, la Unidad Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público ha intensificado su vigilancia sobre el uso del sistema biométrico en los comicios primarios. Mediante el oficio 143-2025, la Fiscalía exigió al CNE informar, en un plazo de tres horas -ya vencidas-, cuántas personas utilizaron el sistema en cuatro Juntas Receptoras de Votos (JRV) específicas: 4187, 4233, 4928 y 4951.
El breve margen de respuesta otorgado a la presidenta del CNE, Cossette López, y a los consejeros Ana Paola Hall y Marlon Ochoa ha sido interpretado como una medida coercitiva. Hasta la tarde del lunes, no se había confirmado si el CNE entregó la información en el tiempo estipulado. Cabe destacar que el consejero Marlon Ochoa había denunciado recientemente que estas JRVs fueron supuestamente infladas por el Partido Liberal (PLH) y el Partido Nacional (PNH), lo que añade un nuevo matiz a la disputa política.
El Ministerio Público ha sido objeto de críticas por presunta parcialidad en su actuación. A través de un comunicado, el PNH acusó a la Fiscalía de favorecer los intereses del partido oficialista, Libertad y Refundación (LIBRE). En el documento, el partido opositor afirmó que la Fiscalía ignoró solicitudes de apoyo del CNE y solo intervino cuando las denuncias del consejero Ochoa se hicieron virales en redes sociales.
"En lugar de actuar con neutralidad y transparencia, sus actos evidencian una clara afinidad con los intereses del Partido Libertad y Refundación", señala el comunicado del Partido Nacional. También cuestionaron que el Ministerio Público se haya reunido exclusivamente con el codirector electoral de LIBRE, Allan Alvarenga, dejando de lado a los representantes de los partidos opositores.
El proceso electoral hondureño sigue bajo la sombra de la controversia. La judicialización de los comicios primarios, sumada a las disputas entre el CNE, el Ministerio Público y los partidos políticos, con las Fuerzas Armadas de fondo, podría impactar la confianza de la ciudadanía en las elecciones generales de noviembre de 2025. Mientras la Fiscalía avanza con sus investigaciones y las capturas continúan, persisten las preguntas sobre la independencia del proceso judicial y el verdadero alcance de las irregularidades denunciadas.
La incertidumbre se mantiene en el escenario político hondureño, con un Ministerio Público que promete llegar "hasta el fondo" de las irregularidades, un CNE en crisis interna y partidos de oposición que denuncian persecución política. La situación sigue en desarrollo y su impacto en la institucionalidad democrática aún está por definirse.
La respuesta
Desde la oposición, la diputada Maribel Espinoza y exprecandidata presidencial del Partido Liberal expresó su preocupación de que estas acciones del Ministerio Público puedan ser una estrategia para desviar la atención del proceso electoral y retrasar la declaratoria del 8 de abril. Además, enfatizó la importancia de que las consejeras del Consejo Nacional Electoral, Cossette López y Ana Paola Hall, comparezcan en la fecha establecida, asegurando que cuentan con el respaldo de sectores opositores.
El diputado Carlos Umaña, del Partido Salvador de Honduras (PSH), calificó los requerimientos fiscales como un "espectáculo" y denunció la falta de transparencia en el sistema electoral. Apuntó también contra los partidos políticos y las Fuerzas Armadas, a quienes responsabilizó por la crisis institucional que enfrenta el país.
Por su parte, el jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, alertó sobre la posibilidad de una maniobra política para remover a las consejeras del CNE y favorecer a figuras afines al oficialismo. Pidió reanudar las sesiones del Congreso para evitar cualquier intento de manipulación en el proceso electoral.
Desde la sociedad civil, el presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), Hugo Maldonado, criticó lo que considera una aplicación selectiva de la justicia, cuestionando que las investigaciones solo apunten a ciertos actores mientras otros quedan exentos de responsabilidad.
Uno de los señalados, Salomón Fonseca, representante de la empresa encargada del transporte electoral, rechazó los señalamientos y afirmó que se trata de una búsqueda de "chivos expiatorios".
La empresa de Fonseca fue contratada para gestionar el transporte electoral con una flota de 143 furgones, 497 camiones y 82 vehículos livianos; sin embargo, el Ministerio Público sostiene que solo dispuso de 10 cabezales y 2 camiones, lo que ha generado dudas sobre su capacidad operativa y el destino de los fondos asignados.
En medio de la polémica, los consejeros del Consejo Nacional Electoral, Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa, deberán comparecer ante el Ministerio Público el próximo jueves 10 de abril para esclarecer su papel en el proceso y su conocimiento sobre las anomalías denunciadas.
En contraste, figuras cercanas al gobierno respaldaron las acciones del Ministerio Público. Rasel Tomé, diputado de LIBRE y el segundo presidenciable del oficialismo en cuanto a votos válidos tras los comicios del domingo 09 de marzo, celebró los requerimientos y aseguró que su partido fue víctima de irregularidades en las elecciones primarias del 9 de marzo. Recordó que presentó denuncias el mismo día del proceso, exigiendo justicia contra quienes resulten responsables. El vicecanciller de Política Exterior, Gerardo Torres Zelaya, también reaccionó con un mensaje en el que insinuó que la situación podría desencadenar repercusiones políticas de mayor alcance.
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