"Hemos hablado de posibles redes de corrupción que en algún momento han estado arraigadas en esta institución, y tomaremos cartas en el asunto", manifestó la Fiscalía. Asimismo, reafirmó que el Ministerio Público seguirá adelante con la lucha anticorrupción, independientemente de los "ataques o presiones políticas" que pueda enfrentar.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El fiscal general del Ministerio Público (MP) de Honduras, Johel Antonio Zelaya Álvarez, lanzó una dura crítica contra el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) este miércoles, calificándolo de "elefante blanco" que ha servido para drenar los recursos del Estado, encubrir actos de corrupción y perseguir políticamente a adversarios. Estas declaraciones se dieron tras una reunión con la magistrada presidenta del TSC, Itzel Anaí Palacios, en la que se discutieron investigaciones en curso y la coordinación en el manejo de expedientes. En un tono contundente, rodeado de cámaras, micrófonos y agentes privados de seguridad, Zelaya afirmó hoy, 12 de febrero de 2025, que el TSC ha sido históricamente utilizado como un mecanismo para acomodar cuentas a corruptos y descalificar a opositores políticos.
"Hay que decir la verdad al pueblo hondureño; el TSC ha sido un elefante blanco que ha drenado dinero del país para perseguir políticamente y cuadrarle las cuentas a los corruptos", aseveró. También enfatizó que ninguna institución debe ser utilizada con fines políticos y que el MP tiene la facultad de investigar delitos sin restricciones, siempre que existan denuncias fundamentadas. En ese sentido, recalcó que su presencia en la sede del TSC responde a la necesidad de fortalecer la colaboración entre ambas entidades y garantizar que los procesos judiciales se desarrollen sin trabas.
Además, señaló que en múltiples ocasiones el TSC ha devuelto casos a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), argumentando que algunas resoluciones no se apegan a la ley. "No podemos seguir permitiendo que la impunidad se mantenga mediante tecnicismos que solo favorecen a quienes han malversado fondos públicos", advirtió. Durante la reunión con la magistrada Palacios, se abordó la existencia de posibles redes de corrupción dentro del propio Tribunal Superior de Cuentas, lo que podría derivar en nuevas acciones legales en su contra. Zelaya detalló que el Ministerio Público está "tomando cartas en el asunto" y que habrá un seguimiento riguroso a las denuncias que vinculan al TSC con prácticas ilícitas.
"El pueblo hondureño necesita respuestas y no podemos permitir que una institución que debería velar por la transparencia termine siendo un obstáculo para la justicia", declaró.
El rol de la UFERCO y la derogación de la prejudicialidad
Por su parte, Luis Javier Santos, fiscal de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), explicó que la única causa en la que se justifica la intervención del TSC antes de un proceso penal es el enriquecimiento ilícito. Sin embargo, recordó que la competencia del TSC en estos casos ya no es válida, ya que el Decreto 116-2019, que establecía la prejudicialidad en estos procesos, fue derogado en 2022. Pese a ello, denunció que aún persiste la práctica de remitir expedientes al TSC en lugar de emitir resoluciones definitivas en la CSJ, lo que ha generado dilaciones extremas en el sistema nacional.
Santos enfatizó que este tipo de procedimientos solo contribuyen a la impunidad y que es imperativo que las instituciones actúen conforme a la normativa vigente. "El Ministerio Público está obligado a actuar sin importar los obstáculos que se presenten. No podemos permitir que normas derogadas sigan utilizándose como excusa para frenar la lucha contra la corrupción", expresó.
El fiscal general reconoció que las acciones emprendidas por el MP han generado ataques en su contra, especialmente en un año de alta tensión política, por las elecciones. No obstante, aseguró que no cederá ante presiones externas ni amenazas, reafirmando su supuesto compromiso con el combate frontal contra la corrupción. En ese contexto, también se refirió a la polémica en torno a un video del exdiputado y antiguo secretario del Poder Legislativo, Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Xiomara Castro, en el que se le ve con narcotraficantes, negociando "inversiones" para la campaña del oficialista Partido Libertad y Refundación (LIBRE). Zelaya restó importancia a ese material audiovisual, argumentando que se trata de un caso de hace más de una década y que no cederá a presiones para tomar decisiones apresuradas. "Por mucho que me presionen, sé lo que estoy haciendo. Mi conciencia está tranquila", concluyó.
Las declaraciones de Johel Zelaya han puesto en el centro del debate la operatividad y credibilidad del Tribunal Superior de Cuentas y del Ministerio Público, entidades clave en la fiscalización de los recursos públicos. La denuncia de que el TSC ha sido instrumentalizado para proteger a corruptos y descalificar opositores políticos plantea serias interrogantes sobre la necesidad de reformas estructurales en la lucha contra la impunidad en Honduras.
Mientras el Ministerio Público avanza en sus investigaciones, el futuro del TSC y su rol en el sistema judicial siguen en la incertidumbre, sobre todo para el oficialismo. Lo cierto es que las recientes declaraciones del fiscal general han dejado en evidencia las profundas deficiencias del organismo y la necesidad urgente de transformar las instituciones encargadas de velar por la transparencia en el país centroamericano.
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