El desprecio de la administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua por las instituciones internacionales de derechos humanos es evidente en su negativa persistente a cumplir con las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). En lugar de acatar estas decisiones, el sandinismo ha optado por deslegitimar a la Corte y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), acusándolas de servir a intereses extranjeros y de interferir en los asuntos internos del país centroamericano.
Por Jairo Videa | @JairoVidea
Managua, Nicaragua
En un desafío constante a las resoluciones de la comunidad Interamericana y a las medidas cautelares, el régimen sandinista de Nicaragua, liderado por Daniel Ortega y su esposa y comandataria Rosario Murillo, ha ignorado reiteradamente las directrices de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). El último episodio de este desacato permanente se evidenció el pasado miércoles 14 de febrero de 2024, cuando la CorteIDH emitió una resolución de medidas urgentes, ordenando la liberación inmediata de los líderes políticos indígenas de oposición, Brooklyn Rivera Bryan y Nancy Elizabeth Henríquez James, quienes se encuentran, según abogados consultados, en situación de desaparición forzada. Sin embargo, hasta este lunes 19 de febrero, la administración sandinista no ha dado respuesta o detalles sobre Rivera o Henríquez.
Nicaragua había remitido hasta mediados de 2023 al menos 19 comunicaciones a la Corte Interamericana "en las que ha manifestado su rechazo a las medidas provisionales adoptadas por la Corte 'por considerar que las mismas siguen un guion impuesto por los Estados Unidos de Norteamérica' e 'incluyen una narrativa parcializada y dirigida a destacar los lamentables sucesos del 2018 […] en los que
diversas organizaciones (incluyendo a la Corte y la CIDH) han sido partícipes y cooperadores'".
La CorteIDH exigió al Estado nicaragüense que procediera a la liberación inmediata de ambos líderes, garantizando además que pudieran continuar ejerciendo sus derechos políticos como diputados regionales indígenas de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Esta medida se suma a las numerosas resoluciones que la Corte ha emitido en favor de personas consideradas "presas y presos políticos" en Nicaragua, subrayando un preocupante contexto de persecución a opositores a la dictadura de Ortega.
"Entre junio de 2021 y febrero de 2023 la Corte Interamericana ha adoptado ocho resoluciones de medidas provisionales y su presidencia dos resoluciones de medidas urgentes, mediante las cuales se ha requerido al Estado de Nicaragua que libere a las personas aludidas en las medidas provisionales y adopte de forma inmediata todas las medidas necesarias para proteger y garantizar la vida, salud, acceso a alimentación adecuada e integridad personal de un total de 87 beneficiarios, y para que adopte de forma inmediata y efectiva todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida, integridad y libertad personal de los integrantes de sus núcleos familiares en Nicaragua", citó en marzo de 2023 el presidente de la CorteIDH, el juez Ricardo C. Pérez Manrique.
Brooklyn Rivera Bryan, indígena miskitu y líder de la organización y partido político YATAMA (Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka), ha estado desaparecido desde el viernes 29 de septiembre de 2023, cuando agentes estatales irrumpieron en su residencia en la ciudad de Bilwi, Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Por su parte, Nancy Henríquez, también indígena miskitu y diputada suplente de Rivera, fue detenida el miércoles 11 de octubre de 2023, sin que la Policía Nacional, bajo el control del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) informara sobre las razones de su arresto ni su paradero.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó a la CorteIDH que ambos líderes fueron despojados ilegalmente de su escaño parlamentario, sin el debido proceso, y el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personería jurídica de YATAMA después de que formara parte de una coalición política de oposición al régimen de Ortega. Este caso se enmarca en la crisis que vive Nicaragua desde 2018, cuando estallaron protestas contra la administración Ortega-Murillo. En respuesta, el régimen ha recurrido a la represión, deteniendo opositores, activistas, defensores de derechos humanos, abogados, líderes comunitarios y periodistas, cerrando medios de comunicación y organizaciones sociales y políticas, generando una serie de violaciones a los derechos fundamentales denunciadas por diversas entidades internacionales.
El Estado nicaragüense ha manifestado su rechazo, según documentación revisada por este medio, a más de 10 resoluciones de la CorteIDH desde el 11 de abril de 2022, declarándose en desacato permanente ante las decisiones del tribunal continental.
Además de la situación de Rivera y Henríquez, el régimen de Ortega condenó a cuatro indígenas mayangnas a 22 años de prisión en agosto de 2023. Estos individuos, reconocidos como guardabosques, fueron acusados de liderar bandas delincuenciales, aunque líderes locales sostienen que son defensores de su territorio, y que su judicialización es parte de los ataques masivos del oficialismo contra todo tipo de disidencia. La detención de estos indígenas mayangnas se produjo en el contexto de consultas de consentimiento del proyecto BioCLIMA en territorios indígenas, y previamente habían denunciado la venta y arrendamiento ilegal de tierras y la autorización de concesiones mineras por parte de las autoridades territoriales. La condena a estos indígenas eleva a ocho el número de mayangnas condenados por la dictadura de Ortega hasta la actualidad.
Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó en enero pasado medidas cautelares a diversas personas en riesgo en Nicaragua. Uno de ellos es Freddy Antonio Quezada, exprofesor de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) crítico del sandinismo que lidera Ortega, se encuentra privado de libertad en condiciones alarmantes, sin acceso a atención médica adecuada ni información oficial sobre su situación.
Otro grupo de personas, identificadas como Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata y Melba Damaris Hernández, también ha recibido medidas cautelares por parte de la CIDH en semanas recientes debido a su situación de gravedad y urgencia.
En una presentación ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el presidente de la Corte Interamericana, Manrique, detalló que Nicaragua ha incumplido con ocho resoluciones de medidas provisionales y dos de medidas urgentes adoptadas por la Corte entre junio de 2021 y febrero de 2023. Estas medidas buscaron la liberación de al menos 87 beneficiarios, identificados como opositores o críticos de Ortega y sus jerarcas, detenidos en condiciones riesgosas para sus vidas, integridad y familia.
La Corte verificó que las detenciones se llevaron a cabo de manera irregular y que las condiciones de detención no cumplen los estándares internacionales, exacerbando la vulnerabilidad de los detenidos. Además, señaló que la persistencia de esta situación erosionaría las reglas del juego democrático y del Estado de Derecho en Nicaragua.
El país centroamericano, controlado por el sandinismo desde el año 2007, ha respondido con un rechazo reiterado a las medidas ordenadas por la Corte, sosteniendo que estas obedecen a intereses extranjeros, principalmente de Estados Unidos de América (EE.UU.), y acusando a la Corte de intervenir en los asuntos internos. Este desafío a la autoridad de la Corte Interamericana refleja una postura de confrontación y falta de cooperación por parte de los Ortega-Murillo.
La situación de desacato permanente de Nicaragua ante las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pone de manifiesto una preocupante falta de respeto a los principios democráticos y a los derechos fundamentales de las y los ciudadanos, quienes ya no tienen acceso a mecanismos y sistemas de protección que puedan traducir sus gestiones en acciones humanitarias y protectora de los derechos constitucionales y humanos.
En el caso de Rivera, Henríquez, Quezada y las otras personas mencionadas en este texto, ni el Poder Ejecutivo ni el Ministerio Público (MP) han declarado al respecto. Silencio total sobre sus detenciones, sus procesos y sus vidas.
Según un documento al que tuvo acceso la Redacción de COYUNTURA, la Corte Interamericana señala que Nicaragua, en resumen: "no ha adoptado las medidas ordenadas por la Corte ni ha informado sobre la situación de los beneficiarios"; "ha sostenido de forma reiterada que las personas beneficiarias están siendo procesadas por la presunta comisión de delitos cometidos conforme a la legislación nicaragüense"; no ha cumplido con su "obligación general de protección que tienen tanto los Estados Partes de la Convención como los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos (OEA) entre sí, para asegurar la efectividad de las garantías colectivas y dichos instrumentos, que constituye una obligación erga omnes"; además, el país centroamericano, ha "deportado" a la mayoría de las y los beneficiarios de las medidas provisionales, y se les despojó la nacionalidad.
Al lunes 19 de febrero de 2024, según datos de la CIDH, existen 113 personas nicaragüenses beneficiarias de medidas cautelares, nueve de ellas con lapso provisional. Nicaragua es entonces el país con mayor número de personas con necesidad de protección extrajudicial en el continente, superando a Colombia, Venezuela y México.
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