Esta acción se llevó a cabo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa de 1798 que no había sido invocada desde la Segunda Guerra Mundial, desobedeciendo a un juez federal que había ordenado que regresaran a los detenidos a Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.).
Por Jairo Videa | @JairoVidea
San Salvador, El Salvador
El secretario de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU.), Marco Rubio, confirmó este domingo 16 de marzo de 2025 que su gobierno ha desplazado a aproximadamente 250 presuntos miembros del Tren de Aragua a El Salvador. La medida, enmarcada en la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, responde a la oferta del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, de encarcelar a estos individuos en el país centroamericano, realizada el lunes 03 de febrero.
El anuncio se produce en un contexto de tensión jurídica, ya que un juez federal había ordenado la suspensión de estas expulsiones, lo que ha generado dudas sobre el cumplimiento de la legislación por parte del gobierno de Donald Trump. Mientras la Casa Blanca insiste en que la "deportación" es legítima, sectores judiciales y de derechos humanos advierten que se podría estar sentando un precedente peligroso en el manejo de la migración y la seguridad internacional.
La administración Trump justificó los movimientos invocando la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa creada en 1798 y utilizada en tiempos de guerra para detener y expulsar ciudadanos de naciones enemigas sin necesidad de un debido proceso. Esta legislación había permanecido inactiva desde la Segunda Guerra Mundial, pero el presidente Trump la reactivó para acelerar la expulsión de miembros del Tren de Aragua, un grupo catalogado como organización terrorista por Washington en febrero de este año.
La norma establece que cualquier ciudadano de un país enemigo que no sea residente permanente o ciudadano estadounidense puede ser detenido y expulsado sin audiencia previa. En este caso, todos los venezolanos mayores de 14 años sospechosos de pertenecer a la banda quedaron sujetos a esta disposición, lo que provocó una reacción inmediata de grupos defensores de derechos humanos y del gobierno venezolano.
El traslado de los deportados a El Salvador no es casualidad. En febrero, durante una visita de Marco Rubio a San Salvador, Bukele ofreció albergar a presuntos criminales extranjeros a cambio de una compensación económica. De acuerdo con fuentes estadounidenses, el pacto incluye el pago de aproximadamente seis millones de dólares para la manutención de los reclusos en prisiones salvadoreñas.
El presidente Bukele, conocido por su dura política contra el crimen organizado, no dudó en mostrar imágenes del operativo de recepción de los detenidos en su país. A través de un video publicado en sus redes sociales, se observan a los prisioneros esposados bajando de un avión durante la noche y siendo trasladados a un penal de máxima seguridad. Las imágenes también muestran a los custodios afeitando la cabeza de los reos, un procedimiento estándar en las cárceles salvadoreñas.
Rubio elogió a Bukele, calificándolo como "el líder de seguridad más fuerte de la región" y un "gran amigo de Estados Unidos". Según el funcionario estadounidense, el acuerdo con El Salvador no solo facilita el combate al crimen transnacional, sino que también "ahorra dinero a los contribuyentes" estadounidenses.
Conflicto con la justicia federal
El traslado de los deportados se llevó a cabo en medio de una batalla legal. Un día antes de la ejecución de las expulsiones, el juez federal James Boasberg emitió una orden para frenar la medida, tras una demanda presentada por la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU). En su dictamen, el magistrado prohibió la deportación de cinco venezolanos y amplió su decisión a todos los extranjeros bajo custodia de EE.UU. que estarían sujetos a la Ley de Enemigos Extranjeros.
El fallo también establecía que cualquier vuelo con personas deportadas debía regresar inmediatamente a suelo estadounidense. Sin embargo, el gobierno de Trump argumentó que los migrantes ya estaban fuera del territorio estadounidense en el momento de la orden judicial y sostuvo que los tribunales federales no tienen jurisdicción sobre las decisiones de seguridad nacional del presidente.
Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, criticó el fallo y defendió la medida, asegurando que el Tren de Aragua representa una "amenaza directa a la seguridad nacional" y que la deportación de estos individuos "ha salvado innumerables vidas estadounidenses".
Reacción de Venezuela
El régimen chavista de Nicolás Maduro condenó el traslado de los migrantes a El Salvador, calificándolo como una "violación de las leyes estadounidenses e internacionales". En un comunicado, Caracas denunció que la Ley de Enemigos Extranjeros estaba siendo usada como una herramienta de persecución política y advirtió que la medida constituía "un delito de lesa humanidad".
La declaración de la administración venezolano comparó las deportaciones con algunos de los episodios "más oscuros de la historia", como la esclavitud y los campos de concentración nazis. También alertó sobre la posibilidad de que menores de 14 años sean tratados como terroristas y enviados a prisión sin pruebas concluyentes.
Paralelamente a la deportación de miembros del Tren de Aragua, EE.UU. también entregó a El Salvador a dos presuntos líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13) y a 21 de sus miembros más buscados. Entre ellos se encuentra César Humberto López-Larios, quien fue acusado en Nueva York en 2020 por su rol dentro de la pandilla, y César Eliseo Sorto-Amaya, condenado en rebeldía a 50 años de prisión en El Salvador por doble homicidio agravado.
Ambos estaban detenidos en Estados Unidos, pero sus cargos fueron desestimados a petición del gobierno estadounidense. Según documentos judiciales, la administración de Trump consideró que las "consideraciones de política exterior" eran más relevantes que continuar con su procesamiento en suelo norteamericano.
El uso de la Ley de Enemigos Extranjeros y el acuerdo con El Salvador representan un cambio significativo en la política migratoria y de seguridad de Estados Unidos de Norteamérica. Esta medida podría abrir la puerta a futuras expulsiones masivas de otros grupos considerados peligrosos, desatando más conflictos legales y diplomáticos.
Además, el traslado de criminales a El Salvador genera preocupaciones sobre la estabilidad del sistema penitenciario salvadoreño y los riesgos de que algunos reclusos puedan evadir la justicia o continuar operando desde la cárcel.
Mientras la Casa Blanca defiende la legalidad de la medida, la disputa judicial continúa. El juez Boasberg ha ordenado una audiencia para revisar el caso en los próximos días, y organizaciones defensoras de derechos humanos han advertido que llevarán el caso hasta la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. si es necesario.
Por ahora, el destino de los deportados parece estar sellado en las cárceles de Bukele, mientras el gobierno de Trump celebra lo que considera un logro en su lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, el impacto de esta política en las relaciones internacionales y en la seguridad regional sigue siendo incierto.
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