La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha emitido dos resoluciones contundentes en contra del Estado de Nicaragua, reafirmando su preocupación por la sistemática violación de derechos humanos en el país centroamericano. En enero de este año, el sistema sandinista también fue condenado por irregularidades electorales en el proceso del año 2011.
Por Redacción Central | @CoyunturaNic
Managua, Nicaragua
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) emitió dos resoluciones en los últimos días que reafirman la grave crisis de derechos humanos en Nicaragua. Por un lado, hoy, jueves 06 de marzo de 2025, el tribunal ordenó la liberación de seis personas detenidas arbitrariamente por el régimen de sandinista de Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, en un contexto de persecución a opositores, críticos y funcionarios estatales. Dos días antes, el martes 04 de marzo, la Corte condenó al Estado nicaragüense por la deficiente investigación del presunto feminicidio de Dina Carrión González, ocurrido en el año 2010, señalando impunidad y vulneraciones a los derechos de la víctima y su familia.
La CorteIDH dictó medidas provisionales a favor de seis personas privadas de libertad en Nicaragua sin orden judicial y cuyo paradero es incierto. Los beneficiarios son:
Eddie González Valdivia, mayor en retiro del Ejército.
Steadman Fagot Muller, dirigente indígena miskitu.
Eveling Matus Hernández, emprendedora.
Lesbia Gutiérrez Poveda, administradora de la Asociación Cáritas Diocesana de Matagalpa.
Carmen Sáenz, abogada y asesora de derecho canónico de la Diócesis de Matagalpa.
Víctor Boitano Coleman, exmilitar y crítico del sandinismo.
El tribunal internacional constató que estas personas fueron arrestadas en 2024 sin que las autoridades presentaran cargos ni informaran sobre su estado de salud o condiciones de detención. La resolución ordena al sistema nicaragüense -controlado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN)- ubicar a los detenidos, garantizar su contacto con familiares y abogados, proteger su integridad y proceder a su liberación inmediata.
El fallo destaca que la situación de estas personas representa un "riesgo extremo" para su vida e integridad personal, enmarcándose dentro de un patrón de represión estatal contra cualquier voz disidente. La CorteIDH recordó que, desde abril de 2018, el país centroamericano ha sido escenario de persecución sistemática contra quienes han expresado posiciones críticas al Estado, controlado por Ortega y Murillo desde 2007.
El tribunal enfatizó que Nicaragua atraviesa un contexto de criminalización de la oposición, donde se persigue y encarcela a ciudadanos por razones políticas, sin garantías judiciales ni respeto a los derechos fundamentales. La resolución se inscribe dentro del caso más amplio "Juan Sebastián Chamorro y otros vs. Nicaragua", que documenta la persecución política contra más de un centenar de personas desde las protestas de 2018.
Desde 2021, la CorteIDH ha dictado múltiples medidas de protección a favor de nicaragüenses en riesgo. Sin embargo, la administración Ortega-Murillo ha ignorado todas las resoluciones y, en 2022, el tribunal le declaró en desacato. Entre 2023 y 2024, el régimen intensificó la represión al desterrar y despojar de su nacionalidad al menos a 452 opositores, periodistas, activistas, funcionarios estatales y defensores declarándolos "traidores a la Patria".
Nicaragua enfrenta una crisis social, política, humanitaria e institucional desde abril de 2018, cuando las protestas contra el FSLN fueron reprimidas con violencia estatal. La situación se agravó tras las elecciones de 2021, consideradas ilegítimas, en las que el mandatario fue reelegido para un cuarto mandato consecutivo con sus principales contendientes en prisión. Posteriormente, fueron expulsados del país y privados de su nacionalidad y derechos políticos.
En otra resolución histórica, la CorteIDH condenó a Nicaragua por la falta de debida diligencia en la investigación del posible feminicidio de Dina Carrión González, ocurrido el 23 de abril de 2010. El tribunal, con sede en Costa Rica, determinó que el Estado nicaragüense actuó con estereotipos de género en el proceso judicial y no garantizó justicia para la víctima ni protección para su familia. Según la sentencia, Carrión mantenía una relación caracterizada por la violencia y estaba en proceso de divorcio cuando fue hallada sin vida.
A pesar de los indicios de feminicidio, las autoridades nicaragüenses concluyeron que se trató de un suicidio sin realizar una investigación con perspectiva de género.
"La Corte concluyó que Nicaragua es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales, a la verdad, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial", afirmó la presidenta del tribunal, Nancy Hernández. El fallo también establece que el Estado incumplió su deber de garantizar el vínculo entre el hijo de Carrión y la familia materna.
La CorteIDH ordenó al Estado nicaragüense una serie de medidas para reparar las violaciones de derechos humanos en este caso:
Investigar nuevamente la muerte de Dina Carrión González, juzgar y sancionar a los responsables.
Indagar las amenazas sufridas por Vilma Valeria Carrión González, hermana de la víctima, quien tuvo que exiliarse por temor a represalias.
Indemnizar a los familiares de Carrión por los daños materiales e inmateriales causados.
Crear un observatorio nacional sobre violencia de género, con una base de datos que documente casos de feminicidio y violencia contra las mujeres.
Establecer centros de resguardo y atención especializada para víctimas de violencia de género.
Capacitar a jueces y fiscales en el abordaje de casos de violencia de género con perspectiva de derechos humanos.
Al igual que en otros procesos, el Estado nicaragüense no participó en la audiencia ni presentó defensa ante la CorteIDH, consolidando su postura de desconocimiento de los fallos internacionales. Desde 2022, Nicaragua no responde a las resoluciones de la Corte ni asiste a audiencias, lo que refuerza su estado de desacato.
Este nuevo fallo ratifica la impunidad y falta de garantías judiciales en Nicaragua, donde la represión política y la violencia de género permanecen sin respuesta del Estado. Con el continuo desinterés del régimen Ortega-Murillo por cumplir sus obligaciones internacionales, las víctimas y sus familias siguen en una lucha prolongada por justicia y reparación.
Las dos resoluciones de la CorteIDH emitidas en marzo de 2025 reflejan el colapso del Estado de Derecho en Nicaragua. La orden de liberar a seis presos políticos -de casi 50 en prisión- subraya la persistente represión contra opositores, mientras que la condena por el caso de Dina Carrión expone la impunidad en crímenes de violencia de género. Con un sistema en desacato y una crisis de derechos humanos y libertades públicas en ascenso, el país sigue enfrentando aislamiento internacional y la falta de justicia para las víctimas de persecución y violencia.
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