La audiencia inicial contra los tres acusados de la muerte del ambientalista Juan López está programada para las próximas horas. El Ministerio Público del país centroamericano asegura que continuará investigando el caso, mientras la institucionalidad sigue enfrentando los retos de garantizar la seguridad y la justicia para aquellos que defienden los derechos humanos y el medio ambiente.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
San Pedro Sula, Honduras
El Ministerio Público (MP) de Honduras ha presentado un requerimiento fiscal este domingo 06 de octubre de 2024, formalizando la acusación contra tres individuos presuntamente involucrados en el asesinato del reconocido ambientalista Juan Antonio López. Este trágico hecho ocurrió el sábado 14 de septiembre en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, y ha sacudido tanto a la comunidad local como a organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales.
Los acusados, identificados como Óscar Alexi Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, enfrentan cargos por asesinato, conforme al comunicado emitido por la Fiscalía. Según las investigaciones, el día del crimen, Guardado Alvarenga se reunió con Juárez Torres y Cruz Munguía para recibir una motocicleta Yamaha, modelo XTZ-125E, la cual fue presuntamente utilizada en la ejecución del ataque. Este encuentro se habría dado horas antes del asesinato, en el que López fue emboscado y asesinado a tiros.
El papel de Guardado Alvarenga fue fundamental en el seguimiento de los movimientos de la víctima, realizando labores de vigilancia tanto en las inmediaciones de su residencia como en los lugares que frecuentaba habitualmente, uno de ellos siendo la iglesia San Antonio de Padua en la colonia Fabio Ochoa de Tocoa. Fue en este lugar donde el 14 de septiembre, al salir de una actividad religiosa, López fue brutalmente asesinado. La Fiscalía destaca que las imágenes de cámaras de seguridad fueron clave en la identificación de los sospechosos, proporcionado elementos contundentes para el avance de la investigación, que ha generado la captura de al menos cuatro personas esta semana.
López, además de su labor como concejal municipal de Tocoa por el partido de gobierno, Libertad y Refundación (LIBRE), era un ferviente defensor de los recursos naturales. Se destacó por su liderazgo en la protección del río Guapinol y su férrea oposición a los proyectos mineros que, según él y diversos colectivos ambientalistas, ponían en grave peligro los ecosistemas de la región y afectaban a las comunidades aledañas. Desde 2023, López contaba con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reconociendo los riesgos que enfrentaba debido a su activismo local y nacional.
El asesinato de López ha puesto nuevamente en evidencia el riesgo mortal que enfrentan los defensores del medio ambiente en Honduras, un país que, en las últimas décadas, se ha ganado una preocupante reputación como uno de los lugares más peligrosos para ejercer esta labor. El caso de López se suma a una larga lista de ambientalistas asesinados, entre los que destaca la líder indígena Berta Cáceres, cuyo homicidio en 2016 también conmocionó a la comunidad internacional.
En lo que respecta a la captura de los responsables, la Policía Nacional realizó una serie de operativos entre el viernes 04 y sábado 05 de octubre, logrando la detención de los tres acusados junto con otro individuo, identificado como Kelton Samir Martínez Velásquez. A pesar de que no ha sido incluido en el requerimiento fiscal inicial, Martínez Velásquez continúa bajo custodia mientras se realizan más investigaciones. Las autoridades han enfatizado que las diligencias judiciales y los detalles del caso se mantendrán bajo estricta reserva, con el fin de no comprometer el proceso investigativo que aún está en marcha.
Este asesinato ha desencadenado una ola de críticas hacia la administración de Xiomara Castro y su partido, LIBRE, en particular contra el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez. Diversos sectores han señalado que la violencia contra los defensores del medio ambiente en el país no es un fenómeno aislado, sino que está enraizado en la complicidad de ciertos sectores gubernamentales y en la creciente influencia de redes criminales en la política local. Recientemente, la oenegé estadounidense InSight Crime publicó un video que muestra a Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro y exsecretario del Poder Legislativo, en una reunión con presuntos narcotraficantes, negociando un soborno a favor de LIBRE. López, dos días antes de su asesinato, había pedido públicamente la renuncia del alcalde Fúnez, lo que ha levantado sospechas sobre posibles motivos políticos detrás del crimen.
La conmoción por este asesinato ha llevado a numerosas organizaciones de la sociedad civil a exigir justicia y una investigación exhaustiva. Defensores de derechos humanos han señalado la urgencia de que el Estado brinde mayor protección a los activistas, especialmente en zonas rurales donde la presencia de estructuras criminales ligadas al narcotráfico y la minería ilegal es una amenaza constante.
La audiencia inicial contra los tres imputados se llevará a cabo en el Juzgado de Letras con competencia territorial nacional, en San Pedro Sula, en los próximos días. Este proceso será observado de cerca por la comunidad nacional e internacional, pues representa un nuevo testimonio de la lucha de los defensores ambientales en Honduras y la imperiosa necesidad de justicia ante la creciente ola de violencia que busca silenciar sus voces.
El caso de Juan Antonio López, lamentablemente, no es un hecho aislado. Refleja una peligrosa tendencia que, si no es confrontada con decisión por las autoridades hondureñas, continuará arrebatando vidas de quienes se dedican a la defensa de los recursos naturales, un patrimonio invaluable para las generaciones futuras.
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