El modus operandi, según las investigaciones, incluía la simulación de funciones públicas por parte de algunos de los acusados, quienes aparentaban ser funcionarios de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO) para llevar a cabo negociaciones ilícitas con empresas distribuidoras. Estas negociaciones se realizaban a través de empresas fachada, que facturaban los productos a precios sobrevalorados, incrementando su valor de siete millones a más de doce millones de lempiras
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Tegucigalpa, Honduras
El exministro de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales de Honduras (COPECO), Gabriel Alfredo Rubí Paredes, se enfrenta a una serie de graves acusaciones en un proceso judicial que ha captado la atención pública. Según el Ministerio Público (MP), Rubí es señalado por presuntamente cometer delitos de fraude y violación de los deberes de los funcionarios, relacionados con la adquisición irregular de ventiladores mecánicos durante la pandemia de Covid-19. El caso ha generado polémica por la magnitud del perjuicio económico, que asciende a más de 63 millones de lempiras, y las implicaciones éticas de los actos cometidos en plena crisis sanitaria.
En la audiencia inicial, que comenzó a desarrollarse ayer, martes 15 de octubre de 2024, el MP presentó un total de 201 pruebas en contra del exministro, incluyendo testigos y peritajes, en un esfuerzo por sustentar las acusaciones, que existen desde 2023, según fuentes consultadas por COYUNTURA. Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, confirmó la extensa carga probatoria presentada, lo que podría prolongar la duración del proceso.
Según las acusaciones, los ventiladores mecánicos adquiridos durante la emergencia sanitaria llegaron incompletos y, como resultado, no pudieron ser utilizados en el tratamiento de los pacientes que sufrían de Covid-19. Esta falta de insumos necesarios generó un costo considerable al Estado y privó a los hospitales de equipos vitales en el momento más crítico de la pandemia.
El caso de los ventiladores inservibles no es el único escándalo en el que Rubí está involucrado. El MP también presentó un nuevo requerimiento fiscal en su contra por la presunta compra sobrevalorada de percoladoras, lavadoras, televisores y otros equipos durante la emergencia sanitaria. Estos productos fueron considerados innecesarios para la atención de la pandemia, y el valor de los artículos fue significativamente inflado, generando un perjuicio adicional de millones de lempiras. Se señala que, mediante el decreto ejecutivo PCM 005-2020, COPECO y otras instituciones recibieron potestad para gestionar recursos durante la emergencia; sin embargo, algunos funcionarios aprovecharon esta circunstancia para realizar compras fraudulentas. Entre los acusados figuran otros exfuncionarios de COPECO, incluyendo a Gilberto Estévez Martínez y Cristian Elías Santeli Chavarría, quienes también enfrentan cargos por fraude y violación de los deberes de los funcionarios.
Las investigaciones del MP han revelado que algunos de los imputados, simulando ser funcionarios de COPECO, ocultaron las irregularidades mediante la creación de empresas de fachada. Estas compañías emitían facturas por productos cuyo costo era inferior al valor pagado por el Estado, lo que generaba una ganancia ilícita. Se estima que, en uno de estos casos, las percoladoras y otros artículos fueron adquiridos inicialmente por un valor de siete millones de lempiras, pero las empresas involucradas inflaron el costo hasta alcanzar los 12 millones, generando una diferencia de más de cinco millones de lempiras.
Mientras la defensa legal de Rubí argumenta que el exministro es inocente, el propio Rubí ha emitido declaraciones públicas en las que afirma su compromiso con la verdad y asegura que colaborará con las autoridades para aclarar cualquier malentendido. En un comunicado divulgado antes de su audiencia inicial, Rubí expresó su sorpresa ante el requerimiento fiscal en su contra y declaró que confía en que, con las herramientas legales adecuadas, podrá demostrar su inocencia. "Mi compromiso con la verdad es absoluto, y aunque el camino sea complejo, la justicia y el tiempo se encargarán de aclarar cualquier malentendido", afirmó.
El impacto de estos casos no solo ha afectado la imagen de los funcionarios involucrados, sino que también ha desatado un fuerte debate sobre la gestión de los recursos públicos durante la pandemia. Las investigaciones en curso buscan esclarecer la responsabilidad de cada uno de los acusados y determinar si las compras irregulares fueron parte de un esquema de corrupción mayor dentro de la administración del mandatario Juan Orlando Hernández (2018-2022), condenado en Estados Unidos de Norteamérica por tráfico de drogas y armas, y el uso del Estado para proteger y promover actividades ilícitas.
Con el avance de las audiencias, se espera que más detalles salgan a la luz, y que tanto la defensa como la fiscalía presenten más pruebas para respaldar sus respectivos argumentos. En medio de este tenso proceso, la sociedad hondureña sigue de cerca cada desarrollo, esperando justicia en uno de los casos de corrupción más emblemáticos de la gestión de la pandemia en el país.
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