El Gobierno de Honduras firmó en 2013 un contrato de concesión para la exploración y posterior explotación de hidrocarburos en la zona marítima del Caribe de Honduras, exactamente en La Moskitia, habitada por cuatro pueblos originarios que no fueron consultados para dicho proyecto, violentando con ello el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Tampoco hay evidencia de estudios de impacto ambiental en un territorio donde se ubican la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, y el llamado Corazón del Corredor Mesoamericano. Actualmente La Moskitia sigue siendo asediada por los inversionistas de la industria extractiva, saqueadores arqueológicos y el narcotráfico.
Por Katerin Galo y Marcia Perdomo; con apoyo de Emy Padilla | @CriterioHN
Laguna de Ibans, Honduras
Entrega II de II
La Moskitia es una zona llena de misterios y riqueza natural en la que convergen bosques de manglar, playas, lagunas y donde las corrientes fluviales de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano transportan todo tipo de bienes -lícitos y no lícitos- en su camino hacia las cálidas aguas del Mar Caribe en Honduras.
Hogar del segundo bosque más grande de Centroamérica, antecedido únicamente por la Selva Maya ubicada entre Guatemala, Belice y México, La Moskitia está amenazada tanto por el narcotráfico, la ganadería extensiva y las industrias extractivas, entre ellas la petrolífera.
Con sus extensas lagunas de agua salada y dulce, La Moskitia constituye un valioso ecosistema en la zona nororiental de Honduras y el noroccidente de Nicaragua que es el sostén de una población mayoritariamente indígena, cuyo estilo de vida ha sido precarizado por los voraces intereses extractivos y el crimen organizado.
Criterio.hn visitó en agosto del año 2023 los municipios de Puerto Lempira y Brus Laguna, así como una de las islas ubicadas en la Laguna de Ibans, en el marco del 43 aniversario de la declaración de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano como Patrimonio Mundial por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
El objetivo fue dialogar con representantes Miskito, Pech, Tawahka y Garífuna, cuatro de los pueblos indígenas que habitan el departamento de Gracias a Dios, y conocer sus posturas con respecto a las exploraciones petroleras promovidas desde 2013 por los gobiernos hondureños. Inevitablemente, el equipo encontró a la luz del día las pinzas del narcotráfico en la zona.
Estado no consultó ni notificó a pueblos originarios
Promovida durante el Gobierno de Porfirio "Pepe" Lobo Sosa (2010-2014), la exploración petrolera llegó a La Moskitia hondureña sin consultar a ninguno de los cuatro pueblos indígenas que habitan el departamento de Gracias a Dios.
Los pobladores aseguraron a Criterio.hn no haber participado en una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), aunque confesaron que conocieron del tema luego de la firma del contrato de concesión por delegaciones del Gobierno que llegaron a algunas zonas, no para pedirles consentimiento, sino para notificarles de la decisión gubernamental.
Afirmaron que todo se redujo a una "socialización" que no involucró a los representantes de las 27 comunidades que serían afectadas por el ambicioso proyecto extractivo y mucho menos a la población indígena en general. A esto se sumó que las conversaciones sostenidas no tomaron en cuenta la diversidad lingüística de las poblaciones.
En 2013, el Estado de Honduras bajo la administración de Lobo Sosa, otorgó a la BG International el contrato de operación para la exploración y subsiguiente explotación de hidrocarburos en la zona marítima ubicada al noreste de la costa de Honduras, que abarca 35,256 kilómetros cuadrados del Mar Caribe.
Lo anterior comprende un proceso marcado de irregularidades, que abarcó desde la ausencia de una licitación hasta el incumplimiento en la realización de una CPLI entre las poblaciones indígenas Miskito, Pech, Tawahka y Garífuna.
La Moskitia, una joya natural que muy pocos hondureños han tenido oportunidad de visitar
El equipo de Criterio.hn tomó un vuelo de Tegucigalpa a La Ceiba (402 kilómetros de distancia) a las 06:00 de la mañana, otro de La Ceiba a Puerto Lempira, y a las 08:45 de la mañana abordó una avioneta que utilizan los residentes -que pueden costear un vuelo- para trasladarse a Brus Laguna, descendiendo a las 09:35 de la mañana en medio de un improvisado campo, ubicado a unos 400 metros de una planta de paneles solares, instalados dos semanas antes por la presidenta Xiomara Castro, quien estuvo en la inhóspita zona, acompañada por militares y funcionarios de seguridad.
Durante el recorrido de cuatro horas en pipante entre Brus Laguna y la Laguna de Ibans, se apreció la extensa riqueza natural, entre bosques de manglares, caoba, san juan, guanacaste y pino.
Durante el viaje aéreo observamos una impresionante vista panorámica que mostró la riqueza de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y, a la vez, la deforestación que ha sufrido en las últimas décadas. Pese a los efectos de la tala ilegal, el paisaje continúa causando asombro entre las pocas personas que han tenido el privilegio de observar la belleza natural del llamado Corazón del Corredor Mesoamericano.
A las 11:35 de la mañana, dos horas después del arribo a Brus Laguna, el equipo de Criterio.hn partió a un viaje de cuatro horas en pipante -una embarcación estrecha de madera preciosa usada como medio de transporte en la zona- por las venas del Río Plátano.
La extenuante travesía hasta una de las seis islas que se encuentra en la Laguna de Ibans no mermó la belleza y riqueza de los paisajes que cautivan por sus frondosos bosques de manglar, la extensión de sus lagunas e incluso el encuentro de una parvada de pelícanos que sobrevolaban otra embarcación de mayor magnitud encallada en la enorme laguna, cerca de la barrera que une el Río Plátano y el Mar Caribe.
En el desplazamiento por la extensa laguna, encontramos pequeñas comunidades compuestas por casas construidas sobre pilares de madera, una técnica de construcción ancestral para erigir cimientos en zonas inundables, en las que residen familias de miskitos. También descubrimos un cocodrilo muerto, con la advertencia del guía Leroy Woods, residente de Brus Laguna, que el avistamiento de estos reptiles en la laguna es común, por lo que debíamos mantener nuestras extremidades dentro de la embarcación.
Consulta fue obviada alegando altos costos, aseguran líderes comunitarios
Pasadas las 2:00 de la tarde y con el intenso calor que caracteriza las zonas costeras del Mar Caribe y la cercanía a la selva, Jairo Woods, agrónomo y docente miskito, recibió al equipo de Criterio.hn para conversar sobre la situación de La Moskitia y las exploraciones petroleras en la región.
Woods, secretario de Drapap Tarara Iwi Uplika Nani Asla Takanka (DIUNAT, por sus siglas en miskito), señaló que ante los supuestos altos costos que representaba realizar una Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) entre las y los integrantes del pueblo Miskito, la organización Muskitia Asla Takanka (MASTA) se limitó únicamente a realizar una supuesta consulta entre sus allegados -que no representaban los intereses de las comunidades Miskitas- en los municipios de Puerto Lempira y Wampusirpe.
Mientras niñas y niños recogían mangos esparcidos en el suelo, bajo la sombra de un frondoso árbol, Woods y otros miembros de las comunidades en Ibans, explicaron que la CPLI, como lo establece el derecho internacional en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), suscrito por el Estado de Honduras, no fue realizada. Recalcó que en ningún momento se visitaron otras comunidades para detallar las ventajas, desventajas y los riesgos ambientales del proyecto, sobre todo porque la subsistencia de los Miskitos y Garífunas dependen de la pesca artesanal.
Este extremo fue confirmado por el presidente de la Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de La Moskitia (UPINMH), Carmelo Zschocher, quien vía telefónica expresó categóricamente que en "La Moskitia no se ha dado ninguna consulta" y que la "socialización" que se dio fue únicamente la notificación que el Estado había firmado el contrato de concesión con BG International.
"Lo que sí se dio fue […] informar de lo que ya había tratado el gobierno con esa petrolera eso es todo lo que hicieron. Decirnos a nosotros que habían pactado y hasta entonces, por ejemplo, el pueblo garífuna se dio cuenta que habían concesionado, […] habían gestado un contrato con esa empresa sin que los pueblos se dieran cuenta", recordó Zschocher.
Para el ingeniero agrónomo Juan Mejía, con maestrías en asuntos ambientales, recursos hídricos y forestales e integrante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), este proceder está fuera de la normativa a seguir al momento del desarrollo de proyectos dentro de comunidades indígenas.
El ingeniero pormenorizó que previo a cualquier fase de evaluación o estudio de impacto ambiental, lo primero que procede es el consentimiento de los pueblos originarios para autorizar la entrada al territorio y la realización del estudio de prospección, que no es lo mismo que el estudio de impacto ambiental.
Lo anterior, en vista que la presencia de forasteros en estas comunidades puede generar diversas situaciones violatorias a derechos humanos, por lo que es necesario establecer un acuerdo con el o los pueblos indígenas involucrados en el que autorizan la entrada y las condiciones bajo las cuales se faculta la permanencia de quienes realizarán los trabajos de prospección en el territorio.
Añadió que lo ideal es que estas personas puedan contar con el acompañamiento de un equipo mínimo de personas que representen a los pueblos originarios y que garanticen que lo acordado está siendo cumplido y que no se esté irrespetando o violentando ningún derecho de las y los pobladores.
¿Cómo debería desarrollarse una consulta previa libre e informada?
Sobre el proceso para el correcto uso y aplicación de una CPLI, la publicación académica titulada "El derecho a la consulta y a la participación frente a los proyectos de desarrollo a la luz de cuatro experiencias comunitarias", precisa en el primer capítulo los cinco principios rectores de esta.
Joaquín Mejía, abogado constitucionalista y doctor en derechos humanos, quien es uno de los autores, explica en el texto que las consultas deben ser previa, culturalmente apropiada y conforme con las costumbres y métodos tradicionales para la toma de decisiones, así como de buena fe, libre e informada.
Agrega que el Convenio 169 reconoce dos derechos fundamentales: a la consulta y a decidir las prioridades de desarrollo. "En virtud del primero, este instrumento internacional exige que los pueblos indígenas y tribales sean consultados y puedan participar de forma informada, previa y libre en relación con todo plan de desarrollo, inversión, exploración o extracción que se lleve a cabo dentro de sus territorios, y en la formulación de políticas públicas que les afectan", detalló Mejía en el documento académico.
En cuanto al derecho a decidir sus prioridades de desarrollo, Mejía cita el artículo 7 del Convenio 169, en el cual se expone que tendrán dicho derecho "en la medida en que éste afecte a sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar su propio desarrollo económico, social y cultural".
Mejía, quien ha litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), detalló en dicho escrito que "la ausencia de participación ciudadana efectiva y el incumplimiento del derecho a la consulta previa, libre e informada, son condiciones generadoras de violaciones a los derechos humanos".
La analista socio-ambiental, Lucía Vijil, remarcó que es conocido que "cuando no existen las consultas ni la información apropiada, es que estallan los grandes conflictos socioambientales que al final solamente traen más saldos de defensores y defensoras asesinadas, judicializadas, criminalizadas".
Vijil apuntó a la necesidad de un registro de los pobladores de las comunidades, un diálogo amplio y participativo con información fidedigna y que sea socializada previo a la toma de cualquier decisión y que tenga en cuenta los idiomas de las poblaciones a consultar.
Gracias a Dios, es el segundo departamento más grande de Honduras, con una extensión de 16,997 km2, en el cual habitan cuatro pueblos ancestrales que han conservado sus costumbres e idiomas (Miskito, Garífuna, Tawahka y Pech), en un país que únicamente reconoce el español como lengua oficial, según el artículo 6 de la Constitución de la República.
En ese sentido, Vijil enfatizó la necesidad que previo a estas consultas se distribuya información en sus idiomas, que sea explicativa, didáctica y pedagógica de cómo sería el proceso y que se asegure su transparencia.
En su texto académico, el doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía enmarca que la consulta es un pilar fundamental para la participación ciudadana y puede ser una barrera que impida abusos a los derechos humanos de las comunidades frente a los proyectos extractivos con posible impacto en la salud y al medio ambiente.
Petrolera impuso sus reglas de manejo ambiental
Según el contrato firmado entre la petrolera BG international Limited, sucursal Honduras y el Estado hondureño, la concesionaria se comprometió a ajustarse a lo dispuesto en los Tratados y Convenios Internacionales sobre protección del medio ambiente que Honduras hubiere ratificado, las leyes aplicables de la república de Honduras. Además, de los estándares de buenas prácticas internacionales reconocidos por la industria y los estándares y políticas de BG Group relativas a la protección del medio ambiente y otros usuarios del medio ambiente en el área del contrato, relacionadas a actividades pesqueras y de navegación.
Asimismo, se comprometió a evitar o reducir al mínimo razonable vertimientos planificados o accidentes de hidrocarburos o sus derivados o cualquier otra sustancia que resulte en una contaminación significativa de las aguas, las costas y las playas y cualquier otra parte del territorio hondureño o de los Estados contiguos.
Es importante señalar que pese a contar con normativas para la protección ambiental el Estado de Honduras es débil al momento de aplicar y hacer cumplir con el estamento legal. La realización de estudios ambientales, es un ejemplo constante en proyectos extractivos, ya que, es la empresa -o en este caso la concesionaria- quien contrata a los profesionales de la biología para que realicen los estudios de impacto ambiental, que posteriormente son presentados por las empresas ante la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), misma que da el visto bueno a los proyectos extractivistas.
Durante una visita del equipo de Criterio.hn a la Secretaría de Energía (SEN) con el objetivo de acceder al Dictamen DGEEH-IT-003-2021, el director de Hidrocarburos y Biocombustibles, Carlos Posas, reconoció que el Estado de Honduras en muchos casos no es dueño de los estudios ambientales, de prospección y otros que son realizados por las empresas u actores interesados.
De igual forma, el equipo de Criterio.hn no tuvo acceso al dictamen, ya que los funcionarios justificaron que el mismo está protegido bajo una cláusula de confidencialidad establecido por la empresa concesionaria en el contrato que firmó el Estado de Honduras en 2013. Es por esto que la Secretaría de Energía solicitó al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que el mismo sea declarado bajo reserva y actualmente se encuentran en espera de una respuesta.
Ante la insistencia de las periodistas que al no existir aún una resolución favorable a la solicitud de declarar bajo reserva el documento, el mismo debería ser proporcionado, la respuesta fue que de entregar el informe el Estado de Honduras podría enfrentar a una demanda internacional, algo de lo que ellos no se podían responsabilizar.
Retomando los compromisos adquiridos por parte de BG International Limited en el contrato, estos se comprometieron a evitar o reducir al mínimo razonable vertimientos planificados o accidentes de hidrocarburos, que podrían afectar a las comunidades o pueblos indígenas. La Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT refieren que, aunque no impiden ni desalientan el desarrollo, exigen que estos proyectos se realicen respetando y garantizando los derechos de las comunidades.
Esto tiene mayor implicación, dado que la subsistencia de los cuatro pueblos indígenas, que residen en La Moskitia, depende del equilibrio de los ecosistemas en los que viven, los cuales ya son amenazados -como fue previamente expuesto por los entrevistados- por actividades que realizan personas ajenas a los grupos étnicos.
Claroscuros en cumplimiento de cláusulas en contrato petrolero
Algunos de los compromisos adquiridos a través del contrato de concesión firmado entre BG International Limited y el Estado de Honduras en la cláusula 8 titulada Formación y Capacitación, incluye poner a disposición de la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) u otras instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), apoyo académico razonable incluyendo cátedras magistrales patrocinadas y apoyo de información bibliográfica sin costo alguno para la Serna.
Sobre el tema Criterio.hn realizó una solicitud de información a la UNAH para conocer si fue una de las instituciones beneficiadas por la cláusula 8. La respuesta de la entidad universitaria, fue que la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente -antes MiAmbiente- puso a disposición dos becas completas para dos catedráticas universitarias del departamento de Física de la Tierra, adscrito a la Facultad de Ciencias.
Las docentes participaron en un Diplomado Internacional en Gerencia de Hidrocarburos, que se realizó en la Universidad Politécnica de Ingeniería (UPI), entre el 9 de febrero al 14 de febrero de 2017, que constó de dos cursos de ocho módulos cada uno, con un total de 108 horas. El diplomado fue organizado por MiAmbiente -ahora SERNA- con el apoyo de BG Group.
En esa misma cláusula se menciona que durante el periodo de exploración, el contratista -en este caso BG International Limited- aportaría económicamente a las comunidades ribereñas del departamento de Gracias a Dios, para apoyar "la realización de programas sociales y medioambientales".
Según el contrato, los montos serían entregados de la siguiente manera: en los tres primeros años el monto a desembolsar era de 750 mil dólares (250 mil dólares por año); a partir del cuarto al sexto año el valor se reduciría a 600 mil dólares (200 mil dólares, es decir, 50 mil menos que en los primeros tres años).
Criterio.hn contactó a líderes de los pueblos Garífunas y Miskitos, para corroborar si se realizó el desembolso de los montos antes mencionados. Sin embargo, no pudieron precisar los montos exactos recibidos, ya que en ese entonces los liderazgos estaban a cargo de otras personas.
Iker Wilson Noslin, vicepresidente del Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Moskitia de Honduras, dijo a este medio de comunicación que sí hubo entrega de fondos, pero que el dinero fue entregado a personas que no representaban a las 27 comunidades del departamento de Gracias a Dios o a líderes Miskitos.
Noslin, no precisó cuál fue la cantidad y a quiénes se les entregaron los fondos, que debían ser destinados a la realización de proyectos sociales o medioambientales. Extremo que coincide con lo expresado por Carmelo Zschocher, presidente de la Unidad de Pueblos Indígenas y Negros de La Muskitia (UPINMH), quien enfatizó que en el caso del pueblo Miskito, los fondos fueron entregados a Muskitia Asla Takanka (MASTA).
Sin embargo, MASTA "no ha hecho uso de esos fondos", dijo Carmelo. En el caso del pueblo Garífuna los fondos habrían sido entregados a una organización de sociedad civil, según Carmelo, para la ejecución de proyectos comunitarios, versión que no pudo ser confirmada por Criterio.hn.
En riesgo ecosistemas y poblaciones indígenas de la Moskitia
La riqueza de los manglares, bosques, ríos, lagunas, corales y la extensa fauna que comprende el variado ecosistema de La Moskitia, podría verse mermado por los efectos del ambicioso proyecto petrolero que se gesta en el Mar Caribe hondureño.
Es importante hacer memoria sobre las implicaciones ambientales que conllevan las exploraciones y explotación del denominado oro negro. En abril de 2010 medios internacionales informaron sobre la explosión de la plataforma petrolera Deepwater Horizon, ubicada en el Golfo de México, que dejó la muerte de 11 personas y el derrame de 4,9 millones de barriles de crudo, lo que significó la muerte de vida silvestre, entre aves y peces.
Para entender las repercusiones de la exploración y posterior explotación de hidrocarburos en La Moskitia, es importante conocer que esta se encuentra en el "corazón del Corredor Biológico Mesoamericano" que comparten Nicaragua y Honduras, donde la vida silvestre y sus residentes ancestrales (Miskito, Tawahka, Pech y Garífuna) han convivido en relativo aislamiento, lo que a su vez permitió la preservación de sus prístinos y vibrantes bosques. En sus aguas del Mar Caribe también encontramos parte del arrecife Mesoamericano, que se extiende desde México hasta parte del nororiente de Honduras.
La bióloga Ana Velásquez considera que el Estado de Honduras no ha tomado conciencia sobre el riesgo y el impacto ambiental que puede generar estas incursiones petroleras, en zonas tan delicadas y ricas en recursos naturales de los cuales dependen las comunidades para su subsistencia.
Velásquez fungió entre 2011 a 2018 como técnica de Áreas Protegidas, y posteriormente entre 2019 al 2021 como directora de Vida Silvestre, ambos departamentos del Instituto de Conservación Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF).
Manifestó que mientras se desempeñó como técnica participó en dos o tres reuniones donde la Serna tomó las decisiones. Mientras que durante su paso por la dirección de Vida Silvestre “jamás” fueron tomados en cuenta en temas petroleros, pese a la trascendencia e impacto del petróleo en la fauna y flora silvestre de La Moskitia.
La exdirectora de Vida Silvestre del ICF señaló a Criterio.hn que el impacto social, económico y ambiental en relación a la exploración y posterior explotación del petróleo en La Moskitia no ha sido una prioridad. También sostuvo que es importante escuchar a los pueblos y las comunidades locales sobre las afectaciones que tendrán.
Como se ha establecido previamente, las y los habitantes de La Moskitia, subsisten de la pesca artesanal y la agricultura, así como el transporte de personas y mercancías por su vasta red de ríos y lagunas.
Sobre el impacto ambiental que podría tener la exploración y explotación petrolera en la zona, el vicepresidente del Gobierno Autónomo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de la Moskitia de Honduras, Iker Wilson Noslin, recalcó a Criterio.hn que los habitantes de las diferentes comunidades de Puerto Lempira y Brus Laguna, dependen de la pesca y el buceo, para obtener ingresos.
La reunión con Noslin, quien es técnico en agronomía y licenciado en ciencias naturales, se realizó en Puerto Lempira, a 392 kilómetros de la capital hondureña, en un restaurante ubicado cerca del muelle en donde embarcan y desembarcan los buzos que pescan las codiciadas langostas, que han cobrado la vida y paralizado a decenas de buzos miskitos, sin que se regule esta labor por parte del Estado pese a una sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Noslin lamentó que, a pesar de la riqueza en recursos naturales de La Moskitia, el abandono del Gobierno y la ausencia de educación con un enfoque de aprovechamiento y desarrollo sostenible ha limitado el desenvolvimiento de los pueblos originarios que habitan la región.
"La explotación de petróleo nos puede causar grandes daños, porque el miskito vive de la naturaleza, vive del recurso del mar y de las lagunas. Los miskitos van a la laguna y sacan sus pescaditos y hacen su almuerzo o su cena, nosotros vivimos de esta manera, pero el Estado no ve esta cruda realidad", declaró Noslin.
El pensamiento es compartido por el presidente de UPINMH, Carmelo Zschocher, quien recalcó que La Moskitia no está lista para una explotación petrolera y teme que el abandono al que han sido sometidos los cuatro pueblos originarios se agudice una vez se extraigan los hidrocarburos. "Aquí nosotros subsistimos porque contamos con lo que provee la naturaleza", acotó.
La bióloga Ana Velásquez advirtió que en caso de avanzar de una exploración a una explotación petrolera no se están tomando en cuenta los impactos ambientales ni previniendo en debida forma la contaminación marina que provocaría estragos en las comunidades indígenas que dependen de la misma para subsistir.
Velásquez puntualizó que, con la extracción de petróleo y el proyecto, del actual gobierno, sobre la construcción de un centro penitenciario en la Reserva Marina de la Isla del Cisne, ubicada aproximadamente a 250 kilómetros de Trujillo, Colón en el Mar Caribe, sumado al abandono de la Reserva de la Biosfera del Río Plátano, Honduras estaría provocando un ecocidio "acabando totalmente con un ecosistema marino terrestre".
¿Realizaron estudio de impacto ambiental antes de concesionar la exploración petrolera?
Ana Velásquez pone en tela de juicio la realización de un estudio de impacto ambiental, pues desconoce de biólogos hondureños involucrados en el tema de petróleo. "Eso nos da una alerta y una preocupación porque no sabemos a ciencia cierta qué es lo que están haciendo. Además, de que veo que ya manejan el tema con bastante discreción (secretividad)", planteó.
El ingeniero agrónomo con posgrado en asuntos ambientales e hídricos, integrante del MADJ, Juan Mejía, muestra el mismo escepticismo que la bióloga Velásquez con respecto a la realización del estudio de impacto ambiental. Declarando que existe un proceso y que antes de realizar cualquier acción se debió hacer un estudio prospectivo, que a la vez debió ser antecedido por una Consulta Previa, Libre e Informada.
"El estudio de impacto ambiental está obligado a garantizar que no haya ningún tipo de impacto negativo sobre esta reserva ecológica, los pueblos originarios y el medio ambiente, porque estamos en una zona aledaña a la Reserva de la Biosfera del Río Plátano y que forma parte del 'corazón del Corredor Biológico Centroamericano', un área binacional que comparten Honduras y Nicaragua", expuso el ingeniero Mejía.
La Reserva de la Biosfera del Río Plátano, designada Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1982, coincidiendo con el retorno de Honduras a la democracia, tras 18 años de dictaduras militares, ha sido incluida dos veces en la Lista del Patrimonio Mundial en Peligro. Su zona núcleo compuesta por alrededor de 500 mil hectáreas no ha tenido tregua desde que fue incluida por primera vez en dicho listado en 1996.
Aunque salió de dicha designación en 2007, nuevamente ingresó cuatro años después en 2011 a petición del gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa. El duro revés respondió a la segunda oleada de colonos -costó once años de labor detener la primera invasión de estos a la zona-, y el avance efervescente de estructuras del narcotráfico, que incluso construyeron la denominada "narcocarretera" que conecta a los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
La Moskitia bajo el asedio del narcotráfico ante un estado ausente
El departamento de Gracias a Dios es un territorio controlado por el narcotráfico, pese a que el gobierno de los Estados Unidos ha tenido presencia en la zona, al igual que las Fuerzas Armadas de Honduras. Por la zona transita gran parte de la cocaína que se procesa en los países de Sudamérica y que va con rumbo a territorio estadounidense.
Los traficantes han encontrado en La Moskitia hondureña un territorio fértil para el trasiego de drogas, proveniente en su mayoría de América del Sur. De igual manera, ha proliferado el acaparamiento de tierras que son utilizadas para la construcción de pistas clandestinas y una narcocarretera que comunica a los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, siempre en Honduras.
En Puerto Lempira, las historias sobre el narcotráfico son comunes. Olvidada por los gobiernos –sin importar partido político– el crimen organizado ha encontrado tierra fértil para afincarse y hacer de la pobreza y la ausencia de servicios públicos, su principal robustez para desarrollar sus actividades ilícitas.
El equipo de Criterio.hn llegó a Puerto Lempira al filo de las 12:00 del mediodía. Las miradas curiosas de las y los pobladores no se hicieron esperar, algunos con recelo y otros con amabilidad.
Aunque en Honduras la moneda oficial es el lempira, en esa zona del país circula libremente el dólar como moneda. En uno de los comercios cercanos, un hombre caucásico de cabello oscuro, altura aproximada de 1.80 metros y cuyo vestuario y fisionomía delataban su foraneidad, se bajó de un lujoso vehículo -algo inusual en un lugar donde la compra de un auto es una onerosa inversión- y entregó un fajo de dólares a otro hombre que atendía un negocio cercano.
La acción podría ser inocua, pero también revela la libre circulación de fuertes capitales en moneda extranjera que se mueven en la empobrecida zona y que podrían apuntar a la fuerte presencia del crimen organizado.
Mostrando de esta forma que, si el control gubernamental en los principales municipios de Honduras tiene carencias, este es prácticamente inexistente en La Moskitia, por más que se exponga ante los medios de comunicación las acciones de incautaciones de droga en la zona.
A finales de agosto e inicios de septiembre de 2023, fue capturado y puesto bajo prisión preventiva el actual alcalde del municipio de Brus Laguna, Wilmer Manolo Wood, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas agravado.
En La Moskitia se ubica la llamada "Ciudad Blanca" o "Ciudad del Dios Mono", un sitio donde se han encontrado restos arqueológicos de una cultura aún desconocida. Mientras se hacen estudios, la zona está siendo saqueada por nacionales y extranjeros que se están llevando del lugar piedras talladas y vasijas de barro.
Pese a sus riquezas naturales y culturales, el interés de los gobiernos sobre la Moskitia hondureña se reduce a la explotación de sus recursos, siendo una muestra de ello el contrato de concesión para la exploración y posterior explotación de hidrocarburos suscrito entre el Estado de Honduras y la entonces empresa BG International Limited, sucursal Honduras.
Co-edición de Andrés Bermúdez y Daniel Lizárraga
Fotografías de Horacio Lorca
Recursos visuales por Guillermo Burgos
Publicado originalmente en Criterio.hn
Esta investigación fue realizada gracias al apoyo del Consorcio para Apoyar el Periodismo Regional en América Latina (CAPIR) liderado por el Institute for War and Peace Reporting (IWPR).
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