El juez capitalino Jimi Bremer poco tiene de piadoso, sobre todo cuando se trata de defensores públicos y exfuncionarios de la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Claudia González, abogada y exmandataria del órgano independiente de apoyo al Ministerio Público (MP), a casi un mes de su detención, fue ligada a un proceso penal por supuesto abuso de autoridad. Ella sigue defendiéndose y señala que el proceso es pura "criminalización" en su contra.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Ciudad de Guatemala, Guatemala
En el corazón de Centroamérica, la nación de Guatemala ha sido testigo de una serie de acontecimientos legales que han capturado la atención internacional y arrojado luz sobre la situación de los derechos humanos y el estado de la justicia en el país. El epicentro de esta tormenta judicial, por ahora, parecen ser los exfuncionarios de la ahora extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad creada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para combatir la corrupción y el crimen organizado en la nación centroamericana, apoyando de forma directa al Ministerio Público hasta su cierre en 2019, tras 12 años de trabajo.
La tarde de este viernes 22 de septiembre de 2023, el Juez Décimo "B", Jimi Bremer, emitió una orden que estremece los cimientos legales y políticos de Guatemala. Claudia González, exmandataria de la CICIG, fue ligada a proceso penal por el supuesto delito de abuso de autoridad y enviada a prisión preventiva. Esta decisión, que desencadenó una tormenta de controversia en las redes sociales digitales y en los medios de comunicación locales, es el último episodio de una serie de acusaciones y detenciones dirigidas contra abogados y defensores de derechos humanos en el país, y contra González, tras ser detenida en agosto de este año, y señalar que su aprehensión es "estratégica".
González, una destacada abogada que anteriormente había trabajado como mandataria de la CICIG, enfrentó una acusación que, según algunos expertos legales, plantea cuestiones cruciales sobre la definición de "funcionario público" en la ley guatemalteca. Aunque no ocupaba un cargo en el Gobierno guatemalteco, fue acusada de abuso de autoridad. En este contexto, la detención y posterior acusación de González se ha convertido en el último símbolo de una lucha mucho más amplia contra la corrupción y la impunidad en el país centroamericano.
"Esto es una grosería", dijo González al salir de la audiencia de este viernes, en la que el juez Jimi Bremer -quien resolvió otorgar la falta de mérito y dejar en libertad condicional a Jenifher Maybellinne Alexandra Herrera Arévalo, alias "la Patrona", en mayo de este año, a pesar de estar señalada de conspirar para el asesinato de un candidato a alcalde de Sayaxché, Petén, y ser detenida por la amenaza de asesinato denunciada por el excandidato presidencial Carlos Pineda-, considerado por la administración de Estados Unidos de América (EE.UU.) como un funcionario guatemalteco corrupto, le dijo a la abogada González que una de las justificaciones de su orden de prisión es que cuenta con apoyo ciudadano ante la situación.
La historia de Claudia González no es un caso aislado. Al menos otros tres abogados, también exmandatarios de la CICIG, han enfrentado persecución legal y amenazas en Guatemala. Flor de María Gálvez, Leily Irina Santizo y Luis David Gaitán se unen a González en una creciente lista de profesionales legales que han sido blanco de acusaciones y detenciones que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
En el caso de Gálvez, su defensa de fiscales anticorrupción la llevó a enfrentar acusaciones y amenazas, lo que finalmente la obligó a salir del país en búsqueda de seguridad. Gálvez sostiene que las investigaciones en su contra carecen de sustento y son parte de una persecución sistemática.
Leily Santizo, otra abogada que trabajó en la CICIG, fue arrestada en febrero de 2022. A través de su trabajo, Santizo había investigado y litigado casos de corrupción y abuso de poder. También enfrentó acusaciones de obstrucción de justicia, alegando que las investigaciones en su contra carecían de fundamento y que eran una represalia por su trabajo.
Por su parte, Luis David Gaitán fue arrestado en enero de 2023 bajo cargos relacionados con supuestas irregularidades en acuerdos de colaboración eficaz en el caso "Odebrecht". Al igual que los otros abogados, Gaitán argumenta que estas acusaciones son infundadas y que se trata de una represalia política, en este caso por su participación en la comisión de postulación para la elección del fiscal general del Ministerio Público, cuyo cargo ahora es ocupado por la sancionada por EE.UU. por actos de corrupción y antidemocracia, Consuelo Porras.
La persecución legal de estos abogados no solo ha afectado sus carreras y sus vidas personales, sino que también ha levantado preocupaciones sobre el estado de la justicia en Guatemala. En un país donde la corrupción y la impunidad han sido un problema persistente, la persecución de aquellos que luchan contra estos males socava la confianza en el sistema legal y amenaza los esfuerzos por mejorar la gobernabilidad y la transparencia.
Además, la detención y acusación de Claudia González plantea preguntas importantes sobre la definición de "funcionario público" en la ley guatemalteca. A pesar de que González no ocupaba un cargo en el Gobierno guatemalteco, fue acusada de abuso de autoridad. Esto ha generado un debate sobre si su posición como mandataria de la CICIG la convertía en funcionaria pública. Los expertos legales argumentan que la ley guatemalteca es ambigua en este aspecto y que es necesario aclarar esta cuestión para evitar abusos legales ahora y en el futuro.
La Fundación Contra el Terrorismo, liderada por Ricardo Méndez Ruiz, ha estado detrás de muchas de las denuncias y acusaciones contra estos abogados. Su papel en la persecución de defensores de derechos humanos ha sido objeto de críticas y ha llevado a preguntas sobre sus motivaciones y su influencia en el sistema judicial guatemalteco.
La situación en Guatemala ha atraído la atención de la comunidad internacional, con organizaciones de derechos humanos como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) expresando su preocupación por las condiciones en las que se han llevado a cabo estas detenciones, y hasta requisas. También se ha instado al Gobierno guatemalteco a respetar el debido proceso y garantizar la integridad de las personas que defienden los derechos humanos y a las personas acusadas de cualquier delito.
En un momento en que la lucha contra la corrupción y la impunidad es crucial para el futuro de Guatemala, la persecución de abogados y defensores de derechos humanos plantea desafíos gigantescos. La comunidad internacional continuará observando de cerca la situación y presionando por la protección de los derechos fundamentales y el Estado de Derecho en el país centroamericano, al igual que los medios de comunicación.
La persecución legal de abogados de la CICIG en Guatemala, incluyendo el caso reciente de Claudia González, pone de manifiesto la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país y plantea preguntas importantes sobre el estado de la justicia y el respeto por los derechos humanos en Guatemala. ¿Quién sigue? ¿De qué más se le puede acusar?
"¡Fuerza Claudia!". "Vos podés". Varias personas esperaron este viernes más de cinco horas la resolución contra González en el tribunal capitalino. "Podemos evidenciar, como ya lo hemos dicho anteriormente, total criminalización en mi contra por mi trabajo. Es una interpretación extensiva que el juez ha hecho", dijo con propiedad la abogada al salir de la comparecencia. Debe seguir guardando prisión en Mariscal Zavala.
"Rechazamos la persecución y prisión arbitraria de quienes han trabajado en contra de la corrupción y la impunidad", señaló la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA) al respecto.
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