Durante una comparecencia en el Poder Legislativo, el jerarca del Ministerio Público (MP) afirmó haber recibido información sobre el financiamiento de 350,000 de dólares, equivalentes a seis bitcoins, destinados a operar una "granja de troles" con el objetivo de desacreditarlo y de afectar la imagen de la Sala Constitucional (Sala IV) tras la declaración de inconstitucionalidad de la llamada "Ley Jaguar".
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San José, Costa Rica
El jueves 10 de octubre de 2024, el fiscal general de Costa Rica, Carlo Díaz Sánchez, quien desde octubre de 2023 confronta sin problemas al Poder Ejecutivo, hizo temblar las estructuras de poder y la institucionalidad en el país centroamericano al comparecer ante la Comisión para el Control de Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa. Durante su intervención, Díaz expuso una serie de acusaciones y revelaciones que, de ser comprobadas, podrían tener implicaciones profundas en el ámbito político y judicial. Entre las afirmaciones más impactantes se destaca la denuncia de que se habrían utilizado $350,000 en una campaña de desprestigio en su contra y el presunto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para vigilarlo a él y a otros funcionarios.
Díaz reveló que, según información de inteligencia que recibió, se habrían utilizado seis bitcoins, equivalentes a ¢182 millones de cólones, para financiar una granja digital de troles destinada a desprestigiar su imagen y a atacar la reciente decisión de la Sala Constitucional (Sala IV), que declaró inconstitucional la "Ley Jaguar". Esta legislación, impulsada por la administración de Rodrigo Chaves, buscaba ser sometida a referéndum, y la declaración de inconstitucionalidad generó una fuerte reacción en los círculos gubernamentales.
El fiscal general no solo compartió la información, sino que también presentó pantallazos que documentan el ofrecimiento de dicha campaña. "Es muy difícil rastrear este tipo de campañas, pero el daño que pueden causar es enorme", afirmó el funcionario. Díaz destacó la importancia de una investigación que ha solicitado al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) para esclarecer estos hechos y determinar los responsables de esta operación que, según él, busca socavar la credibilidad del Ministerio Público (MP).
Vigilancia ilegal
Otro punto clave en la comparecencia de Díaz fue la revelación sobre el supuesto uso de vehículos decomisados al narcotráfico para llevar a cabo acciones de vigilancia sobre él, así como sobre magistrados y diputados. Estos autos, que son administrados por el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), están destinados a combatir el narcotráfico, pero el fiscal general denunció que se están utilizando con "fines políticos", lo que plantea serias interrogantes sobre la integridad de las instituciones y la administración chavista.
La denuncia surgió a raíz de un incidente en el que Díaz observó a un individuo de comportamiento sospechoso estacionado cerca de su residencia familiar, lo que le llevó a presentar la denuncia correspondiente. "Es inaceptable que recursos destinados a combatir el narcotráfico sean empleados para intimidar a funcionarios que están haciendo su trabajo", señaló Díaz ante las y los legisladores.
La comparecencia del fiscal general en el Poder Legislativo no solo puso de relieve los posibles actos de corrupción y abuso de poder, sino que también evidenció las tensiones crecientes entre el Ministerio Público y la administración de Rodrigo Chaves. En una conferencia previa a la comparecencia, el presidente cuestionó la relación personal de Díaz con una fiscal auxiliar que lo acompañó a un seminario en Grecia de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agencia del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica. Chaves alegó que Díaz debió reportar formalmente su relación, argumentando que esta situación podría generar un conflicto de intereses.
Díaz, por su parte, defendió su conducta al señalar que la invitación a su pareja fue parte del programa organizado por la DEA que incluía a cónyuges y parejas. "Lo que deberían avergonzarles es no haber sido invitados al seminario sobre narcotráfico. Esto habla de la falta de compromiso en la lucha contra este flagelo", expresó el fiscal este jueves, subrayando que su independencia y la del Ministerio Público no deben ser sometidas a presiones políticas ni a notificaciones.
Investigación legislativa sobre vínculos gubernamentales
La comparecencia de Díaz culminó con la aprobación de una moción en el plenario legislativo para investigar posibles vínculos entre el gobierno de Chaves y el crimen organizado. Esta decisión, que recibió 38 votos a favor y seis en contra, se produce en un contexto donde las críticas a la administración de Chaves han crecido, especialmente por el aumento de la percepción de inseguridad y la disminución en los decomisos de drogas, junto al aumento de los homicidios en todo el territorio del país centroamericano.
Diputados de la oposición han señalado que los esfuerzos del chavismo para controlar la criminalidad no han sido efectivos y han exigido respuestas claras. La diputada Sofía Guillén del Frente Amplio, por ejemplo, manifestó su preocupación por el posible debilitamiento de las capacidades del Estado en la lucha contra el narcotráfico, mientras que Pilar Cisneros, vocera del oficialismo, descalificó las acusaciones al considerarlas "ofensivas".
El ambiente político se ha vuelto aún más tenso con las denuncias de diputados de oposición sobre amenazas recibidas por parte de miembros del gobierno, incluyendo a Pilar Cisneros y Alexander Barrantes. Estos legisladores habrían mencionado situaciones que aluden a "cobros" por las acciones legislativas y la posible represalia ante la aprobación de la moción de investigación. Este tipo de presiones y amenazas a las y los representantes del pueblo son alarmantes y reflejan un clima de inseguridad que podría afectar el ejercicio de la democracia en el país, según fuentes consultadas por este medio.
Las revelaciones del fiscal general Carlo Díaz son un claro indicativo de la crisis de confianza que enfrenta Costa Rica en sus instituciones. La utilización de recursos del Estado con fines de vigilancia sobre funcionarios públicos, así como la denuncia de campañas de desprestigio, plantea serias dudas sobre la integridad de los procesos políticos y la transparencia en el gobierno. En ese sentido, la respuesta oficialista será crucial en los próximos días. La aprobación de la moción para investigar los vínculos del gobierno con el crimen organizado no solo podría abrir nuevas líneas de indagación, sino que también será una prueba del compromiso del Estado con la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción y la criminalidad. La situación actual exige no solo respuestas, sino una reestructuración de los mecanismos de control y supervisión sobre las acciones de las instituciones y sus funcionarios. En este momento, la ciudadanía observa atentamente y espera que sus representantes actúen con responsabilidad, valentía y coherencia, siempre con el enfoque puesto en el bien común.
Desde agosto de 2023, el presidente Rodrigo Chaves y varios miembros de su administración se enfrentan a acusaciones de "tráfico de influencias" tras la denuncia de un prominente empresario costarricense. Por otro lado, en septiembre de ese mismo año, Costa Rica fue sacudida por la polémica de supuestas negociaciones del Poder Ejecutivo con el narcotráfico.
En COYUNTURA, cada noticia y día de trabajo es un acto de valentía respaldado por personas, procesos, fuentes, documentos y perspectivas confiables, contrastadas y diversas, aunque muy a menudo debemos proteger la identidad de quienes informan y/o comentan. Pero la censura, la crisis económica y los obstáculos estatales y de seguridad no detienen a nuestra Redacción; seguimos informando con determinación, desde Centroamérica. Si has sufrido violaciones a tus derechos por un Estado centroamericano, o si quieres contar una historia, contáctanos a través de direccion@coyuntura.co o mediante la burbuja de mensajes en la parte inferior del medio.
Por otro lado, no te pierdas AULA MAGNA, nuestra radio en línea y plataforma de podcasts para la región y su gente, donde el periodismo y el entretenimiento se fusionan las 24 horas del día.
Juntos, construimos el puente de la verdad y la democracia, por eso ten en consideración adquirir una membresía de nuestro programa para socias y socios, con beneficios y servicios digitales únicos.
Commentaires